Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

En un Estado democrático moldeado durante décadas por lógicas ajenas al interés nacional—y sostenido por un pacto que consolidó limitaciones estructurales como una herencia intocable de la dictadura genocida liberal, y que perdura en marcos normativos, económicos e institucionales, condicionando nuestro desarrollo sin haber sido plenamente revisados— no resulta extraño que el peronismo, con el paso del tiempo, tienda a diluir su identidad histórica para derivar, por un lado, en una versión más conservadora como resabio del ciclo menemista, o, por otro, en una variante progresista que —aunque impulsó políticas importantes de desarrollo industrial, empleo, consumo y recuperación salarial durante su ciclo— terminó muchas limitada por una mirada predominantemente urbana, cultural, moral y académica, concentrada en debates legítimos pero más vinculados a determinados sectores medios que a la complejidad productiva, territorial y social de las grandes mayorías. Ambas expresiones, por distintas tangentes, fueron perdiendo conexión con los núcleos centrales de la tradición peronista clásica y de la concepción estratégica de Perón sobre la comunidad nacional. 

La profunda crisis existencial que atraviesa la Argentina —expresada en el deterioro económico, la fragmentación social, la pobreza institucionalizada, la dependencia externa y la pérdida de horizonte productivo— no puede explicarse como resultado de las decisiones de una sola figura en particular; hacerlo implicaría reducir un problema histórico a una lectura superficial. Con mayor rigor, debe inscribirse en un proceso de vaciamiento estructural que el país arrastra desde hace medio siglo, impulsado por un bloque de poder antinacional que logró consolidarse, en buena medida, porque las propias fuerzas del campo nacional no avanzaron sobre las bases que lo sostienen. En ese marco, el estado actual del peronismo —atravesado por derrotas electorales, dispersión interna, pérdida de lenguaje y sintonía popular, y desorientación estratégica— tampoco admite explicaciones centradas exclusivamente en responsabilidades individuales. Sería intelectualmente deshonesto atribuir semejante proceso histórico a una sola persona. Pero sería igualmente deshonesto eximir de toda responsabilidad a quien fue dos veces presidenta de la Nación, principal referencia política del campo nacional durante más de una década y conductora indiscutida de una porción sustancial del peronismo; Cristina. 

Cristina como refugio emotivo

La resistencia al desamparo y la función psicológica del líder como refugio emotivo son dos caras de un mismo fenómeno. Cuando un espacio político atraviesa etapas de repliegue, incertidumbre o una notoria pérdida de horizonte estratégico, el liderazgo deja de funcionar únicamente como conducción y pasa a cumplir un papel de contención psicológica y refugio emocional para su propia comunidad de seguidores. Y eso se vuelve todavía más intenso en experiencias políticas que tuvieron una fuerte carga épica, afectiva e identitaria, como ocurrió con el kirchnerismo.

Más allá de la ineludible gravitación histórica, la valoración política a la figura de Cristina y el legítimo amor que despierta en sectores populares, este mecanismo tiene una consecuencia muy concreta; bloquea el diagnóstico racional en los “politizados”. Porque cuestionar su figura no implica solamente revisar una conducción política, sino también quedar expuestos, desprovistos de esa certeza emocional que durante años ordenó su mundo ideológico, dio sentido de pertenencia y funcionó como brújula interior para interpretar la realidad. Sobre todo cuando durante años fueron habituados a sustituir el ejercicio del pensamiento crítico propio por la aceptación casi automática de su palabra y la consigna como criterio último de interpretación política. 

Y allí aparece, muchas veces, la dificultad más profunda. La resistencia a la intemperie y el riesgo de tener que volver a pensar el presente y el futuro sin ese punto de referencia que durante años ordenó el horizonte político y afectivo de amplios sectores. Hablamos de una generación que se formó políticamente durante la década kirchnerista, pero también de muchos militantes provenientes de los años setenta y de generaciones intermedias que encontraron en Cristina una referencia central para interpretar la realidad, organizar su acción política y proyectar expectativas de transformación. Precisamente por eso, la discusión sobre la conducción resulta tan sensible; porque no involucra solamente diagnósticos políticos, sino también identidades, pertenencias, afectos y una parte importante de la biografía militante de varias generaciones. Se entiende que revisar críticamente esa referencia no supone únicamente modificar una posición política; implica, muchas veces, atravesar una verdadera crisis personal. 

Entonces, surge la tentación de buscar respuestas en cada carta, en cada tuit o en cada intervención pública, como si allí estuvieran contenidas las claves de la etapa que viene. Pero, con frecuencia, esos mensajes terminan girando alrededor de un mismo eje: la reivindicación del ciclo pasado, la confirmación retrospectiva de diagnósticos ya formulados y la permanente demostración de que, en algún momento, ella había advertido lo que iba a ocurrir. Una dinámica que, más que ofrecer una estrategia para salir del laberinto, parece orientada a certificar, una y otra vez, que quien señaló el camino equivocado no fue quien conducía, sino quienes no le hicieron caso o no la escucharon lo suficiente. Una conclusión curiosa, porque termina convirtiendo cada fracaso colectivo en una nueva prueba retrospectiva de infalibilidad personal; una forma elegante de preservar intacta la autoridad simbólica allí donde los resultados políticos invitarían, más bien, a revisar críticamente la calidad de la conducción ejercida. 

No merecemos aún todo el odio que nos profesan

Y hay algo que conviene saber; lo único verdaderamente constante en la historia política argentina es que ninguna conducción ni ningún ciclo político permanece indefinidamente, o logra imponerse, si no alteran las estructuras profundas del poder real. Perón fue quien más lejos llegó en ese intento; no por años, sino por profundización. Nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios, poniendo el crédito y la política monetaria bajo conducción estatal; creó el IAPI para monopolizar el comercio exterior y utilizar la renta agroexportadora como palanca de industrialización; recuperó los ferrocarriles, fortaleció YPF, creó Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Agua y Energía Eléctrica y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, impulsó SOMISA y el Plan Siderúrgico Nacional, desarrolló una vasta infraestructura energética, vial y habitacional, expandió derechos laborales y sociales, promovió la participación de los trabajadores en la renta nacional y consolidó al movimiento obrero organizado como actor central del poder político. En definitiva, fue capaz de disputar a las viejas oligarquías terratenientes, financieras, comerciales y a los intereses extranjeros posiciones estratégicas que durante décadas habían controlado el destino económico del país. A ello se sumó la Constitución de 1949, que incorporó los derechos sociales, la función social de la propiedad, la intervención estatal en la economía y la soberanía sobre los recursos estratégicos, dotando de rango constitucional a buena parte de las transformaciones impulsadas por el gobierno. Y aun así no logró completar esa tarea. La reacción fue feroz. Bombardearon Plaza de Mayo, derrocaron a su gobierno, proscribieron al movimiento mayoritario del país durante dieciocho años, persiguieron a sus dirigentes, encarcelaron, torturaron, fusilaron y desaparecieron militantes y sindicalistas y desplegaron una vasta operación de disciplinamiento político y cultural. Castigaron la osadía de haber intentado seriamente construir una Argentina más justa, más soberana y más popular que la que las élites portuarias y tradicionales estaban dispuestas a tolerar. 

Precisamente por eso, confundir el repliegue táctico de esos poderes con su derrota definitiva constituye una de las ingenuidades más costosas que ha cometido el campo nacional en el último tramo de nuestra historia política. La realidad, como casi siempre, terminó siendo bastante menos optimista que los discursos de época que proclamaban haber ingresado en una fase irreversible de la historia argentina. Alcanzó apenas una alternancia política para comprobar cuán intactos permanecían muchos de los resortes fundamentales del poder. El resultado está a la vista. No hace falta buscarlo en los libros; alcanza con caminar la calle. 

Puesto menor. 

Por caso, el “Clarín miente” tuvo su utilidad histórica. Sirvió para correr el velo de neutralidad que durante años protegió a los grandes medios, para poner bajo la luz pública el poder político de Magnetto y para que una parte, sólo una parte de la sociedad comenzara a comprender que detrás de ciertas operaciones mediáticas existían intereses concretos y no simples ejercicios de periodismo independiente. Pero aquello, por sí solo, nunca alcanzó. Señalar una estructura de dominación no implica haberla desplazado. Lo verdaderamente notable es que Clarín sobrevivió fortalecido a gobiernos de signos completamente distintos. Durante la dictadura consolidó, junto a La Nación y el Estado, el control de Papel Prensa. Con la recuperación democrática expandió su influencia sobre el sistema de medios. En los noventa acompañó el proceso de concentración económica y terminó convirtiéndose en un conglomerado multimedia de dimensiones inéditas. Durante el kirchnerismo, aun en medio de una confrontación abierta, preservó buena parte de su estructura de poder y creció. Los gobiernos cambiaron; Clarín siguió allí. 

Un ejemplo sobre el punto, la Justicia. Después de años de movilización política, foros federales, debates académicos, cadenas nacionales y una épica construida alrededor de la democratización de la palabra, alcanzó la firma de un juez llamado Edmundo Carbone y una cadena de resoluciones judiciales para que los artículos centrales de la Ley de Medios quedaran suspendidos durante años. Una historia bastante ilustrativa sobre la diferencia que existe entre señalar al poder y tener la capacidad efectiva de modificarlo. Por eso no alcanza con democratizar la Justicia. El desafío consiste en que deje de ser permeable a los intereses de las minorías privilegiadas y vuelva a reconocer como horizonte los intereses del pueblo y de la Nación. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza; los problemas de la Argentina no se explican únicamente por quién ocupa circunstancialmente la Casa Rosada, sino por la extraordinaria capacidad de supervivencia y adaptación de ciertos factores permanentes de poder. 

Merecer verdaderamente el odio que nos profesan no consiste en acumular discursos encendidos o poner un revólver sobre un escritorio. Consiste en construir una Argentina donde los resortes estratégicos de la economía, el crédito, la energía, el comercio exterior, la información y el desarrollo nacional dejen de estar organizados en función de una minoría privilegiada y pasen a responder a las necesidades de las grandes mayorías. Lo demás —el jetoneo permanente y los editoriales furiosos— muchas veces no pasa de ser una nube de humo que termina funcionando como una forma de compensación simbólica allí donde faltan la decisión política, la acumulación de poder o la capacidad efectiva de avanzar sobre los intereses que verdaderamente organizan la dependencia argentina. 

La historia argentina, en ese sentido, es bastante menos misteriosa de lo que solemos creer. Cada retroceso del campo nacional suele comenzar mucho antes de la derrota electoral, en el momento mismo en que se confunde una administración coyuntural con una transformación histórica real. Por eso, sostener la supuesta “irreversibilidad” de un ciclo relativamente virtuoso sin haber erosionado las bases estructurales del bloque antinacional es, cuanto menos, una forma bastante temeraria de autoengaño histórico. 

La reacción

Y aquí aparece un dato político revelador; la desproporción entre el odio que recibimos y el daño real que efectivamente llegamos a infligirles confirma, en el fondo, que sigue existiendo algo vivo y peligroso para ellos en la memoria política de nuestro pueblo. No reaccionan solamente frente a lo que el peronismo hizo y los perjudicó, sino frente a lo que alguna vez representó y a la posibilidad latente de que un proyecto nacional vuelva a organizar a las grandes mayorías detrás de una idea de Patria socialmente justa, económicamente soberana y políticamente independiente. 

