Por Emmanuel Bonforti

El último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina dejó una imagen que excedió largamente al fútbol. Antes del comienzo del encuentro frente a Benín, el capitán del seleccionado africano, Sessi D’Almeida, le entregó al astro argentino dos presentes: una camiseta de su país y una réplica de una escultura que homenajea a las históricas guerreras de Dahomey. El gesto pasó inadvertido, pero detrás de aquella figura femenina se encuentra una historia que permite recorrer buena parte de la experiencia colonial africana.

La escultura remite a las llamadas “Amazonas de Dahomey”, las Agodji, un cuerpo militar femenino de elite del antiguo Reino de Dahomey, ubicado en el territorio del actual Benín. Durante siglos fueron parte de la estructura militar del reino y, a fines del siglo XIX, tuvieron un papel central en la resistencia contra la expansión colonial francesa. 

El regalo de los futbolistas benineses a Messi, entonces, puede leerse como algo más que una cortesía deportiva. Es también una forma de presentar ante millones de argentinos una parte de la historia de un país que muchas veces aparece en el imaginario occidental reducido a una referencia geográfica o a una selección de fútbol. Una manera de mostrar el pasado colonial.

Dahomey y la conquista francesa

Antes de convertirse en colonia francesa, el territorio del actual Benín estaba organizado en torno a distintos reinos y estructuras políticas. Entre ellos se encontraba el Reino de Dahomey, con capital en Abomey, una organización política poderosa que desarrolló relaciones comerciales con las potencias europeas desde el siglo XVII.

La presencia europea en la región estuvo vinculada inicialmente al comercio y, de manera decisiva, a la trata de personas esclavizadas. Franceses, portugueses, británicos y daneses establecieron distintos puntos comerciales sobre la costa. Francia consiguió instalarse en Cotonú y establecer acuerdos de protectorado con autoridades locales durante el siglo XIX. Pero hacia finales de ese siglo el vínculo comercial dio paso directamente a la conquista territorial. 

Las guerras franco-dahomeyanas de 1890-1894 terminaron con la derrota del reino. En 1894 Francia estableció formalmente la colonia de Dahomey y sus dependencias. El rey Béhanzin, una de las principales figuras de la resistencia, fue derrotado y enviado al exilio. El territorio quedaría incorporado al sistema colonial francés hasta alcanzar la independencia en 1960. El saqueo imperial estaba en marcha.

Las llamadas Amazonas de Dahomey ocuparon un lugar destacado en aquella resistencia. Eran una fuerza militar integrada exclusivamente por mujeres y llegaron a constituir entre un cuarto y un tercio de las fuerzas del ejército del reino durante el siglo XIX. Las tropas francesas dejaron registros de la ferocidad con la que combatieron. La resistencia fue, sin embargo, brutalmente reprimida y el cuerpo militar quedó prácticamente diezmado. 

Pero la historia colonial no terminó con la ocupación militar. La conquista también significó la apropiación de objetos, símbolos y bienes culturales. Después de la caída de Dahomey, numerosos objetos pertenecientes a los palacios reales fueron trasladados a Francia. En 2021, más de un siglo después, Francia restituyó 26 piezas al Estado de Benín. Entre ellas había tronos, estatuas, puertas de los palacios reales y objetos ceremoniales. 
En mayo de 2025, además, Benín recuperó de Finlandia el Kataklè, un asiento real que había sido saqueado durante la conquista francesa de 1892. Fue la pieza número 27 recuperada de aquel patrimonio. El imperialismo francés también fue experto en saquear la memoria colectiva de los pueblos africanos.

De Abomey al Monumental

Por eso, aquella pequeña réplica entregada a Messi puede ser leída como un gesto cargado de significado.

El partido que enfrentó a Argentina y Benín fue presentado fundamentalmente como el escenario de despedida de Messi de la Selección. Más de 85.000 personas asistieron al Monumental para despedir al capitán argentino, que cerró su ciclo internacional con una victoria 3-0, un gol y dos asistencias. 

Pero para Benín el partido también representó una oportunidad de visibilidad internacional. Antes del encuentro, su capitán había señalado que el equipo entendía la convocatoria como una posibilidad para que el mundo conociera a sus futbolistas. 

El fútbol produjo así una escena inesperada: una parte de la historia africana ingresó al centro de la escena argentina a través de un acontecimiento deportivo. El objeto entregado a Messi funcionó como una suerte de pequeño puente entre dos historias nacionales.

No es un dato menor. El fútbol es uno de los pocos fenómenos culturales capaces de reunir en un mismo escenario a sociedades que muchas veces conocen muy poco unas de otras. La camiseta, el escudo y los colores nacionales condensan historias políticas, sociales y culturales que exceden ampliamente los noventa minutos de un partido. 

Lo que África nos mostró en el Mundial

La última Copa del Mundo profundizó todavía más esa posibilidad. El Mundial de 2026 tuvo una presencia africana inédita: diez selecciones del continente participaron del torneo, la mayor representación africana en la historia de la competencia. 

Cada aparición de una selección africana en un Mundial puede funcionar, entonces, como una pequeña ventana hacia una realidad mucho más compleja. Detrás de una camiseta hay historias de colonialismo, procesos de independencia, migraciones, desigualdades, conflictos, resistencias y también enormes procesos de construcción nacional.

Conocer a Senegal no significa solamente conocer a su selección. Conocer a Ghana, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica o Benín tampoco puede reducirse a sus resultados deportivos. El fútbol permite, al menos, formular preguntas. ¿Por qué hablan francés en determinados países africanos? ¿Por qué sus fronteras tienen determinadas formas? ¿Qué ocurrió con sus reinos antes de la llegada europea? ¿Por qué tantos objetos de sus culturas permanecieron durante décadas en museos europeos? ¿Qué significa hoy recuperar ese patrimonio?

La despedida de Messi frente a Benín produjo, casi accidentalmente, una de esas preguntas.

La imagen del capitán africano entregándole a Messi una réplica de las guerreras de Dahomey puede quedar reducida a una anécdota si se la observa únicamente desde el fútbol. Pero también puede ser tomada como una invitación a mirar más allá del resultado.

Porque detrás de esa escultura están Abomey, Béhanzin, las guerras contra Francia, las mujeres que combatieron contra la conquista, los objetos saqueados y luego restituidos, las discusiones actuales sobre patrimonio y memoria y las nuevas formas en que los pueblos africanos buscan narrarse a sí mismos.

El fútbol, en definitiva, no explica África. Pero puede abrir una puerta para conocerla.

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE, de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

Sería superficial atribuir todo el drama social simplemente a la conducta de la dirigencia o a esa palabra ya gastada que llamamos “grieta”. Debajo de ella existe un conflicto histórico verdadero. La Argentina arrastra, desde mucho antes del peronismo, la tensión entre proyectos de país difícilmente conciliables, porque expresan intereses y concepciones del orden nacional que no pueden convivir sin que alguno termine subordinando aspectos sustantivos del otro; aunque, hay que decirlo, una parte del peronismo contemporáneo fue progresivamente domesticada e incorporada a los límites del orden que históricamente había nacido para disputar.

