Por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público (CIDISP)

A finales de julio de 2026, el CEO de una de las compañías pioneras a nivel mundial en cuanto a desarrollos de inteligencia artificial e ingeniería de última generación, Elon Musk, dio una extensa entrevista[1] junto a la británica, editora de The Economist, Zanny Minton Beddoes. En su extensión, la conversación es interesante y es recomendable escucharla. En este escrito, mencionaremos dos aspectos que nos incumben en tanto tenemos en el horizonte poder pensar el desarrollo productivo del país en un contexto democrático.

El primer aspecto que resaltamos refiere al trabajo. Musk indica que el próximo paso inmediato en esta carrera ascendente de la tecnología de IA es desarrollar un hardware que soporte el software, es decir, animar una estructura robótica con inteligencia generada artificialmente. Según el magnate, si bien actualmente los trabajos sustituidos por la implementación de IA en las empresas son los denominados de cuello blanco[2], en un período de diez años, este próximo paso dejaría a la gran mayoría de los trabajos manuales que se realizan en el mundo en la completa obsolescencia. Indica que ocurrirá de la misma manera que los cálculos por computadora dejaron sin trabajo a miles de contadores en el inicio de la informática. Para ilustrar el lugar que ocupa una persona que quiera continuar trabajando en esta sociedad del futuro inmediato, el CEO refiere que quien trabaje sería como quien cultiva tus propios vegetales en casa, It´s a nice touch, but it’s useless[3].

El segundo aspecto en el que queremos detenernos tiene que ver con el control en la implementación de estos desarrollos tecnológicos de punta en las sociedades modernas. La periodista pregunta acertadamente: ¿Quiénes van a tener el control en esta comunidad del futuro? ¿Usted, los gobiernos de los distintos países? Musk responde, siempre con gran amabilidad, que sería muy egocéntrico de su parte pensar que él podría tener el control sobre este proceso, en tanto la inteligencia artificial supera por amplio margen cualquier tipo de pensamiento humano. Los gobiernos, a su vez, son completamente ajenos respecto de lo que estas nuevas tecnologías pueden hacer, cómo pueden hacerlo y aún más lo son sobre cómo moldear su desarrollo en el futuro. Por ende, lo que propone es realizar una especie de consejo con los principales jefes de las compañías más importantes de desarrollos de IA y robóticos, para que puedan discutir respecto de qué nuevos artefactos lanzar en el mercado global y cuáles no, cuáles son las fronteras éticas, los valores que estas maquinarias deben tener para la seguridad del entorno humano, etc.

Estas dos aristas nos parecen de enorme riqueza para poder realizar un análisis, detenernos en algunas preguntas y sostener un pensamiento respecto de qué lugar queremos que ocupe el trabajo y con ello los trabajadores y trabajadoras, en nuestra sociedad y en nuestro entramado productivo económico nacional.

¿Qué es y qué alcance tiene defender el trabajo? Un diálogo Tripartito para un pacto social justo

Un gran presidente y general de la nación indicaba que cuando un diálogo se lleva a cabo siempre una buena resolución implica que ambas partes se llevan un cincuenta y cincuenta. El secreto está en procurar que el cincuenta que a uno le toca avance en la realización de lo más importante. Más allá de la mascarada dialéctica, esta afirmación se mueve alrededor de la concepción de la política como arte de hacer lo posible y nos habla de que hay elementos que deben ponerse en relevancia y preservarse con inteligencia por su jerarquía, por la medida de su valor para que la Patria prospere.

El elemento que indiscutidamente merece ese carácter sagrado, pues a partir de él las grandes mayorías populares defienden todo lo que les representa un valor, a la vez que generan la riqueza de la nación y garantizan la unidad nacional, es el trabajo. Defendemos el trabajo porque queremos que en este país exista una única clase de hombres y mujeres, los que trabajan, y que ellos puedan seguir decidiendo libremente sobre el destino de su comunidad.

Ahora, quienes son dueños de los medios de producción, como el señor Musk, también trabajan. Es otra su experiencia, pero si consideramos que pudo llevar su empresa a la cima del prestigio mundial, también eso es trabajo[4]. Más aún, por lo que expresó en la entrevista, le da a lo que él produce un valor enorme para garantizar un futuro próspero para la humanidad. De hecho, en la misma expresa que la implementación de IA en plataformas robóticas permitirá que la productividad se optimice increíblemente, brindando a todos un futuro «de absoluta abundancia».

En este diálogo entre trabajadores, obviamente con intereses disímiles, capitales de diferente magnitud y diferentes experiencias, hay que tratar de que lo importante se preserve, que se elija un camino que lo ponga al resguardo.

Las cadenas productivas de agregado de valor no pueden cerrarse a la implementación de nuevos medios de producción, más eficientes y económicos, para sostenerse como actividades superavitarias. Ahora, pensar que esa apertura exitosa equivale a la utilización indiscriminada de medios robóticos es una falacia, que si se adopta por verdadera sin miramientos, puede ser un camino sin retorno para el bienestar de las grandes mayorías populares. Por eso, quienes defendemos lo importante, defendemos el diálogo y el consenso para poder pensar un camino que pueda sostener de manera equilibrada ese cincuenta y cincuenta que ambas partes deben llevarse de la puesta en común.

En este diálogo tripartito para poder alcanzar un pacto social en la conformación de la comunidad que queremos, el tercer componente y mediador por excelencia entre ambas ramas, la empleadora y la empleada es el Estado Nacional y los funcionarios que se designen para tal rol. Hay aquí un profundo dilema: ¿Puede mediar justamente si no considera lo importante en su jerarquía?

Un ejemplo nacional en desarrollos de frontera tecnológica: La energía nuclear y la palabra de los trabajadores

En 1987, luego de años de políticas de desguace y destrucción implementadas por los gobiernos militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)[5], institución del Estado Nacional Argentino pionera a nivel mundial en desarrollo nuclear con fines pacíficos, para comenzar un camino de reconstrucción y renovación del organismo, realizó durante dos meses el Congreso de Objetivos y Políticas Institucionales (COPI). Iniciativa implementada por la célebre científica argentina, presidenta de la CNEA durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la Dra. Emma Pérez Ferreira[6] y con la participación activa de todos los trabajadores y trabajadoras del organismo.

Resulta sumamente importante, poder escuchar el lugar que la Dra. Ferreira le otorga a la palabra de los trabajadores en la construcción institucional desde el diálogo abierto y la enorme importancia del consenso. Sobre todo, en una temática como la producción de energía a partir de fisión atómica, que se puede equiparar a los desarrollos tecnológicos de la Inteligencia Artificial en cuanto a su complejidad técnica, su potencial económico y de desarrollo para la humanidad.

En la apertura del congreso la Dra. dice «Mediante un acto como el que vamos a protagonizar, en el que escucharemos y tomaremos en cuenta las opiniones de todos los sectores, estamos cimentando una genuina conducta institucional para nuestra comisión. Por medio de la participación adulta, respetuosa del disenso y libre de prejuicios, lograremos trazar rumbos permanentes y duraderos, al margen de los desvíos que impongan las circunstancias y con su dirección fijada por una amplia base de consenso»[7].

Respecto de la inserción de esta institución de frontera tecnológica en la comunidad, es importante mencionar que la Dra. afirma «…toda la institución, su capacidad técnica, sus laboratorios, obras y experiencias, constituyen un patrimonio que debe ponerse al servicio del país en todos los campos en que sea posible darles una plena utilización». A lo largo del discurso plasmado en el documento, refiere específicamente diversos ítems, como volver a la CNEA un medio eficaz para la modernización de la industria y de la ingeniería nacionales y la producción de energía nucleoeléctrica para el Sistema Nacional Interconectado; así como también la fabricación de elementos combustibles de diversos tipos, manejo de minerales y materiales de base, aplicación de los radioisótopos y radiaciones en salud y en la industria, etc. Siempre considerando, según sostiene, que estos cambios a implementar «…no deben dar por tierra con objetivos trascendentes que se han ido haciendo carne en nosotros y que dan a nuestra tarea un contenido profundamente humanista» y que deben darse en un marco general de «…respeto al medio ambiente y a la calidad de vida de la sociedad, no perdiendo de vista, además, el logro de la plena autonomía tecnológica nacional en el área de su competencia»[8].

Respecto al lugar que se da a la palabra de los trabajadores en el desarrollo de una actividad científico técnica de punta a nivel mundial, refiere la entonces presidenta de la institución, «La tarea que nos espera no es simple y requerirá todo lo que cada uno pueda dar de sí mismo. Estamos transitando un camino erizado de todo tipo de dificultades. Algunos que se sienten con solvencia técnica y moral para opinar, vienen a darnos recetas. Preferimos escuchar la voz de aquellos que viven los problemas y sienten la institución como propia, porque ella es el fruto de sus esfuerzos…»[9].

En el cierre del congreso, enfatiza: «Al hacerme cargo de la conducción de la CNEA recibí el encargo, en conjunto con los miembros del Consejo Consultivo, de hacer un diagnóstico de situación de la misma y de hacer propuestas sobre su futuro. Decidí entonces convocar al personal para este Congreso, a fin de conocer la opinión de quienes trabajan en la Casa sobre estos temas fundamentales. Consideraba que cualquier decisión que la sociedad argentina en su conjunto debiera tomar tenía que contar, en un ejercicio de verdadera democracia participativa, con esta opinión, avalada por el conocimiento, por las vivencias directas y por largas y fecundas experiencias (…). Las conclusiones del congreso que hoy finaliza serán consideradas con la más profunda atención y no les quepan dudas de que serán insoslayables en cuanto son la opinión expresada orgánicamente del personal de la CNEA». En el último párrafo de cierre del congreso elige estas palabras «El acervo más importante de la CNEA es su gente, de cuya capacidad de realización en el pasado tenemos pruebas evidentes. Los quiero alentar hoy a ustedes para que el retorno a laboratorios y oficinas, a plantas y talleres se convierta en una onda que vaya convocando a todos los trabajadores de esta Casa a esta renovación que tanta falta nos está haciendo. La sociedad argentina supone en el personal de la CNEA excelencia, laboriosidad y patriotismo: continuemos movilizados para la transformación que nuestros conciudadanos tienen derecho a esperar de nosotros»[10].

No está de más decir que a partir del éxito de esta iniciativa, atravesando los avatares políticos de los últimos casi 40 años, la CNEA se colocó al frente del estado de arte de gran parte de los desarrollos de tecnología nuclear a nivel mundial. Logrando, con total soberanía tecnológica, el usufructo de la nucleoelectricidad. Convirtiéndose en exportador de reactores de investigación, abastecedor del mercado nacional y regional de radioisótopos para la salud y pionero en el desarrollo de los llamados SMR (reactores modulares), hoy tendencia en el mundo.

Un estado que escucha y defiende lo sagrado para las mayorías. Gobernar es crear trabajo

En el texto anterior, la decisión política institucional de jerarquizar la palabra de los trabajadores y trabajadoras es indiscutible[11], así como los frutos que con orgullo le brindaron a la nación. Siendo el ejemplo de la CNEA particularizado únicamente por su cercanía con la IA en cuanto a la complejidad tecnológica y su capacidad de transformación de nuestras comunidades. Pero que lejos de ser la excepción es la regla, en tanto que nuestro país se distingue mundialmente por la enorme capacidad laboral de sus trabajadores, sobre todo en empleos que requieran alta formación técnica. Eso no ocurre por un azar en nuestra idiosincrasia nacional, tiene que ver con decisiones estratégicas que por su acierto transformaron nuestro país y a su gente.

En esta decisión de la Dra. Pérez Ferreira se pone en relieve algo que muchas veces pasa desapercibido, cuando no es simplemente denostado como una obsecuencia: quien trabaja sabe de lo que hace y su palabra habla desde una verdad cercana y simple, que se piensa y se construye con la experiencia de realización de una obra desde lo real. Siempre puede uno formarse académicamente o especializarse en el estado de arte de la tecnología más reciente, pero el pensamiento que surge del trabajo, le otorga a la palabra humana una jerarquía que no encuentra parangón. A la hora de decidir sobre qué destino queremos para nuestras comunidades, a la hora de resguardar su trabajo, refundar el complejo productivo industrial y volver a encauzar la economía nacional en su conjunto para que todas las ramas de actividad prosperen, esta palabra será fundamental.

En los últimos tiempos, se han padecido en el país políticas de claro corte antipopular, en tanto han destruido el valor del trabajo, así como también el lugar que los trabajadores ocupan en la comunidad y en las decisiones nacionales. La Justicia Social en nuestro país no es solo que el estado se haga presente en tanto garante de ayuda social; la verdadera justicia social consiste en que los trabajadores, su opinión y su palabra, tengan en la sociedad la jerarquía que merecen, en tanto son los únicos generadores de la riqueza nacional.

Es interesante mencionar que en la utopía de Elon Musk, según explicita en la citada entrevista de The Economist, esa sociedad híper-productiva y súper-eficiente sostenida por trabajadores-robots es complementada por una renta universal para todos los humanos, que es financiada por la enorme fortuna que paga en impuestos su compañía. Al menos este señor, logró poner a su empresa de ingeniería robótica al frente del desarrollo mundial de la rama, pero ¿qué enajenado linaje político estamos dando por sentado, cuando esas propuestas de impuestos y renta universal es lo único que emana de pretendidos líderes populares? De esa forma, pensada por el CEO de Tesla, sin duda que el Excel cierra con la gente adentro.

Organizaciones intermedias y Modelo Sindical Argentino. El ascenso de las individualidades conscientes para seguir pensando la humanidad del capitalismo argentino.

Un verdadero líder popular, Juan Domingo Perón, considero que La Comunidad Organizada sólo puede darse mediante «el ascenso de las individualidades conscientes»[12]. La profundidad de ese pensamiento es tal, que da cuenta del problema al que se enfrentan las sociedades modernas frente al extravío técnico y sus verdades metafísicas. Sólo encuentra parangón en algunas encíclicas papales u obras de renombrados filósofos, con la ventaja de poder leerse sin la restricción teológica ni la académica.

Lo que puede escucharse en esa simple semilla para un destino humano comunitario, es que la persona que trabaja dignamente, que puede pensar serenamente lo que le incumbe, en tanto se le presenta en el día a día, y organizar, si lo desea, un destino de movilidad social ascendente para quienes ama. Por la realización de su obra, por la transformación de la realidad que conlleva, tiene una cercanía con la verdad que se encuentra en la actividad que realiza como ningún robot animado o persona ajena a esa realidad puede concebir.