Después de todo, las consecuencias históricas de aquella irrupción popular del 17 de Octubre de 1945 todavía atraviesan la vida política argentina. Porque aquel día no sólo nació un movimiento político; nació también una fractura histórica que las clases dominantes jamás terminaron de perdonar; la decisión de las grandes mayorías de intervenir directamente en el destino de la Nación y disputar espacios de poder que hasta entonces les estaban vedados. Y esa memoria histórica sigue siendo, todavía hoy, el verdadero objeto del odio persistente de las clases dominantes argentinas; las mismas que parecen detestar profundamente al país, a su pueblo, a su cultura y a sus aspiraciones de justicia y dignidad, pero que jamás se resignan a perder el control sobre la riqueza, los recursos y la extraordinaria fecundidad material de esta tierra. 

Un peronismo civilizado

Desde 1955, el objetivo persistente de la Argentina oligárquica fue neutralizar al peronismo como experiencia histórica de organización popular y soberanía nacional. Como mencionamos, primero intentó hacerlo mediante la violencia abierta. Pero con el tiempo, las clases dominantes comprendieron algo más eficaz y mucho menos costoso. No era necesario el contrapunto de destruir al peronismo si podían vaciarlo lentamente de contenido histórico, domesticar su dirigencia e integrarlo como una pieza administrable dentro del orden semicolonial argentino. En definitiva, una a una, ¿cuál es el precio de una voluntad floja de papeles? Generalmente no mucho más que viajes en primera, la seguridad familiar y un palco en el Colón. La mafia rara vez empieza por la violencia. Primero intenta comprarte. Si no puede, busca disciplinarte. Y cuando tampoco lo consigue, procura eliminar el problema. 

Así comenzó un largo proceso de adaptación y esterilización política mediante el cual una parte significativa del peronismo dejó progresivamente de representar un problema estructural para el establishment y pasó, en cambio, a garantizar estabilidad, previsibilidad y contención social dentro de los márgenes aceptables del sistema demoliberal. Desde Menem en adelante, buena parte de esa transformación consistió precisamente en conservar los símbolos en los despachos y algo de la identidad emocional del peronismo mientras se abandonaba, de hecho, su vocación histórica de transformación nacional.

El punto culminante de esa evolución llegó cuando mencionar a Perón en público dejó de ser un activo político para convertirse, según los focus groups, en un problema de imagen. Por estas latitudes, la señal fue particularmente visible en el provincialismo y en buena parte del municipalismo, donde el peronismo comenzó a desprenderse progresivamente de su lenguaje, de sus símbolos y hasta de su propia tradición. El proceso avanzó a tal punto que hoy resulta cada vez más difícil distinguir —salvo hilando muy fino en los matices— entre una gestión radical de perfil progresista y una gestión justicialista obscenamente moderada. Una curiosa forma de modernización doctrinaria; ocultar al fundador del movimiento para mejorar el rendimiento electoral de sus herederos. A partir de entonces se especializaron en una disciplina muy contemporánea, en una forma de ejercer la política casi irreductible; el surf electoral. Ya no se trata de construir conciencia, organizar voluntades ni modificar correlaciones de fuerza, sino de desplazarse elegantemente sobre cada fluctuación de la opinión pública procurando no contrariar demasiado los datos de la última medición. Si ayer las encuestas indicaban entusiasmo por Milei, aparecen de inmediato en bocas de peronistas los discursos sobre la reducción del Estado, el equilibrio fiscal, la macro y la eficiencia del ajuste. Después de todo, para el surfista profesional no existe convicción mayor más que la de permanecer arriba de la tabla. Un síntoma inequívoco de debilidad de carácter y de escasa confianza en la capacidad transformadora de las propias ideas. Pocas cosas describen mejor la decadencia política que ese reemplazo de la convicción por la especulación demoscópica. 

El cordobesismo

En ese sentido, Juan Schiaretti desde Córdoba, expresa quizá una de las formas más acabadas de esa esterilización del peronismo. No aparece como un enemigo frontal del peronismo, sino como su versión completamente adaptada al orden conservador; un peronismo administrativista, gestor, despojado de conflicto histórico, sin horizonte de liberación nacional y cuidadosamente moldeado para resultar previsible y confiable a los principales factores de poder económico de la provincia como la Fundación Mediterránea, los grandes grupos empresarios, los desarrollistas inmobiliarios y el complejo agroexportador. Y si el cordobesismo ha logrado conservar durante tanto tiempo la conducción de la Provincia, conviene no atribuirlo únicamente a sus virtudes electorales o de gestión, que las tiene. También expresa una relación de confianza construida con esos sectores, que encuentran en ese esquema una solvencia política que, a su juicio, difícilmente podría garantizar el radicalismo tradicional cordobés. Vistas las cosas en perspectiva, Cavallo, De la Sota y Schiaretti resultaron bastante más estables que Angeloz y Mestre; porque lograron construir un orden político más compatible con los intereses dominantes de la Córdoba contemporánea y, por eso mismo, mucho más difícil de reemplazar. 

Una concepción que acepta como dato inmodificable la estructura de poder económico existente y que, en consecuencia, administra sus efectos antes que discutir sus causas. Allí el desarrollo deja de pensarse desde el trabajo, la industria y el mercado interno para hacerlo desde la confianza de los grandes grupos económicos y la competitividad exportadora. Desde luego, sería mezquino desconocer que el cordobesismo desarrolló una notable capacidad para construir. A veces con una vocación casi faraónica. La proliferación de rutas, autovías, countries y grandes obras de infraestructura modificó efectivamente buena parte de la geografía provincial. La discusión no pasa por negar el hormigón, sino por preguntarse qué modelo de provincia y qué proyecto de país se edifican debajo de él. Lo cierto es que representan un regionalismo demagógico de buenos modales que preserva intactas las causas del estancamiento nacional.

Y así, la vieja aspiración peronista de construir una Nación socialmente justa, económicamente soberana y políticamente independiente va cediendo lugar a una cultura política mucho más modesta para las nuevas generaciones surgidas del aparato; conservar espacios de gestión, garantizar gobernabilidad y evitar que gobiernen otros.

Nada cambiará con un aviso de curva

Pero sería un error creer que esa tarea de domesticación sólo operó sobre las variantes más conservadoras o administrativistas del peronismo. Las usinas ideológicas del bloque antinacional también demostraron una notable capacidad para influir sobre sectores progresistas del propio campo nacional que se encontraban en los espacios de toma de decisión. No necesariamente para convertirlos en adversarios de sus propias convicciones o aliados políticos de sus intereses, al menos no directamente, sino para desplazar gradualmente el eje de sus preocupaciones, alterar el orden de prioridades del peronismo y fragmentar la agenda política común que históricamente había permitido articular a las grandes mayorías populares. Después de todo, en el esquema de alternancia partidaria, la polarización permanente rara vez perjudica a quienes concentran el poder político y su representación; por el contrario, suele favorecer a los extremos para consolidar identidades cerradas bajo una lógica espejada. Y así llegamos a elecciones de tres tercios y de una porción cada vez más significativa de argentinos que directamente dejó de ir a votar. La fragmentación avanzó tanto que ya ni siquiera alcanza para ordenar el desencanto; pero sí el control de una relativa centralidad. 

De ese modo, discusiones legítimas en sí mismas comenzaron muchas veces a ocupar el centro de la escena política mientras cuestiones estructurales vinculadas al trabajo, la producción, la soberanía económica o la distribución del ingreso perdían centralidad relativa. El resultado fue una creciente dificultad para construir síntesis amplias. Donde antes existía un lenguaje común capaz de integrar diversos sectores detrás de un proyecto nacional, comenzaron a multiplicarse identidades, sensibilidades y demandas cada vez más segmentadas.

La consecuencia política fue evidente. Un peronismo más fragmentado, más propenso a discutir entre sí las diferencias de sus propias tribus que a concentrar energías en la disputa contra los poderes permanentes de la Argentina y a trabajar sobre la persuasión de las mayorías amplias. Porque debilitar a un movimiento nacional no siempre requiere combatirlo de manera frontal; muchas veces alcanza con convencer a cada una de sus partes de que su causa particular es más importante que el destino común y la amalgama que las unía. Mientras tanto, el adversario histórico agradece la colaboración. De eso hablamos cuando hablamos de la omisión del aviso de curva. Tentarse con el queso y terminar cayendo en la trampa suele resultar mucho más fuerte que cualquier señal de advertencia. Nos referimos a la dificultad para reconocer cuándo se altera la jerarquía de los problemas y cuándo lo accesorio comienza a ocupar el lugar de lo principal. Los desvíos históricos rara vez se anuncian con estridencia; suelen producirse lentamente, mientras una fuerza política se aleja, casi sin advertirlo, de las tareas centrales de la causa nacional. 

Por el contrario, cuando una comunidad política acierta en la identificación de sus tareas principales, buena parte de las cuestiones secundarias encuentran resolución por añadidura. El problema comienza cuando se invierte ese orden y lo accesorio pretende organizar aquello que sólo puede ser conducido desde lo esencial. 

No deja de ser significativo, en ese sentido, que uno de los debates culturales más intensos y polarizantes de las últimas décadas —el aborto legal— haya adquirido centralidad parlamentaria justamente durante el gobierno de Mauricio Macri, que habilitó su tratamiento legislativo en 2018 aun manifestando públicamente su posición contraria. Entre esas escenas quedó registrada una particularmente simbólica; la de legisladoras del kirchnerismo fundidas en abrazos y lágrimas con Silvia Lospennato durante la histórica sesión por el aborto legal de 2018. La misma Lospennato que, poco tiempo después, sería una de las voces más activas del macrismo y titular de todos los proyectos parlamentarios de avanzar contra los fueros de Cristina Fernández de Kirchner. 

A veces la historia tiene estas ironías. Mientras algunos celebraban haber encontrado nuevas comunidades de sentido y afinidades emotivas inesperadas, otros seguían allí, tranquilos, observando desde una posición bastante más cómoda cómo el campo nacional consumía energías en sus propias fragmentaciones, desplazaba el foco sobre sus enemigos históricos y convertía las diferencias internas en el centro de la escena. Así, una parte de ese progresismo —formado muchas veces más por marcos teóricos importados que por la tradición histórica nacional, atravesado por cierta sensibilidad culposa de clase media y conducido por una dirigencia que fueron perdiendo de vista la cuestión nacional— terminó desarrollando una notable capacidad para identificar conflictos en la superficie de la sociedad mientras perdía progresivamente sensibilidad para reconocer los mecanismos profundos de dominación económica, cultural y política que organizan la vida argentina. Una paradoja curiosa. Cuanto más sofisticada se volvía su mirada sobre los síntomas, más dificultades parecía encontrar para identificar las causas.

Sospecho que una parte de la deriva que terminó en esta tragedia a la que asistimos comenzó cuando reemplazamos a Scalabrini Ortiz por los libros de Galeano. Pasamos de estudiar quién controlaba los ferrocarriles, los bancos y el comercio exterior a sentirnos muy conmovidos por las injusticias universales. Muchos empezaron a creer que la política era una extensión de la moral. Que los problemas históricos se resolvían distinguiendo entre buenos y malos, virtuosos y pecadores, conscientes e inconscientes. Como si bastara con ocupar el lugar correcto en cada discusión para que la realidad terminara ordenándose sola. 

