El acuerdo con Estados Unidos y la disputa por el sentido del Mercosur

Una estrategia de fragmentación y subordinación de Milei a los dictados de Washington.

Por Gabriel Fuks (*)

El acuerdo bilateral firmado entre la Argentina y los Estados Unidos —el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés)— no es un hecho aislado ni meramente comercial. Es, en realidad, un capítulo más de una discusión de fondo: el intento de redefinir, y en última instancia erosionar, el proyecto de integración regional que representa el Mercosur.

El debate no puede separarse del contexto político en el que se inscribe. La profundización del vínculo con Estados Unidos se produce en paralelo a un respaldo financiero directo: en octubre de 2025, el Tesoro estadounidense anunció un acuerdo de intercambio de divisas (swap) por 20.000 millones de dólares para apoyar a la Argentina, bajo la administración de Scott Bessent. Ese acompañamiento no es neutro: forma parte de una estrategia de alineamiento que excede lo económico y se proyecta sobre la política exterior y comercial del país.

En ese marco, el ARTI introduce compromisos que, por su alcance y profundidad, obligan a preguntarse si la Argentina puede avanzar unilateralmente sin afectar los acuerdos fundacionales del Mercosur.

No se trata de una objeción ideológica. Es una cuestión institucional y jurídica. El Mercosur se estructuró sobre principios claros: la construcción de una unión aduanera, la existencia de un arancel externo común (AEC) y la definición de una política comercial conjunta frente a terceros Estados. Estos pilares no son accesorios. Son la base operativa del bloque y el mecanismo que le permite actuar como un actor económico relevante.

El ARTI, en cambio, avanza en sentido inverso. Establece compromisos arancelarios preferenciales, esquemas de acceso a mercado y obligaciones regulatorias que podrían alterar la uniformidad del AEC. En términos concretos, habilita la posibilidad de que bienes provenientes de Estados Unidos ingresen en condiciones diferenciadas, lo que abre la puerta a fenómenos de desviación de comercio y triangulación a través del territorio argentino hacia el resto del bloque.

Para mitigar estos efectos, el sistema requeriría reglas de origen mucho más estrictas y controles aduaneros reforzados, lo que en la práctica tensiona la lógica de libre circulación interna que define a una unión aduanera. Es decir, el propio funcionamiento del Mercosur se vería obligado a reconfigurarse para absorber los efectos de una decisión unilateral.

El problema no se limita a lo arancelario. El acuerdo incorpora compromisos en materia regulatoria, estándares técnicos, propiedad intelectual y comercio digital que pueden generar inconsistencias con la normativa regional vigente. En particular, los mecanismos de reconocimiento de estándares externos y ciertas obligaciones de convergencia normativa pueden afectar la coherencia regulatoria construida entre los Estados miembros.

En algunos casos, incluso, se establecen esquemas de alineamiento con políticas adoptadas por los Estados Unidos en materia de controles comerciales y seguridad económica. Este tipo de cláusulas introduce un condicionamiento indirecto sobre la política externa y comercial argentina, con posibles efectos sobre el conjunto del bloque.

En ese contexto, el interrogante es inevitable: ¿puede un Estado miembro asumir este tipo de compromisos sin afectar la lógica de actuación conjunta que define al Mercosur?

La respuesta requiere una instancia institucional que ordene el análisis. Y ahí aparece el Tribunal Permanente de Revisión (TPR), el órgano encargado de interpretar el derecho del bloque y garantizar su coherencia.

El TPR cuenta con la facultad de emitir opiniones consultivas a pedido de órganos legitimados, entre ellos el Parlamento del Mercosur. Estas opiniones, aun sin carácter vinculante, cumplen una función central: establecer criterios interpretativos comunes, prevenir conflictos y evitar que cada Estado avance con lecturas propias que fragmenten el sistema jurídico regional.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, el TPR ha sido utilizado en muy pocas oportunidades para abordar controversias de esta complejidad. Esa subutilización no responde a una falta de herramientas, sino a la dificultad política del bloque para procesar sus tensiones. Justamente por eso, este es el tipo de casos para los cuales fue concebido.

En la última sesión del Parlamento del Mercosur, realizada en Montevideo, se aprobó una resolución que, entre otros puntos, solicita la elevación de una consulta al TPR para analizar la compatibilidad del ARTI con el orden jurídico regional. La decisión no fue menor: fue el resultado de una discusión política concreta sobre cómo encauzar institucionalmente un tema que, de otro modo, quedaría librado a interpretaciones fragmentadas.