Lo cierto es que, resolver de una vez nuestra cuestión nacional para levantar las banderas del 17 de octubre, exige, como condición de partida, terminar definitivamente con la capacidad de las élites antinacionales para condicionar el destino de la Nación y subordinarlo a intereses ajenos al pueblo argentino. Una tarea histórica, la de pisarle la cabeza y no la cola a la serpiente, que difícilmente pueda internalizar nuestra política demoliberal.

Bien. Esa contradicción estructural explica una parte sustancial de nuestra inestabilidad en la superficie. Pero la dinámica política, económica, social, institucional de la Argentina no es circular; es tectónica y, por lo tanto, frontal. Presentarla como un eterno retorno de errores equivalentes —como si todos fracasáramos siempre por las mismas razones, como si las crisis económicas fueran para la Argentina naturalmente cíclicas— diluye responsabilidades y oculta los intereses concretos que actúan como epicentro de cada crisis. El plafón para darle marco a ese relato demagógico de que “el problema de la Argentina somos los argentinos” lo da la naturalización de la alternancia política de un estado apenas democrático, pero no soberano.

Sobre ese conflicto real se montó, especialmente durante las últimas décadas, otra cosa; una política profesional que aprendió a vivir de administrarlo sin resolverlo. Después de décadas de gestionar la política como una sucesión interminable de antagonismos —peronismo y radicalismo; kirchnerismo y antikirchnerismo, La Cámpora y el PRO, Macri y Cristina, Cristina y Milei —, lo que quedó abajo, en la vida concreta, fue otra cosa; el tedio diario de vivir para las grandes mayorías. La democracia liberal, reducida al juego partidario de este sistema político y vacía de contenido popular, ha dejado de producir horizonte y esperanza para administrar apenas alternancias republicanas para la política e incertidumbre existencial para el pueblo.

Políticos profesionales del campo popular

No hablaremos de los herederos de la casta Mitrista porque de nada vale llevarles una crítica. A ellos hay que deportarlos con lo puesto en una balsa rumbo a Miami.

En Argentina, la política se ha transformado desde hace décadas en una profesión y, para demasiados, en una profesión muy rentable. Generalmente se estudia abogacía, se ingresa a ella, se hace carrera, se construye una pertenencia, se aprende a obturar y a rosquear, se cambia de espacio o se permanece en el mismo lugar siempre, se dominan las cajas y los vínculos, se ocupa un cargo, se salta al siguiente y se aprende, sobre todo, a sobrevivir dentro del sistema. El valor ha pasado a ser la permanencia; nadie suelta, nadie quiere que venga otro a ocupar su lugar. Lo cierto es que la confrontación dentro de los esquemas políticos pasa a ser parte del negocio. Siempre hace falta un adversario, una amenaza, una nueva batalla que justifique la permanencia de los mismos profesionales administrando nuestras diferencias; operación que solo sirve para definir sus propias siluetas.

La gente trabaja, hace cuentas, llega cansada, posterga un viaje, una salida, un arreglo de la casa; acompaña a sus viejos, corre riesgos, hace cola en el Hospital, trata de ayudar a sus hijos, cena una mandarina y vuelve a empezar al día siguiente. Y mientras tanto, una dirigencia profesionalizada sigue discutiendo el país como si millones de argentinos se levantaran cada mañana pendientes de las prioridades de sus respectivas capillas políticas.

Actualmente, buena parte de la dirigencia y sus voceros del llamado campo popular parece convencida de que el pueblo vive en vilo por saber si es más importante la proscripción de Cristina o que el peronismo gane la elección. Son asuntos políticamente relevantes para quienes participan en mayor o menor medida de la política, desde luego. Pero confundir las preocupaciones de una minoría “politizada” con las urgencias y los deseos de las mayorías populares es una forma grave de ceguera. Y el problema, tal vez, sea justamente ése. Hace demasiado tiempo que una parte de nuestra política, tal vez la más virtuosa hasta hace unos años —paradójicamente, la que más se jacta de nacional y popular, de interpretar las necesidades del pueblo y de hablar en su nombre— dejó de escucharlo y comenzó a escucharse sólo a sí misma. Terminó confundiendo su propia agenda con la agenda mayoritaria hasta llegar a creer que aquello que desvela a quienes habitan sus estructuras, sus internas, sus herencias y sus institutos, necesariamente desvela también al hombre y a la mujer común. Y la verdad es que no.

Hay millones de argentinos que antes que una nueva batalla entre apellidos políticos necesitan que vivir vuelva a ser un poco menos pesado. Tener tiempo, previsibilidad, algún proyecto, una sobremesa tranquila, una escapada, un hijo, una ilusión, dos alegrías seguidas. De ese tamaño es la distancia. Lo cierto es que en Argentina todo se ha politizado, y la porción de cultura política que venía de antaño se ha empobrecido. No es difícil de observar que la formación, la doctrina, la calidad representativa, nuestro lugar en el mundo y la comprensión histórica fueron cediendo ante una política cada vez más líquida, inmediata, efectista, operadora, hiper táctica, internista y superficial. No hay estrategia porque se ha perdido el horizonte histórico.

El caso del Papa Francisco y las alegrías perdidas

Y tal vez por eso tampoco alcanzamos a advertir la dimensión de lo que perdimos colectivamente mientras la grieta nos obliga a decidir, frente a cada cosa, de qué lado debemos pararnos. Una comunidad se construye también en esos momentos excepcionales en que las diferencias retroceden y volvemos a sentir que hay algo que nos pertenece a todos al mismo tiempo. Y nosotros tuvimos una de esas oportunidades extraordinarias.

Un argentino llegó a ser Papa. Jorge Bergoglio, nacido y criado en el barrio de Flores, fue durante doce años Francisco, la figura argentina de mayor dimensión universal de toda nuestra historia. Recorrió el mundo y murió sin volver como Papa a su tierra.

Algún día habrá que pensar ese hecho no solamente desde Francisco, sino desde nosotros mismos. Porque Francisco quedó atrapado en una Argentina que hacía tiempo había decidido que absolutamente todo debía pasar por la aduana de la grieta. Más allá, incluso, de cuál haya sido verdaderamente su identidad política personal, por estos tiempos, caratular al Papa como “peronista”, además de ser una inversión conceptual; fue achicar a Francisco hasta hacerlo caber en las categorías menores de la política argentina. Una figura global quedó sometida a nuestro miserable interrogatorio doméstico. Y en el camino, perdimos el arraigo y la potencia de la universalidad de su figura. La paradoja fue tan dolorosa como elocuente; Francisco encontró en su propia tierra un nivel de rechazo y una erosión de su imagen difíciles de explicar fuera de la lógica espejada de la grieta. Decimos con esto; si en la Argentina existiera una cultura política más madura, o simplemente algo de cultura política, Francisco podría haber sido recibido sin que su visita quedara sometida al tribunal mezquino fabricado por la política profesional. Veamos.

Entre odios y prejuicios

Con una conciencia casi escolar, seguimos dividiendo a nuestros próceres entre buenos y malos, como si décadas de actividad política y dos siglos de historia pudieran caber en dos columnas del pizarrón. Si hacemos eso con los muertos, imaginen lo que somos capaces de hacer con un líder vivo.