Continúa en Parte 2

Por Mario Casalla

BUENOS AIRES (Especial para Punto Uno) Este mes de junio el día 17 descripto como del “Paso a la inmortalidad del General Güemes”, me trae recuerdos inmemorables. Por ejemplo, aquella primera noche de los fogones Velando a las Estrellas, muy conmovedora, por cierto. Corría el año 1972 y acababa de llegar a Salta en compañía de mi colega y amigo Rodolfo Kusch y ver aquello en vivo y en directo, recorrerlos, fue para mí muy emocionante. Acaso por eso en este miércoles bien güemesiano se me impuso escribir sobre el General Gaucho. Soy consciente también que escribir de historia entre salteños es un atrevimiento y un despropósito, hay allí excelentes historiadores profesionales. Tal por caso del Profesor Luis Oscar Colmenares, discípulo y corresponsal de Arnold Toynbee (a quien tuve el gusto de conocer y tratar en vida en la flamante UNSA). Pero no soy historiador profesional sino filósofo y el tema es –nada más ni nada menos- que el General Martín Miguel de Güemes. Es que no hay un sólo Güemes, sino que se trata de un héroe con múltiples facetas y -si bien todos lo veneran cada 17 de junio- las causas y consecuencias de esa veneración son bien distintas y saltan rápidamente a la vista y a la discusión, porque en temas de historia y de política también son casi todos los salteños muy dados al debate. Mucho más en estos tormentosos y singulares tiempos que corren. Pero Güemes no llegó al grado de General de golpe, sino que comenzó su carrera militar como Subteniente y aquí en Buenos Aires, don-de escribo ahora estas líneas amigo lector

*Antecedentes de un curioso episodio*

El primero que la contó masivamente en Buenos Aires fue el periodista e investigador Pastor Obligado, en su artículo “Güemes en Buenos Aires”, publicado por el vespertino “La Razón” el 12 de agosto de 1920 (precisamente el día en que Buenos Aires celebra su Reconquista de manos inglesas, en 1806). Al parecer el autor le envió una copia a Benita Campos, de Salta, quien lo reprodujo en el número 57 de la revista “Güemes” que ella misma dirigía (el 20 de febrero de 1921). El artículo de Pastor agregaba el nombre propio del protagonista de tan insólita historia: había sido el joven subteniente Martín Miguel de Güemes, a la sazón ayudante de Liniers, héroe de aquella Reconquista de la ciudad. Porque el relato original del hecho fue escrito por un capitán inglés hecho prisionero, Alejandro Gillespie, en sus memorias “Gleanings and remarks” publicadas en Londres en 1818. Lo que el capitán inglés no mencionó fue el nombre del joven Güemes como autor de aquella rara hazaña: ¡un buque de guerra de Su Majestad, tomado por una carga de caballería que se lo llevó por delante y obtuvo como trofeo su bandera de guerra! Un caso único en la historia naval. Ese buque era el mercante “Justina” que -rearmado por los ingleses con 26 cañones y tripulado por expertos oficiales y cien marineros de la escuadra- tuvo la mala suerte de quedar varado en la costa del Río de la Plata, frente mismo a lo que es hoy en Buenos Aires la estación Retiro. El mismo capitán inglés reconoce la importancia del Justina al rememorar: “El día de nuestra rendición peleó bien y con sus cañones impidió todos los movimientos de los españoles no solamente por la playa, sino en las diferentes calles que ocupaban, también expuestas a su fuego”. Y remata diciendo: “Este barco ofrece un fenómeno en los acontecimientos militares, el haber sido abordado y tomado por caballería, al terminar el 12 de agosto (de 1806), a causa de una bajante súbita del río”.

*Güemes, al galope porteño*

Al parecer el que se dio cuenta de lo que pasaba -mirando con su catalejo- fue el propio Liniers. El Justina estaba allí varado -roto su palo mayor por un cañonazo la noche anterior- como una presa a pedir de boca. Le devolvió entonces el catalejo a su joven ayudante, Martín Güemes, diciéndole: “Usted que anda siempre bien montado, galope por la orilla de la Alameda que ha de encontrar a Pueyrredón y comuníquele orden de avanzar soldados de caballería por la playa” Y por supuesto, el “bien montado”, partió como rayo hasta donde estaban los hombres de Pueyrredón; gauchos que tampoco se hicieron esperar y en minutos cargaron contra el barco. Al galope tendido -dice Pastor- “Con el agua al encuentro de sus caballos, rompían el fuego las tercerolas, cuando asomó el jefe (inglés), haciendo señas con un pañuelo blanco desde el alcázar de popa, rindiéndose”. Y no era precisamente bisoña la tripulación inglesa del Justina. Eran hombres estacionados en la isla de Santa Elena, fogueados y victoriosos en la lucha contra la marina de Napoleón que -al pasar por allí el almirante Pophan rumbo a Buenos Aires- se sumaron a la escuadra británica y fueron luego destinados al Justina. Pero los gauchos porteños de Pueyrredón, encabezados por el joven salteño Güemes, se hicieron aquella tarde con el triunfo. Paradoja de la historia, la carga de caballería fue cerca de los terrenos que ocupa hoy la llamada “Torre de los Ingleses” frente a la actual Plaza San Martín (réplica exacta de la de Londres, regalada por esa colectividad en 1910 a nuestra ciudad, que por dos veces invadieron y en ambas acabaron derrotados). Así que, si en su próxima visita a Buenos Aires pasea por la zona, o va a los restaurantes de moda en Puerto Madero, eche una mirada hacia el río y deje volar su imaginación. Cosa que Borges, vecino muy próximo, hacía también con frecuente y poética constancia. O bien puede llegarse hasta el templo de Santo Domingo (en Avenida Belgrano y Defensa, muy cerca de la Plaza de Mayo) donde encontrará las dos banderas del Regimiento 71 de Highlanders (que intervino en la primera invasión inglesa) y dos estandartes de la Marina Real Británica capturadas al invasor y ofrendadas por Liniers a la virgen del Rosario. Una de ellas -conocida como bandera del Retiro- es la que se tomó en el Justina rendido ante la carga de Güemes y sus gauchos porteños. Para más datos y detalles del caso, amigo lector, le revelo mi fuente histórica: la inapreciable colección “Güemes documentado” del Dr. Luis Güemes, completada por su hijo Francisco (tomo I, Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 71 a 81). O si va a Salta, tome contacto con alguno de los muy buenos historiadores que conocen estos hechos al detalle y podrán ampliarlos con toda propiedad. Porque como le dije, los salteños en temas de historia, política y música son tan versados como polémicos.

Una estrategia de fragmentación y subordinación de Milei a los dictados de Washington.

Por Gabriel Fuks (*)

El acuerdo bilateral firmado entre la Argentina y los Estados Unidos —el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés)— no es un hecho aislado ni meramente comercial. Es, en realidad, un capítulo más de una discusión de fondo: el intento de redefinir, y en última instancia erosionar, el proyecto de integración regional que representa el Mercosur.

El debate no puede separarse del contexto político en el que se inscribe. La profundización del vínculo con Estados Unidos se produce en paralelo a un respaldo financiero directo: en octubre de 2025, el Tesoro estadounidense anunció un acuerdo de intercambio de divisas (swap) por 20.000 millones de dólares para apoyar a la Argentina, bajo la administración de Scott Bessent. Ese acompañamiento no es neutro: forma parte de una estrategia de alineamiento que excede lo económico y se proyecta sobre la política exterior y comercial del país.

En ese marco, el ARTI introduce compromisos que, por su alcance y profundidad, obligan a preguntarse si la Argentina puede avanzar unilateralmente sin afectar los acuerdos fundacionales del Mercosur.

No se trata de una objeción ideológica. Es una cuestión institucional y jurídica. El Mercosur se estructuró sobre principios claros: la construcción de una unión aduanera, la existencia de un arancel externo común (AEC) y la definición de una política comercial conjunta frente a terceros Estados. Estos pilares no son accesorios. Son la base operativa del bloque y el mecanismo que le permite actuar como un actor económico relevante.

El ARTI, en cambio, avanza en sentido inverso. Establece compromisos arancelarios preferenciales, esquemas de acceso a mercado y obligaciones regulatorias que podrían alterar la uniformidad del AEC. En términos concretos, habilita la posibilidad de que bienes provenientes de Estados Unidos ingresen en condiciones diferenciadas, lo que abre la puerta a fenómenos de desviación de comercio y triangulación a través del territorio argentino hacia el resto del bloque.

Para mitigar estos efectos, el sistema requeriría reglas de origen mucho más estrictas y controles aduaneros reforzados, lo que en la práctica tensiona la lógica de libre circulación interna que define a una unión aduanera. Es decir, el propio funcionamiento del Mercosur se vería obligado a reconfigurarse para absorber los efectos de una decisión unilateral.

El problema no se limita a lo arancelario. El acuerdo incorpora compromisos en materia regulatoria, estándares técnicos, propiedad intelectual y comercio digital que pueden generar inconsistencias con la normativa regional vigente. En particular, los mecanismos de reconocimiento de estándares externos y ciertas obligaciones de convergencia normativa pueden afectar la coherencia regulatoria construida entre los Estados miembros.

En algunos casos, incluso, se establecen esquemas de alineamiento con políticas adoptadas por los Estados Unidos en materia de controles comerciales y seguridad económica. Este tipo de cláusulas introduce un condicionamiento indirecto sobre la política externa y comercial argentina, con posibles efectos sobre el conjunto del bloque.

En ese contexto, el interrogante es inevitable: ¿puede un Estado miembro asumir este tipo de compromisos sin afectar la lógica de actuación conjunta que define al Mercosur?

La respuesta requiere una instancia institucional que ordene el análisis. Y ahí aparece el Tribunal Permanente de Revisión (TPR), el órgano encargado de interpretar el derecho del bloque y garantizar su coherencia.

El TPR cuenta con la facultad de emitir opiniones consultivas a pedido de órganos legitimados, entre ellos el Parlamento del Mercosur. Estas opiniones, aun sin carácter vinculante, cumplen una función central: establecer criterios interpretativos comunes, prevenir conflictos y evitar que cada Estado avance con lecturas propias que fragmenten el sistema jurídico regional.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, el TPR ha sido utilizado en muy pocas oportunidades para abordar controversias de esta complejidad. Esa subutilización no responde a una falta de herramientas, sino a la dificultad política del bloque para procesar sus tensiones. Justamente por eso, este es el tipo de casos para los cuales fue concebido.

En la última sesión del Parlamento del Mercosur, realizada en Montevideo, se aprobó una resolución que, entre otros puntos, solicita la elevación de una consulta al TPR para analizar la compatibilidad del ARTI con el orden jurídico regional. La decisión no fue menor: fue el resultado de una discusión política concreta sobre cómo encauzar institucionalmente un tema que, de otro modo, quedaría librado a interpretaciones fragmentadas.

El Parlamento aparece, en este contexto, como un actor clave. Los Estados difícilmente impulsen un litigio formal en un escenario de tensiones crecientes, y los particulares no tienen acceso directo al sistema. El Parlasur queda así como el único canal institucional disponible para activar el mecanismo consultivo y vincular la discusión política con la interpretación jurídica.

Pero el punto de fondo es político. El avance de acuerdos bilaterales de esta naturaleza no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una estrategia más amplia del gobierno argentino.

El presidente Javier Milei ha sido explícito en su posición. Ha definido al Mercosur como un obstáculo para el desarrollo argentino y ha planteado la posibilidad de avanzar por fuera del bloque: “Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos”, sostuvo. En la misma línea, afirmó que el Mercosur es “un escollo” y que buscará “ponerle fin a lo que consideramos una inercia destructiva”, advirtiendo que “está en nuestros socios decidir si van a acompañar el camino que hemos elegido”.

Estas definiciones se traducen en hechos. En 2024, el mandatario argentino se ausentó de la cumbre de presidentes del Mercosur para participar de un encuentro internacional de sectores de derecha en Brasil, en abierta tensión con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. A eso se suman el recorte de financiamiento y el intento de vaciar la participación argentina en el Parlamento del Mercosur.