Dice Perón «La virtud socrática era actuante, tan batalladora como había de ser después la cristiana; contemplaba el mundo práctico y lo sabía lleno de tentaciones y dificultades. Virtuoso para Sócrates era el obrero que entiende en su trabajo, por oposición al demagogo o a la masa inconsciente. Virtuoso era el sabedor de que el trabajo jamás deshonra, frente al ocioso o al politiquero»[13]. El diálogo entre quienes comparten esa realidad, esa palabra sobre lo que nos incumbe elevada a la jerarquía que merece dentro de la sociedad, puede llevarnos a pensar, a que se nos hagan presentes caminos hasta el momento impensados. Una multiplicidad de interpretaciones se abre ante nosotros y las encrucijadas que parecen imposibles, se resuelven de manera tal que lo importante siga al resguardo, en camino de prosperar.

El Modelo Sindical Argentino, cuya forma era erigida a partir del régimen de asociaciones profesionales establecido por el Decreto 23.852/45 y posteriormente ratificado por la Ley 12.921, pretendidamente destruido en la última llamada reforma laboral aprobada por el Congreso, garantizaba que sean las organizaciones con mayoría de afiliación en cada una de las ramas de actividad económica quienes sean escuchadas como representantes verdaderos de la realidad que viven los trabajadores en las negociaciones tripartitas. Más allá de la actividad netamente gremial, cada una de estas organizaciones intermedias tenía su lugar institucional de expresión gremial dentro de cada estamento del estado que sea de su incumbencia. Es importante destacar la importancia institucional dada por el gobierno nacional de aquel entonces, a poder escuchar la verdadera palabra de los trabajadores y que ese modelo fue la forma organizativa elegida para lograrlo.

Actualmente, la economía se ha volcado hacia lo financiero al extremo de ser la importación la única política industrial; poniendo nuestro aparato productivo al borde del colapso y con él el trabajo de la mayoría de quienes habitan este suelo. Es importante poder retomar el camino de nuestras tradiciones más exitosas y no será sin dificultades, pues habrá que poder discernir respecto de los más variados cantos de sirena, surgidos del nepotismo, de la obsecuencia, de la palabra experta y también de las mejores intenciones. Quizá comenzó este declive azaroso cuando dejamos de pensar que lo más importante para gobernar es escuchar la palabra que emana desde la realidad que es común para las grandes mayorías populares: el trabajo.

Un pacto social para los desarrollos de frontera tecnológica requería institucionalizar una mesa permanente entre Estado, organizaciones de trabajadores, sector productivo y sistema científico-tecnológico. Su tarea no sería detener la innovación sino gobernarla: anticipar transformaciones ocupacionales, evaluar tecnologías antes de su implementación masiva, acordar mecanismos de capacitación y reconversión, discutir cómo distribuir las ganancias de productividad, preservar capacidades tecnológicas estratégicas y establecer límites cuando la automatización comprometa derechos, autonomía o cohesión social. Pero la reflexión que nos convoca pretende ir más allá de lo particular, pues sin duda sucederán en el futuro encrucijadas hoy impensadas y más difíciles de superar.

Aquí, comenzamos por jerarquizar la importancia de lo que nos es simple y cercano, lo que viene con nosotros, la palabra de los trabajadores. A través de las organizaciones sindicales, queremos que esa palabra sea institucionalizada de manera permanente en los estamentos del gobierno cuyas realizaciones nacionales incumban a las distintas ramas de actividad económica del entramado productivo nacional. Comenzar a transitar la certeza de que el destino de nuestras comunidades democráticas podrá corresponder la dignidad humana, si se erige desde un diálogo constante entre quienes viven las dificultades que hay que superar y distinguen en el trabajo su experiencia más preciada.

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Notas

1. The full-length interview with Elon Musk- The economist (Youtube), disponible en: https://youtu.be/XuoqKYxDHVc?si=eUfXyU_nnfhCHWLX
2. Un trabajo de Anthropic indica que, nuevas formas de medición, arrojan únicamente pequeñas variaciones respecto de la disminución en la contratación de trabajadores jóvenes que ingresan al mercado laboral en trabajos que implican tareas que pueden desarrollarse con programas de IA que combinan modelos de lenguaje grande con datos del mundo real. Estas mediciones preparan modelos preliminares para detectar futuras grandes variaciones. (Impactos de la IA en el mercado laboral: Una nueva medida y evidencia preliminar. Maxim Massenkoff and P. McCrory 5 de marzo 2026).
3. «Es un lindo gesto, pero es inservible».
4. Ya el Consejo Nacional de Previsión Social, en 1944, cuyo objetivo principal era el resguardo de los trabajadores por programas de seguridad social, para poder legislar según la realidad social contaba con dos voces gremiales, la de empleadores y la de empleados.
5. «Historia de la CNEA», Argentina.gob.ar: https://www.argentina.gob.ar/cnea/historia
6. Emma V. Perez Ferreira (Buenos Aires, 02-04-1925//Córdoba, 28-06-2005) Argentina, doctora en física, pionera de la informática nacional. Primera presidenta mujer de la CNEA.
7. Documento del Congreso de Objetivos y Políticas Institucionales.
8. Ídem
9. Ídem
10. Ídem
11. Firmaron el documento en representación de nuestra UPCN, Ricardo Korob y Zunilda Valenciano
12. J.D. Perón La Comunidad Organizada, pág 50
13. J.D. Perón La Comunidad Organizada, pág 50

Mientras la política administra cuotas e intereses, sigue intacta la arquitectura financiera que convirtió a millones de argentinos en deudores.

Por Emmanuel Bonforti

Un diagnóstico que empieza por el final
El debate sobre el endeudamiento familiar discute refinanciaciones, tasas, fondos fiduciarios y condonación de intereses por mora: discute, en definitiva, los síntomas. Ninguna de esas propuestas toca la norma que hizo posible que millones de hogares argentinos terminaran atados a una tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.

Pocos debates en la Argentina se proponen discutir lo verdaderamente necesario. Esa omisión no es casual, es la forma que toma la derrota cuando todavía no sabe nombrarse. O cuando la socialdemocracia caló hondo en los debates políticos nacionales.

II. Una ley firmada por Videla, redactada por los bancos
El 14 de febrero de 1977, en plena dictadura, Jorge Rafael Videla sancionó y promulgó la Ley N° 21.526, con la firma de José Alfredo Martínez de Hoz. La acompañó una norma hermana, la Ley N° 21.495 de descentralización de los depósitos bancarios, sancionada semanas antes. Entre las dos desarmaron en meses el sistema financiero que el primer peronismo había construido tres décadas atrás. El objetivo: la descentralización; la consecuencia: la jerarquización de la especulación.

Martínez de Hoz no ocultó la ambición del proyecto. Lo describió como un cambio de estructura de las instituciones financieras que iba mucho más allá de lo que la gente veía: cambiarlos a todos, cambiar la mentalidad. Cuando dejó el Ministerio de Economía en 1981, la calificó como el instrumento más revolucionario del gobierno militar. No hablaba de una ley bancaria, hablaba de una reforma del sentido común. Cuando se trata de entrega, los funcionarios que trabajan para la corona son especialistas en librar la batalla cultural.

La Ley N° 21.526 hizo tres cosas que definen todavía hoy el terreno de juego. Liberó las tasas de interés, que hasta entonces fijaba el Estado, y las entregó a la voluntad de cada entidad. Descentralizó los depósitos, que hasta 1977 pertenecían al Banco Central y se distribuían entre bancos públicos y privados según criterios de desarrollo; a partir de ahí, cada banco compite por captar el ahorro que puede prestar. Y mantuvo la garantía estatal de los depósitos mientras privatizaba por completo la decisión sobre a quién prestar y a qué precio. El riesgo se socializó, la ganancia se privatizó. Esa asimetría, no la codicia de tal o cual banquero, es el mecanismo. Estamos ante un caso de intervención estatal bajo el ropaje de la descentralización: el Estado siempre interviene, aunque no lo veamos.

III. Cuarenta y ocho años de vigencia bajo catorce gobiernos
La ley cumplió 48 años en febrero de 2026. Sobrevivió a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, a Duhalde, a los Kirchner, a Macri, a Fernández y a Milei. Quizás alguno de estos podría haber hecho algo más para modificarla, pero aún sigue viva.

Tuvo alrededor de ocho reformas parciales desde su sanción, ninguna sobre sus pilares: la libertad de tasas, la banca privada como eje del sistema y la ausencia de una autoridad que oriente el crédito hacia el desarrollo. Durante el kirchnerismo, con mayorías parlamentarias amplias en 2012 y 2014, hubo proyectos para reemplazarla por una nueva Carta Orgánica del sistema financiero. Quedaron en cajones. La decisión política nunca alcanzó, o nunca se puso a prueba, para tocar el corazón del negocio bancario. Todo quedó bajo el famoso manto de la “correlación de fuerzas” vocablo exquisito de la socialdemocracia para esconder su falta de valentía.

Ese dato desarma cualquier lectura que reduzca el problema a «neoliberalismo versus nacionales». La 21.526 atravesó gobiernos de signos opuestos porque ningún gobierno, incluidos los que se reivindicaron nacionales y populares, decidió que derogarla fuera una prioridad de gestión. Se administró el margen que la ley permite; no se discutió la ley.

IV. El antecedente que la 21.526 vino a borrar
En 1946, el primer gobierno de Perón nacionalizó los depósitos bancarios. El crédito dejó de ser una mercancía que cada banco vendía al mejor postor y pasó a ser un instrumento de política económica: el Banco Central decidía cuánto crédito recibía la industria, cuánto el agro, cuánto el consumo, a qué tasa y con qué plazo. José Ber Gelbard, ya en 1973, intentó profundizar ese esquema y subordinar el conjunto del sistema financiero a objetivos de desarrollo nacional. Seguramente esto, más la ley de entidades profesionales, explica en gran medida el largo invierno que sufre nuestra nacionalidad desde 1976.

La dictadura de 1976 no llegó a destruir ese modelo por casualidad ni como efecto colateral de la represión. Lo destruyó como programa. Ejerció poder. La Ley N° 21.526 fue, junto con el plan de aniquilamiento del movimiento obrero y la apertura comercial indiscriminada, una de las tres patas de la refundación económica que buscaba la dictadura. Las tres siguen, con matices, operativas. Y hoy se profundizan.

V. Lo que la financiarización hizo con la economía real
Sacar al Estado de la orientación del crédito no dejó un vacío neutral, dejó un modelo de acumulación. Sin una banca pública que discipline con líneas de fomento, el crédito argentino se volcó a donde el rendimiento es más alto y más rápido: al consumo, a la timba financiera, a la bicicleta de tasas. La industria que necesita crédito a diez años para comprar una máquina compite en el mismo mercado, con la misma lógica de rentabilidad de corto plazo que un fondo que arbitra tasas en noventa días. Pierde siempre la industria.

Ese mismo vacío regulatorio es el que hoy le permite a las billeteras virtuales operar de facto como un banco (captan ahorro, prestan, cobran intereses) sin las exigencias de capital, encaje y control que la 21.526 impone a un banco tradicional. La ley que la dictadura diseñó para liberar a la banca privada del control estatal terminó habilitando, cuatro décadas después, una nueva capa de intermediación financiera todavía menos regulada, sobre los ingresos de los trabajadores informales. El patrón no cambió,se sofisticó.

VI. Por qué ninguna refinanciación alcanza
Toda propuesta de alivio a las familias endeudadas opera dentro de las reglas que la 21.526 fija: tasas libres, bancos que definen a quién prestan y a qué costo, un Estado que solo puede pedir, subsidiar o compensar en los márgenes.

Refinanciar al 35% anual con el Banco Ciudad, condonar intereses por mora, crear un fondo fiduciario para quienes ganan menos de seis salarios mínimos: cada una de esas medidas alivia un síntoma sin tocar la estructura que lo produce.

Es el mismo círculo para el año que viene. Los salarios seguirán sin alcanzar mientras el crédito siga organizado para maximizar el rendimiento bancario en vez de para sostener el ingreso de los hogares y el desarrollo de la producción. Los refinanciados de 2026 serán, en 2027 o 2028, los nuevos morosos de un sistema que no cambió una sola de sus reglas de origen.

VII. La batalla de todas las batallas
Derogar la Ley de Entidades Financieras y reemplazarla por una que subordine el crédito al desarrollo soberano no es una medida más en un paquete de políticas sociales, es la condición de posibilidad de todas las demás. Sin esa ley nueva, el gravamen a las ganancias extraordinarias de la banca se cobra una vez y el sistema se reacomoda. Sin esa ley nueva, la banca pública que se proponga competir con la privada lo hará con las manos atadas por las mismas reglas de rentabilidad de corto plazo. Sin esa ley nueva, cualquier control de tasas será provisorio, revocable con el próximo cambio de gobierno, porque no estará anclado en una arquitectura legal distinta sino en la voluntad política de turno.

En los países semicoloniales, el que nomina domina. La 21.526 nombró durante 48 años lo que un banco puede hacer con el ahorro de los argentinos. Mientras esa norma exista, la discusión sobre el desendeudamiento familiar seguirá siendo una discusión sobre el margen. La discusión sobre la estructura empieza el día que alguien se anime a poner el número 21.526 en el centro del debate público y a explicar, en el mismo lenguaje sencillo con que hoy se explica una tasa de refinanciación, por qué esa ley de la dictadura sigue redactando las reglas del capitalismo argentino.

Perón derogó en 1946 el modelo de banca privada sin orientación estatal que había regido hasta entonces. La pregunta que la dirigencia actual evita es si está dispuesta a repetir ese gesto o si prefiere seguir administrando, con buenas intenciones y comunicados de prensa, la deuda que la 21.526 produce todos los días.

VIII. La familia como primer anillo de la patria
Para finalizar, hay un problema filosófico antes que un problema técnico. Ninguno de los proyectos que refinancian deudas familiares concibe a la familia como célula política de la Nación. La tratan como unidad de consumo, como titular de una cuenta en la Central de Deudores, como sujeto de asistencia. No la tratan como lo que es en la tradición del pensamiento nacional: la primera comunidad, anterior al mercado y anterior al Estado, donde se organiza el trabajo, se cría a la próxima generación y se sostiene la reproducción material de la Nación.

Esa omisión tiene consecuencias directas sobre el diagnóstico. Si la familia es apenas una unidad de consumo endeudada, el problema se resuelve bajando la tasa. Si la familia es la célula de la patria, el endeudamiento de un hogar es el primer anillo de una cadena que termina en el endeudamiento de la Nación con el FMI: la misma lógica que le vació el bolsillo a la Argentina para pagarle a los acreedores externos es la que le vació el bolsillo a cada hogar para llegar a fin de mes. No son dos endeudamientos paralelos que coinciden por casualidad. Son el mismo fenómeno, visto en dos escalas de una misma comunidad política.