Para una parte del conservadurismo argentino, Francisco resultaba sospechoso porque hablaba demasiado de los pobres, del descarte, de la comunidad nacional, de la justicia social, del dios dinero, de la unidad de los pueblos de América Latina, de la recuperación del sentido histórico, de la dignidad del trabajo y de los límites de una economía convertida en un fin en sí mismo para pocas manos. Y como además era argentino, ese lenguaje inevitablemente resonaba con una tradición política que esos sectores históricamente combatieron. Entonces apareció el odio y la simplificación; era peronista, era populista, era zurdo.

En la otra esquina del ring ocurrió otra “incomprensión”. Una parte importante del universo kirchnerista había construido previamente su imagen de Bergoglio desde sus enfrentamientos con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y cuando llegó a Roma cargó también con una lectura de los años setenta que lo colocaba bajo sospecha por su actuación durante la dictadura. Horacio Verbitsky, escriba del kirchnerismo y operador de Cristina, fue una de las figuras centrales de aquella interpretación. La discusión sobre los sacerdotes jesuitas Yorio y Jalics quedó durante años adherida a Bergoglio. Sin embargo, el propio Francisco Jalics terminó afirmando expresamente que ni él ni Yorio habían sido denunciados por Bergoglio, que su antigua sospecha de haber sido víctimas de una denuncia carecía de fundamento y que era falso atribuir su secuestro a una iniciativa del entonces superior provincial de los jesuitas.

Es decir; unos no podían escuchar a Francisco porque les sonaba demasiado peronista. Otros, mientras militaban la separación de la Iglesia y el Estado, tardaron demasiado en escucharlo porque antes habían decidido que Bergoglio pertenecía al otro lado de su propia frontera ideológica. Es dable destacar aquí, que la partidocracia inepta e hipócrita– de “derechas e izquierdas” –que comprendió perfectamente el significado de su figura y de su obra, por odio gorila o prejuicio anticlerical, íntimamente siempre estuvo en su contra y no lo quiso interpretar. Cada uno tenía su Francisco inaceptable. Pero el problema de cierta progresía argentina es más profundo. Producto de su formación con categorías ajenas que les formó un prisma extranjerizado, su desconfianza hacia todo aquello que nace de nuestras propias tradiciones nacionales le impide reconocer incluso sus expresiones más transformadoras. De allí la contradicción que todavía le resulta difícil asimilar; que dos de las figuras de mayor potencia revolucionaria de nuestra historia política reciente hayan surgido precisamente de dos instituciones que buena parte de ese universo aprendió a mirar únicamente con sospecha; la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Francisco y Perón.

Las alegrías que nos faltan

Ahora viene el Papa León a la Argentina y sentimos entusiasmo. Tenemos ganas de ir, de verlo, de participar de ese acontecimiento masivo e histórico para la Argentina. Y es precisamente este entusiasmo el que ilumina, por contraste, la dimensión de aquella ausencia. Imaginen por un instante lo que hubiera significado Francisco en la Argentina. No para el kirchnerismo; no para el antikirchnerismo; incluso, no solamente para los católicos. Para nosotros; para todos juntos. Un argentino convertido en Papa volviendo a su barrio, a su ciudad, a su país. Las rutas llenas, familias viajando desde Córdoba, Mendoza, Salta, la Patagonia. Los viejos esperando verlo, los chicos preguntando cuándo pasa, las campanas, familias enteras en las calles, los preparativos en cada parroquia de barrio, su mensaje directo al pueblo, el amor y la empatía a flor de piel. Millones de argentinos compartiendo durante unos días un suceso histórico para sus corazones.

En fin, sólo queda el suspiro cargado de impotencia. Porque ese tipo de alegrías son, entre tantas, las que se nos vienen escatimando.

La grieta se sentó en la mesa familiar. Nos han dividido profundamente. El político profesional en ambas bandas necesita administrar nuestras diferencias porque de ellas vive. Y cuando esa lógica se vuelve cultural, terminamos nosotros mismos haciendo el trabajo; sospechando del que celebra, midiendo quién capitaliza cada cosa, buscando una operación detrás de cada emoción, vaciando de sentido todo, festejando si uno que no nos votó perdió el laburo. Se nos enseñó a ser pequeños gorilas a cambio de la defensa acérrima de nuestras posiciones, creyendo tener siempre la razón. ¿Qué es eso? Y nunca falta ese sector de la progresía dispuesto a explicarnos que hasta entregarnos a la alegría popular supone hacerle “el juego a la derecha».

La unidad y el elemento tiempo

Francisco, con su visión de hombre formado en el barro y en la paciencia de la oración, nos recuerda que los cambios verdaderos se gestan como procesos colectivos, se encarnan en la lucha, maduran en el tiempo largo de los pueblos y se orientan –ineludiblemente– en el sentido de su historia. Nada que pretenda ser fundacional puede construirse sin esa noción de duración, de paciencia activa, de acumulación estratégica. Los pueblos no conquistan su destino a golpe de instantaneidad, lo hacen cuando una conducción es capaz de organizar el deseo popular y proyectarlo en el horizonte histórico.

Tenemos, salvo excepciones que no quiebran la regla, una dirigencia rosquera que se desespera por el espacio –una banca, un lugar en la lista, una cajuela– pero que ha olvidado que sin tiempo no hay raíz ni tampoco frutos. Francisco nos advierte con una lucidez impiadosa que el vértigo del presente sin proyecto es la forma más eficaz de la impotencia política. El tiempo es superior al espacio, nos enseña. La obsesión por “estar” ha sustituido la vocación de “realizar”; y en ese desplazamiento, la política se ha vuelto un simulacro de poder sin contenido popular.

La unidad nacional no es la negación del conflicto, sino su condición hacia un horizonte superior. La política que no reconoce el conflicto es ingenua o hipócrita, pero la que se regodea en él, la que convierte la fisura social en identidad de los extremos y el antagonismo en una especie de doctrina para detectar enemigos y traidores, termina sirviendo a los intereses del enemigo histórico de los pueblos favoreciendo la fragmentación interna como preludio del sometimiento externo. La unidad no es uniformidad, ni renuncia a la pluralidad, es la síntesis poliédrica superior que organiza las diferencias en función de un proyecto común. Una cosa es la diversidad, indispensable para expresar la riqueza de una comunidad; otra muy distinta es convertirla en un fin en sí mismo, fragmentando hasta el infinito aquello que necesita reconocerse también como parte de un origen común. Muchas identidades en constante pugna por ocupar el centro de la escena política y cultural mientras la cuestión nacional desaparece del horizonte, se llama diversionismo; trae división y fabrica aliados a la contra. Y está muy bien ser distintos, pero dado lo que tenemos enfrente, afuera y adentro, es mucho más importante ser iguales.

La historia argentina es también la historia de esas derrotas que nacieron en el seno mismo de nuestro pueblo. Unidos o dominados, decía el General Perón. La unidad, entonces, es la condición estratégica nodal sin la cual no hay acumulación posible. Claro, dependiendo de qué tipo de acumulación estemos hablando. Para los círculos políticos, la fragmentación es condición necesaria.