El ARTI debe leerse en ese contexto. No es solo un acuerdo comercial: es parte de una política de desarticulación progresiva del Mercosur, que combina decisiones unilaterales, desinversión institucional y redefinición del alineamiento internacional.

Además, implica una decisión estratégica de subordinación a los lineamientos de la política exterior y comercial de los Estados Unidos, en un escenario global marcado por el endurecimiento de su estrategia geoeconómica. Durante la administración de Donald Trump, esa orientación se expresó en la aceleración de la guerra comercial con China, así como en tensiones crecientes con Europa, India y otras potencias. Ese patrón no ha desaparecido: persiste como lógica de acción en la disputa por el orden económico internacional.

Este alineamiento no es únicamente comercial. También se inscribe en el plano político y geopolítico. La estrecha relación de Estados Unidos con Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, ha encontrado en el gobierno argentino una adhesión que en muchos casos se ha traducido en gestos sobreactuados por parte del presidente. En ese contexto, Javier Milei ha inscripto a la Argentina en un peligrosísimo derrotero: el de ubicar al país en escenarios de conflicto ajenos, abandonando una tradición histórica de política exterior basada en la neutralidad y la búsqueda de equilibrio.

Existen antecedentes que muestran otro camino posible. En la Unión Europea, acuerdos de gran envergadura —como el propio entendimiento con el Mercosur, tras más de veintiséis años de negociación— fueron sometidos a instancias de revisión jurídica antes de su implementación. No para bloquearlos, sino para garantizar su coherencia con el derecho comunitario.

Si ese estándar es válido en Europa, resulta razonable que también lo sea en el Mercosur. No se trata de impedir acuerdos, sino de blindar que las decisiones nacionales no vulneren los compromisos regionales.

El Mercosur no es únicamente un esquema comercial. Es un proyecto político, económico y social que busca construir capacidades colectivas en un contexto internacional cada vez más competitivo. Es, en definitiva, una herramienta para ampliar márgenes de autonomía.

Lo que está en juego con el ARTI no es solo su contenido específico. Es el sentido mismo del bloque.

Sostener el Mercosur como proyecto implica defender algo más amplio: el regionalismo y la soberanía como opciones posibles en un mundo atravesado por relaciones de poder profundamente asimétricas.

Frente a una estrategia que apuesta a la fragmentación, al alineamiento unilateral y a la subordinación a intereses externos, la respuesta no puede ser el repliegue. La única alternativa real sigue siendo profundizar la integración.

La unión latinoamericana —en términos económicos, políticos y culturales— no es una consigna abstracta. Es el único instrumento capaz de garantizar la independencia y la soberanía de nuestros pueblos en el siglo XXI. Y es precisamente ese horizonte el que hoy está en disputa.

* Gabriel Fuks fue embajador argentino en Ecuador durante el Gobierno de Alberto Fernández, presidente de Cascos Blancos en 2003-2013, secretario de Seguridad Federal en 2019-2021 y diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente es Parlamentario del Mercosur.

Por MG Facundo Muciaccia

El legado de la dictadura en la democracia

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar que inauguró el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la sociedad argentina se enfrenta a una paradoja inquietante: la vigencia de las bases ideológicas, económicas y subjetivas de aquel régimen en pleno siglo XXI. A pesar de más de cuatro décadas de democracia, los sesgos estructurales impuestos por la última dictadura no solo persisten, sino que se manifiestan en instituciones que dicen representar la voluntad popular, en el modelo económico, en la desorganización política y en la construcción de una idea de Nación subordinada que impulsan ciertos centros de poder mediático y think tanks.

Una herida abierta: la subjetividad del terror

Las marcas del terrorismo de Estado no son solo un capítulo del pasado. Están grabadas en la piel de las víctimas y en la subjetividad de distintas generaciones de argentinos. Esas marcas adoptan matices que van desde la cultura rentística —que prioriza la especulación financiera por sobre el trabajo productivo— hasta la miseria planificada. En 43 años de democracia, salvo por breves períodos de anomalía positiva en el sistema político, no se ha logrado erradicar la pobreza estructural. Esto evidencia que la lógica fundacional del terrorismo de Estado sigue vigente como dispositivo de disciplinamiento social y económico.

El rol de las organizaciones libres del pueblo

Mientras gran parte del sistema político callaba o incluso remataba el patrimonio nacional acumulado por el esfuerzo de generaciones, fueron las organizaciones libres del pueblo —organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales— las que sostuvieron la batalla política, cultural y social por la memoria, la verdad y la justicia.

Hubo que esperar hasta el siglo XXI para que, desde el Justicialismo y con la firmeza del presidente Néstor Kirchner, se revaloriza a esas organizaciones y se profundizaron las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Democracia con justicia social: una necesidad acuciante

Hoy, fortalecer esas organizaciones y construir horizontes colectivos resulta imprescindible. No se trata de cualquier democracia. No podemos conformarnos con una democracia de la simulación, que funcione bajo la ficción de la igualdad mientras consagra la desigualdad de las grandes mayorías. Aspiramos a una democracia con justicia social, que permita abrir nuevos horizontes para una patria más justa, en memoria de las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos que dieron su vida por ese anhelo.

Más que una consigna, construir una democracia con justicia social es una necesidad acuciante.

Las normas de la dictadura que aún nos gobiernan

Una de las expresiones más concretas de la continuidad del proyecto de la dictadura es la vigencia de más de 300 normas sancionadas entre 1976 y 1983. Estas leyes no son piezas de museo: son herramientas activas que estructuran la economía, el sistema financiero, la seguridad y la explotación de los recursos naturales. Algunas de las más emblemáticas son:

· Ley de entidades financieras (21.526): sancionada el 4 de febrero de 1977. Central en la conformación del sistema financiero especulativo.

· Ley de descentralización de depósitos (21.495): vigente desde el 17 de enero de 1977. Fragmentó la capacidad de gestión estatal.

· Ley de desregulación de la actividad portuaria (24.093): del 3 de junio de 1992. Desprotegió una estructura vital para el resguardo de nuestra plataforma marítima, una de las más extensas del mundo.

· Ley de minería (24.228): vigente desde el 6 de mayo de 1993. Abrió el territorio a la explotación extractiva sin resguardar los intereses estratégicos nacionales.

· Tratado de Madrid (1990): declaración conjunta argentino-británica del 16 de febrero de 1990. Su influencia excede la cuestión Malvinas, condicionando el desarrollo marítimo y la industria naval.

Propuesta: derogar los acuerdos y leyes neocoloniales

Ante este panorama, resulta impostergable concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de derogar estas leyes y acuerdos neocoloniales. No se trata de una revisión meramente técnica, sino de un acto de soberanía popular. Derogar estas normas es avanzar en el desmantelamiento de la estructura jurídica que la dictadura y sus continuadores neoliberales impusieron para subordinar los intereses nacionales a los del capital concentrado y las potencias extranjeras.

Por una patria con memoria, verdad, justicia y soberanía

La Memoria, la Verdad y la Justicia no son sólo categorías vinculadas al pasado. Son herramientas de lucha en el presente. A 50 años del golpe cívico-militar, reivindicamos la resistencia de las organizaciones populares, honramos a quienes dieron su vida por una patria más justa y asumimos el compromiso de construir una democracia genuina: con justicia social, soberanía económica y plena vigencia de los derechos humanos.

Enlace: https://www.cedesarrollointegral.com/post/a-50-a%C3%B1os-del-golpe-c%C3%ADvico-militar-democracia-sin-justicia-social-es-una-deuda-pendiente

Por Antonio Montagna

En la Argentina actual, donde el Estado mínimo se ha convertido en la “tabla de salvación” de la “gente de bien” después de años de desilusión y fracaso, y las planillas de cálculo dictan sentencias de exclusión; en esta Argentina donde la justicia social se ha convertido en una aberración según el ideario gobernante, las cifras de despidos en el sector público (más de 60.000 bajas desde que asumió el gobierno) y la informalidad creciente no son meros datos macroeconómicos. Son grietas en la biografía de miles. Cuando la “motosierra” corta no solo un contrato, sino un modo de vida, la política tradicional enmudece. Comprender qué sucede cuando nos quedamos a la intemperie, y cómo es posible responder cuando el 50% de la economía es informal no es tarea fácil, a veces nos invade una angustia paralizante que debilita nuestras fuerzas vitales. Pero detenerse y bajar los brazos es renunciar al futuro, y a eso jamás hay que renunciar. La vida es lucha, y un alto en el camino solo se permite si es para tomar envión, sino es caer derrotado.

I -La ruptura del mundo: El diagnóstico de Heidegger

Pensemos en Marcelo (52 años), un profesional que ha trabajado veinte años en el Ministerio de Desarrollo Social. Su identidad estaba fusionada con su función: él era el Estado presente. Su tarea contribuía a mejorar la calidad de vida en barrios populares. Pero tras la llegada de la administración Milei, su área fue degradada y su contrato rescindido.

Marcelo no solo pierde un sueldo. Martin Heidegger, en su obra cumbre Ser y Tiempo (Sein und Zeit ), nos permite ver la profundidad de su herida.

El ser humano, o Dasein, vive inmerso en una “totalidad de útiles”.

“Nosotros llamaremos al ente que comparece en la ocupación el útil [Zeug]…Es necesario determinar el modo de ser de los útiles, y esto habrá de hacerse tomando como hilo conductor la previa delimitación de lo que hace del útil un útil, de su “pragmaticidad” [Zeughaftigkeit]…Un útil no “es”, en rigor, jamás. Al ser del útil le pertenece siempre y cada vez un todo de útiles [Zeugganzes], en el que el útil puede ser el útil que él es.”[1]

Heidegger nos explica que nuestra relación con el mundo es de “estar a la mano”. Es decir, cuando las cosas funcionan tan bien se vuelven invisibles y se convierten en parte de nosotros. “Estar a la mano” significa que el objeto no nos estorba. No está “ahí enfrente” como un obstáculo, sino que fluye con nosotros. Es útil, dócil y silencioso. Somos uno con la herramienta.

Vivimos la mayor parte de nuestra vida en este estado. Confiamos en el mundo. El suelo nos sostiene (y no lo miramos), la silla nos aguanta (y no la revisamos antes de sentarnos), el aire entra en los pulmones.

El mundo, cuando funciona, es transparente. Las cosas están “a la mano” porque están listas para ser usadas sin que tengamos que pensar en ellas.

“El modo de ser del útil en que éste se manifiesta desde él mismo, lo llamamos el estar a la mano [Zuhandenheit]. Sólo porque el útil tiene este “ser-en-si” y no se limita a encontrarse ahí delante, es disponible y “manejable”, en el más amplio sentido”.[2]

El expediente, el escritorio, la computadora, el teléfono que utilizaba para llamar al referente de un barrio y la credencial no eran objetos: eran la red de significados que sostenía la realidad de Marcelo. Al ser despedido, esa red se rompe. El edificio del ministerio deja de ser un “lugar de trabajo” y se vuelve una masa de hormigón hostil, presente ante los ojos pero cerrada a su existencia.

Peor aún, Marcelo sufre la crisis del “Uno” (Das Man), ese guion invisible que todos seguimos sin darnos cuenta para sentirnos seguros. Es esa voz anónima que dicta “lo que se hace”, “lo que se dice” y “lo que se piensa”: uno se viste así, uno saluda así, y fundamentalmente, “uno trabaja”. Mientras “formamos parte”, vivimos tranquilos y nos dejamos llevar por la corriente de la normalidad.