Los proyectos legislativos actuales no ven ese anillo porque parten de una filosofía liberal que no tiene categoría para pensar comunidades intermedias. Ven individuos, ven hogares aislados, ven casos. No ven patria. Y sin esa categoría, ninguna reforma puede plantearse como lo que en verdad es: la reconstrucción de la comunidad organizada, empezando por su célula más pequeña, contra la lógica que la disolvió en deudor individual.

Rubén I. Bourlot

Salvado algún detalle podemos afirmar que el único presidente argentino que pertenecía a la burguesía industrial fue Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina (1854-1860). El detalle es que en el siglo XXI también presidió el país Mauricio Macri que provenía de una familia empresarial.

Es interesante analizar la actuación política de Urquiza en el contexto de sus actividades privadas para arrojar un poco más de luz al extenso y complejo proceso histórico que lo tuvo por protagonista.

Urquiza fue militar, político y terrateniente con vastas estancias en Entre Ríos, Corrientes y otras provincias. Pero no se quedó criando vacas. Fue un verdadero capitalista del siglo XIX, un burgués, que apostó a construir un conglomerado de emprendimientos industriales y de servicios en su provincia y otras.

Tuvo que conciliar sus funciones en el estado como gobernador y  presidente con sus negocios privados. Entre otros muchos tuvo saladeros, ingenios azucareros en Tucumán, flota de barcos, fábrica de paños, empresas de mensajerías, explotaciones mineras en Catamarca, yacimientos de cal en Entre Ríos, acciones en empresas ferroviarias, de seguros y en bancos. Solo es una rápida ojeada ya que donde había posibilidades de hacer una inversión estaba puesto el ojo de Urquiza.

Entre Caseros y Pavón

Esta mirada sirve para poner en contexto la actuación política de Urquiza y puede ayudarnos a comprender desde otro costado dos hechos clave de la historia de país: Caseros y Pavón. No hay dudas que ambas batallas protagonizadas por el llamado Organizador fueron puntos de quiebre en la marcha de la historia nacional. Y, como expresamos más arriba, arrojan más luz que las adjetivaciones con las que se suelen caracterizar ambos hechos.

El Pronunciamiento y Caseros, que llevaron a la sanción de la Constitución, fue la culminación de los reclamos para concretar la organización que las provincias se habían propuesto cuando firmaron el Pacto Federal en 1831. A esa altura el régimen político de Confederación mediante el pacto de gobernabilidad con el hegemónico gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas ya estaba agotado, es cierto. Pero hay que agregar que otra causa gravitante que desató el conflicto fueron las rentas aduaneras en manos del puerto de Buenos Aires, por ende de Rosas. Por ese puerto único pasaba el comercio exterior. Los puertos fluviales estaban cerrados al comercio, no solo para evitar el ingreso de las manufacturas europeas sino para la salida de la producción de las provincias. Todo terminaba entrando y saliendo por el embudo de Buenos Aires. Las exportaciones ganaderas tanto del estanciero Rosas como las de Urquiza y otros productores del Litoral debían pasar y tributar al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Capitalista industrial

Aquí tenemos que abrir un paréntesis. Urquiza no solo comerciaba con cueros y tasajo como lo hacía Rosas. El Urquiza capitalista industrial necesitaba vías alternativas para exportar sus manufacturas, importar materiales para sus instalaciones y comerciar con sus empresas navieras. La apertura de los ríos era fundamental.

La cuestión fue que el Pronunciamiento y Caseros cancelaron el periodo de Rosas pero no atacaron el meollo de la cuestión. Desplazado el Restaurador de la Leyes quedó por sacar del medio a la oligarquía parasitaria del Puerto. Contra eso no pudo Urquiza. No se atrevió, tal vez, a tocar el corazón del poder. Tuvo que aceptar ese triunfo a medias y replegarse a Paraná.

No vamos a avanzar en el análisis sobre lo sucedidos en Pavón. Es un tema pendiente que bien vale interpretar con la misma lógica de Caseros y no quedarnos con la novela de la “traición” y el “pacto masón”.

El triunfo a medias de Caseros postergó por tres décadas la organización definitiva del país. Recién la concluyó en 1880 Julio Argentino Roca que forzó la capitalización de Buenos Aires. Urquiza, militar de muchas batallas, no pudo batir al enemigo y adentrarse al corazón de la ciudad-puerto para echar a los mercaderes que siempre conspiraron en contra de la organización. Lo hizo Roca, también militar pero sin las limitaciones de un burgués como el entrerriano. Esos treinta años de demora no fueron gratuitos.

 Más allá de la historia

No podemos hacer análisis contrafácticos en historia. Nos apartamos un momento de “la ciencia de los seres humanos en el tiempo”, según Marc Bloch, y hacemos un ejercicio especulativo: ¿Qué hubiera pasado si en 1853 se lograba la capitalización de Buenos Aires y la nacionalización de la aduana? ¿Se hubiese puesto en marcha con éxito el magnífico plan económico de Mariano Fragueiro desde el ministerio de Hacienda? Un plan que suponía el desarrollo autónomo con el estado promotor de las industrias, el impulso de la minería, la construcción de ferrocarriles y el establecimiento de la banca estatal para administrar el crédito público, entre otras muchas iniciativas.

Faltaban aun quince años para que los Estados Unidos resolvieran su destino mediante la guerra de Secesión con el triunfo del norte industrialista sobre el sur agroexportador esclavista. La Confederación Argentina lo pudo haber hecho en 1853. Cuando Roca y sus chinos provincianos desalojaron a la oligarquía del puerto era tarde para cambiar el modelo. Urquiza había muerto y la burguesía capitalista orientaba sus inversiones a la producción vacas y trigo para integrarse al mundo como proveedor de materias primas.

Por Aldo Duzdevich

Este es uno de esos temas que no se debe hablar, salvo para señalar a los de enfrente. Yo estoy acostumbrado ya, a recibir puteadas y perder amigos por tocar temas que incomodan algunos o a muchos. Pero creo que,  los objetivos que perseguimos, de construir una sociedad más humana, más justa, merece que algunos nos metamos a lo bonzo en  debates que son necesarios dar.
 
Hoy nuestra Patria y nuestro Pueblo está asediado por las fuerzas más poderosas que se puedan recordar en los doscientos años de historia.  El desembarco  y ocupación silenciosa de los algoritmos del mal, representa una fuerza invasora muy superior a las invasiones inglesas,  y a las imposiciones  de nuestras peores dictaduras. Porque a diferencia de aquellas épocas, hoy el enemigo no tiene rostro ni bandera, el enemigo ha logrado inocular el virus de la dependencia y sumisión en la mente de nuestros compatriotas como nunca antes. Y vamos camino a consolidar un modelo de sociedad excluyente donde solo un 15 o 20% de la población viva dignamente y el resto como pueda. 
 
A esta ofensiva arrolladora del enemigo,  se le suma las debilidades y el desconcierto de las fuerzas propias. Debilidades en materia dirigencial y desconcierto respecto a proyectos de mediano y largo plazo.
 
En esta nota me voy a referir solamente al primer punto, los flancos débiles de  parte de nuestra dirigencia que nos quitan credibilidad ante la sociedad. Debilidades de la dirigencia política que obviamente incluye a todos los partidos.
 
Voy a  escribir sobre lo que genéricamente se denomina “la casta” , termino que acuño el progresismo de izquierda  español, y que luego fue reciclado por la ultraderecha para cuestionar al estado y a la política. Y, comienzo por asumirme como parte de esa casta,  y de hacerme cargo de las responsabilidades por acción u omisión, respecto todo lo que voy a señalar.
 
Desde 1983 participé activamente en todas las campañas internas y generales en mi provincia Neuquén.  En mi provincia, el PJ siempre fue oposición, por lo tanto nunca accedimos a posiciones de poder dentro del Estado. Eso daría para considerarnos casta de segunda categoría, pero casta al fin. Por lo tanto, voy  hablar de estos temas,  desde el mismo barro al cual no soy ajeno.
 
No me interesa repartir culpas ni encontrar justificaciones. Me interesa si, transmitir experiencia a las nuevas generaciones . No me canso de repetir esa frase de Peron “hay que leer historia para aprender del error ajeno, el error propio llega tarde y cuesta caro”.
 
Los costos que los padres de la democracia no previeron
 
Voy a arrancar con una anécdota que es una pintura descarnada de lo que intentaré explicar.
 
Varios años atrás, un pre-candidato a presidente al que veníamos acompañando, nos convocó de urgencia a una reunión en Buenos Aires. Allí viajamos de diferentes provincias para enterarnos de lo que pasaba. El hombre se paró delante de todos y nos disparó con honestidad brutal: “Miren muchachos, para seguir adelante con mi candidatura a presidente, me hacen falta 15 millones de dólares…yo no los tengo… si alguno aquí los tiene o sabe de donde sacarlos, seguimos…sino, me tengo que bajar” . Todos nos miramos entre viejos fulleros y pensamos ¿ y si este huevón no tenia la guita, para que carajo nos embaló a todos? . Obviamente se bajó.
 
El lector desprevenido se preguntará, ¿quince millones de dólares para una campaña? Pues sí. Sin que nadie se robe nada, ni se lleve un peso para su casa, una campaña electoral a presidente podía salir eso y bastante más. Aclaro que estos números son antes de la ley de las PASO, pero que en provincias donde no existe PASO las campañas de intendentes y gobernador se siguen manejando escalas de valores muy altos.
 
Veamos algunos números de campaña: un spot de 30 segundos en TV abierta horario central puede salir hoy de 100 a 150 mil u$s, una campaña pautaba 10 por día durante 20 días eso eran 20 millones de dólares; la pauta en radio 5 mil u$s por 30 segundos en tres radios 20 días, son 3 millones; la impresión de boletas tiene un costo de 2,5 millones ; las encuestas presenciales nacionales de 50 a 100 mil dólares; la cartelería urbana otros 3 millones; montar escenario audio y luces para un acto entre 500 y 1 millón, transporte de 30 mil personas 500 mil. Y dejo por aquí las cuentas, porque veo que nuestro candidato con 15 millones ya arrancaba perdiendo.
 
Los padres de la democracia moderna imaginaron un sistema de partidos, representación popular, elecciones, división de poderes, pero no tuvieron en cuenta los costos de ese sistema. Y esto no es privativo de Argentina, en los EEUU, en las democracias europeas, en todos lados cada tanto se destapan escándalos de corrupción en el financiamiento de las campañas.
 
¿Entonces la política es solo para los ricos?
 
El discurso predominante dirá: “si queres ser candidato hacela con la tuya”. Pensemos ¿qué individuo normal, tiene semejantes sumas de dinero para gastarlos en una campaña electoral?
 
Bueno, están los Trump de la política que tienen para gastar muchos millones, y si pierden mala suerte, y si ganan los recuperan rápido. Pero, salvo que un millonario tenga vocación de santo, difícilmente vaya a gobernar beneficiando a los que no son de su clase.
 
Y digamos al revés, conseguimos un candidato muy capaz, un estadista con profunda sensibilidad popular que tiene un programa para gobernar para las grandes mayorías. ¿Puede llegar poniendo su sueldo y el de sus amigos, o haciendo rifas y empanadas para pagar la campaña? Está claro que no.
 
El dinero de las campañas
 
Digamos que las fuentes básicas de ingresos son cuatro: los recursos del estado, los fondos reservados, los aportes empresarios y los aportes extra-nacionales de fundaciones o gobiernos.
 
Los recursos del estado en especial los destinados a publicidad y los de ayuda directa, son los más utilizados y digamos los “más lícitos”. La otra caja importante son los fondos reservados de los organismos de inteligencia. Claro que estos recursos los pueden usar quienes están en el gobierno y excluyen a la oposición. Lo único positivo (por poner un adjetivo piadoso) es que no generan compromisos con aportantes privados.
 
En esa línea de recursos menos explícitos están los de las fundaciones y/o directamente gobiernos extranjeros. En los 80/90 estuvieron muy activas dos fundaciones europeas la socialdemócrata y la demócrata cristiana. Ahora, aparece la trama de las ONG con “fines nobles”, entre cuyos principales mecenas están magnates como Soros, pero que financian  campañas sobre temas muy específicos. Lo de gobiernos extranjeros no es tan común, pero históricamente gobiernos de izquierda y derecha han realizado aportes a sus partidos afines.
 
Ahora, sin ninguna duda la base mayor del financiamiento político en nuestro país, son las empresas vinculadas a la obra pública y los servicios públicos. O sea aquellos sectores donde las decisiones de funcionarios del estado los tocan en favor y en contra de forma directa.
 
Algunos de estos grupos empresarios tienen como política, no solo realizar aportes, sino también contratar y mantener en sus nóminas, personas de distintas corrientes políticas, que en algún momento pueden llegar a ser candidatos o funcionarios.
 
Se puede bajar el costo de las campañas
 
Uno de los pasos más importantes en nuestro sistema democrático se dio en 2009, en la presidencia de Cristina Fernandez con la sanción de la Ley 26.571 que modificó el sistema electoral estableciendo las PASO y el sistema de financiamiento electoral.
 
Las PASO, tan denostada con el argumento de los costos para el erario público, es una de la mejores herramientas para transparentar la lucha política y bajar drásticamente el costo de las campañas, y por ende, de la necesidad de recurrir a financiamientos de dudoso y/o oscuro origen.
 
En primer lugar la PASO elimina los costos de las elecciones internas de los partidos, y además al ser obligatorias el mismo día,  disminuye la posibilidad que los oficialismos se metan en las internas opositoras favoreciendo a determinados candidatos. Además da la posibilidad que cualquier ciudadano o agrupación política que cumpla determinados requisitos pueda presentar candidatos sin tener que destinar ingentes recursos económicos.
 
Hay que decirlo también. Como el estado provee recursos – por ejemplo para impresión de boletas- algunos vivos entraron en el negocio de alquilar sellos partidarios con el solo fin de recibir recursos importantes del estado para su bolsillo. Una debilidad del sistema que entiendo hay medidas para subsanarlo.
 
En cuanto al financiamiento, entre las medidas más importantes de la ley está el límite de 35 días  de campaña previos al comicio. Antes las campañas publicitarias arrancaban tres o cuatro meses antes con el enorme costo que eso significaba para todos los partidos. Ahora está penado hacer cualquier tipo de publicidad antes de los 35 días y  se cumple.
 
El Artículo 43 de la ley establece que los espacios de publicidad electoral en radio y televisión serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral entre las agrupaciones que hayan oficializado candidaturas. Los partidos y candidatos no podrán contratar publicidad por cuenta propia, y las emisoras solo podrán difundir los espacios autorizados por el Ministerio del Interior.
Es decir la publicidad de radio y TV es gratuita para todos (de acuerdo a ciertas pautas de distribución)  y no se puede contratar publicidad extra.

Esta norma atacó justamente lo que vimos más arriba, el mayor costo de las campañas electorales, porque otorga publicidad gratuita a todos los candidatos.