Francisco entendía algo elemental que nuestros políticos profesionales parecen haber olvidado; para conducir hay que estar cerca; y para estar cerca no basta con hablar del pueblo; hay que compartir, de algún modo, su suerte. Hoy más que nunca, cuando la política se encierra en despachos, cargos, paneles televisivos e institutos o se disuelve en la fugacidad de las redes sociales, este principio exige volver a pensar desde las bases y el retorno de la cultura del encuentro; en los barrios, las casas sindicales, los comedores, las cooperativas, las parroquias, los clubes, las escuelas y los centros vecinales; allí donde el pueblo vive, trabaja, resiste, circula y sueña; allí donde, en definitiva, se gesta lo nacional.

Francisco lo expresó con una imagen formidable: “pastores con olor a oveja”. Nosotros reclamamos, con el mismo sentido, políticos con barro en los pies.

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Por Tomás Trapé

Las declaraciones de Felipe Pigna reabrieron el debate sobre el último Perón, los años 70 y una interpretación histórica que todavía atraviesa al peronismo.

as últimas declaraciones de Felipe Pigna sobre “el tercer Perón” reavivaron un debate que cuestiona, ya no la opinión personal del popular historiador, sino una versión de la historia reciente totalmente asimilada por propios y ajenos. La idea venenosa de que Perón “nos traicionó”. Quienes llegamos a la vida política durante los años del kirchnerismo no dudamos, matices mediante, en reconocernos peronistas. Tal vez haya sido la última gran incorporación masiva a aquella tradición. Para quienes no la habían recibido por sangre, apellido o a través del recuerdo de algún abuelo, el peronismo parecía ofrecer un camino argentino, con toda su excentricidad, su grandeza y también con esos sueños, a veces desmesurados. Con el tiempo, sin embargo, empezó a crecer en nuestra generación cierta sospecha hacia quienes explicaron qué era el peronismo casi siempre en detrimento de la figura del propio Perón y de su legado. La pregunta era sencilla: ¿por qué querríamos ser peronistas “a pesar” de Perón?

En su temprana revisión de los años 70 y de sus fracasos, el relato del establishment progresista que se impuso desde el retorno de la democracia hasta nuestros días convirtió a los jóvenes de la Tendencia en campeones de la democracia y promotores anticipados de los derechos humanos, y al último Perón en la coartada perfecta para explicar el fracaso de aquella generación de jóvenes idealistas que quiso pero no pudo. También ofrecía un punto de convergencia perfecto para gorilas de izquierda y de derecha, porque aquella reconstrucción terminaba dándoles la razón, en retrospectiva, a quienes habían señalado desde el primer día que el hombre que inspiró el 17 de octubre no era otra cosa que un “tirano”, “un dictador” o en el mejor de los casos “un fraude”.

El debate sobre la legitimidad de sostener la lucha armada frente a un gobierno elegido democráticamente por el 62% de los votos, o sobre el asesinato a traición de Rucci apenas días después, quedaba fuera del radar de los historiadores por resultar demasiado inoportuno. Mucho menos se hablaba de la enorme gesta, tantas veces invisibilizada, de la resistencia peronista, encabezada principalmente por los sindicatos durante los 18 años de proscripción, cuando hasta el nombre de Perón estaba prohibido y buena parte de aquella juventud ni siquiera había nacido.

A esta versión de la historia, que compramos cara durante el largo período de la posdictadura, Aldo Duzdevich la llama “el Billiken Montonero”. Sus principales escribas fueron los Bonasso, los Verbitsky y los José Pablo Feinmann, entre otros intelectuales que durante años gozaron de enorme prestigio en el universo cultural y político cercano a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El propio Duzdevich describe ese relato como una historia de “héroes, víctimas y traidores”, con Perón ocupando casi siempre este último lugar.

Varios años antes de que Juan Manuel Abal Medina publicara Conocer a Perón, ya circulaba entre muchos amigos el PDF de La Lealtad. Los Montoneros que se quedaron con Perón, de Duzdevich, Norberto Raffoul y Rodolfo Beltramini. Ambos libros fueron decisivos para empezar a desconfiar de aquella revista infantil que alternaba entre dos versiones del mismo personaje; la de un Perón deprimido, senil e influenciable -a la que hace referencia Pigna- y la de un Perón decididamente facho, capaz de borrar con el codo lo que había construido con sus propias manos durante treinta largos años justo el día en que “echó” de la Plaza a los jóvenes que lo insultaban.

Siempre se reprocha el eterno retorno a los 70, a esa vieja interna sangrante del peronismo durante los años previos al terrorismo de Estado. Nadie vuelve sobre ella por un afán melancólico, sino reparatorio. Así como reconocemos, equivocados o no, el coraje que tuvo la generación del 70, y así como nunca dejamos de reclamar justicia por los crímenes de la dictadura genocida, marchando cada 24 de marzo desde hace al menos veinte años, también, como herederos de esa tradición, se hace necesario hablar del último Perón.

Juan Domingo Perón junto a José Ignacio Rucci, bajo el histórico paraguas, durante su regreso definitivo a la Argentina en 1973.

Del último Perón que, después de 18 años de proscripción y de un largo y penoso exilio, volvió para ganar la histórica elección de 1973 con casi el 62% de los votos. Del último Perón que se abrazó con su viejo adversario, Ricardo Balbín, que había obtenido el 24%. Del Perón que hizo de la armonización entre el capital y el trabajo la base de un modelo de producción y desarrollo, y que encontró en el Pacto Social entre la CGT y la CGE una de sus principales herramientas. Del Perón que proyectó en el Plan Trienal una Argentina industrial, integrada y con vocación de potencia. Del Perón que buscó recuperar para el Estado resortes centrales de la economía, puso el crédito al servicio de una estrategia de desarrollo y volvió a colocar el comercio exterior dentro de una política nacional. Del Perón que retomó vínculos con Cuba, desafió el aislamiento continental impuesto a la isla y volvió a pensar a la Argentina con una política exterior propia. Del Perón, en definitiva, que regresó, con 77 años, no para administrar la decadencia sino aun con el deseo, acaso desmesurado por su salud, de volver a ordenar el país alrededor de un proyecto nacional.

No conviene olvidar que en su testamento político, el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, publicado en 1972, Perón escribió sobre piedra: “Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, porque siempre, primero, está la patria. Ahora, con el diario del lunes, uno se pregunta ¿Por dónde se corría por izquierda a Perón? ¿Cuál era el programa económico superador de la Tendencia? Y si entre Perón y Balbín reunían el 86% de los votos, ¿Con qué pueblo pensaban hacer la revolución? 

La desperonización democrática

Si la Libertadora del 55 fracasó en su intento de desperonizar al pueblo argentino mediante bombas, fusilamientos y proscripción, el proyecto refundacional del alfonsinismo en los años 80 ‘s a través de la llamada “convergencia democrática”, también se propuso desperonizar culturalmente a la sociedad argentina, disputándole su histórica base social y sus banderas históricas. Sin ir más lejos una de las operaciones intelectuales más exitosas del Grupo Esmeralda, cercano a Alfonsín, fue precisamente correr el eje de la contradicción principal de la política argentina. Ya no se trataba de Liberación o Dependencia, sino de Democracia o Autoritarismo. De esta forma la democracia pasaba a constituirse en el nuevo principio ordenador de la vida política después de la dictadura. Los Bonasso, los Verbitsky, y los José Pablo Feinmann también colaboraron con esa teoría del alfonsinismo para dejar a Perón del lado de los malos, de los autoritarios, de los fachos. En definitiva, como señala Duzdevich en «Lealtad, por derecha y por izquierda«, el objetivo siempre fue deslegitimar al peronismo como movimiento de liberación nacional, y para ello siempre empezaron por operar en la historia.