“Gozamos y nos divertimos como se goza; leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga; pero también nos apartamos del ‘montón’ como se debe hacer; encontramos ‘irritante’ lo que se debe encontrar irritante. El ‘uno’, que no es nadie determinado y que son todos (pero no como suma de ellos), prescribe el modo de ser de la cotidianidad”.[3]

Pero resulta que Marcelo ya no “forma parte” y el discurso social dominante ahora lo etiqueta como un “gasto” que se ahorra en el Estado para que se viva mejor. Ahora es la “casta” que se pagaba con los impuestos. El “Uno”, que antes validaba su labor, ahora lo señala y lo acusa. Esto precipita a Marcelo en la “Angustia”.

Pero esta Angustia no es Miedo, sensaciones que parecen iguales pero que son opuestas.

El Miedo siempre tiene cara y apellido. Marcelo tiene miedo de que llegue la factura de luz y no poder pagarla. Tiene miedo de que sus hijos le pidan zapatillas nuevas. El miedo es concreto: es como ver un perro rabioso enfrente; sabes que tenés que escapar.

Pero la Angustia es otra cosa. Es lo que siente Marcelo un lunes temprano tomando unos mates con la casa en silencio. No hay facturas sobre la mesa, no hay nadie gritando. Todo está tranquilo. Y sin embargo, siente que el suelo desaparece bajo sus pies.

La Angustia es esa sensación repentina de extrañeza total. Marcelo mira su cocina donde habitualmente desayuna y le parece un decorado de cine ajeno. Mira sus manos y no sabe bien para qué sirven ahora que no tiene que sacar su credencial ni escribir informes. No está angustiado por “algo” (como el dinero); está angustiado por la nada.

Es la sensación de vértigo absoluto de quien se da cuenta de que el guion de su vida se borró. El mundo sigue ahí, los árboles siguen ahí, pero han perdido el sentido. Ya nada le indica qué hacer. Esa niebla que hace que todo dé lo mismo, ese silencio ensordecedor que te grita “¿y ahora quién eres?”, eso es la Angustia.

“En la angustia uno se siente “desazonado”…La familiaridad cotidiana se derrumba. El Dasein queda aislado, pero aislado en cuanto estar-en-el-mundo. El estar-en cobra “modo” existencial del no-estar-en-casa [Un-zuhause]. Es lo que se quiere decir al hablar de “desazón” [Unheimlichkeit]”.[4]

Literalmente, Unheimlich significa terrible, pero etimológicamente quiere decir: “que no tiene hogar”. Lo terrible de la angustia de Marcelo es que está fuera de todo lugar, no tiene morada, no tiene donde estar. Para el despedido, el país mismo se vuelve un lugar extraño. La desocupación aquí es la experiencia radical de la nada: el Estado se retira, y el Dasein queda suspendido en el vacío.

II. La provocación nietzscheana: El fin de la domesticación

Sin embargo, si somos capaces de sostener la mirada en ese abismo sin pestañear, aparece una segunda lectura, menos lúgubre y mucho más provocadora. Justo allí, en esa inactividad que angustia a Marcelo, Friedrich Nietzsche vería una oportunidad feroz.

En su obra Aurora[5], Nietzsche lanza una sospecha incómoda contra los “apologistas del trabajo”. El filósofo define al trabajo incesante y rutinario como “la mejor policía”. Su función oculta, dice, es mantener a la gente con el “collar puesto”, consumiendo toda su energía nerviosa en la fatiga diaria para que no les quede fuerza ni tiempo para pensar, para soñar o para preocuparse por sí mismo.

Bajo esta luz, la angustia de Marcelo adquiere otro matiz. Ese “vértigo” que siente no es solo por la falta de dinero; es el síndrome de abstinencia de quien ha dejado de estar vigilado. El sistema de “policía social” que lo mantenía dócil y cansado —demasiado agotado para cuestionar su vida— ha desaparecido de golpe. Las cadenas invisibles de la fatiga se han roto. Lo que Marcelo experimenta como una caída es, en la brutal óptica nietzscheana, el despertar de una libertad peligrosa: la de un animal al que, repentinamente, le han abierto la jaula.

Es aquí donde los caminos se bifurcan y el desamparo puede ser un combustible. Pensemos en Sofía (30 años), ex contratada de una secretaría desguazada. Al recibir la noticia, no se hunde en la cama; siente que la sangre le hierve. En lugar de depresión, lo que la inunda es una rabia lúcida. Sin saberlo, Sofía está protagonizando en tiempo real lo que Nietzsche narró como “De las tres transformaciones” en la Primera Parte de Así habló Zaratustra[6].

Hasta ayer, Sofía era el Camello. Soportaba la carga: la incertidumbre de un contrato que demoraba en firmarse, la farsa de un SEP para garantizar su saber, la burocracia kafkiana y el pesado “Tú debes” institucional, arrodillada ante la promesa de una estabilidad que nunca llegó. Pero el despido brutal funciona como un reactivo químico. Es el momento de la metamorfosis en León. El León es el espíritu que conquista su libertad, el que se atreve a rugir un “Yo quiero” frente al gran dragón de los valores establecidos. Sofía ya no pide permiso; la expulsión del sistema la ha liberado de la obediencia debida.

Sin embargo, quedarse en la furia del León no basta (la pura queja política es estéril). El desafío final de Sofía es avanzar hacia el Niño: “inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma”. Su tarea no es añorar el puesto perdido, sino inventar un juego nuevo donde ella ponga las reglas. Su apuesta es a crear.

Esto exige una disposición anímica radical que Nietzsche llama Amor Fati (Amor del destino), concepto central de La Gaya Ciencia[7]. No se trata de la resignación pasiva del estoico (”soporto el ajuste porque no queda otra”), sino de una aceptación activa y voraz. Es mirar el caos de la economía y decir: “Así lo quise”. Es utilizar la energía del derrumbe no para reconstruir las ruinas, sino para esculpir una vida nueva bajo la consigna de: “¡vivir peligrosamente! ¡Construid vuestras ciudades sobre el Vesubio! ¡Enviad vuestros navíos hacia mares no explorados! ¡Vivid en guerra con vuestros pares y con vosotros mismos! ¡Sed bandidos y conquistadores mientras no podáis ser dominadores y poseedores, hombres del conocimiento!…”[8]

III. El límite de la individualidad

La metamorfosis existencial, esta “libertad peligrosa” del León que se libera del Camello, es la verdadera potencia que nace de la ruina. Pero el pensador siempre debe preguntar: ¿dónde ocurre este devenir? Este cambio de piel no sucede en la calma de un monasterio, sino en la intemperie económica, donde la única red de contención ha sido cortada.

Aquí radica un problema insalvable en la receta nietzscheana tradicional si se aplica ingenuamente. Sofía no vive en la montaña de Zaratustra, sino en un conurbano donde la política institucional agoniza y la precariedad es la norma. La libertad que descubre el despedido, cuando no está sostenida por una comunidad, es simplemente abandono estatal.

Pedirle a un desocupado que se “reinvente” individualmente en un mercado devastado es, a menudo, una crueldad neoliberal disfrazada de filosofía. El “Nihilismo Activo” individual es imposible si el tejido social está roto. La individualidad radical, en la Argentina de la crisis, no es el Übermensch (superhombre) nietzscheano; es solo una presa fácil en el desierto.

Es justo ante este muro de realidad donde la filosofía del “salto solitario” muestra su fractura. Para no caer en la hipocresía de exigir heroísmo a quien no tiene para comer, debemos realizar un repliegue táctico en estas líneas. Debemos volver a Heidegger, pero no al que nos dejó angustiados como aquél “que no tiene hogar”, sino a uno que a menudo olvidamos leer y que tiene la clave política para este momento.

IV. Conclusión: Politizar la intemperie

En el mismo Capítulo IV de Ser y Tiempo, específicamente en el §26[9], Heidegger desmantela la ilusión del “salvarse solo”. Nos dice que el Dasein no es un sujeto aislado que después decide juntarse con otros. Por el contrario, nuestra estructura fundamental es el Mitsein (coestar). Antes de decir “Yo”, ya estamos diciendo “Nosotros”. No existimos solos; existimos con otros, para otros o contra otros, pero nunca sin ellos.

Si la “política” de arriba (la institucional) ha muerto y el “mercado” (la salida individual) nos expulsa, lo único que queda en pie es este coestar originario. La verdadera reconversión en tiempos de intemperie no es técnica ni económica, es vincular. Cuando Sofía descubre que su rugido de león solitario se pierde en el ruido del conurbano, comprende que la única forma de que ese rugido se escuche es volviéndolo un grito colectivo.

En tiempos de derrumbe y fragmentación, la salida no es volverse un emprendedor de sí mismo (el León solitario), sino construir una comunidad de destino.

Pero antes de llegar al final, debemos detenernos en una palabra que suele causar confusión: el Cuidado (o la Cura, que en alemán Heidegger llama Sorge).[10]

Para el lector desprevenido, ‘Cuidado’ suena a enfermería, a una madre protegiendo a su hijo o a un médico atendiendo un paciente. En Heidegger, el concepto es mucho más áspero y radical.

Imaginemos una piedra en el camino. La piedra simplemente ‘está’. No le preocupa si va a llover, no tiene planes para mañana, no tiene miedo de romperse. La piedra carece de mundo. Ahora pensemos en Marcelo o Sofía. Ellos no pueden simplemente ‘estar’. Tienen que pagar el alquiler, tienen que decidir qué comer, tienen que anticipar el futuro.

El Cuidado es el nombre que Heidegger le da a esa inquietud estructural. Significa que la vida humana es una carga que hay que sostener todo el tiempo. Vivir es tener que ocuparse de la propia vida, porque la vida no se hace sola. Siempre estamos ‘pre-ocupados’, lanzados hacia adelante, tratando de asegurar nuestra existencia.

La nota del traductor del texto que estamos trabajando en estos párrafos dice así: “El cuidado debe ser entendido en este contexto en el sentido del conjunto de disposiciones que constituyen el existir humano: un cierto mirar hacia delante, un atenerse a la situación en que ya se está, un habérselas con los entes en medio de los cuales uno se encuentra. En efecto, cuando se hace algo con “cuidado” se está vuelto hacia lo que viene en el futuro inmediato, hacia lo que hay que hacer; pero, a la vez, se está arraigado en la concretísima situación en la que ya nos movemos en cada caso. Además, en estas dos disposiciones se está en contacto con las cosas en medio de las cuales nos encontramos.”[11]

El drama del desocupado es que esa maquinaria del Cuidado —ese motor interno que nos obliga a hacer cosas— sigue funcionando a toda velocidad, pero se le ha quitado el engranaje. Marcelo sigue teniendo la necesidad ontológica de ‘ocuparse’ (de proyectarse al futuro), pero el mercado le ha quitado la herramienta (el trabajo) para hacerlo. Su motor gira en el vacío, y eso es lo que quema.

Por eso, si ese motor del Cuidado no puede empujar el carro del empleo formal, debemos conectarlo urgentemente a otro vehículo —el colectivo— para que no reviente el motor.

Si el Cuidado ya no puede aplicarse al trabajo asalariado, debe desplazarse hacia el Mitsein (coestar): el cuidado mutuo en la red barrial, en la economía popular, en la cooperativa, en la olla común.

El nihilismo activo hoy es mirar la precariedad a la cara y decir: “Este desierto es nuestro. No vamos a perecer en él solos, vamos a organizarlo juntos”. La reconversión también es existencial: es entender que la seguridad del siglo XX ha muerto, y que la única forma de habitar el peligro sin ser devorados es transformando la angustia solitaria en potencia colectiva.