En teoría entre los aportes dinerarios que provee el estado y la gratuidad de publicidad en radio y TV cualquier partido político puede presentarse a elecciones sin necesidad de recurrir a financiamientos de otra naturaleza.

Obviamente quedan gastos por fuera de los contemplados en la ley,  que se van a realizar en campaña. Pero, digamos que con esta ley nuestro candidato de los 15 millones capaz con dos o tres competía para presidente.

Ahora bien, esto que es tan claro y barato, para una elección de candidatos nacionales, no rige para gran parte de las provincias y municipios, donde ser candidato a intendente o concejal es mucho más oneroso que ser candidato a presidente.

Pero, como vemos se puede y se debe seguir bajando el costo de las campañas electorales porque en definitiva ni los aportantes, ni los  candidatos, están cómodos con mover semejantes sumas de dinero opaco en elecciones cada dos años. 

De las hipocresías sociales
 
En los años 90 comenzó a instalarse la ola anti-política o anti-políticos. En nuestro país fue pionero un joven conductor televisivo que encarnaba el espíritu progresista y transgresor. La política se fue convirtiendo en mala palabra. Claro que había – y cada vez hay más – políticos que daban pie para ser cuestionados, pero el mal concepto rápidamente se extendió al conjunto.
 
Ese ataque y degradación de la política en general no era inocente. Los grandes centros de poder económico comenzaron a instalar la idea de que los gobiernos deben quedar en manos  de los CEOS puestos por los bancos y empresas, que saben de economía y además no roban porque ya tienen plata.
 
Individuos que jamás gastaron una hora de su tiempo en participar de una vecinal o cooperadora escolar, adoptaron el discurso ultra agresivo para aquellos vecinos suyos, que se proponían algún tipo de compromiso con la actividad social y política.
 
Desde esos años se instaló la idea de que quien llega a ocupar un cargo público debe aceptar, ante todo, “tirar su honra a los perros” y quedar sometido a un escrutinio permanente. A ello se sumó una fuerte hipocresía social: se exige que el político encarne virtudes casi santas que nadie practica, que gane como un jubilado de la mínima y que viva en la mayor pobreza posible.

Los medios masivos de comunicación tuvieron —y  tienen— una gran responsabilidad en estas campañas. Los mismos que cobraban por adelantado y en efectivo, miles de dólares a los candidatos para difundir su publicidad, eran luego los primeros en cuestionar el origen de esos fondos, cuando estos dejaban de fluir.

Ese discurso anti política permitió la aparición de  los outsiders que se presentaban “de afuera de la política” y “no contaminados”. Y, salvo en alguna intendencia de pueblo chico que podía dar resultados;  en la mayoría de los casos, los “no contaminados” venían contaminados de antes o se transformaban en casta rápidamente.
 
Cada tanto en los grupos de wasap militantes, aparecen esas peticiones de firmas para exigir que los diputados y senadores ganen el sueldo de un docente o jubilado. Se olvidan que con ese discurso, llego al poder, un personaje que sorteaba su dieta de diputado todos los meses.
 
Con esto quiero decir claramente, terminemos con la boludez y la hipocresía. Un presidente, ministro, legislador, juez, debe ganar un sueldo digno y acorde a la responsabilidad que asume, aunque ese sueldo esté muy por encima del que reciben el común de los ciudadanos.
 
No todos podemos ser el Pepe Mujica
 
En el Encuentro Mundial de Movimientos Populares el 5 de noviembre de 2016 nuestro Papa Francisco dijo:  “A cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón (…) Pero, parafraseando al ex Presidente latinoamericano que está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política, (…) porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo y va a manchar la noble causa que enarbola. ”

Francisco hacía referencia al Pepe Mujica allí presente, quien en su chacrita de Montevideo llevaba la vida de un monje.  Claro que Mujica,  en su militancia anterior, y los doce años encerrado en un pozo, había templado su espíritu con un alto nivel de estoicismo.
 
El desbarranque de algunos dirigentes, se produce, cuando con la excusa de recaudar para las campañas, empiezan a juntar dinero para ellos, y encima hacen exhibición impúdica de sus altos niveles de ingresos non santos.
 
Hay un viejo dicho que la mujer del Cesar no solo debe serlo sino también parecerlo. Claro que vivir como el Pepe Mujica no es para todos. Tampoco es necesario. Pero el lujo, la ostentación de riqueza (aun la que es bien ganada) en dirigentes políticos es absolutamente contraproducente. Creo que no es necesario explicarlo tanto. Y, el enemigo y/o adversario aprendió muy bien a manejar estas herramientas y a sacarlas a la luz en el momento justo. Me van a decir, que hagas lo que hagas igual te van a cuestionar y tratar de ensuciar. Y si, es cierto, pero cuantos menos flancos débiles le demos, más les va a costar.  
 
Vuelvo a citar al Papa Francisco: “Así como la política no es un asunto de los «políticos», la corrupción no es un vicio exclusivo de la política. Hay corrupción en la política, hay corrupción en las empresas, hay corrupción en los medios de comunicación, hay corrupción en las iglesias y también hay corrupción en las organizaciones sociales y los movimientos populares. (…)  Es justo decir que muchas veces se manipulan los casos de corrupción con malas intenciones.”
 
“Pero también es justo aclarar que quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación adicional que se suma a la honestidad con la que cualquier persona debe actuar en la vida. La vara es más alta: hay que vivir la vocación de servir con un fuerte sentido de la austeridad y la humildad.” (…)
 
“ Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo porque tiene más fuerza que mil palabras, que mil volantes, que mil likes, que mil retweets, que mil videos de youtube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común. Les pido a los dirigentes que no se cansen de practicar esa austeridad moral, personal, y les pido a todos que exijan a los dirigentes esa austeridad.”
 
Yo no tengo una décima de la autoridad moral del Papa Francisco y por eso lo cito. Pero quien escribe, como muchísima gente que no lo dice en público, estamos agotados y enojados, de poner la cara en la calle o las redes,  para empujar un proyecto que encarna un candidato, y a la vuelta de la esquina, recibir el cachetazo porque el tipo o uno de su entorno se mando la cagada.
 
Hay una vieja historia de la Resistencia Peronista que me contó Pancho Gaitán. En el 58-59 también hacía falta plata para la lucha de la Resistencia, entonces algunos muchachos iban a conseguirla como sea. Pero había un código, si alguno caía en cana, no decía que era para la Resistencia, si no que se asumían como chorros comunes. No había que manchar la Causa. Y varios quedaron con prontuario de delincuentes cuando en realidad eran militantes políticos.
 
Muchachos y muchachas, la gente no nos banca más. Tratemos, intentemos hacer un enorme esfuerzo para demostrar un poco de humildad y de austeridad, prediquemos con el ejemplo. Y pactemos, que el que se mande la cagada y ponga en riesgo al conjunto, se hace cargo el solito, del pecado y la penitencia.

Por Gustavo Matías Terzaga

Quien conozca mínimamente los procesos históricos sabe que no existe nacionalismo sin pueblo. No existe soberanía nacional en el vacío, como una abstracción diplomática o una declamación frente a una cámara. La soberanía es una relación concreta, como enseñaba Perón, entre territorio, pueblo, trabajo, industria, ciencia, tecnología, comunicaciones, conocimiento, Fuerzas Armadas, recursos naturales y una voluntad política capaz de articular todo eso detrás de un proyecto común.

No hay defensa nacional sin industria nacional. No hay poder militar serio sin siderurgia, metalmecánica, energía, astilleros, tecnología, universidades y trabajadores capacitados. No hay Nación fuerte con salarios miserables, pymes cerrando y un aparato productivo destruyéndose. Y mucho menos puede haber nacionalismo allí donde se desprecia sistemáticamente la propia historia, se ridiculizan sus tradiciones, se degradan sus símbolos y se concibe al Estado nacional como una organización criminal que debe ser destruida.

Por eso el discurso de Milei sobre Malvinas resulta tan extraordinariamente demagógico. Dice cosas que, aisladas de quien las pronuncia, son ciertas y cuanto nos gustaría escucharlas anunciadas por uno de los nuestros, en vez de tanto reduccionismo, prejuicio antimilitarista y desmalvinizador en nuestras filas.

Milei dice que un país pobre difícilmente puede defender su soberanía; que necesita Fuerzas Armadas capaces; que el Atlántico Sur, la Antártida, los hidrocarburos y los recursos estratégicos forman parte de una misma concepción de seguridad nacional; que una Nación debe tener capacidad económica, política y militar para defender sus intereses. Perfecto. El problema empieza cuando uno pregunta qué país material sostiene semejante doctrina. Porque una política de defensa no se construye solamente comprando armamento; se construye fabricando, investigando, produciendo, educando y desarrollando. La defensa nacional es, antes que nada, la expresión militar de una potencia nacional previamente construida.

Y allí el mileísmo entra en contradicción consigo mismo. No se puede proclamar la necesidad de una Argentina poderosa mientras se debilitan los instrumentos económicos, científicos, tecnológicos y productivos que podrían hacerla poderosa. No puede pretenderse soberanía estratégica mientras la concepción económica dominante reduce al país a proveedor de recursos naturales cuya explotación queda crecientemente subordinada a decisiones de grandes capitales internacionales. Una Nación no se convierte en potencia porque exporte mucho litio, petróleo, cobre o alimentos, y quede alguna regalía. Una colonia también puede exportar enormes cantidades de recursos.

La pregunta en clave nacional siempre es otra; quién controla esos recursos, quién los industrializa, quién incorpora conocimiento, quién captura la renta, quién desarrolla la tecnología y al servicio de qué proyecto histórico se utilizan.

Por eso el nacionalismo de Milei no cabe dentro de la naturaleza política del mileísmo. Le queda grande. Milei es, por definición, un lacayo sin alma y sin Patria. Un perdido eléctrico nacido por aquí.

El nacionalismo no consiste en pronunciar más fuerte la palabra Patria ni en descubrir repentinamente que tenemos enemigos externos. Supone colocar el interés nacional por encima de los intereses de cualquier potencia extranjera, incluso —y especialmente— de aquella potencia a la que el gobierno considera su principal aliado. Y Milei ha hecho exactamente lo contrario; convirtió el alineamiento con los Estados Unidos de Donald Trump en una definición explícita de política exterior.

Ahí es donde el humo del discurso sobre Malvinas puede impedirnos ver lo verdaderamente importante.
Estados Unidos viene pensando desde hace años a América del Sur en términos de competencia estratégica, recursos críticos, seguridad, presencia china y control de espacios decisivos. Durante la conducción de Laura Richardson en el Comando Sur esa mirada fue expresada con una franqueza poco habitual; Washington identificó reiteradamente la competencia con China, las cadenas de suministro, los minerales críticos y la relevancia estratégica de nuestra región como asuntos de seguridad norteamericana. Ese interés no desapareció con Richardson. Lo que cambió con Trump y Milei es que Washington encontró en Buenos Aires un gobierno que no disimula su voluntad de alineamiento.

Y por eso conviene invertir la pregunta. Quizá no estemos viendo a Milei acercándose al nacionalismo argentino. Quizá estemos viendo, en esta falsa operación, a los intereses geopolíticos de Estados Unidos acercándose al Atlántico Sur.

Esa diferencia lo cambia todo.

Una cosa es construir desde la Argentina una política nacional para Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, y luego aprovechar inteligentemente las contradicciones entre Washington y Londres. Eso sería política exterior soberana; nosotros fijamos el objetivo y utilizamos las circunstancias internacionales para alcanzarlo. Otra cosa completamente diferente es que Estados Unidos defina que necesita fortalecer su posición estratégica en el Cono Sur, contener a China, asegurar recursos y proyectarse sobre el Atlántico Sur, y que la Argentina encuentre después un lugar ínfimo y subordinado dentro de ese diseño. En el primer caso, utilizamos una contradicción entre potencias. En el segundo, una potencia nos utiliza a nosotros.

El propio discurso de Milei deja una pista formidable cuando explica el posible cambio norteamericano sobre Malvinas por la existencia de una Argentina convertida en un socio confiable de Estados Unidos, alineado con Occidente y estratégicamente valioso para las próximas décadas. Ahí está, quizás, la frase más importante de toda la cadena nacional. No porque demuestre por sí sola ninguna conspiración, sino porque revela el razonamiento; el eventual acercamiento de Washington a nuestra posición sobre Malvinas aparece vinculado por el propio Presidente al valor estratégico que la Argentina ofrece a Estados Unidos.

Si los Estados Unidos, en su retroceso relativo frente a un mundo crecientemente multipolar, encontraran aquí una Argentina soberana y un gobierno dispuesto a defenderla, probablemente nos tratarían como tratan a Venezuela. Pero encuentran a Milei, un aliado disciplinado y funcional a sus intereses. Entonces ocurre el prodigio: Washington no combate al nacionalismo argentino; directamente convierte a Milei en “nacionalista”.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿a cambio de qué?

Si Trump utiliza su conflicto con Gran Bretaña para acercarse a la posición argentina y eso nos permite avanzar concretamente en nuestra reivindicación soberana, habrá que aprovecharlo hasta el último centímetro. Ninguna política nacional seria desperdicia las contradicciones entre las grandes potencias. Pero sería de una ingenuidad imperdonable confundir una coincidencia circunstancial de intereses con la aparición de un protector desinteresado de nuestra soberanía. Estados Unidos no descubre Malvinas por amor a la Argentina. Las grandes potencias no funcionan así.

Por eso resulta imprescindible mirar detrás de la formidable escenografía patriótica. Malvinas, Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos energéticos y minerales y las rutas marítimas forman un único tablero estratégico. Y el interés norteamericano por ese tablero es anterior al repentino fervor malvinero de Milei. El riesgo es que mientras discutimos maravillados porque un presidente que admiraba a Thatcher ahora amenaza intereses británicos, se esté produciendo silenciosamente algo mucho más profundo; una redefinición de la inserción argentina en el dispositivo estratégico estadounidense para el Cono Sur.

Allí está la contradicción esencial. Milei puede pronunciar un discurso de tinte nacional. Puede incluso adoptar medidas concretas correctas contra las empresas inglesas que explotan ilegalmente nuestros recursos, y habrá que apoyarlas cuando efectivamente defiendan el interés argentino. Lo que difícilmente puede hacer, sin negar la naturaleza de su propio proyecto, es construir una política nacional integral. Porque la soberanía que proclama en Malvinas tendría que continuar necesariamente en la industria, el trabajo, la ciencia, la tecnología, los recursos naturales, la energía, la marina mercante, los astilleros, las pymes y los salarios. La soberanía no puede encenderse para el Atlántico Sur y apagarse cuando llegamos al continente.