En su último libro, ‘La agonía del peronismo‘, Jorge Rulli hace un largo descargo contra los “neoperonistas”. Desde aquellos que le disputaron la conducción a Perón en vida hasta quienes, después de la muerte del viejo líder, todavía reclaman para sí una parte de su herencia, desconociendo que, si existe un heredero, es el pueblo argentino. Aunque Rulli murió injustamente marginado del primer plano de la política argentina, durante todos esos años nadie consiguió correrlo por izquierda.

En 2018 escribía: “Entre tantos dispuestos a asumir la herencia vacante como propia, existe una categoría que me irrita particularmente, la de los que pretenden ser peronistas, cultivando un perceptible rechazo a la figura de Perón y, aún peor, una obstinada negación de sus enseñanzas. Tal vez esos rechazos sean memorias de viejas incomprensiones y oscuros rencores de la década de 1970, tal vez sean algo mucho más personal e inconfesable: lo importante es que no son gratuitos, porque nos conducen como pueblo a nuevos atolladeros, tal como este en el que ahora nos encontramos”.

Continúa Rulli: “No es un problema de definiciones o de patrimonios lo que estoy planteando, no es un problema de logos o de banderías; se advierte entre alguna fauna de lo nacional y popular que abundan los guevaristas, los evitistas, los gramscianos, los marxistas-leninistas, los liberales, los nacional-desarrollistas, los mandarines de la sociología, todos parecen tener su propia legitimidad en este circo. Lamentablemente, el problema es que la mayoría de ellos no pareciera tener la menor idea de lo que es el arte de la conducción, y de cómo se genera un proyecto nacional”.

Quizás, después de tantos años, la discusión siga siendo en el fondo mucho más sencilla. A Perón se lo puede discutir, revisar y hasta impugnar en muchos de sus actos, porque ningún liderazgo atraviesa la historia sin errores ni contradicciones. Clausurar esas discusiones sería confundir lealtad con obediencia. Aun así, quienes se sientan herederos de esa tradición deberán dejar de caer en la trampa de explicar al peronismo prescindiendo de Perón. Como si su pensamiento, su obra y su experiencia histórica fueran apenas una incomodidad que hay que sortear para poder reivindicar todo lo demás. Porque si una tradición necesita pedir disculpas permanentemente por quien le dio forma, tal vez el problema no sea Perón, sino los intermediarios a través de los cuales aprendimos a leerlo.

https://www.newsdigitales.com/nota/345320/el-tercer-peron-entre-pigna-y-duzdevich-la-historia-que-aprendimos-a-leer

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

Córdoba ya forma parte, por la fuerza de su producción, de un mundo del que la Argentina decidió políticamente mantenerse al margen desde el año 2024. Mientras el gobierno de Javier Milei rechazó la incorporación a los BRICS y reorientó su política exterior hacia un alineamiento preferencial con Estados Unidos e Israel, la economía cordobesa se mueve sobre otro mapa; vehículos y autopartes encuentran en Brasil un mercado fundamental; aceites, granos y alimentos viajan hacia India y China.

Los datos son elocuentes. En 2025 Córdoba exportó cerca de USD 10.910 millones —el 12,5 % del total argentino— y llegó a 136 mercados. Durante los primeros cinco meses de 2026, Brasil, India y China, tres integrantes de los BRICS, fueron sus principales destinos.

Pero los vínculos son diferentes. Con Brasil se expresa principalmente la Córdoba industrial; en 2025, el 64 % de las exportaciones hacia ese país fueron manufacturas industriales, especialmente vehículos, autopartes y motores. India y China, en cambio, concentran sus compras en aceites, soja, maní y derivados. Brasil revela el potencial de una integración regional basada en cadenas industriales compartidas; los gigantes asiáticos, la oportunidad y el desafío de aprovechar su escala para incorporar mayor valor, tecnología, industria y trabajo argentino a nuestras exportaciones.

La paradoja liberal

Mientras el mundo multipolar amplía mercados, socios y alternativas de financiamiento, la política económica nacional debilita capacidades necesarias para aprovecharlos. La apertura importadora presiona sectores estratégicos para Córdoba, como la maquinaria agrícola y su entramado metalmecánico, mientras el ajuste sobre universidades, ciencia e infraestructura erosiona las posibilidades de agregar valor y tecnología.

La paradoja se vuelve nítida cuando el liberalismo económico asumido por Juan Schiaretti y el pragmatismo político que caracteriza a la actual conducción de Martín Llaryora, aun presentándose como defensores de los intereses de Córdoba, claro está; terminan acompañando o facilitando con demasiada frecuencia orientaciones económicas nacionales que debilitan el mercado interno, comprimen salarios y consumo y exponen a la industria y a las pymes que constituyen buena parte de la fortaleza productiva provincial. Lo hicieron durante el gobierno liberal de Mauricio Macri y vuelven a hacerlo, bajo condiciones todavía más severas, frente al programa económico de Javier Milei. 

Y allí aparece una responsabilidad que la dirigencia oficialista de Córdoba no puede eludir. Mientras proclama la defensa de la producción y de los intereses provinciales, brinda sustento político a un Gobierno nacional cuyo programa de ajuste, apertura y vaciamiento no se limita a ordenar las cuentas públicas; avanza sobre capacidades estratégicas que la Argentina tardó generaciones en construir. La caída del consumo y el debilitamiento del mercado interno; el creciente recurso de las familias al endeudamiento y el deterioro de su capacidad de pago; la retracción de sectores sensibles de la actividad económica; la desindustrialización y la pérdida de empleo productivo; el cientificidio, el debilitamiento de las universidades y de los organismos tecnológicos; la paralización de infraestructura y la retracción del Estado en áreas estratégicas no constituyen fenómenos aislados. Son distintas expresiones de un mismo proceso de pérdida de densidad nacional que deteriora la demanda, debilita el entramado productivo, desalienta la inversión y reduce las capacidades científicas, tecnológicas y materiales necesarias para el desarrollo. Y todo ello afecta directamente el interés de una provincia como Córdoba, cuya fortaleza depende precisamente de que existan consumidores, empresas, crédito, conocimiento, infraestructura y un mercado nacional capaz de sostener su producción. 