[1] Heidegger, M.- Ser y Tiempo. Madrid. Editorial Trotta, 2018, p 90

[2] Heidegger, M.- Ser y Tiempo. Madrid. Editorial Trotta, 2018, p 91

[3] Heidegger, M.- Ser y Tiempo. Madrid. Editorial Trotta, 2018, p 146

[4] Heidegger, M.- Ser y Tiempo. Madrid. Editorial Trotta, 2018, p 207

[5] Nietzsche, F.- Obras completas. Volumen III – Aurora. Libro III §173.- España. Editorial Tecnos, 2016, p.580

[6] Nietzsche, F.- Obras completas. Volumen IV – Aurora. Así habló Zaratustra.- España. Editorial Tecnos, 2016, p.83-84

[7] Nietzsche, F.- Obras completas. Volumen III – La gaya ciencia.- España. Editorial Tecnos, 2016, p.829

[8] Nietzsche, F.- Obras completas. Volumen III – La gaya ciencia.- España. Editorial Tecnos, 2016, p.832

[9] Heidegger, M.- Ser y Tiempo. Madrid. Editorial Trotta, 2018, p 139

[10] Heidegger, M.- Ser y Tiempo. Madrid. Editorial Trotta, 2018, p 209-214

[11] Heidegger, M.- Ser y Tiempo. Madrid. Editorial Trotta, 2018, p 479

Por Alejandro Slokar*

El presente de nuestra latitud se dibuja desde un pergamino de potencias, despojo y represión. Dos grandes mareas —la revolución mercantil del siglo XVI y la industrial del XVIII— nos legaron el mapa jerárquico del mundo. Desde entonces, el colonialismo y su recomposición neocolonial operaron con el método más antiguo: expulsión, trabajo forzado, disciplinamiento de cuerpos y territorios. De esa matriz provino una expropiación eco-biopolítica que convirtió al Sur en zona de sacrificio: patio trasero, cantera, sumidero. Hoy esa gramática se actualiza con disfraz reluciente: un tardocolonialismo 4.0, transhumanista y algorítmico, que encubre la vieja coacción con nueva pulcritud técnica y reinstala, en versión “smart”, la tríada depredación, degradación y violencia.

Ante semejante evidencia, el léxico convencional de los Derechos Humanos —abstracto, universalista, casi de laboratorio— hace tiempo acusa su fatiga: promete más de lo que cumple y enuncia sin transformar. Si la realidad es concreta, la teoría que pretenda interpelarla debe abandonar la torre de cristal y descender al terreno. Ello reclama un gesto epistémico subversivo: reponer la mirada desde el margen situado, desde las propias heridas. No es el Norte el hacedor autorizado de las definiciones; su todavía centralidad geopolítica no legitima el monopolio semántico. Peor, si los criterios de medición quedan capturados por élites tecno-financieras. Las devastaciones estructurales —guerras asimétricas, expoliación económica, miseria programada— se volverán sombras que el sistema nunca pasa a registrar.

De contrario, la política de los vulnerados exige un cosmopolitismo de abajo: no el universalismo vacío del mármol, sino el que emerge de la multitud que resiste. Llamemos a las cosas por su nombre: mercado sin límites, fetichismo tecnocrático, colonialismo reciclado, patriarcado persistente. El idioma tradicional y desecado de los Derechos Humanos —monocultural, individualista— tiende a imaginar una “naturaleza humana” separada del mundo que la sostiene. Ese espejismo lava las manos del sistema que lo produce. La reconstrucción demanda un plural de mundos: la diversidad epistémica como principio de realidad. La memoria de las indignidades no es nostalgia: es prueba de cargo. Sin ella, la teoría se vuelve retórica vacía.

Y cambiar el ángulo importa tanto como cambiar el contenido. Si invertimos la cámara, la historia de los Derechos Humanos no empieza en las iluminaciones norcéntricas, sino en las sombras que las rodean: masacres fundacionales, economías del látigo, soberanías hipotecadas. El crimen de los poderosos no es una anomalía sino una constante que elabora sus propios dispositivos de invisibilización. Allí se prueba que la barbarie no acompaña a la civilización como accidente: la constituye. Y la consustancial herramienta del poder punitivo, como siempre nos enseñó Zaffaroni, conserva la tentación estructural del exterminio. Racismo, clasismo y sexismo no son manchas sobre una tela blanca, sino los hilos con que se tejió la trama. Y, sin embargo, el Norte persiste en leer al mundo como espejo que le devuelve su rostro, de modo que todo lo demás aparece siempre como borrador o un derivado.

Desde este confín no sólo es posible sino urgente ensayar la dislocación necesaria: producir una contraimagen de los Derechos Humanos con materiales de nuestra experiencia, de modo de impedir el “epistemicidio”. Hay que volver contables las lesiones: mortalidad infantil, expectativa de vida, aire y agua respirables, alimento suficiente, acceso real a salud y recreación, empleo digno. No son consignas, son pericias de verificación para un derecho que pretenda eficacia.

La tarea es doble: recuperar la vocación emancipatoria del lenguaje de derechos y, a la vez, reconocer las micro-tácticas de supervivencia que ya operan, invisibles al ojo unipolar. Cinco siglos de colonización —y un tecnoceno que convierte al planeta en probeta psiquiátrica— obligan a actualizar el mapa fundacional y a dibujar uno propio, con brújula situada. La nueva narrativa jurídica que rescate lo humano y lo viviente no es un lujo de cátedra: es un programa de emergencia. Si queremos que el derecho sea algo más que mera geometría del poder, habrá que devolverle espesor histórico y vocación de inmediato remedio. Sólo entonces dejará de ser promesa y la palabra “humano” volverá a tener entidad.

*Juez y profesor titular UBA/UNLP

Por el Colegio Púbico de la Abogacía de la Capital Federal

El mundo del trabajo actual requiere marcos normativos que brinden certidumbre y previsibilidad, así como la adecuación a los profundos cambios tecnológicos de sociedad en que vivimos. El propósito del gobierno expresado en la nota de elevación del proyecto de reforma laboral, es el de modernizar la legislación del trabajo, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica entre trabajadores/as y empleadores/as.

Empero, resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los/as trabajadores/as.

Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores/as y empleadores/as, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente.

Es preciso que la reforma propuesta no vacíe de contenido el rol compensador del Derecho del Trabajo, ni debilite sus principios. Una reforma de carácter regresivo que soslaye estas asimetrías, desmerezca el rol de la negociación colectiva y prescinda del diálogo social tripartito, lejos de promover el empleo decente, fomentará la judicialización y aumentará la inseguridad jurídica, desalentando el anclaje de inversiones y perjudicando a la actividad productiva.

Cabe señalar asimismo que es deber institucional de los tribunales inferiores seguir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no puede imponerse por vía legal en materia laboral, pues afecta la independencia judicial. En otro orden de ideas, es deber de este Colegio señalar que no puede menoscabarse la tarea de los/as abogados/as mediante la imposición de riesgos derivados de su actuación profesional o bien reduciendo injustificadamente sus honorarios.  

Existe un reclamo ciudadano por una reforma laboral que elimine trabas para el desarrollo productivo y que actualice una legislación pretérita frente a los requerimientos de la sociedad actual; pero el Colegio Público de la Abogacía entiende que los/as señores/as legisladores/as deben ejercer su responsabilidad con apego estricto a los principios constitucionales, entendiendo que solo el respeto a la dignidad del trabajo humano permitirá construir una reforma moderna y sostenible.

Enlace: https://www.cpacf.org.ar/noticia/6632/respetar-la-constitucion

Por Gustavo Matías Terzaga * 

“La Argentina atraviesa una crisis estructural que no es un ciclo más, sino el resultado de un proceso de demolición nacional iniciado el 24 de marzo de 1976, cuando se destruyeron los cimientos de un proyecto industrial soberano y se subordinó la economía al capital financiero internacional”.

El 20 de noviembre de 1845 es una marca ardiente más de la voluntad argentina de no ser colonia. Allí, en las aguas oscuras del Paraná, la Confederación liderada por Juan Manuel de Rosas se enfrentó —en desigual combate— a los cañones de Inglaterra y Francia, las potencias que pretendían quebrar el orden interno e imponer la libre navegación de nuestros ríos para facilitar su penetración económica y su dominio estratégico sobre el continente. Desde la primera detonación hasta el último disparo, la Vuelta de Obligado fue el acto fundante, en clave moderna, del proyecto de soberanía nacional, por el cual un pueblo, la criollada, supo erguirse como sujeto de su propia historia.

Aquella fue una derrota táctica para las armas nacionales, pero una victoria estratégica para la Nación, que al precio de sus muertos obtuvo luego el reconocimiento formal de su soberanía fluvial. Por eso San Martín, desde su exilio, dedicará palabras de gratitud al Restaurador. Y no fue casual que aquella defensa heroica fuera borrada durante décadas por una historiografía oficial, moralmente derrotada. Porque La Vuelta de Obligado no respondía al ordenamiento liberal ni al proyecto agroexportador que, poco después, habría de consolidar a la Argentina en su rol subalterno. Obligado pertenecía y pertenece, en cambio, a esa tradición subterránea y persistente de resistencia que atraviesa el continente desde Bolívar hasta San Martín, desde Artigas y Güemes hasta Perón y los héroes de Malvinas.

Hoy, en pleno siglo XXI, no recordamos la Vuelta de Obligado como un episodio distante, sino como una advertencia vigente. La Argentina atraviesa una crisis estructural que no es un ciclo más, sino el resultado de un proceso de demolición nacional iniciado el 24 de marzo de 1976, cuando se destruyeron los cimientos de un proyecto industrial soberano y se subordinó la economía al capital financiero internacional. Y desde este estado de cosas —que une a Obligado con nuestra hora presente— es que debemos examinar, sin complacencias, el rol del estado, la conciencia popular y el porvenir de nuestras FFAA en el destino nacional.

No hay país soberano sin Fuerzas Armadas

La historia lo demuestra; cuando una nación renuncia a dotarse de instrumentos claros de defensa —militar, industrial, científica— se vuelve presa fácil de los intereses foráneos. Por eso la desatención sistemática de nuestra política de defensa, la degradación presupuestaria de las FFAA y su separación de un proyecto industrial, popular y regionalmente integrado constituye una de las causas fundamentales del derrumbe nacional. Dicho esto, para debatir con seriedad el rol de nuestras Fuerzas Armadas, necesitamos ordenar la discusión:

En primer lugar, es clave conocer con datos concretos el estado actual de la institución: su presupuesto, su equipamiento, su capacidad operativa y su inserción en el sistema de defensa nacional en un país bicontinental.

En segundo lugar, debemos revisar con objetividad su papel histórico —en Argentina y en América Latina— para entender en qué contextos actuaron, qué intereses defendieron y cómo se relacionaron con los distintos proyectos nacionales.

Y, en tercer lugar, es imprescindible definir qué objetivos estratégicos deberían cumplir hoy y en el futuro, considerando tanto los desafíos internos como las tensiones geopolíticas que atraviesan al mundo y condicionan nuestra soberanía nacional.

Los zig zag de nuestra historia

Si queremos comprender el rol de nuestras Fuerzas Armadas, debemos asumir que su historia no es lineal ni puede reducirse a un juicio moral simplista. Su origen, como ocurrió con gran parte de los ejércitos en América Latina, fueron profundamente anti-coloniales y populares; basta recordar al pueblo de Buenos Aires, primero en 1806 y luego en 1807, derrotando al ejército británico y dando nacimiento a una milicia criolla que, con la Revolución de Mayo, se transformaría en brazo militar de la independencia. En aquel momento inicial de nuestra historia patria, el bloqueo impuesto por el poder colonial británico forzó a las milicias criollas a fabricar sus propias armas. Esa necesidad, más que una carencia, fue un motor para el futuro desarrollo de una vocación industrialista nacional, que fue uniendo la defensa militar con la capacidad productiva propia.