No existe una Patria fuerte con un pueblo débil. No existe defensa nacional sobre un desierto industrial. No existen Fuerzas Armadas soberanas sostenidas por una economía dependiente. Y no existe nacionalismo posible cuando la mirada estratégica sobre nuestro territorio se formula primero en Washington y después se traduce al castellano en Buenos Aires y Argentina.

Por eso el problema del discurso de Milei no reside tanto en lo que dice. Paradójicamente, buena parte de lo que dice sobre Malvinas, defensa y recursos estratégicos merece ser tomado en serio alguna vez. El problema es aquello que intenta ocultar; la incompatibilidad entre esa retórica nacional y un proyecto político cuya inserción internacional se funda en un alineamiento explícito con los Estados Unidos.

Puede haber mucho ruido de soberanía, mucha bandera, mucha Patria y mucha épica malvinera. Pero si al final del camino la Argentina no recupera grados de autonomía sino que Estados Unidos gana grados de influencia sobre la Argentina, entonces muchos habrán confundido soberanía con escenografía.

Y detrás del humo patriótico no habrá aparecido un Milei nacional.

Habrá aparecido, simplemente, un nuevo capítulo de la vieja dependencia argentina.

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

Hay algo más problemático que una conducción que se equivoca; una cultura política que necesita demostrar que su conducción no puede equivocarse. Alrededor de Cristina Fernández de Kirchner se fue construyendo durante años una suerte de teoría de la infalibilidad, acaso el único vestido capaz de calzar adecuadamente sobre el cuerpo de una lógica política cada vez más verticalista, descendente y sectaria. Si Cristina acierta, queda demostrada su extraordinaria capacidad de anticipación; si se equivoca, todavía no hemos comprendido la profundidad de la jugada. Si una elección termina mal, el pueblo no comprendió o resultó inexplicablemente desagradecido. Si fracasa un gobierno que ella misma concibió, alguien traicionó, no le hizo caso, se apartó del rumbo o utilizó incorrectamente la famosa birome. Si el sucesor adquiere vuelo propio, es un traidor y un desagradecido. Si la contradicción resulta evidente, Cristina sabe algo que nosotros todavía ignoramos. La teoría tiene una ventaja formidable; puede explicar cualquier resultado sin someter jamás a examen la toma de decisiones de la conducción. 

El problema no es solamente político. Es cultural. Porque una construcción popular que sustituye la explicación por la confianza ciega, además de producir una profunda desorientación, termina infantilizando precisamente al universo que dice representar. La política popular debe producir conciencia, organización y capacidad crítica, no creyentes a los cuales se les pide que suspendan el juicio frente a las decisiones de su conducción. Mucho menos convertir esa suspensión del juicio en una virtud revolucionaria.

Cuando Clarín todavía no mentía 

El conflicto con Clarín resulta particularmente ilustrativo. “Clarín miente” tuvo el mérito de desnudar la dimensión propiamente política de un poder mediático que hasta entonces prefería presentarse simplemente como periodismo. La confrontación permitió, además, sacar a Héctor Magnetto de las sombras y exponerlo como lo que también es; uno de los actores políticos más gravitantes de la Argentina, aunque jamás hubiera necesitado presentarse a una elección. Un poder que tampoco nació en el vacío; creció al amparo de una transición democrática que concentró la responsabilidad por el terrorismo de Estado en sus ejecutores militares y dejó largamente fuera de juicio a buena parte de la trama civil. Pero la potencia posterior de aquella consigna produjo un curioso borramiento retrospectivo; pareció que el kirchnerismo hubiera combatido al Grupo Clarín desde el primer día. No fue así. En 2005, Néstor Kirchner suspendió durante diez años el cómputo de los plazos de las licencias de radiodifusión, una medida general que naturalmente benefició también a los grandes grupos que las poseían. Dos años después, al finalizar su gobierno, fue aprobada la concentración Cablevisión-Multicanal. Después llegó la guerra con Clarín.

No reprochamos a un gobierno haber negociado con factores de poder, mucho menos cuando recién comienza y necesita construir la fuerza necesaria para gobernar.

A dónde vamos con el planteo. Imaginemos por un instante que, en pleno “Clarín miente”, cuando la confrontación con el grupo había alcanzado su máxima intensidad y la Ley de Medios se presentaba como una de las grandes batallas políticas contra la concentración mediática, Héctor Magnetto había pasado a representar en el discurso kirchnerista no sólo la encarnación de ese poder concentrado sino al empresario al que se vinculaba con el despojo de Papel Prensa a la familia Graiver, el tormento a Lidia Papaleo y aquella terrible imagen de una empresa arrancada en una “mesa de tortura”, el gobierno kirchnerista hubiera concedido al Grupo Clarín una nueva operación estratégica y, ante la perplejidad de su militancia, alguien hubiese respondido: desconocemos los términos del acuerdo, pero confiamos en el criterio de Cristina. Difícilmente aquello hubiera podido presentarse como una genialidad táctica. Sin embargo, algo bastante parecido ocurre ahora frente al Poder Judicial.

La Justicia que se denuncia y la Justicia que se vota 

Durante sus largos años de gobierno, el kirchnerismo no contempló desde afuera la conformación del Poder Judicial; participó del Consejo de la Magistratura, intervino en los mecanismos de selección de jueces, envió pliegos y los aprobó con sus mayorías legislativas. Algunos magistrados que luego intervinieron en causas contra Cristina llegaron a sus cargos durante aquellos gobiernos. Esto no significa incurrir en la tontería de afirmar que Cristina “nombró a los jueces que después la condenaron”, sino advertir algo políticamente más relevante; la relación del kirchnerismo con la Justicia realmente existente fue siempre mucho más contradictoria que el relato posterior de dos mundos irreconciliables; de un lado, el movimiento nacional y popular; del otro, una corporación oligárquica enteramente ajena a él. 

Por eso quizá Yadarola no sea una anomalía. Quizá sea una revelación. Porque allí empieza a percibirse una fisura mucho más importante que cualquier discusión parlamentaria. Cada vez son menos, dentro de nuestro propio universo político, los dispuestos a aceptar que el criterio cerrado de Cristina pueda seguir funcionando como argumento en sí mismo, como si la autoridad acumulada eximiera de explicar las decisiones y la confianza debiera ocupar el lugar de las razones. 

Si uno amanece, sale a la calle y descubre que la vida de las grandes mayorías argentinas es un idilio, que el trabajo organiza la existencia, que los salarios alcanzan, que nuestros jóvenes encuentran un futuro en su propia tierra para concebir una familia y que la Nación cuenta con un rumbo productivo, soberano y común, nos sumamos gustosamente a la teoría de la infalibilidad. Después de todo, los conductores se legitiman conduciendo al pueblo hacia la victoria y las grandes empresas políticas se miden, también, por sus resultados. Pero uno mira alrededor y encuentra exactamente lo contrario. Una Argentina que transita una pendiente cada vez más pronunciada hacia la disolución nacional, con su pueblo empobrecido, su aparato productivo desarticulado, sus capacidades soberanas en retroceso y los vínculos materiales y espirituales que todavía nos constituyen como comunidad peligrosamente debilitados. 

En semejante escenario, pedirnos que suspendamos el juicio crítico para seguir confiando en la sabiduría de la conducción resulta una ironía demasiado cruel. Cuando la realidad contradice todos los días la teoría, no corresponde corregir la realidad para salvar a la conducción; corresponde, finalmente, revisar la teoría. Y eso hacemos.

Una mujer al frente del Comando Sur 

Otro episodio permite observar esta particular elasticidad. En abril de 2022, Cristina recibió en su propio despacho del Senado a la general Laura Jane Richardson, entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, acompañada por el embajador Marc Stanley. La escena fue presentada con una curiosa inversión de prioridades; foto sonriente mediante —difundida por la propia Vicepresidencia y conservada también en el archivo oficial del Comando Sur—, se destacó especialmente que Richardson era una general de cuatro estrellas y la primera mujer en alcanzar aquella jefatura. El dato era cierto; el problema era aquello que dejaba en segundo plano. Richardson no llegaba al Senado principalmente como una mujer que había quebrado un techo de cristal, sino como la comandante de la estructura militar mediante la cual los Estados Unidos proyectan sus intereses estratégicos sobre América Latina y el Caribe. El género describía a la visitante; la geopolítica revelaba aquello que la puesta en escena prefería ocultar.

Por entonces, Richardson no ocultaba la mirada estratégica de Washington. Hablaba de América Latina como “nuestro vecindario”, enumeraba su riqueza en litio, petróleo, minerales estratégicos, alimentos y agua dulce, y vinculaba esos recursos y la presencia china con la seguridad nacional estadounidense. Richardson dijo que nuestros recursos integraban los intereses estratégicos de su país y que Washington debía disputar aquí la influencia de sus competidores. Cabe preguntarse si aquel acercamiento, todavía envuelto en sonrisas, retórica de género y silencio geopolítico, no anticipaba una aproximación a Washington que con Milei perdería todo disimulo para convertirse en alineamiento y entrega concreta de soberanía. 

Más que una adivinación, un inventario de los daños

La teoría de la infalibilidad reapareció bajo otra forma con el episodio de los “tres tercios”. El 18 de mayo de 2023, en una entrevista con Pablo Duggan en Duro de Domar, por C5N; Cristina anticipó un escenario electoral dividido entre el oficialismo, Juntos por el Cambio y la fuerza emergente de Milei, asociada al voto de protesta. Y planteó, como dejando la tarea a los alumnos, que había que preguntarse por qué había aparecido ese tercer espacio, vinculándolo con el descontento social. Bueno, ocurrió. Y aquello pasó rápidamente al inventario de sus vaticinios políticos; había visto antes que los demás lo que finalmente sucedería. Lo cierto es que la famosa predicción de Cristina no fue una intuición brillante ni una lectura visionaria, fue simplemente la constatación del daño ya provocado. Era, más que un pronóstico político, un inventario de las fracturas internas que su propia conducción había ayudado a producir. El problema es que casi nadie dentro de su dispositivo se detuvo en la pregunta verdaderamente política: ¿cómo había llegado el peronismo, después de gobernar dieciséis de los veinte años anteriores, con ella como conductora, a celebrar como prueba de lucidez que apenas conservaría un tercio del país?. 

Cristina había diseñado de manera inconsulta la fórmula presidencial de 2019, había sido vicepresidenta durante los cuatro años siguientes y continuaba conduciendo al sector más poderoso de la coalición. Su responsabilidad por el fracaso no era exclusiva —ningún proceso histórico serio admite semejantes simplificaciones—, pero tampoco podía considerarse exterior, como finalmente lo presentó.

Los votos del peronismo para los jueces de Milei 

Cuando una conducción pierde de vista su estrategia, o sencillamente carece de ella, la táctica ocupa todo el escenario. Cada acuerdo, candidatura o movimiento debe entonces justificarse por su utilidad inmediata. Se negocia para conservar capacidad de negociación, se acumula poder para preservar poder y las posiciones terminan defendiéndose por su propia conservación. De allí la impresión, cada vez más nítida, de que buena parte de nuestra dirigencia ya no representa intereses populares sino a sí misma, a sus estructuras y, muchas veces, a la propia Cristina, como si su centralidad constituyera en sí misma un programa político. El problema es que, medido contra la realidad nacional y sus resultados concretos, ese programa hace tiempo que no funciona. 

Y no descubrimos nada al señalar que en la Argentina la política se ha convertido, para buena parte de su dirigencia, en una actividad profesional y un negocio personal. Cargos, estructuras, candidaturas y recursos públicos terminan organizando verdaderos sistemas de reproducción del poder, donde la permanencia de quienes administran la política suele importar más que los intereses de aquellos a quienes dicen representar. 

El 27 de agosto de 2026, los senadores del peronismo acompañaron prácticamente en bloque los 66 pliegos votados conjuntamente, incluido Yadarola —con la significativa excepción de Martín Soria, que se ausentó de esa votación—, y allí no aparece una fractura reconocible entre cristinismo y kicillofismo. Esto obliga a evitar simplificaciones. La posterior aprobación de Bertuzzi por 44 votos contra 23, pese al rechazo del interbloque justicialista, demuestra que el oficialismo podía construir, al menos para una designación de semejante relevancia, una mayoría alternativa sin los votos del PJ. La disyuntiva no era necesariamente entre impedirlos o convalidarlos, sino entre quedar afuera de una negociación que igualmente iba a producir jueces o participar de ella para intentar incidir en su composición. 

Si los números ya estaban, negociar constituye una concesión política. El propio Gobierno reconoció la construcción de consensos con distintos espacios, pero eso todavía no permite saber qué obtuvo concretamente el peronismo; qué nombres incorporó o preservó, qué cedió, qué contraprestaciones consiguió y, particularmente, qué criterio justificó acompañar incluso a Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico y uno de los magistrados que participaron del controvertido viaje a Lago Escondido junto a otros jueces, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín, episodio que la propia Cristina había denunciado como expresión de la connivencia entre poder judicial, político y económico. Yadarola fue investigado por aquel viaje y finalmente sobreseído; ahora, con el acuerdo del Senado, queda encaminado a integrar la estratégica Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor capacidad de revisión sobre las grandes causas penales federales de Comodoro Py. 

Y el dato no puede quedar reducido a una discusión sobre nombres o equilibrios internos del Poder Judicial; por esa Cámara van a transitar investigaciones que alcanzan al gobierno de Javier Milei, a sus funcionarios y a los intereses económicos vinculados con su gestión. Por eso resulta imposible separar la integración de esos tribunales de la naturaleza del poder que hoy gobierna la Argentina. No es lo mismo construir garantías de independencia judicial frente al poder político que administrar acuerdos capaces de generar, llegado el caso, zonas de inmunidad para quienes hoy desmantelan capacidades estatales, transfieren patrimonio público, endeudan al país, hambrean al pueblo, subordinan decisiones estratégicas a intereses extranjeros y forman parte, además, del orden político e institucional que mantiene a Cristina proscripta. 

Si el peronismo participó de esa negociación, saber qué obtuvo a cambio deja de ser una curiosidad parlamentaria para convertirse en una exigencia política elemental. Porque si no hubo una contrapartida capaz de justificarse frente a los intereses populares, entonces ya no estaremos discutiendo la audacia de una táctica incomprendida, sino algo bastante menos sofisticado y mucho más grave; la convalidación, con votos propios, del poder antinacional que se denuncia y dice combatir. Y eso ya no raya la claudicación; empieza a parecerse demasiado a ella. 