“Federalismo” de caja y dependencia provincial

Durante décadas una parte importante del debate quedó encerrado en una contabilidad legítima pero insuficiente; cuánto aporta Córdoba, cuánto recauda la Nación y cuánto vuelve. Y no hablamos de una provincia marginal en la generación de riqueza. En 2025 Córdoba explicó el 12,5 % de las exportaciones argentinas; dicho de manera más gráfica, uno de cada ocho dólares que el país obtuvo por sus exportaciones fue generado por la producción cordobesa. La discusión por la coparticipación, las transferencias y los recursos provinciales es necesaria, pero un “federalismo» reducido exclusivamente a esa contabilidad fiscal resulta demasiado pequeño para una provincia con semejante gravitación económica, productiva, universitaria e histórica. El problema se vuelve todavía más profundo cuando la necesidad financiera de las provincias termina condicionando su autonomía política y los gobernadores deben negociar oxígeno fiscal a cambio de acompañamientos circunstanciales. Allí la cuestión federal deja de ser solamente una discusión administrativa sobre coparticipación y comienza a transformarse en una forma áspera de disciplinamiento político.

No es sencilla la tarea de gobernar una provincia a la que el poder central recorta recursos, paraliza obras y obliga permanentemente a administrar todo tipo de urgencias; pero esa dificultad no puede convertirse en justificación para asociarse una y otra vez con un proyecto antinacional que erosiona muchas de las mismas capacidades productivas, sociales y fiscales que luego se pretende defender. Gobernar la escasez puede explicar la negociación; no debería justificar el indisimulable alineamiento. Y sería injusto desconocer que el Gobierno provincial intenta amortiguar algunos de los efectos de la crisis. El programa Córdoba Impulsa procura sostener el consumo y financiar capital de trabajo; las nuevas líneas acordadas con el CFI buscan acercar crédito a las PyMEs; Bancor subsidia financiamiento para maquinaria agrícola y producción, y el Programa Primer Paso vuelve a utilizar recursos públicos para facilitar la incorporación de jóvenes al empleo. Son políticas necesarias y, en algunos casos, valiosas. Pero también revelan la dimensión del problema.

Si la política nacional contrae el mercado interno, deteriora salarios, abre indiscriminadamente las importaciones y debilita industria, ciencia, infraestructura y capacidades estatales, los instrumentos provinciales terminan funcionando fundamentalmente como paliativos frente a un proceso que se decide en otra escala. La misma dirigencia que destina recursos de Córdoba a reparar esos daños presta luego sustento político al programa nacional que contribuye a producirlos. Si Córdoba subsidia crédito, sostiene consumo, financia PyMEs y promueve empleo, es porque su propio gobierno reconoce en los hechos que mercado, financiamiento, producción y trabajo necesitan políticas públicas activas. 

Lo cierto es que una política internacional soberana necesita de un proyecto productivo nacional y ningún proyecto productivo puede sostenerse sin una estrategia internacional que le proporcione mercados, escala, financiamiento, tecnología y capacidad de negociación.

El provincialismo de nicho

A nuestro juicio, el problema comienza cuando la autonomía provincial deja de concebirse como una herramienta para construir la Nación y se convierte, principalmente, en una estrategia de administración y conservación del poder territorial. A esa transformación contribuyó un proceso de larga duración, iniciado con el quiebre del 24 de marzo de 1976 y profundizado por el liberalismo menemista y la arquitectura institucional de los años noventa, incluida la reforma constitucional de 1994. 

La dictadura impuso mediante el terrorismo de Estado una profunda reestructuración económica y social bajo la conducción económica de Martínez de Hoz y Adolfo César Diz — formado este último en la Universidad de Chicago y vinculado a la escuela monetarista de Milton Friedman— quien presidiera el Banco Central durante la Reforma Financiera de 1977, pieza decisiva del nuevo modelo económico. Monetarismo, liberalización financiera y retracción del Estado ¿les suena? Es el propio BCRA el que establece una continuidad histórica entre ambos momentos. Su historia institucional sostiene que en 1992 la Convertibilidad “radicaliza aún más la política de liberalización iniciada en 1976”. Medio siglo después, algunas de aquellas ideas vuelven a resonar, con particular intensidad, en el programa económico de Javier Milei. Apertura financiera y comercial, endeudamiento, disciplinamiento del trabajo y debilitamiento de buena parte de la estructura industrial construida durante las décadas anteriores. El menemismo no inauguró esa matriz; significó, en aspectos decisivos, su continuidad, profundización y consolidación política bajo un régimen democrático. A la retracción económica y desguace del Estado nacional se sumó un desmembramiento jurídico e institucional de competencias, recursos y responsabilidades que reforzó la fragmentación territorial de funciones que hasta entonces habían conservado una dimensión algo más nacional. 

La reforma constitucional de 1994 profundizó la reorganización territorial del poder; aseguró la autonomía municipal, reconoció a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales y amplió sus posibilidades de articulación regional e internacional; al mismo tiempo, otorgó autonomía política, legislativa y jurisdiccional a la Ciudad de Buenos Aires, reforzando institucionalmente un territorio que ya concentraba buena parte del poder económico, financiero, mediático y administrativo del país. Sin una política nacional capaz de integrar el conjunto, aquella descentralización terminó alimentando una suerte de balcanización política. Provincias fortalecidas como unidades de administración y negociación de sus propios intereses, mientras las grandes decisiones nacionales continuaron gravitando, paradójicamente, alrededor de Buenos Aires. Se fragmentó la administración del territorio sin federalizar verdaderamente el poder.

Un menemismo residual

No parece casual, entonces, que de aquella matriz haya sobrevivido una forma de provincialismo que puede convivir cómodamente con el liberalismo económico. En ese sentido, el cordobesismo podría pensarse —con todas las diferencias históricas que corresponde reconocer— como una suerte de menemismo residual o aletargado; pragmático en la administración, liberal en buena parte de su concepción económica, celoso del poder territorial y federalista en la negociación con la Nación, pero sin una visión nacional equivalente a la fortaleza de su aparato productivo provincial. Una obviedad difícil de asumir para un peronismo cordobés cuya identidad política fue construida durante décadas más para diferenciar a Córdoba de la Nación que para imaginarla como parte de un proyecto nacional. 

Y así fue que el cordobesismo desarrolló durante años una notable capacidad para autonomizar la política provincial de las grandes disputas nacionales. Esa estrategia tiene una racionalidad evidente; se trata de preservar recursos, conseguir obras, defender la caja, mantener gobernabilidad y evitar que Córdoba quede sometida políticamente al gobierno de turno. Pero esa aparente virtud puede convertirse en su límite. Cuando defender los intereses de Córdoba pasa a significar obtener el mejor resultado posible para Córdoba cualquiera sea la orientación general del país, la pregunta por el proyecto nacional comienza a desaparecer.

La República mediterránea

No queda otra que la disciplina urgente del acuerdismo. Esa concepción insular del federalismo contiene, además, una limitación que el propio cordobesismo encuentra cada vez que intenta proyectar alguna de sus principales figuras a la escala nacional. Es difícil construir una alternativa para gobernar la Argentina cuando durante años se ha construido identidad política presentando a Córdoba casi como una república aparte, virtuosa y agraciada precisamente por diferenciarse del resto del país. Por más que se inviertan millones en cartelería en las principales avenidas de Capital Federal, no se conduce la Nación por extensión de un modelo provincial. Para alcanzar esa escala es necesario integrar realidades, intereses, tradiciones y conflictos que desbordan largamente las fronteras de una provincia. 