Pero esa tradición emancipadora no se extinguió ahí. En las primeras décadas del siglo XX, surgió una generación de militares que vinculó la defensa nacional con la construcción de una economía soberana e industrial. El general Enrique Mosconi impulsó YPF como empresa estatal de petróleo en 1922; el general Manuel Savio concibió la industria siderúrgica nacional y fue el principal arquitecto de SOMISA en 1947; el brigadier Juan Ignacio San Martín promovió la creación de la Fábrica Militar de Aviones y la aeronáutica nacional entre 1944 y 1952. Esta línea encontraba su continuidad en la idea que sistematizaría el propio Juan Domingo Perón: no hay soberanía sin defensa y sin industria nacional.

Pero ese proyecto militar, soberano y popular fue rápidamente advertido por los centros angloamericanos desde sus Embajadas en nuestro país. Desde el derrocamiento de Perón en 1955, el Ejército argentino fue intervenido doctrinariamente. En 1957, bajo la dictadura de Aramburu, ingresan al país asesores militares franceses, veteranos de la guerra de Argelia, que enseñan la “guerra contrainsurgente”: Ya no se trata de defender al país de potencias extranjeras ni de custodiar el interés nacional, sino de perseguir al “enemigo interno”. Desde el Plan Conintes en 1960 hasta el genocidio del 24 de marzo de 1976, esta doctrina se consolidó como política de Estado en manos liberales, quebrando aquella tradición originalmente antiimperialista, industrialista y popular que había dado origen a nuestro Ejército. La caída del gobierno peronista en 1955 interrumpió un proceso histórico de construcción estatal y modernización que llevaba más de siete décadas en marcha. Ese ciclo, con avances y contradicciones, había comenzado con el roquismo en 1880, y alcanzó su expresión más alta entre 1945 y 1955, cuando la Argentina logró los mayores niveles de soberanía política, económica, territorial e industrial de toda su historia.

Es importante subrayar: la consolidación del Estado argentino no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia deliberada de construcción nacional. Con Julio Argentino Roca y la Generación del ’80 se establecieron los pilares de un Estado moderno mediante la organización profesional del Ejército Nacional, la integración territorial efectiva, la expansión ferroviaria con más de 5.000 kilómetros de vías que unieron Buenos Aires con el interior, la construcción del Puerto de Buenos Aires, la creación del Puerto Belgrano y la instalación de la Armada más poderosa de Sudamérica en aquel momento, entre tantas otras acciones soberanas.

Un prisma para ver nuestra historia

La historia no puede leerse como un cuadro de doble entrada que divide a los protagonistas entre héroes y villanos según la comodidad ideológica del presente. La eliminación arbitraria de figuras y procesos que incomodan al relato dominante —sobre todo cuando se busca “desmilitarizar” la historia— rompe el hilo que explica la continuidad del proceso histórico. Sin una visión de conjunto y de largo plazo, el pasado se fragmenta en episodios inconexos, sin contexto ni sentido, incapaces de explicar el presente.

Bien, por un lado, encontramos figuras profundamente antinacionales y alineadas con intereses extranjeros; Alvear, Rondeau, Bartolomé Mitre, Agustín P. Justo, Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Emilio Massera y Jorge Rafael Videla. Todos ellos, en distintos momentos, actuaron como instrumentos de proyectos políticos subordinados, ya sea al interés británico en el siglo XIX o al norteamericano durante la Guerra Fría.

Pero sería injusto desconocer que también surgieron, de la misma matriz militar, grandes constructores de soberanía; José de San Martín, el Libertador de América; Julio Argentino Roca, impulsor de la organización territorial y la expansión del Estado nacional; el general Manuel Savio, arquitecto de la industria siderúrgica; el general Enrique Mosconi, fundador de YPF; el brigadier Juan Ignacio San Martín, padre de la aeronáutica nacional; el general Hernán Pujato, pionero de la presencia argentina en la Antártida; el general Víctor Luis Vicat, referente del desarrollo industrial militar; y el mismísimo Juan Domingo Perón.

La lección es clara. Ni buenas ni malas en esencia, las Fuerzas Armadas han sido siempre expresión de la disputa política interna de un país inconcluso e históricamente en pugna. Su orientación y su rol depende de las correlaciones de fuerza en cada etapa histórica, y del proyecto de país que se proponga dominar —o emancipar— a la Nación.

Obstáculos estructurales para una política de defensa

En primer lugar, persiste en nuestro país una visión negativa sobre las Fuerzas Armadas, originada en gran medida por su participación en los golpes de Estado de 1955, 1966 y especialmente en la dictadura cívico-militar de 1976. Esta experiencia traumática de nuestra historia política reciente dejó en la sociedad argentina una herida profunda y una desconfianza generalizada hacia la institución militar. Pero seamos claros; no hubo “pata civil” cómplice de la dictadura militar, hubo conducción civil del golpe. El establishment económico no fue un acompañante secundario, fue el centro del plan —su motor, su diseño y su beneficiario. Que no se lo haya juzgado fue la señal más clara de que la transición democrática pactó con los intereses del poder real.

La segunda cuestión que limita la posibilidad de contar con FFAA integradas a un verdadero proyecto nacional de defensa es el proceso de desmalvinización iniciado en 1982. Lejos de tratarse de un fenómeno discursivo aislado, la desmalvinización es parte de una política más amplia de entrega de soberanía – no sólo territorial, sino económica, científica, productiva y cultural. Este proceso se desplegó mediante cinco ejes articulados: la desmilitarización, la desindustrialización, el cientificidio, la desculturización y el despoblamiento, todos ellos presentes en cada ciclo de restauración conservadora y neoliberal desde la recuperación de la democracia. Lo que comúnmente llamamos “la entrega y el vaciamiento”.

La experiencia de Malvinas generó dentro de las propias FFAA un núcleo nacionalista nuevo, producto del combate real contra la nación Británica y del contacto directo con el acompañamiento popular, entre otras cosas. Alfonsín decidió ignorarlo; eligió recomponer la relación con el viejo ejército liberal antes que promover una conducción militar con orientación nacional. Ascendió a quienes debía apartar y relegó a quienes podían renovar la institución en clave soberana. No sorprende, el radicalismo había acompañado los golpes de 1955 y 1976, y se benefició políticamente de ellos. Así, mientras desmalvinizaba y apagaba cualquier germen de renovación nacional en las FFAA, su gobierno consolidaba las bases económicas de la dependencia. Así, los verdaderos responsables del proyecto dictatorial que llevó al país al desastre no solo quedaron impunes, quedaron fortalecidos. Acordar con Alfonsín era tolerable para los poderes fácticos, en la medida en que no se pusiera en cuestión el modelo de valorización financiera, desindustrialización y extranjerización del aparato productivo que la dictadura había instaurado con sangre. Lo que debía quedar intacto no era sólo el poder económico, sino también el relato que le quitara responsabilidad. Y allí está, vivita y coleando, la ley de Entidades Financieras que estructura el andamiaje de la dependencia económica.

Así las cosas, la democracia argentina, nacida en 1983, cometió un error fundacional: colocó en el centro del horror a los ejecutores -los militares-, pero dejó fuera del banquillo a los verdaderos arquitectos del terror; los grupos económicos y financieros que diseñaron y capitalizaron la dictadura. En nombre de la unidad nacional, se narró el pasado reciente como una tragedia puramente militar, como si el terrorismo de Estado hubiese sido una anomalía del orden institucional y no la fase más violenta del proyecto económico que aún nos somete a diario. No porque no hubiera que juzgar a los genocidas —eso es una conquista irrenunciable— sino porque, al reducir el conflicto a los métodos y no al proyecto de fondo, dejamos en pie la estructura económica que hizo posible el terrorismo de Estado. Esa incomprensión histórica explica, en buena medida, que hoy sean los mismos intereses que impulsaron el golpe del ’76 y los que nos vencieron en Malvinas, los que vuelven a gobernar la Argentina.

La prueba más evidente está a la vista. El presidente Javier Milei exhibe una admiración reverencial por Margaret Thatcher, la misma dirigente que ordenó matar a argentinos en Malvinas y profundizó la ocupación británica en el Atlántico Sur. Esto no es un desliz retórico, es una definición política. Identificarse con quienes agredieron al país expresa con claridad el alineamiento ideológico del actual gobierno. A ello se suma el injerencismo abierto de los Estados Unidos y sus consecuencias directas: una pérdida brutal de soberanía política, económica y militar. Cada concesión, cada acuerdo impuesto, cada préstamo y cada alineamiento automático reduce aún más la capacidad del país de decidir su propio rumbo y profundiza una dependencia que ya no se disimula ni se discute.

La subjetividad invadida

Respecto al sentido histórico de Malvinas, el análisis predominante en los sectores del progresismo académico comete un error fundamental: juzga la legitimidad de una causa nacional según quién la condujo, y no según su naturaleza histórica y su fuerza intrínseca. Esa lógica lleva a afirmar que, como la guerra fue emprendida por una dictadura, entonces fue ilegítima. Pero la historia no funciona así. Las causas que representan una verdad nacional, como lo fue la recuperación de Malvinas, pueden trascender a los sujetos circunstanciales que las ejecutan. Sin embargo, la guerra de 1982 fue, en su naturaleza política y material, la negación del paradigma económico y cultural impuesto por la dictadura. Fue un gesto de recuperación, no de sumisión. Y el pueblo llano y el movimiento obrero organizado entendieron en la calle aquella contradicción. La dictadura que hasta entonces había reprimido, privatizado, endeudado y extranjerizado el país, debió enfrentarse súbitamente a una empresa histórica que escapaba a su lógica: la recuperación de un territorio usurpado por el imperialismo británico.

Desde el regreso de la democracia, la clase dirigente, la academia y la historia oficial optaron por reducir la Guerra de Malvinas a un acto irracional de una dictadura agonizante, invisibilizando la dimensión histórica, social, cultural, comercial, geográfica y geopolítica del conflicto. Así se construyó una memoria incompleta y minusvalidante de la gesta.

Falsas banderas

En este esquema, cada restauración conservadora que llegó al gobierno —de Macri a Milei, con Patricia Bullrich como constante operadora de esa lógica— no hizo más que profundizar esta estrategia de subordinación y desmantelamiento de la defensa nacional. Mientras se ajustan presupuestos, se hambrea al pueblo y se desmantela la capacidad productiva nacional, se desvía la función de las FF AA asignándoles un rol policial propio de las fuerzas de seguridad. Esa reconfiguración, presentada como necesaria para “combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, responde a la falsa bandera promovida por los Estados Unidos en toda la región. Bajo esa excusa, se habilita la intervención militar en asuntos de seguridad interior y se legitima la injerencia extranjera en la definición de nuestras políticas de defensa. Esta estrategia —incompatible con cualquier proyecto serio de defensa nacional— es parte del esquema de la política hemisférica de EEUU; convertir a los ejércitos de las periferias en instrumentos de control social y satélites operativos del Comando Sur, en lugar de guardianes de la integridad territorial y del interés soberano. Así, la subordinación económica al capital financiero global encuentra su correlato militar en una doctrina de seguridad que impide a nuestras Fuerzas Armadas cumplir su misión histórica.