Allí vuelve nuestro problema central; no cuestionamos la existencia de la táctica, sino que no alcanzamos a reconocer la estrategia que debería explicarla. Y es precisamente en ese vacío donde reaparece la teoría de la infalibilidad, cuando algunos pretenden clausurar la pregunta con una fórmula que invierte el orden de la política: no conocemos el acuerdo, pero confiamos en el criterio de Cristina. No; si hubo una negociación racional, habrá razones políticas para explicarla. Porque mientras no sepamos qué obtuvo el peronismo, no podemos distinguir una negociación inteligente de una concesión inevitable, una defensa de posiciones propias de una simple convalidación de la recomposición de una estructura judicial corporativa y refractaria a los intereses populares. 

Es posible que detrás de la reciente votación de los jueces exista un pacto. Seguramente hubo negociaciones. Pero acaso la palabra “pacto” engrandezca demasiado lo ocurrido, atribuyéndole una densidad estratégica que todavía nadie ha conseguido demostrar. Bien podría tratarse de una obligación impuesta por la correlación de fuerzas, de la administración de un retroceso, del temor frente a determinadas amenazas personales, de la necesidad de conservar interlocución, de una exhibición de capacidad negociadora o, sencillamente, del funcionamiento ordinario de la lógica del poder en el marco de una dirigencia peronista empobrecida, demasiado ocupada en conservar posiciones y demasiado poco en explicar para qué quiere conservarlas. Lo que no alcanzamos a ver es la estrategia nacional que ordenaría semejante movimiento. Y hay algo que, a esta altura, sí podemos afirmar; cualesquiera hayan sido las razones de esa decisión, allí no aparecen jugados ni la defensa de los intereses nacionales ni la representación concreta de los intereses populares. 

La curiosa salud de la democracia 

Ya en este punto la demagogia adquiere una densidad difícil de disimular. La democracia aparece como un régimen exhausto, degradado y prácticamente fallido cuando se trata de explicar la situación judicial de Cristina —y razones sobran para cuestionar la infame condena que pesa sobre ella y que ha quebrado el pacto democrático— y, al mismo tiempo, para condicionar a Axel Kicillof, instalando una suerte de ilegitimidad de origen y de un estado de exepción sobre cualquier candidatura presidencial que pueda emerger mientras Cristina permanezca impedida de competir; si ella no puede ser candidata, quien pretenda serlo carecería de legitimidad suficiente, sería apenas una candidatura subalterna, provisoria o, para utilizar una de esas categorías tan eficaces para degradar al adversario interno, “de cabotaje”.

Pero en el reverso de esa operación aparece, cada vez con mayor nitidez, una conclusión incómoda. El problema de Cristina ya no es solamente judicial; es, fundamentalmente, político. Y es político porque su situación judicial se convierte en argumento para preservar su centralidad política; esa centralidad, a su vez, se presenta como indispensable para dirimir los términos de la persecución judicial, y cualquier construcción que pretenda desarrollarse por fuera de ella puede entonces ser impugnada porque Cristina continúa perseguida. El razonamiento se cierra sobre sí mismo; la persecución justifica la centralidad y, llegado este punto, la centralidad parece necesitar de la persecución, porque mientras ésta persista puede impugnarse toda legitimidad nueva antes de que alcance a proyectarse, adquirir autonomía y finalmente consolidarse; evitando, de ese modo, que una nueva conducción altere el equilibrio sobre el que descansa el actual estado de cosas y termine poniendo en riesgo intereses que, bajo ese orden, permanecen convenientemente preservados. Quien sabe, los mortales nunca excedemos a determinadas informaciónes ni somos testigos de ciertas discusiones.

Por eso la proscripción funciona desde el principio como una paralización del tiempo político del campo nacional. El dispositivo resulta políticamente devastador; mantiene al peronismo y a las fuerzas nacionales divididos, desorientados y consumiendo sus energías en una disputa interna cada vez más distante del drama material de nuestro pueblo. Y difícilmente Milei y el establishment puedan imaginar un escenario más conveniente para sostener sus expectativas de reelección; un adversario que, en lugar de reconstruir la mayoría social y ofrecer una alternativa de poder, permanece detenido alrededor de la imposibilidad de resolver su propia sucesión. 

Y allí aparece, finalmente, lo verdaderamente reprochable; que los intereses de una conducción, de su círculo y de las estructuras que viven alrededor de su centralidad terminen anteponiéndose a los intereses populares y nacionales que deberían justificar su propia existencia política. Y entonces también se vuelve tangible aquello que tantas veces parece absurdo e inadmisible; se acepta el riesgo de la derrota antes que el riesgo de una victoria conducida por otro. Ese es el límite definitivo de toda política de autopreservación; llega un momento en que ya no conserva un proyecto político, conserva solamente a quienes pretenden seguir administrándolo. Y quizá sea hora de asumir lo que la realidad viene diciendo desde hace tiempo; Cristina, y la política que todavía pretende organizarse alrededor de su centralidad, ya son parte del pasado. 

Por Andrés Rodríguez

En los últimos meses se viene instalando un tema de debate público que tiene que ver con la deuda y la morosidad. Saliendo de la perogrullada de “es un problema entre privados”, este texto intenta humildemente analizar en profundidad el tema y brindar un panorama más amplio para reflexionar sobre la problemática.

Para esto es necesario ser lo más objetivo posible, por tanto recopilé una serie de datos duros sobre la situación actual de Argentina. Puede ser engorroso para el lector, y pido disculpas, pero a efectos de contribuir a la imparcialidad, es preciso citar la fuente de cada cifra.

Empecemos por la tasa de crecimiento. Según el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, la economía argentina “crece despacio” y “mucho más despacio” de lo que a ellos les gustaría. El funcionario también agregó que el número se ubica en torno al 2% anual. Seguramente, esto esté empujado por algunos sectores muy puntuales que se desarrollan en economías regionales que no logran abastecer la alta demanda de empleo formal.

Dicho esto, veamos qué pasa en los sectores que históricamente han generado más puestos de trabajo en nuestro país: industria y construcción. La producción manufacturera se recuperó levemente en junio, pero no alcanzó para compensar la caída acumulada del 2,2% en el primer semestre según el Índice de Producción Industrial (IPI). Por su parte, la construcción viene alternando inestablemente entre altas y bajas. Los datos proporcionados por el Indec indican que el sector cayó 4,1% en junio frente a mayo, tras haber crecido 6,7% el mes anterior.

Con este estado de situación planteado, llegamos al punto del empleo. De acuerdo con cifras del Observatorio PyME, casi una de cada cuatro empresas relevadas redujo su dotación de personal y el empleo se redujo 4,5% en el mismo período. Al mismo tiempo, un análisis desestacionalizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 241.176 asalariados privados registrados, de los cuales 85.561 corresponden a la industria, equivalente al 35,5% del total. Como resultado de esto, crece la informalidad. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral ascendió al 44,2%, según datos de un informe privado de Politikon Chaco.

Llegamos a la parte de los ingresos. Del total de los trabajadores, formales e informales, en el primer trimestre del año más de 10,5 millones de personas ganan menos de $1.500.000 por mes, estas son cifras públicas proporcionadas por el Indec. En junio, la Canasta Básica Total (CBT) ascendió a $1.531.473.

En este contexto, los argentinos toman la decisión “privada” de endeudarse entrando en un sinfín de préstamos tras préstamos porque al cabo de 19 aumentos mensuales consecutivos en la tasa de mora del crédito a las familias (que alcanzó en mayo un 12,8% según la consultora 1816 sobre la base de datos de la Central de Deudores), la mayoría recurre a financieras y posteriormente a los prestamistas. Todo esto para cancelar una deuda pasada.

En un marco de alto endeudamiento, la brecha entre las tasas de los créditos a los hogares y las que cobran los ahorristas (plazo fijo) está en un récord en casi 15 años. Según la consultora GMA Capital, sobre la base de datos del sistema financiero, los préstamos personales tienen una tasa nominal anual de 66% anual, mientras que la tasa Badlar, que indica cuánto pagan los bancos por los plazo fijos mayoristas, supera en uno o dos puntos el 20% anual.

Dicho en otras palabras y muy burdamente, con las disculpas pertinentes a todos los especialistas en economía, si alguien le “presta” plata al banco (plazo fijo), este le devuelve entre el 21 y 22% anual. Pero si el banco le presta plata a alguien, este debe pagar casi tres veces más. El BCRA dijo que no tomará medidas al respecto frente a esta situación.

Recogiendo las palabras de una extrema obviedad obscena (vuelvo a pedir disculpas por la analogía) de nuestro presidente, “¿les pusieron una pistola en la cabeza” para sacar un crédito? Saliendo del sinsentido de esa pregunta retórica y de mal gusto, yo me pregunto e invito a los lectores a pensar: ¿tenían otra salida los que decidieron endeudarse?

https://www.lanacion.com.ar/opinion/endeudados-la-pregunta-que-nadie-hizo-nid24082026

Gabriel Fernández

De competir, ni hablemos. La desesperación estadounidense para evitar las consecuencias del despliegue tecnológico chino está a la vista.

Incluye demandas para establecer prohibiciones a la libre comercialización de los productos asiáticos. La Embajada de China en la Argentina denunció que los Estados Unidos obstruyen “de manera arbitraria” la cooperación entre ambas naciones con prácticas de una “naturaleza hipócrita” que reflejan la “arrogancia” con la que actúa para afectar la soberanía de otros países.

“La Embajada de EE.UU. en Argentina ha avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’, generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”, indicó un vocero de la compañía tecnológica. “Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de EE.UU., constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un fuerte menoscabo a la libre competencia”, añadió.

También denunció que la potencia del Norte “siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad”, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país. “[Ello] pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas“, exigió.

Vale recordar que la razón social de Huawei es la de cooperativa. Pertenece exclusivamente a sus empleados mediante un sistema de acciones operado por los mismos trabajadores.

Huawei sigue comercializando sus productos en la Argentina, pero los mismos ya no incluyen los servicios oficiales de Google ni aplicaciones populares pre instaladas debido al veto impuesto por los Estados Unidos en 2019. Esto redujo su presencia en las tiendas tradicionales y cambió su enfoque desde los teléfonos hacia las computadoras, los relojes y su propio sistema operativo.

La postura norteamericana es abiertamente contrastante: “Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”. La definición de Randy Scheunemann, vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, en un diálogo con medios argentinos efectuado en abril de este año, resume la preocupación de los Estados Unidos sobre la presunta influencia de Pekín en la región.

Cuatro meses atrás el Congreso de los Estados Unidos alertó sobre la metodología asiática para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial de uso civil-militar en la Argentina. Washington ahora advirtió a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y analiza revocar las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica.

Los Estados Unidos advirtieron que China mantiene en Neuquén (vale recordar que es el distrito que contiene al complejo petrolero de Vaca Muerta), una presencia estratégica. Según informaron medios cordilleranos, el 12 de julio un gerente de la cooperativa comenzó a recibir mensajes por WhatsApp en los que un funcionario de la representación estadounidense preguntaba si existía la posibilidad de cancelar la iniciativa y preguntaba si CALF había “traspasado los límites”.

El gerente dio a conocer lo ocurrido a la presidencia de la cooperativa y, por su intermedio, al Consejo de Administración. La entidad optó por responder de forma institucional: el 29 de julio, remitió una nota formal al embajador Peter Lamelas con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que solicitó que la embajada confirmara, rectificara o precisara si esas comunicaciones reflejaban una posición oficial, qué instrumento legal las respaldaba y si existían objeciones técnicas concretas sobre sus proyectos.

La embajada respondió públicamente sin desmentir la existencia ni el contenido de los mensajes. “No hacemos comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas. Sin embargo, como ha enfatizado el secretario Marco Rubio, el ingreso a los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, dijo un vocero de la representación ante la consulta periodística.

“El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas”, añadió, y completó que “las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”. En base a este último punto, otras compañías consideradas estratégicas podrían recibir la misma advertencia o sanción.

El episodio se inscribe en la disputa de largo alcance entre Washington y Pekín por el control de infraestructuras críticas. Semiconductores e Inteligencia Artificial han pasado a constituir zonas de combate, y los asiáticos parecen tomar la delantera. Para el gobierno norteamericano, Huawei representa una amenaza a la seguridad nacional: Washington sostiene que el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación operan detrás de ella y que su infraestructura puede emplearse como herramienta de espionaje.

Como si la Central de Inteligencia Americana y otras agencias no se hicieran presentes en el la pugna por el control de las nuevas tecnologías y la aquilatación de información.

Esta posición sobre la compañía tecnológica tiene antecedentes recientes en Europa. En agosto de 2025, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre los Estados Unidos y China apuntó que el contrato con el gobierno de España involucra la autorización de almacenamiento de escuchas legales. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, y su par en el Senado, Tom Cotton, solicitaron a la Dirección Nacional de Inteligencia que revisara la política de intercambio de información con Madrid, argumentando temor de que datos de aliados europeos resulten expuestos en servidores de la compañía china.

Finalmente, vale retornar a la zona andina. La distribuidora neuquina rechazó la caracterización de su trama tecnológica como una “red china”. A través de un comunicado institucional, precisó que el embajador Lamelas “encuadró este asunto como una cuestión de seguridad” y remarcó que la infraestructura de Calfibra opera con servidores HPE (Hewlett Packard Enterprise), equipos de energía APC (American Power Conversion) y Eaton —de origen estadounidense—, sistemas UPS de ABB suiza, y routers MikroTik de fabricación europea, junto a la electrónica de red de Huawei.

El gobierno mileísta, aunque sostiene su postura contraria a los vínculos con la potencia asiática, no se ha pronunciado sobre la cuestión. Pero la misma deberá resolverse en breve; de otro modo, la Argentina seguirá perdiendo inversiones.

La competencia, en este proceso neo liberal, es una broma que no logra impulsar sonrisa alguna.

Por CIDISP

Desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público
(CIDISP) sostenemos que la energía nuclear integra un núcleo de capacidades
estratégicas que la Argentina necesita preservar, ampliar y gobernar con criterios de
soberanía tecnológica, continuidad institucional y responsabilidad democrática. Ese
punto de partida también obliga a mirar con detenimiento las condiciones en que se
anuncian nuevas iniciativas para el sector, especialmente cuando involucran
infraestructura crítica, capacidades científico-técnicas acumuladas durante décadas y
activos públicos cuyo valor excede con mucho su dimensión contable.
Este informe examina las condiciones bajo las cuales una nueva etapa del sector
nuclear argentino podría fortalecer capacidades públicas ya existentes. Para hacerlo,
observamos cómo se articulan el desarrollo tecnológico, la inversión, la infraestructura
estatal disponible y las formas concretas de resguardo del interés público. El anuncio
oficial del llamado Plan Nuclear Argentino vuelve ineludible esa discusión. Lo mismo
ocurre, ahora, con la presentación de un nuevo reactor en Atucha.