Quien aspire a conducir la Argentina debe ofrecerles a los argentinos una idea de Nación, no simplemente invitarlos a parecerse a Córdoba. Allí quizá resida una de las razones de los constantes intentos de proyección nacional del cordobesismo que posee una identidad provincial fuerte, una estructura territorial eficaz y dirigentes con experiencia de gobierno, pero encuentra mayores dificultades para traducir esas fortalezas en una concepción nacional capaz de interpelar al conjunto. Esa lógica insular, además, choca de frente con el persistente centralismo porteño, que también piensa la Argentina desde una parcialidad y pretende convertirla en el todo. Así, provincialismo y centralismo terminan alimentándose mutuamente para su parcelación; uno se repliega sobre Córdoba mientras el otro confunde Buenos Aires con la Nación. 

La estrechez es evidente; cuanto más se construye políticamente a Córdoba como excepción argentina, más difícil resulta presentar luego a sus dirigentes como expresión de una síntesis nacional. Y aquí emerge la clave. El camino inverso parece más fecundo; no imaginar a Córdoba como una pequeña república que negocia con la Argentina, sino como una de las grandes fuerzas interiores llamadas a pensarla, integrarla y conducirla.

El problema entre el original y la copia

Hay, además, una razón de base social que no debería subestimarse. Durante años, el cordobesismo construyó buena parte de su identidad en oposición al kirchnerismo —que contribuyó largamente a esa fractura con sus propios errores— y reunió alrededor suyo un arco heterogéneo de peronistas, radicales, independientes, empresarios, productores agropecuarios con poderosa influencia en localidades del interior provincial, clases medias urbanas y sectores de centro y centroderecha. Macri primero y Milei después penetraron precisamente en ese universo; confrontarlos supone, por lo tanto, disputar una porción significativa de la propia base social y electoral del cordobesismo. 

El problema de un peronismo de tinte conservador es que termina compitiendo, en la psiquis de cierto electorado, en el terreno ideológico de su adversario. Y cuando la elección queda reducida a escoger entre un liberalismo administrado por peronistas y otro asumido sin complejos por liberales puros, suele operar una regla bastante elemental del mercado; entre el original y la copia, el consumidor termina prefiriendo el original. Por eso se desdobla. Eso explica, al menos en parte, una de las grandes paradojas políticas de Córdoba. Mientras el peronismo gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, el liberalismo antiperonista nacional encuentra en ella uno de sus territorios electoralmente más fértiles. 

Sucede que la actual es una composición social muy distinta de aquella Córdoba que, en 1973, llevó al gobierno a Ricardo Obregón Cano y al Negro Atilio López, expresión política de una sociedad atravesada por un poderoso movimiento obrero organizado y una juventud universitaria intensamente movilizada, cuya confluencia había alcanzado en el Cordobazo su manifestación histórica más formidable. Entre aquella experiencia y el cordobesismo contemporáneo no cambió solamente el voto; cambió la alianza social sobre la cual el peronismo construyó poder en Córdoba.

El giro histórico

Con el tiempo, aquella Córdoba obrera y estudiantil, que había alimentado un peronismo de vocación transformadora, fue dejando lugar a una identidad provincial más defensiva, administrativista y crecientemente permeable al liberalismo económico. José Manuel De la Sota comprendió tempranamente que para disputar la hegemonía radical debía ampliar la base social y electoral del peronismo cordobés, incorporando sectores empresarios, productivos, cooperativistas, del agro e independientes que también nutrían el predominio político de Angeloz. La incorporación de Domingo Cavallo —principal figura intelectual del IERAL-Fundación Mediterránea, vinculada a empresarios como Piero Astori y Fulvio Pagani — como candidato a diputado nacional del PJ en 1987 fue una expresión temprana de esa estrategia, que luego se profundizaría hasta desembocar en la amplia coalición con la que Unión por Córdoba conquistó la provincia en 1998. 

Comenzaba así a desplazarse el centro de gravedad de aquel peronismo cordobés; sin perder su estructura territorial y electoral, reducía el peso político de su antigua matriz sindical/estudiantil y procuraba integrar a una coalición más amplia sectores empresarios y concepciones económicas provenientes de la Mediterránea. Esa transformación sería uno de los antecedentes de la síntesis política que, años después, permitiría al peronismo recuperar Córdoba y construir una prolongada estabilidad de gobierno hasta nuestros días. 

Más allá del cordobesismo

Córdoba necesita defender sus intereses, naturalmente, pero también comprender que buena parte de esos intereses sólo pueden realizarse plenamente dentro de una Argentina industrializada, productiva, integrada y soberana. Ese debería ser también el horizonte de su dirigencia política; poner la potencia de Córdoba al servicio de la reconstrucción nacional, en lugar de comprometerla tácticamente en acuerdos circunstanciales con proyectos que debilitan el trabajo, la producción y las capacidades soberanas del país que Córdoba necesita para desarrollarse.

Recordemos. En 2024, el Gobernador Llaryora justificó reiteradamente el acompañamiento a la Ley Bases con el argumento de la gobernabilidad y de darle herramientas a Milei. El 27 de mayo fue explícito: “La necesitamos para que el presidente tenga las herramientas para gobernar”. Un mes después, durante el tratamiento definitivo, afirmó: “Le damos gobernabilidad a la Nación pero exigimos lo que nos corresponde”. Pero entre esas herramientas no había solamente instrumentos administrativos o fiscales; la Ley Bases contenía también una reforma laboral de carácter regresivo, que alteró en perjuicio de los trabajadores aspectos relevantes de la relación laboral y redujo mecanismos de protección existentes. Ese acompañamiento formó parte de la “gobernabilidad” que el cordobesismo decidió concederle a Milei. El contraste surgió desde el propio peronismo cordobés; en una lectura inteligente, Natalia de la Sota rechazó esa lógica de acompañamiento y votó en contra de la Ley Bases, demostrando que gobernabilidad y convalidación de políticas antipopulares no eran necesariamente la misma cosa. 

Lo cierto es que el cordobesismo parece haber desarrollado una idea bastante definida de cómo gobernar Córdoba, pero mucho menos definida acerca de qué Argentina necesita Córdoba. Allí reside probablemente su principal limitación histórica y aquello que, entre el juego táctico, la administración de urgencias y un pragmatismo que por momentos se vuelve obsceno, su actual dirigencia todavía no parece haber comprendido. Porque Córdoba no puede proteger indefinidamente su industria si se destruye el mercado interno argentino; no puede sostener su sistema científico si se desfinancia el sistema nacional; no puede resolver por sí sola la infraestructura que conecta su producción con puertos y fronteras; no puede construir aisladamente una política comercial con Brasil, China o India; ni puede proporcionar a sus empresas la escala que sólo pueden ofrecer la Argentina y un proyecto de integración sudamericana. El interés provincial, llevado hasta sus últimas consecuencias, termina necesitando del interés nacional. Gobernar Córdoba exige administrar la provincia; si, pero pensar su futuro exige pensar la Nación. 

Córdoba no es una pequeña república obligada a defenderse de la Argentina, sino una de las grandes fuerzas interiores llamadas a construirla. Y porque, en definitiva, antes que cordobeses que habitamos la Argentina, somos argentinos nacidos en Córdoba. Una distinción elemental que, a juzgar por su práctica política, el cordobesismo todavía no termina de descubrir. 

