Entre el Discurso y la Realidad: Profesionalización, Innovación y Alta Dirección Pública en América Latina

Por: Lic y Mag Paula V. Sanz

Todos hemos oído hablar alguna vez de la profesionalización de la Administración Pública; hablan de ella como si fuera toda una novedad, como si nadie hubiera reparado en ello antes, y lo hacen muchas veces mezclando la idea de profesionalización con la de innovación. Esta evocación al término «profesionalización» pareciera ser una constante que se sucede a lo largo de los distintos gobiernos: nadie va a estar en desacuerdo con la necesidad de una administración profesional, pero ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de este mensaje?

Instalar de cara a la ciudadanía que la Administración Pública «no es profesional» no es algo inocente; por el contrario, se trata de una falacia deliberada. Por un lado, busca deslegitimar la función pública y con ello restarle apoyo a todo reclamo de los trabajadores públicos, a la vez que sirve para justificar el «advenimiento» de nuevos gestores en desmedro del saber técnico acumulado. Es así que este diagnóstico hecho por la política de turno es utilizado muchas veces como un chivo expiatorio para tapar fallas de conducción o para justificar reestructuraciones organizacionales de conveniencia. En definitiva, repetir que el Estado «no es profesional» solo busca justificar la refundación constante del aparato estatal por parte de cada nueva gestión, invisibilizando la idoneidad existente del capital humano.

En la Administración Pública argentina, la profesionalización del empleado público no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida, siendo la base sobre la que se estructuran los escalafones de la Administración Pública Nacional. En este discurso que los gobernantes parecen repetir, suelen omitir que el Estado ya cuenta con un marco de profesionalización garantizado no solo en las normas que regulan al empleo público, sino también en los propios convenios colectivos de trabajo, siendo el compromiso con la profesionalización un interés de todos los trabajadores. La idoneidad, el mérito y la igualdad de oportunidades como requisitos para el ingreso y la promoción en la carrera son los principales principios rectores del modelo argentino. Presentar la profesionalización como una novedad permanente permite a cada nueva gestión posicionarse como la única capaz de «modernizar» o «eficientizar» el aparato estatal, ignorando la memoria técnica y el apego a la norma que sostienen la operatividad diaria del Estado.

Por otro lado, mezclar engañosamente la idea de profesionalización con innovación pareciera ser una estrategia discursiva que busca instalar el precepto de que el Estado no se moderniza porque no es profesional. Sin embargo, profesionalizar significa garantizar la estabilidad, la imparcialidad y la idoneidad de quienes ejecutan las políticas públicas; mientras que innovar implica transformar los procesos para generar nuevo valor público. La profesionalización busca dotar al Estado de certidumbre, apego procedimental, imparcialidad técnica y continuidad institucional, mientras que la innovación busca romper los procedimientos para probar formas alternativas de generar valor público. Con esto no estamos diciendo que innovar sea malo, sino que debe ser un proceso desarrollado de manera tal que la simplificación o innovación no termine por vulnerar los mecanismos de control y la legalidad que debieran ser garantía en la gestión de lo público.

Lo paradójico está en que quienes hablan de profesionalización son los primeros que atentan contra ella siempre que, en cada cambio de gobierno, buscan asegurar en puestos técnicos a personal que responda a la gestión política de turno. En este sentido, la profesionalización de la Alta Dirección Pública (ADP) debiera constituir un pilar estratégico para el fortalecimiento de la capacidad estatal, la gobernanza democrática y el desarrollo de las administraciones. Los directivos públicos de primera línea operan en un espacio de intersección crítica denominado «vaso comunicante» entre la esfera de la decisión política y la burocracia administrativa permanente. La naturaleza estratégica de estos cargos exige equilibrar la legitimidad política del gobierno electo con la idoneidad técnica, la imparcialidad gerencial y la continuidad de las políticas públicas de largo plazo. Es muy difícil que la imparcialidad y la continuidad de las políticas se den cuando los que ocupan roles directivos son elegidos a dedo por la propia administración, en incumplimiento de lo establecido por las normativas, bajo el paraguas de la «excepción» que hace años se convirtió en regla.

Si miramos esta situación al interior de América Latina, el análisis teórico e institucional distingue tres modelos estructurales de organización de la alta dirección pública. Un modelo de carrera cerrada, donde el acceso a la alta dirección representa el peldaño superior de una trayectoria profesional continua dentro del aparato estatal. Este esquema —característico del modelo argentino en términos normativos, pero no prácticos— ofrece alta estabilidad laboral, sentido de pertenencia y cohesión cultural, aunque puede enfrentar limitaciones de rigidez organizacional. Por otro lado, está el modelo de posiciones (o gerencialista), que se asienta sobre la base de esquemas abiertos y descentralizados de reclutamiento para puestos específicos, siendo Chile el principal ejemplo. Este enfoque prioriza la vinculación contractual por objetivos, la flexibilización de remuneraciones y la orientación hacia resultados, estando expuesto a mayores niveles de rotación y vulnerabilidad ante presiones de patronazgo político. Luego están los modelos híbridos o mixtos presentes en países como Colombia, que combinan el ingreso meritocrático abierto mediante concursos públicos para puestos directivos con la preservación de criterios de confianza política regulada para la remoción o asignación estratégica, articulando elementos de ambos sistemas.

En América Latina, durante el período 2021-2026 se consolidó un patrón regional donde conviven reformas avanzadas orientadas al modelo gerencial de posiciones, sistemas tradicionales de carrera profesional y estructuras con persistente discrecionalidad y politización. La urgencia por responder a retos complejos —tales como la transformación digital, la consolidación fiscal, la equidad de género y la demanda de integridad pública— ha impulsado una acelerada modernización de las bases normativas y los instrumentos técnicos para la selección de los cuerpos directivos. Si bien la implementación de concursos públicos para la selección de personal (ADP) varía sustancialmente según las políticas institucionales de cada país de la región, es posible evidenciar una transición progresiva desde esquemas tradicionales de evaluación formal de antecedentes hacia procesos estandarizados, abiertos y orientados a competencias.

La transformación de las demandas sobre el sector público llevó a redefinir el perfil de los líderes estatales. A la exigencia tradicional de idoneidad y conocimientos técnicos se suma la necesidad de competencias blandas, capacidad analítica, planificación estratégica, liderazgo, comunicación y competencias digitales. Esta evolución ha forzado un cambio metodológico en los sistemas de evaluación de los concursos públicos directivos en muchos países de la región, siendo una deuda pendiente en países como la Argentina, donde sus sistemas de concursos están muy lejos de hacer posible una selección real por competencias, estando intrínsecamente ligados a la evaluación de conocimientos legales y/o procedimentales.

La reforma de la Alta Dirección Pública en América Latina atraviesa una etapa de transición crítica. La sola existencia de un marco normativo no genera las condiciones automáticas para una implementación efectiva de la meritocracia si no se reducen los márgenes de arbitrariedad en la remoción de directivos e inestabilidad institucional.

Cabe señalar que las reflexiones presentadas en este trabajo no pretenden constituir un estudio exhaustivo o detallado sobre la materia, sino más bien ofrecer una primera aproximación y una visión general acerca del panorama actual que atraviesa la gestión pública y la Alta Dirección Pública en la región.