1. La promesa oficial y sus alcances
   En diciembre de 2024, el presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino
   junto con Demian Reidel y el director general del Organismo Internacional de Energía
   Atómica, Rafael Grossi. La comunicación oficial sostuvo entonces que el país debía
   ubicarse en la vanguardia energética mundial, atraer inversiones y aprovechar la demanda
   creciente de energía asociada a la inteligencia artificial. En esa misma presentación se
   indicó que el punto de partida sería la construcción de un reactor modular pequeño en el
   predio de la Central Nuclear Atucha y que una segunda etapa del plan se orientaría al
   desarrollo de reservas de uranio para cubrir la demanda interna y exportar combustibles
   de mayor valor agregado. Allí también se informó la creación de un Consejo Nuclear
   Argentino.
   El 2 de julio de 2026, el Gobierno anunció una iniciativa concreta para construir un
   reactor en el país con una inversión estimada de US$1.200 millones, emplazamiento
   previsto en Atucha y un plazo de obra cercano a cinco años. Según la información
   difundida ese día, la iniciativa fue presentada por Meitner Energy, el diseño corresponde al
   ACR-300, el financiamiento sería privado, Nucleoeléctrica Argentina tendría derecho a
   asumir la operación y el mantenimiento en condiciones de mercado, y la empresa abonaría
   un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazaría la
   central.
   Con esos datos sobre la mesa, el anuncio original deja de leerse solamente como una
   orientación general de política energética. Empieza a leerse, además, como una operatoria
   concreta que compromete capital privado, uso de infraestructura pública y decisiones de
   orden regulatorio, contractual y patrimonial.
2. La capacidad nuclear preexistente
   La Argentina no llega a esta discusión desde un lugar periférico en materia nuclear.
   La documentación institucional de la Comisión Nacional de Energía Atómica presenta al
   desarrollo nuclear argentino como una trayectoria de largo plazo vinculada al uso pacífico
   de la energía nuclear, la formación de recursos humanos, la investigación científica, el
   desarrollo tecnológico y la construcción de capacidades estatales complejas.
   Esa trayectoria incluye reactores de investigación, aplicaciones médicas,
   capacidades regulatorias, producción científica, desarrollos industriales y proyectos de
   reactores de potencia de diseño nacional. Por eso, el problema abierto por el nuevo
   anuncio remite menos a una eventual incorporación de la Argentina al campo nuclear que
   a las condiciones políticas, presupuestarias y patrimoniales bajo las cuales se reorganiza
   un sector en el que el país ya cuenta con experiencia estatal, conocimiento técnico y
   acumulación institucional.
   Si el desarrollo propuesto utiliza infraestructura pública, capacidades formadas en
   organismos estatales y legitimidad construida por el propio sector nuclear argentino,
   conviene conocer con precisión cómo quedarán distribuidos los derechos de decisión, la
   propiedad sobre los resultados tecnológicos y la captura del valor futuro generado por el
   proyecto.
3. El marco presupuestario e institucional
   Toda evaluación seria del nuevo ciclo nuclear debe hacerse en el contexto material
   del Estado que tendría que sostenerlo, regularlo y auditarlo. La propia página de
   transparencia de la CNEA remite al presupuesto asignado y a la ejecución presupuestaria
   del organismo, e indica que su seguimiento debe realizarse en la jurisdicción 50, Servicio
   Administrativo Financiero 105.
   Ese dato cobra otro espesor cuando se lo ubica dentro del marco general del
   presupuesto nacional para 2026. El informe de ASAP (Asociación Argentina de
   Presupuesto) sobre la distribución administrativa del Presupuesto 2026 señala que los
   recursos totales de la Administración Nacional previstos para el ejercicio muestran una
   retracción real del 12,7% interanual y que los gastos totales autorizados disminuyen 4,9%
   reales respecto del devengado de 2025. El mismo informe observa además que la Decisión
   Administrativa 1/2026 no modificó los montos globales aprobados por ley y que el
   presupuesto fue sancionado sin corregir partidas originalmente previstas, pese a la
   incorporación legislativa de nuevos gastos, por lo que el financiamiento de esas políticas
   podría quedar sujeto a adecuaciones posteriores.
   Ese marco general no alcanza, por sí solo, para establecer una conclusión cerrada
   sobre la trayectoria específica de la CNEA sin abrir la serie puntual del organismo. De
   todos modos, permite advertir que el nuevo anuncio nuclear se inscribe en un presupuesto
   nacional atravesado por criterios de equilibrio fiscal, restricciones sobre el gasto de capital
   y seguimiento estricto de plantas de personal, vacantes y programación física de
   proyectos.
   La propia Decisión Administrativa 1/2026 dispone la remisión trimestral de
   información sobre evolución de plantas y contrataciones de personal, exige certificación
   de vacantes y fuente de financiamiento para su cobertura, y establece exigencias formales
   para la programación física y financiera de los proyectos.
   La dinámica de ejecución observada por ASAP en enero de 2026 aporta un elemento
   adicional. En el primer mes del año, el gasto primario de la Administración Pública
   Nacional cayó 4,6% real interanual, las remuneraciones retrocedieron 4,6% reales, los
   bienes y servicios cayeron 38,4% reales y el gasto de capital mostró una ejecución
   prácticamente nula, con una contracción de 95,4% real interanual. Ese mismo informe
   vincula la caída de las remuneraciones con la reducción de la planta estatal.
   Todo esto incide sobre el sector nuclear de manera directa. Un proyecto de reactor
   requiere organismos públicos con capacidad técnica, inversión estatal complementaria,
   capacidad regulatoria, personal altamente calificado y continuidad institucional. Si el
   marco presupuestario general combina contracción del gasto primario, caída del gasto de
   capital y una política restrictiva sobre personal y vacantes, resulta razonable preguntar
   con qué recursos efectivos se sostendrá el plan y en qué condiciones institucionales
   debería desplegarse.
   A ese cuadro se suma un dato institucional adicional. La Resolución 159/2026 de la
   Autoridad Regulatoria Nuclear dejó asentado que la CNEA adeudaba el pago de la tasa
   regulatoria prevista en el artículo 26 de la Ley 24.804, aunque la ARN resolvió dar curso
   favorable a determinadas licencias por razones de interés público.
4. Atucha, CAREM y las condiciones del nuevo proyecto
   La novedad central del anuncio del 2 de julio no se limita al plano tecnológico.
   También involucra una dimensión patrimonial que merece atención específica. El proyecto
   prevé emplazarse en el sitio Atucha, dentro de la órbita de Nucleoeléctrica Argentina, y la
   información difundida indica que la empresa desarrolladora abonaría un canon por el
   derecho real de superficie sobre los terrenos utilizados.
   Ese punto requiere un examen más detenido porque Atucha forma parte de una
   infraestructura crítica construida por el Estado argentino y organizada durante décadas
   para funciones estratégicas del sector. Su localización, sus servicios, su personal, su
   entorno regulatorio y su inserción en la arquitectura institucional del área reducen costos,
   aceleran factibilidades y transfieren valor objetivo a cualquier proyecto que se instale allí.
   El conocimiento que hace falta para diseñar el ACR-300 no aparece de la nada.
   Fuentes técnicas consultadas coinciden en que sale, en buena medida, de profesionales
   formados en la CNEA que hoy pasan a Meitner. Si ese movimiento se consolida, la empresa
   incorpora personal altamente calificado y, al mismo tiempo, absorbe experiencia
   acumulada por el Estado y una capacidad de diseño que llevó décadas construir.
   La comunicación oficial de diciembre de 2024 afirmó que la Argentina lideraría esta
   nueva etapa con tecnología “100% argentina” desarrollada por sus ingenieros nucleares. A
   su vez, en el acto por el 75° aniversario de la CNEA, Demian Reidel presentó al ACR-300
   como una tecnología de 300 MW diseñada por ingenieros argentinos, señaló que el plan
   comenzaría con cuatro módulos en Atucha y sostuvo que luego esa tecnología sería
   licenciada al resto del mundo.
   Ahí se abre otra discusión, menos visible pero igual de importante. Una posibilidad
   hubiera sido organizar la etapa de diseño a partir de una intervención coordinada del
   propio Complejo Nuclear Argentino, articulando capacidades ya existentes en organismos
   y empresas del sector. Si la ingeniería decisiva termina concentrada en una estructura
   privada que capta personal formado en el sistema público, queda planteada una pregunta
   de fondo sobre quién retiene el conocimiento que permitirá diseñar el reactor, tramitar
   licencias y participar del valor futuro de ese desarrollo.
   Ese conjunto de afirmaciones vuelve especialmente relevante la discusión sobre
   propiedad intelectual, transferencia tecnológica y captura del valor generado por el
   proyecto. Cuando una tecnología se presenta como resultado del conocimiento
   nacional, pero su desarrollo comercial se articula a través de vehículos empresariales
   privados, financiamiento externo y uso de infraestructura pública, corresponde conocer
   con precisión quién toma las decisiones estratégicas, quién conserva los derechos sobre
   el diseño, bajo qué condiciones se otorgarán licencias y qué participación retendrán los
   organismos públicos involucrados.
   Entre quienes conocen de cerca este tipo de desarrollos hay un punto en el que
   aparece bastante acuerdo: el diseño de un reactor como el ACR-300 exigiría alrededor de
   1.400.000 horas-hombre. Por eso, el plazo de cinco años difundido para su construcción
   resulta difícil de sostener cuando se incorpora el tiempo que demandan la ingeniería, los
   permisos regulatorios y las etapas previas a la obra. Incluso con un flujo ideal, la entrada
   en operación se ubicaría más cerca de una década que de ese plazo inicial. Hoy el proyecto
   contaría con una patente y con un diseño conceptual avanzado, pero todavía tendría por
   delante el diseño preliminar, necesario para tramitar permisos, y el diseño de detalle que
   habilita compras, contrataciones y comienzo efectivo de la construcción.
   El proyecto CAREM también ocupa un lugar importante en esta discusión. En marzo
   de 2025, la comunicación oficial sobre la visita presidencial a Lima informó que el avance
   de obra civil del edificio superaba el 78% y que el avance físico general del proyecto
   alcanzaba el 62%, además de definir al CAREM como un reactor íntegramente diseñado y
   construido en la Argentina.
5. Lo que corresponde informar
   Desde el CIDISP consideramos que la información pública actualmente disponible
   sobre esta nueva etapa del llamado Plan Nuclear Argentino resulta insuficiente para una
   evaluación responsable por parte del Congreso, las organizaciones del sector, las
   universidades, los trabajadores especializados y la ciudadanía.
   En primer lugar, el Estado debe informar cuál es el instrumento jurídico que regula la
   iniciativa presentada para el ACR-300, cuál es su estado de aprobación, qué cláusulas de
   rescisión contiene, qué derechos otorga sobre el predio de Atucha y qué obligaciones
   concretas fija en materia de plazos, inversión, transferencia tecnológica y cumplimiento
   regulatorio.
   En segundo lugar, debe precisarse qué infraestructura, servicios, accesos,
   conexiones, estudios previos y capacidades institucionales del sitio Atucha son puestos a
   disposición del proyecto, cómo fueron valuados y qué contraprestación total recibe el
   Estado más allá del canon por superficie mencionado en la información difundida.
   En tercer lugar, el Estado debe aclarar a nombre de quién quedarán las patentes,
   licencias, mejoras, desarrollos de ingeniería y demás activos intangibles asociados al
   ACR-300 y a sus eventuales evoluciones, especialmente si el diseño se apoya en
   capacidades acumuladas en organismos públicos argentinos.
   También corresponde informar cómo se integrarán los equipos técnicos que
   desarrollen la ingeniería del proyecto, qué participación institucional conservarán los
   organismos del Complejo Nuclear Argentino y qué resguardos existirán para evitar una
   transferencia privada de capacidades estratégicas formadas en el sector público.
   Asimismo es indispensable saber si existe desplazamiento de personal desde la
   CNEA u otros organismos hacia el nuevo proyecto, en qué magnitud, bajo qué condiciones
   y con qué impacto sobre la masa crítica estatal. La información difundida el 2 de julio
   consignó la no renovación de 61 contratos en la CNEA, mientras que la conducción del
   organismo sostuvo que no se trató de ingenieros nucleares ni de personal técnico
   especializado, sino principalmente de contratos administrativos de plazo fijo.
   Por último, toda decisión de emplazamiento, construcción y operación debe quedar
   supeditada a un proceso de licenciamiento plenamente trazable, bajo control de la
   Autoridad Regulatoria Nuclear, con información pública suficiente sobre hitos, requisitos
   y responsabilidades.

Rubén I. Bourlot*

«En la vida una de las cosas más fáciles es tener ideas y proyectos, y hasta puedo decir muy buenas ideas y proyectos, basta para ello un cerebro discreto y un poco de imaginación. Pero lo endiabladamente difícil es tomar la más pequeña idea o proyecto, organizarlo y ponerlo en pie y hacerlo marchar» – Enrique Mosconi.

La lucha por el dominio del petróleo se inició apenas surgida la segunda revolución industrial en Europa y Estados Unidos, cuando los combustibles derivados del petróleo cobraron significación. El negocio de la explotación petrolera fue dominado rápidamente por unos pocos trusts petroleros originarios de países industrializados. En Argentina la historia del petróleo empezó en simultáneo pero fue con el general Enrique Mosconi que cobró relevancia de la mano de la empresa estatal YPF.

En nuestro país el Día Nacional del Petróleo recuerda su “descubrimiento” en Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1907. Se trata de una fecha arbitraria puesto que desde mucho antes se sabía de la presencia del preciado elemento en el territorio argentino. Ya en 1891 el tema de la explotación de petróleo había originado un duro debate en el Congreso cuando el diputado Osvaldo Magnasco, oriundo de Gualeguaychú, se trenzaba en un duro debate parlamentario cuestionando la actuación de las compañías ferroviarias inglesas que, entre otras irregularidades, maniobraban para impedir la extracción de petróleo en yacimientos descubiertos en Mendoza y Jujuy. A las petroleras les interesaba el negocio de importar combustibles en vez de producirlo en el país.

“Ahí están Jujuy y Mendoza, sobre todo la primera, empeñada desde hace doce años en la tentativa de la explotación de una de sus fuentes más ricas de producción de sus petróleos naturales –decía Magnasco en el Congreso de la Nación-. Pero no bien llega a oídos de la empresa de exportación de una pequeña partida a Buenos Aires o a cualquier otro punto, inmediatamente se levanta la tarifa, se alza como un espectro, y se alza tanto, que el desfallecimiento tienen que invadir el corazón del industrial más emprendedor y más fuerte (…) 

“El petróleo, a que me referí al principio, va a ser sin duda el combustible del provenir. Está sustituyendo con grandísimas ventajas, con una economía del sesenta y hasta el setenta por ciento, al carbón de piedra.”