El tercer aspecto que impide la construcción de una auténtica política de Defensa se vincula directamente con nuestra condición de país dependiente. La Argentina lleva décadas sumida en un ciclo regresivo, marcado por la destrucción deliberada de su tejido industrial y la creciente extranjerización y concentración de su aparato productivo. En este marco, el endeudamiento con El Tesoro de los EEUU y el Fondo Monetario Internacional —que funciona como brazo disciplinador del imperialismo financiero occidental— ha colocado al país en una situación de mínima autonomía y, por ende, de menor soberanía real. La ecuación es simple: sin capacidad de decisión económica independiente, no hay política de defensa posible. La colonialidad no se ejerce sólo sobre el territorio físico; también opera sobre la economía, la cultura, los marcos normativos y jurídicos y la conciencia nacional. Así se define un nuevo tipo de sometimiento; control territorial directo, indirecto y dominación material a través de la deuda. En otras palabras, esto es lo que significa perder soberanía en la fase contemporánea de lo que puede llamarse sin ambigüedades una guerra total del colonialismo anglosajón contra la autonomía de nuestros pueblos.

Una operación cultural eficaz

Una de las jugadas más efectivas del bloque oligárquico fue imponer la mentira de que memoria democrática y defensa nacional son causas incompatibles. Lograron enfrentar simbólicamente al 24 de marzo con el 2 de abril, como si Derechos Humanos y soberanía fueran banderas opuestas. Esa operación cultural instaló la idea absurda de que la defensa del territorio y de las capacidades estratégicas del Estado es un asunto de “milicos” y, por lo tanto, incompatible con la democracia. El resultado fue el vaciamiento de contenido político y estratégico de la causa Malvinas. Y aquí radica el verdadero problema. Una democracia sin Fuerzas Armadas profesionales, equipadas y orientadas al interés nacional no es una democracia más pura, es una democracia más vulnerable. No existe Estado de derecho que pueda sostenerse sin los instrumentos materiales necesarios para proteger su territorio, sus recursos y sus instituciones frente a cualquier agresión externa.

Y las Fuerzas Armadas no son iguales en todos los países. No cumplen el mismo papel en las naciones que ya consolidaron su soberanía que en aquellas que aún luchan cada metro por completarla. En la defensa nacional no se juega solo el destino de las Fuerzas Armadas como institución, interviene toda la Nación. Participan sus habitantes, sus recursos naturales, su capacidad productiva, su infraestructura, sus universidades, sus comunicaciones, su tecnología, sus industrias y su sistema científico. Todas las energías y capacidades de un país están llamadas a integrarse en una estrategia común. Por esto mismo se las desarticula, por derecha y por izquierda.

Por eso, aquí, el antimilitarismo abstracto no nace de los golpes de Estado del siglo XX —donde las cúpulas militares traicionaron su misión constitucional y sirvieron a la oligarquía local y a las Embajadas de las potencias de Occidente— sino de un hecho mucho más profundo: el temor histórico de las elites antinacionales al encuentro entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Cada vez que ese vínculo se concretó —en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en los ejércitos populares de la independencia latinoamericana, en la batalla de La Vuelta de Obligado, en la política territorial de Roca, en Mosconi y en Savio, en el Ejército del Pueblo de Perón, y finalmente en Malvinas— surgió el cultivo de un proyecto nacional con capacidad real de emancipación. Es ese cruce, no el trauma de las dictaduras, lo que el poder teme, y que encuentra en la tribuna progresista su mayor dinamizador para impedirlo, a pura división.

Toda esta problemática —propia de un país periférico y semicolonial— se sostiene por una incapacidad política persistente; la de asumir y explicar con honestidad las razones de nuestra grieta histórica. Esa grieta expresa un dilema estructural que atraviesa a la sociedad argentina desde hace más de un siglo. O bien seguimos siendo un apéndice de los poderes de turno, furgón de cola del atlantismo, administrados como una colonia pensada para los intereses transnacionales y el capital financiero; o asumimos de una vez la tarea de construir un proyecto de emancipación nacional que convoque a las Fuerzas Armadas a su función esencial: custodiar el interés nacional. Esto implica, además, comprender a la defensa como un área estratégica del Estado, capaz de aportar a la inserción soberana de la Argentina en el mundo multipolar y de impulsar el desarrollo científico, tecnológico e industrial que un país libre necesita para existir.

Estamos todavía lejos de alcanzar ese horizonte. Pero al menos podemos dar un primer paso; construir un diagnóstico honesto y una idea fuerza capaz de desmontar el prejuicio que nos impide pensar la defensa nacional sin culpa ni caricaturas ideológicas. Solo recuperando esa claridad podremos empezar a reconstruir una mirada propia, en clave nacional, sin tutelas externas ni simplificaciones que nos condenen a la indefensión total creyendo que así estamos “seguros”.

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* Terzaga es abogado. Presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ‘Arturo Jauretche’ de la Ciudad de Río Cuarto.

De la Vuelta de Obligado a Malvinas: claves para la recuperación de una política de defensa soberana

Luego que se produjo la reforma laboral de 2017 en Brasil, los trabajadores y las organizaciones sindicales hablaron de una “deforma laboral”. Casi con un espíritu similar, la actual reforma laboral, que se presenta para Argentina, pretende llevar adelante la demolición del derecho del trabajo en términos individuales y colectivos. Impulsa su desaparición y olvido y, para ello, busca desconfigurar la legislación social. De nuestra parte, queremos en estas líneas contribuir a recordar e internalizar que, los derechos laborales, en verdad, sirvieron para mejorar la vida de millones de hombres y mujeres; contribuyeron a la industrialización e, hicieron crecer la economía nacional con distribución de la riqueza. Postulamos entonces su reconstrucción, no su destrucción. En primer término, y siempre es necesario hacer memoria; no olvidemos que, la raíz de las actuales crisis fueron los modelos -desindustrializadores- que se impusieron en Argentina en 1976, y en la década de 1990. A ello se agregó -por parte de los gobiernos liberales (e inclusive desde algunos progresismos)- implícitas desatenciones, y hasta ciertos menosprecios, hacia el mal denominado, trabajo tradicional. Se fueron dando, por las crisis, pero también por miradas particulares; un cúmulo de heterogeneidades laborales que, padecieron, pero abonaron el debilitamiento y la desprotección de aquel trabajo tradicional. Así, fuimos llegando a elevados porcentajes de trabajo no registrado, deficientemente registrado y fraudulentamente registrado. No han sido “los derechos laborales” los que pusieron en crisis al derecho del trabajo y la seguridad social. Fue y sigue siendo, aunque no se lo debata lo suficiente, el hecho que la Argentina se viene desindustrializando cada vez más. La crisis que padecemos es más, por la carencia de industria y derechos laborales, que por lo que se pretende continuar modificando, con otra “deforma laboral”. Vale recordar que, a un año y cuatro meses de su entrada en vigor, la denominada Ley Bases, no hace otra cosa que evidenciar que, estas “deformas” no logran revertir ni la destrucción de puestos de trabajo ni el cierre de empresas; en especial, con relación a las pymes. Con la Ley Bases, la situación laboral no ha mejorado, ha empeorado: aumentó la desocupación, aumentó el trabajo no registrado, y aumentó la precarización laboral. Sin embargo, y a pesar de tales resultados, se continua en un sendero de recorte derechos, tanto a las y los trabajadores, como a sus organizaciones representativas. No es sino la continuidad del quiebre del modelo de relaciones laborales protectorio. No se busca otra cosa que eliminarlo o adaptarlo, en sintonía con el modelo de país que expresa Milei. Para destruir no solo el Estado, sino desarticular cualquier forma de organización de la sociedad y, finalmente, de la Nación. Logre o no la totalidad de sus objetivos; si replicará el incremento de efectos perniciosos; en términos sociales, laborales y económicos. En síntesis, políticos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en realidad la “deforma laboral” de la que hablamos no es sino la adaptación, en términos laborales, a un modelo de país que, caracterizamos de primarización, extractivismo y financiarización. En ese modelo, en términos tanto prácticos como geopolíticos, no tiene lugar la industria para la Argentina; menos entonces, la justicia social. Recordemos que, el derecho del trabajo es hijo de la industrialización, y las consecuentes luchas por una distribución democratizadora. Así, será la acción de las organizaciones sindicales por más de 150 años, desde el siglo XVIII hasta fines del siglo XIX; la que decantará en el surgimiento de lo que hoy conocemos como derecho del trabajo y de la seguridad social. Estas organizaciones, más allá de las propias limitaciones y dificultades que se quieran señalar o atribuir, vienen siendo objeto de un sistemático debilitamiento, desde la crisis del petróleo de 1973, en el escenario de la globalización económica neoliberal (obviamente, también en Argentina). Especialmente, con el triunfo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en el Reino Unido y Estados Unidos, en 1979 y 1980, respectivamente. Podríamos entrar en detalles sobre el contenido de esta “deforma”; sin embargo, más allá de las cuestiones técnicas puntuales, priorizamos enmarcarla desde un enfoque crítico tutelar de las relaciones del trabajo. En tal sentido, buscamos ponerla en contexto, y evidenciar los intereses en juego que, inexorablemente, reflejan ganadores y perdedores. Los primeros son más difusos, aunque convengamos, menos numerosos. Los segundos, son las y los trabajadores. Se actúa desconociendo -con procederes flexibilizadores desprotectorios como el de esta reforma-, el rol que, históricamente, ha cumplido y puede seguir cumpliendo el derecho del trabajo para: encauzar la siempre subyacente conflictividad social, lograr la paz social, y alcanzar la justicia social. En tal sentido, no se olvide que el derecho del trabajo se desarrolla dentro del sistema capitalista. No fue concebido para abolirlo sino para garantizar la dignidad humana. Sin embargo, si la actual y transformada lógica del sistema capitalista busca demolerlo; la conflictividad, más tarde o más temprano, se evidenciará en los ambientes laborales o fuera de ellos. El derecho del trabajo ha sido estructurado en Argentina, para gestionar, administrar y encauzar el conflicto. En dicha inteligencia, no adherimos a posturas, como las que hoy prevalecen (configurando una hegemonía deslaboralizadora), en cuanto entienden que, es el capital el único que genera riqueza y, con ello ordena, sin importar como. Más concretamente, lo hacen quienes lo detentan en forma concentrada. Tampoco compartimos los temperamentos que consideran que el trabajo es otro excluyente factor, paradójicamente, en términos de la misma raíz teórica del valor, aunque con posteriores y antagónicos desarrollos. De nuestra parte, creemos en la necesidad de: compatibilizar trabajo y capital; reflexionar en términos de desarrollo humano integral, y encauzar las relaciones laborales en beneficio común. De lo contrario, cada vez más se evidenciarán dos escenarios posibles. Uno, el de la continuidad de un permanente modelo precarizador laboral y social; que explicitamos como de “republiqueta bananera”. Otro, el de potenciación de confrontaciones socio-económicaslaborales que, amenacen con oscuras nubes el horizonte de convivencia nacional. Creemos entonces que el debate debería pasar por la redefinición del modelo de desarrollo, en vista de alcanzar un proyecto de país; mejor aún, de Nación. Y ese modelo de desarrollo debe ser para una industrialización con justicia social; para concretar un proyecto de Nación que refleje una Comunidad de pasado presente y futuro; en la que podamos encontrarnos, convivir y crecer. Caso contrario, solo reinaría la incertidumbre; no solo en el mundo del trabajo sino también en torno al equilibrio que debería regir la coexistencia de un país civilizado. La Nación Argentina no debe ser transformada en un sistema feudal con siervos de la gleba. No podemos seguir poniendo en crisis todos los significantes. Deben encadenarse para contribuir a una configuración institucional armónica, en la que ya no alcanza con incluir; sino que es menester integrar para el desarrollo humano. Argentina, 3 de noviembre de 2025.