Por: Lic y Mag Paula V. Sanz

Todos hemos oído hablar alguna vez de la profesionalización de la Administración Pública; hablan de ella como si fuera toda una novedad, como si nadie hubiera reparado en ello antes, y lo hacen muchas veces mezclando la idea de profesionalización con la de innovación. Esta evocación al término «profesionalización» pareciera ser una constante que se sucede a lo largo de los distintos gobiernos: nadie va a estar en desacuerdo con la necesidad de una administración profesional, pero ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de este mensaje?

Instalar de cara a la ciudadanía que la Administración Pública «no es profesional» no es algo inocente; por el contrario, se trata de una falacia deliberada. Por un lado, busca deslegitimar la función pública y con ello restarle apoyo a todo reclamo de los trabajadores públicos, a la vez que sirve para justificar el «advenimiento» de nuevos gestores en desmedro del saber técnico acumulado. Es así que este diagnóstico hecho por la política de turno es utilizado muchas veces como un chivo expiatorio para tapar fallas de conducción o para justificar reestructuraciones organizacionales de conveniencia. En definitiva, repetir que el Estado «no es profesional» solo busca justificar la refundación constante del aparato estatal por parte de cada nueva gestión, invisibilizando la idoneidad existente del capital humano.

En la Administración Pública argentina, la profesionalización del empleado público no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida, siendo la base sobre la que se estructuran los escalafones de la Administración Pública Nacional. En este discurso que los gobernantes parecen repetir, suelen omitir que el Estado ya cuenta con un marco de profesionalización garantizado no solo en las normas que regulan al empleo público, sino también en los propios convenios colectivos de trabajo, siendo el compromiso con la profesionalización un interés de todos los trabajadores. La idoneidad, el mérito y la igualdad de oportunidades como requisitos para el ingreso y la promoción en la carrera son los principales principios rectores del modelo argentino. Presentar la profesionalización como una novedad permanente permite a cada nueva gestión posicionarse como la única capaz de «modernizar» o «eficientizar» el aparato estatal, ignorando la memoria técnica y el apego a la norma que sostienen la operatividad diaria del Estado.

Por otro lado, mezclar engañosamente la idea de profesionalización con innovación pareciera ser una estrategia discursiva que busca instalar el precepto de que el Estado no se moderniza porque no es profesional. Sin embargo, profesionalizar significa garantizar la estabilidad, la imparcialidad y la idoneidad de quienes ejecutan las políticas públicas; mientras que innovar implica transformar los procesos para generar nuevo valor público. La profesionalización busca dotar al Estado de certidumbre, apego procedimental, imparcialidad técnica y continuidad institucional, mientras que la innovación busca romper los procedimientos para probar formas alternativas de generar valor público. Con esto no estamos diciendo que innovar sea malo, sino que debe ser un proceso desarrollado de manera tal que la simplificación o innovación no termine por vulnerar los mecanismos de control y la legalidad que debieran ser garantía en la gestión de lo público.

Lo paradójico está en que quienes hablan de profesionalización son los primeros que atentan contra ella siempre que, en cada cambio de gobierno, buscan asegurar en puestos técnicos a personal que responda a la gestión política de turno. En este sentido, la profesionalización de la Alta Dirección Pública (ADP) debiera constituir un pilar estratégico para el fortalecimiento de la capacidad estatal, la gobernanza democrática y el desarrollo de las administraciones. Los directivos públicos de primera línea operan en un espacio de intersección crítica denominado «vaso comunicante» entre la esfera de la decisión política y la burocracia administrativa permanente. La naturaleza estratégica de estos cargos exige equilibrar la legitimidad política del gobierno electo con la idoneidad técnica, la imparcialidad gerencial y la continuidad de las políticas públicas de largo plazo. Es muy difícil que la imparcialidad y la continuidad de las políticas se den cuando los que ocupan roles directivos son elegidos a dedo por la propia administración, en incumplimiento de lo establecido por las normativas, bajo el paraguas de la «excepción» que hace años se convirtió en regla.

Si miramos esta situación al interior de América Latina, el análisis teórico e institucional distingue tres modelos estructurales de organización de la alta dirección pública. Un modelo de carrera cerrada, donde el acceso a la alta dirección representa el peldaño superior de una trayectoria profesional continua dentro del aparato estatal. Este esquema —característico del modelo argentino en términos normativos, pero no prácticos— ofrece alta estabilidad laboral, sentido de pertenencia y cohesión cultural, aunque puede enfrentar limitaciones de rigidez organizacional. Por otro lado, está el modelo de posiciones (o gerencialista), que se asienta sobre la base de esquemas abiertos y descentralizados de reclutamiento para puestos específicos, siendo Chile el principal ejemplo. Este enfoque prioriza la vinculación contractual por objetivos, la flexibilización de remuneraciones y la orientación hacia resultados, estando expuesto a mayores niveles de rotación y vulnerabilidad ante presiones de patronazgo político. Luego están los modelos híbridos o mixtos presentes en países como Colombia, que combinan el ingreso meritocrático abierto mediante concursos públicos para puestos directivos con la preservación de criterios de confianza política regulada para la remoción o asignación estratégica, articulando elementos de ambos sistemas.

En América Latina, durante el período 2021-2026 se consolidó un patrón regional donde conviven reformas avanzadas orientadas al modelo gerencial de posiciones, sistemas tradicionales de carrera profesional y estructuras con persistente discrecionalidad y politización. La urgencia por responder a retos complejos —tales como la transformación digital, la consolidación fiscal, la equidad de género y la demanda de integridad pública— ha impulsado una acelerada modernización de las bases normativas y los instrumentos técnicos para la selección de los cuerpos directivos. Si bien la implementación de concursos públicos para la selección de personal (ADP) varía sustancialmente según las políticas institucionales de cada país de la región, es posible evidenciar una transición progresiva desde esquemas tradicionales de evaluación formal de antecedentes hacia procesos estandarizados, abiertos y orientados a competencias.

La transformación de las demandas sobre el sector público llevó a redefinir el perfil de los líderes estatales. A la exigencia tradicional de idoneidad y conocimientos técnicos se suma la necesidad de competencias blandas, capacidad analítica, planificación estratégica, liderazgo, comunicación y competencias digitales. Esta evolución ha forzado un cambio metodológico en los sistemas de evaluación de los concursos públicos directivos en muchos países de la región, siendo una deuda pendiente en países como la Argentina, donde sus sistemas de concursos están muy lejos de hacer posible una selección real por competencias, estando intrínsecamente ligados a la evaluación de conocimientos legales y/o procedimentales.

La reforma de la Alta Dirección Pública en América Latina atraviesa una etapa de transición crítica. La sola existencia de un marco normativo no genera las condiciones automáticas para una implementación efectiva de la meritocracia si no se reducen los márgenes de arbitrariedad en la remoción de directivos e inestabilidad institucional.

Cabe señalar que las reflexiones presentadas en este trabajo no pretenden constituir un estudio exhaustivo o detallado sobre la materia, sino más bien ofrecer una primera aproximación y una visión general acerca del panorama actual que atraviesa la gestión pública y la Alta Dirección Pública en la región.