Se cuenta que el diputado Emilio Civit, luego ministro de Obras Públicas de la segunda presidencia de Roca, siendo diputado nacional (1882-1889) solía llevar en su maletín personal una botella con petróleo extraído del paraje Agua del Corral, en las cercanías de Cacheuta, para contarles a todos en Buenos Aires sobre las virtudes y ventajas que podrían encontrar en Mendoza. Y como si fuera uno de esos populares vendedores ambulantes de peines y peinetas Civit explicaba lo que Mendoza produciría en materia combustible si ese líquido oscuro de la botella de vidrio llamado «petróleo» se pudiera extraer en gran escala.

En 1887 la Compañía Mendocina de Petróleo llegó a perforar veinte pozos, de los cuales cuatro resultaron productivos. La empresa construyó un pequeño oleoducto para transportar el petróleo a Mendoza y produjo cerca de 8.600 metros cúbicos. Pero todos estos emprendimientos se vieron frustrados por el desinterés de los inversores y las maniobras que oportunamente denunció Magnasco.  

El nacimiento de YPF

En 1916 era consagrado presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen. En nuevo mandatario pronto comprendió que el petróleo era la fuente de energía que necesitaba el país y que debía obtenerse de su subsuelo en vez de importarlo. Intentó a lo largo de su gestión hacer sancionar una ley de petróleo. Frustrados los mismos apeló al decreto para crear Dirección General de YPF el 3 de junio de 1922, en base a las reservas petrolíferas reservadas para el estado. Hasta ese momento mejores reservas estatales estaban concesionadas a empresas privadas que las mantenían improductivas dentro de una estrategia internacional tendiente a mantener en el país un alto nivel de importación de hidrocarburos que los mismos trusts vendían a un precio considerablemente alto. Recién en 1922, cuando YPF afirmó su presencia, aquellos decidieron extraer el mineral.

El desafío de la WICO

En la década del 20, el entonces coronel Enrique Mosconi, a cargo del servicio aeronáutico del ejército, advirtió la acción conspirativa ejercida por las petroleras extranjeras instaladas en el país. “Los grandes trusts, decía, son organizaciones insaciables, difíciles de dominar una vez que han tomado posesión de las tierras y se les ha acordado facultades y derechos. Tanto el grupo europeo (el anglo-holandés Royal Dutch) como el norteamericano (Standard Oil), de funesta tradición ante la justicia de su país, son indeseables para toda nación que quiera fecundar en paz su trabajo creador.”

Mosconi había nacido en Buenos Aires en 1877, hijo de un ingeniero italiano, ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1891, egresando con el grado de subteniente de infantería. En 1896, movido por su interés en la formación científica, ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, graduándose de Ingeniero Civil. En 1903, integró una comisión que estudió el trazado del ferrocarril central norte. Al año siguiente fue enviado a Europa junto a una comisión para realizar gestiones con el fin de instalar una usina hidroeléctrica de gas pobre en Campo de Mayo. También Mosconi pasó una temporada de perfeccionamiento en el ejército alemán realizando estudios en la Escuela de Artillería e Ingenieros en Charlottenburgo. En 1912 fue nombrado integrante de la dirección técnica de la Escuela de Aviación Militar, llegando a ocupar en 1920 la dirección del Servicio Aeronáutico. 

Un hecho fortuito producirá el desenlace de su tarea futura en procura de la independencia energética del país. Ya no sería el petróleo un instrumento para perpetuar la dependencia del pueblo argentino a los imperios del mundo. 

Cuando Mosconi se desempeñaba en la división del servicio aeronáutico, la empresa norteamericana WICO (West India Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey) era la abastecedora de combustible de la repartición. En una oportunidad por una supuesta deuda la WICO se negó a entregar petróleo al ente oficial como normalmente lo hacía. Mosconi pidió entrevistarse con el gerente de la misma. 

«Me propuse pues aclarar personalmente la cuestión -escribió Mosconi- y con ese fin regresé a la capital para concurrir a la oficina central de la West India Oil Company. Pedí allí entrevistarme con el gerente, a cuya oficina pasé encontrándome con un pequeño despacho instalado al uso norteamericano. Cambiamos los saludos de estilo, le manifesté el objeto de mi visita y la extrañeza producida por el resultado de las gestiones del oficial de administración. ‘Sí señor, es exacto’, me contestó mi interlocutor, ‘esa es la norma de nuestra compañía’. “’Advierta’, le dije entonces, ‘que el servicio aeronáutico del ejército no debe un centavo a su compañía, que se trata de una repartición militar solvente y dependiente del ministerio de guerra y que por lo tanto no solo sorprende su manifestación y exigencia, sino que las considero impertinentes y no las acepto’. 

“Allí, en el mismo escritorio, me propuse juramentar conmigo mismo cooperar por todos los medios legales a romper con los trusts». Si este requerimiento se hubiera realizado en tiempo de guerra, pensaba Mosconi, toda la operación estaría dependiente de la voluntad y de los intereses económicos de un empresario extranjero.

El 19 de octubre de 1922 fue designado por el ministro de agricultura Tomás Le Breton director de YPF creada meses antes por Yrigoyen. Ya había asumido la presidencia del país Marcelo T. de Alvear, radical antipersonalista. El mérito de la acertada designación de Mosconi no parece haber sido una consecuencia de la política oficial del presidente y de su gabinete. 

«Al iniciar Alvear su gobierno aparece en escena el petróleo del coronel Enrique Mosconi», acota Arturo Frondizi en su obra ‘Petróleo y Política’. Y agrega que esa designación fue más la obra de la casualidad que del acierto de los funcionarios, ya que Le Breton ofreció ese puesto a un amigo de toda su confianza, quien al declinar su responsabilidad por no conocer cabalmente el problema, le recordó que un coronel Mosconi, al que no conocían ni él ni el ministro, había publicado en esos días sus opiniones vinculadas al petróleo. 

Al respecto escribió Félix Luna: «Alvear no hizo nada para lograr la nacionalización del petróleo que sufrió durante su presidencia una accidentada peripecia». La ley de represión de los trusts quedó prácticamente anulada por no reglamentarse su aplicación.

Mosconi inició una inmediata reorganización de la empresa. Logró el levantamiento de las reservas concedidas y su traspaso para ser explotadas. De inmediato se produjo el enfrentamiento con los trusts norteamericanos e ingleses. Es de destacar que en ese momento no había empresas petroleras de propiedad estatal en el mundo. 

A poco de iniciada la gestión, pudo lograr la autonomía y desde ese instante YPF no dependió más del Ministerio de Agricultura. Mosconi demostró su capacidad, su temple, actuando como auténtico hombre de empresa y experto en la materia. Reorganizados los yacimientos de Comodoro Rivadavia, su mirada se dirigió hacia Plaza Huincul. Estos yacimientos habían sido descubiertos en 1918 y fue traspasado a la dirección de YPF en virtud del artículo segundo del decreto del 3 de junio de 1922. 

La eficiencia de la producción, mejores condiciones de trabajo y reorganización del sistema de distribución fueron los tres pilares que sostuvieron la evolución de YPF complementándose con la construcción la destilería de La Plata. La extracción en 1924 fue de 474.602 metros cúbicos de crudo y a partir de ese momento las cifras fueron en incremento: 618.151, 743.740 y 802.036, respectivamente en los años subsiguientes. Una de las iniciativas más importantes fueron las instalaciones de Ingeniero White, Bahía Blanca. 

También en 1922 se efectuaron ampliaciones en los almacenes del petróleo en la Dársena Sur con la incorporación de tres tanques de 10.000 toneladas cada uno. Se construyeron nuevos muelles y se habilitaron depósitos de aprovisionamiento en Rosario y Concepción del Uruguay.

La batalla de los subproductos

Hasta 1916 el petróleo extraído por YPF en su mayor parte se comercializaba crudo. Mosconi se propuso dar una nueva batalla para lograr atiborrar el mercado argentino con la sigla YPF. De inmediato se encaminó en el proyecto de una nueva y moderna destilería que tuvo diversos vaivenes: indiferencia oficial, retaceo de presupuesto, pero finalmente triunfó. Abierta la licitación para construir la obra en La Plata se presentaron 10 compañías, ganando una norteamericana, la Bethlehem. Eso motivó que intereses extranjeros trataran de impedir la obra, llegando a interesar a Bethlehem para que desistiera. No obstante, el proyecto continuó y fue inaugurada el 23 de diciembre de 1925.

Marcos Kaplan, por su parte, estima que la destilería de La Plata constituye uno de los aportes positivos más importantes de este periodo, contribuyendo, entre otras cosas, a mejorar la posición competitiva de YPF en el mercado interno. Ya en marcha la destilería, desapareció del mercado la venta de crudo, siendo reemplazado por el fuel oil con la consiguiente economía y el incremento de los ingresos por la venta de subproductos con mayor valor agregado.

Los trabajadores del petróleo

El desenvolvimiento de la empresa nacional benefició al pueblo argentino con la apropiación de la riqueza de su suelo para volcarla a la incipiente industrialización y, a su vez, asegurar el desenvolvimiento autónomo del Estado. Por otra parte, posibilitó el incremento de las fuentes de trabajo en el olvidado sur y el mejoramiento de las condiciones laborales gracias a la preocupación de Mosconi. Este decía que para el bien de la nación y la prosperidad de sus habitantes es menester contemplar siempre en primer término la situación del hombre, obrero o empleado, despertando su confianza y dedicación hacia la empresa a la cual se le exige que consagre sus energías. En YPF ese pensamiento, como se ha visto, ha sido norma invariable. «Pienso, pues, que a lo ya hecho como obra de gobierno deben sumarse otras ventajas que llevarán a la consecución de aquellos propósitos y en tal sentido no sólo debemos mantener la ley del salario mínimo, sino que debemos completarla con la vivienda mínima como consecuencia del moderno concepto de solidaridad social».

El papel de Mosconi responderá a las más arraigadas tradiciones del ejército, consciente de la prioridad de dominar los resortes básicos de la economía para hacer frente a los imperios industriales que influyen sobre la soberanía del país. “Por razones de oficio -escribe Raúl Larra- el militar está preparado para captar el desvalimiento del país. Este concepto lo ratifica Potash al considerar el apoyo que Mosconi recibió por parte de un importante número de oficiales convencidos de la necesidad de industrializar al país, contando con el desarrollo del petróleo bajo el control del Estado. 

«El hombre que se encontró de pronto con una realidad levemente distinta al panorama pintado desde afuera debió replantearse paulatinamente su pensamiento. De tal estirpe fue Mosconi  -escribió dijo Baldrich en 1941- porque su titánica cruzada redentora tiene amplitud continental». 

Cuando Yrigoyen retornó al poder en 1928 ratificó a Mosconi su confianza. Mosconi era a la sazón hombre de Alvear para los políticos comiteriles, pero el «Peludo» volaba más alto. Durante su presidencia, la producción de YPF continuó en incremento y se produjeron varios acontecimientos históricos en la materia. Con el objeto de formar el plantel de técnicos y especialistas que necesitaba la industria del petróleo, fueron implementados los cursos superiores del Instituto del Petróleo, mediante convenio entre la Dirección de YPF y la Universidad de Buenos Aires.

La batalla de los precios

La presencia de una empresa nacional decidida a competir en el mercado petrolero produjo la lógica inquietud dentro de los trusts que no escatimaron esfuerzos para tratar de sacarla del medio. Frente a esta situación Mosconi debió acudir a todos los medios a su alcance para lograr su objetivo. En 1923 se obtuvo de Ferrocarriles del Estado el consumo exclusivo de combustible producido por YPF, medida que en 1926 se extendió a todas las reparticiones oficiales.

Estas fueron las primeras medidas, pero faltaba la decisión que colocaría en manos del Estado Nacional el control de la comercialización de los combustibles. El precio era manejado por las empresas privadas y su fijación se realizaba de acuerdo a la distancia del lugar de origen y en función de la competitividad comercial. En general los precios eran elevados por sobre el margen normal de ganancia. Hacia 1929 el precio del litro de nafta variaba entre 34 y 40 centavos en las distintas regiones del país. YPF estaba imposibilitada de ejercer influencia sobre los mismos, pues carecía de una red nacional de distribución y venta, pero en 1929 estaba a punto de dar la gran noticia.

A partir del 1 de mayo, la Dirección General de YPF tomó a su cargo la organización para la venta de todos sus productos. El 1º de agosto de ese año se ordenó una sustancial rebaja del precio de los combustibles: dos centavos menos para el litro de nafta y querosene y 80 centavos el cajón, en tanto el fuel oil fue rebajado en 50 centavos por tonelada. De esta forma, la decisión estaba del lado del Estado Nacional.

«Suenen entonces las dianas augurales del 1º de agosto –escribió Mosconi-, fecha en que YPF tomó el contralor y dirección del mercado interno de combustibles, independizando al país de los productos de origen extranjero. Es, pues, aquella una fecha memorable en los anales de nuestra organización económica. El país se ha realizado en la economía nacional. Los trusts petrolíferos inglés y norteamericano quedan definitivamente rotos en nuestro país. Los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno que decide, libre de injerencias extrañas, todo lo relativo al combustible líquido; y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el mar».

“El golpe de gracia, esta batalla ganada a los ejecutores de la política imperialista, contribuyó a que el precio de la nafta sufriera constantes rebajas -comentó años después Solano Peña Guzmán- bajando desde 26 centavos en 1922 a 18 centavos en la actualidad (1942), puesto que el precio de 24 centavos incluye 6 centavos de impuestos nacionales. Estas medidas no solo tenían influencia directa sobre el consumidor, sino que reducían a un mínimo las ganancias de las compañías extranjeras y, por lo tanto, se beneficiaba en conjunto a la economía del país al reducir sensiblemente estos envíos anuales de divisas al extranjero.

Bibliografía

Mosconi, Enrique (1983). El petróleo argentino 1922-1930. Círculo Militar.

Larra; Raúl (1981). Mosconi, general del petróleo. Ánfora.

Larra; Raúl (1981). El general Baldrich y la defensa del petróleo argentino. Ad. M. Moreno.

Frondizi, Arturo (1955). Política y petróleo. Raigal.

Luna, Félix (1982). Alvear. Ed. de Belgrano.

Palacio, Ernesto (1957). Historia de la Argentina. Peña Lillo.

Gallardo, Guillermo (1968), en Historia Argentina dirigida por Roberto Levillier. Plaza y Janés.

Kaplan, Marcos (1957). Economía y política del petróleo argentino. Praxis.

Potash, Robert (1982-1983). Ejército y la política en la Argentina. Tomos I y II. Sudamericana.

Peña Guzmán, Solano (1942). La autarquía en la economía argentina. La Raza.

*Profesor de Historia y Educación Cívica. Autor de Mariano Fragueiro y la constitución económica de 1853, El radioteatro en Entre Ríos e Historia elemental de Entre Ríos, entre otros.