El Parlamento aparece, en este contexto, como un actor clave. Los Estados difícilmente impulsen un litigio formal en un escenario de tensiones crecientes, y los particulares no tienen acceso directo al sistema. El Parlasur queda así como el único canal institucional disponible para activar el mecanismo consultivo y vincular la discusión política con la interpretación jurídica.

Pero el punto de fondo es político. El avance de acuerdos bilaterales de esta naturaleza no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una estrategia más amplia del gobierno argentino.

El presidente Javier Milei ha sido explícito en su posición. Ha definido al Mercosur como un obstáculo para el desarrollo argentino y ha planteado la posibilidad de avanzar por fuera del bloque: “Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos”, sostuvo. En la misma línea, afirmó que el Mercosur es “un escollo” y que buscará “ponerle fin a lo que consideramos una inercia destructiva”, advirtiendo que “está en nuestros socios decidir si van a acompañar el camino que hemos elegido”.

Estas definiciones se traducen en hechos. En 2024, el mandatario argentino se ausentó de la cumbre de presidentes del Mercosur para participar de un encuentro internacional de sectores de derecha en Brasil, en abierta tensión con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. A eso se suman el recorte de financiamiento y el intento de vaciar la participación argentina en el Parlamento del Mercosur.

El ARTI debe leerse en ese contexto. No es solo un acuerdo comercial: es parte de una política de desarticulación progresiva del Mercosur, que combina decisiones unilaterales, desinversión institucional y redefinición del alineamiento internacional.

Además, implica una decisión estratégica de subordinación a los lineamientos de la política exterior y comercial de los Estados Unidos, en un escenario global marcado por el endurecimiento de su estrategia geoeconómica. Durante la administración de Donald Trump, esa orientación se expresó en la aceleración de la guerra comercial con China, así como en tensiones crecientes con Europa, India y otras potencias. Ese patrón no ha desaparecido: persiste como lógica de acción en la disputa por el orden económico internacional.

Este alineamiento no es únicamente comercial. También se inscribe en el plano político y geopolítico. La estrecha relación de Estados Unidos con Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, ha encontrado en el gobierno argentino una adhesión que en muchos casos se ha traducido en gestos sobreactuados por parte del presidente. En ese contexto, Javier Milei ha inscripto a la Argentina en un peligrosísimo derrotero: el de ubicar al país en escenarios de conflicto ajenos, abandonando una tradición histórica de política exterior basada en la neutralidad y la búsqueda de equilibrio.

Existen antecedentes que muestran otro camino posible. En la Unión Europea, acuerdos de gran envergadura —como el propio entendimiento con el Mercosur, tras más de veintiséis años de negociación— fueron sometidos a instancias de revisión jurídica antes de su implementación. No para bloquearlos, sino para garantizar su coherencia con el derecho comunitario.

Si ese estándar es válido en Europa, resulta razonable que también lo sea en el Mercosur. No se trata de impedir acuerdos, sino de blindar que las decisiones nacionales no vulneren los compromisos regionales.

El Mercosur no es únicamente un esquema comercial. Es un proyecto político, económico y social que busca construir capacidades colectivas en un contexto internacional cada vez más competitivo. Es, en definitiva, una herramienta para ampliar márgenes de autonomía.

Lo que está en juego con el ARTI no es solo su contenido específico. Es el sentido mismo del bloque.

Sostener el Mercosur como proyecto implica defender algo más amplio: el regionalismo y la soberanía como opciones posibles en un mundo atravesado por relaciones de poder profundamente asimétricas.

Frente a una estrategia que apuesta a la fragmentación, al alineamiento unilateral y a la subordinación a intereses externos, la respuesta no puede ser el repliegue. La única alternativa real sigue siendo profundizar la integración.

La unión latinoamericana —en términos económicos, políticos y culturales— no es una consigna abstracta. Es el único instrumento capaz de garantizar la independencia y la soberanía de nuestros pueblos en el siglo XXI. Y es precisamente ese horizonte el que hoy está en disputa.

* Gabriel Fuks fue embajador argentino en Ecuador durante el Gobierno de Alberto Fernández, presidente de Cascos Blancos en 2003-2013, secretario de Seguridad Federal en 2019-2021 y diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente es Parlamentario del Mercosur.