Por: Fernando A. Barrera

Mas de 60 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio parecen marcar una situación lo suficientemente excepcional que promete condicionar seriamente al dia después de la cuarentena pandémica. Para algunos, esta coyuntura tan particular, traería consigo algunas importantes consecuencias económicas, sociales y políticas que cambiarían los usos y las costumbres, y también porque no, la forma de pensar, los procesos políticos y las relaciones de poder hacia el futuro. Para otros el dia después puede profundizar las diferencias del mundo actual. Vamos a pensar un poco sobre esto y disparemos el debate.

Como decía en la bajada del título, algunos creen que la pandemia puede traer como consecuencia un cambio en las relaciones de poder y en la organización de los pueblos. El filósofo esloveno contemporáneo, que esta de moda, Slavoj Zizek autor de Pandemic!, sostiene que la actual crisis sanitaria ha desnudado las debilidades de las democracias liberales y que por eso, tendrá un efecto político positivo.»El dilema al que nos enfrentamos es: barbarie o alguna forma de comunismo reinventado »

Mas allá de su caracterísitica ironía, lo cierto, es que la pandemia ha dejado al descubierto las crisis que azotan a los pueblos, como consecuencia de la afirmación filosófica de un capitalismo financiero inhumanizante multiplicador de desigualdades sociales y económicas, y también plantean un desafío sobre la forma de salir de la crisis pandémica para poner en marcha el sistema productivo, económico, social y comercial mundial, seriamente afectado por la caída de la actividad.

Si todo sucede con normalidad, los países centrales podrían caer cerca del 5% de su PBI, muy por encima de los -2,5% previstos en las estimaciones al comienzo de la crisis y los países de nuestra región prevén una caída de algo mas del 9,5% al 13% para este año 2020.

Lo cierto, es que la normalidad a la que vamos a llegar pos-pandemia debería ser diferente a la conocida antes de la crisis, pues repitiendo la fracasada normalidad anterior no haremos mas que profundizar los procesos de desigualdad social, pobreza y hambre que marcaron el ámbito propicio para el desarrollo de este virus, que sin proponérselo, azotó la confianza pública de los gobiernos y congeló la economía mundial.

Si todo vuelve a esa «normalidad», volveremos a encontrarnos con el problema de la migración masiva de pueblos afectados por las crisis humanitarias en oriente medio, atadas a los intereses petroleros de las potencias económicas y políticas.

Volveremos a profundizar la desigualdad social y económica que viven los pueblos de la región latinoamericana sujetos de expoliación de sus recursos naturales, desindustrializados, condicionados por fuertes endeudamientos financieros que destruyen sus sistemas de protección social y productivos; inclusos sus monedas y sus soberanías.

Una normalidad que desnuda la precariedad de los sistemas de salud pública o de protección y el acceso a los mismos, especialmente de los grupos de riesgo; que instala la cultura del descarte de todo aquello, incluso seres humanos, que no sea económicamente productivo, como hemos visto en la civilizada Europa donde frente a la carencia de suficientes respiradores se elegía a quienes tratar en detrimento de «los que no tenían mas remedio»; o la normalidad de sostener «el mercado» económico y productivo, aun cuando los cadáveres se cuenten a montones.

Lo que esta en crisis ahora, antes y lo seguirá después de la pandemia, es la «globalización del mercado»; este viejo concepto de la mano invisible, que de mas esta decir, no acaricia a todos por igual y que día tras día pone en riesgo la estabilidad política de los estados, pues los pueblos cansados de las desigualdades hacen tronar el escarmiento contra los gobiernos que se dejan llevar por esa libertad desregulada.

Si la pandemia deja algo en claro, es la necesidad de fortalecer al estado como regulador y equilibrador de las desigualdades y como garante de la columna de derechos que los pueblos conquistan en el avance de su propia historia. Hay claramente un fortalecimiento del Estado como interventor en la construcción de una nueva normalidad equilibrada en lo social.

Los mismos Estados Unidos de Norteamérica de la era Trump intervienen en el mercado aplicando fuertes derechos de importación, en su guerra comercial con China para proteger el funcionamiento de la industria nacional o interviene en el mercado interno obligando a las empresas nacionales privadas a cambiar su producción para producir material sanitario a los efectos de enfrentar la crisis pandémica.

Los paises desarrollados, muchos de ellos libremercadistas, como Japón u otros como Alemania, Francia o el mismo Reino Unido, aplicaron sumas siderales de recursos financieros para salvar o recuperar empresas u otorgaron beneficios sociales o ayudas económicas directas a poblaciones afectadas por la crisis, tal como también lo hizo Donald Trump ahora, o antes lo había realizado Barack Obama en la crisis del 2008 para salvar un gigante financiero americano o a la General Motors.

En pocas palabras, hay un reverdecer político y funcional del estado como equilibrador de las fuerzas del mercado y esto podría reconvertirlo en articulador de una política de bienestar que pretenda romper con la desigualdad de un modelo que se agota en conflicto, para generar sociedades con mayor inclusión, trabajo y justicia social.

Pero también parece limitarse la acción, para quienes pretendan aferrarse a una conducción autoritaria desde el gobierno, puesto que tampoco podrán ser parte de la nueva normalidad, esos populismos que sostienen el salvarse con lo suyo, frente a un mundo, que la pandemia refleja globalizado.

Es que el otro principio que se afianza es el que «nadie se salva solo», que bien podríamos interpretar como que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza.

«Nadie se salva solo», es la expresión de la integración en comunidad del ser humano, es la consciencia individual que en el destino del otro esta atado el mío y viceversa. Pero también, supera la esfera de lo individual y obliga a los gobiernos y a los estados a comprender que ellos tampoco pueden salvarse solos y necesitan del protagonismo social en un caso y de los demás estados en el otro, para sobrevivir.

No es posible desarrollarse solo en una sociedad que aun tiene profundas cuentas pendientes en lo social con la pobreza, el hambre, la inseguridad y la falta de trabajo. Tampoco es posible que los gobiernos puedan salir de esta crisis sin el acompañamiento, el protagonismo y la articulación con los sectores económicos, productivos y del trabajo de la sociedad.

Habrá gobiernos inteligentes que sepan ponerse al frente de esa convocatoria y generen las condiciones para el desarrollo de un proceso de crecimiento con justicia social, o creerán ser los dueños de una verdad y un camino, que se transformará en relato para el oído de la sociedad que mirará pasar otro momento triste en la continuidad de su historia.

Los estados, por su parte, tendrán que tener la grandeza de agruparse para protegerse de los avatares económicos internacionales, mantener sus intereses soberanos y no caer presos de la guerra comercial, económica y de patentes que desaten las potencias económicas para prevalecer en el mercado globalizado.

Para los países en desarrollo, vuelve a imponerse la necesidad de afianzar los lazos sociales, económicos y políticos con el resto de los países en su misma condición, para después afrontar el desafío de la apertura al mundo. Para la Argentina, latinoamérica sigue siendo la opción de crecimiento, aun en la multiplicidad de identidades políticas de los gobiernos de los paises de la región.

En ese sentido, la pandemia dejó en claro que los esfuerzos nacionales pueden ser insuficientes y que la cooperación internacional es una herramienta necesaria para afrontar distintos tipos de crisis, pero la garantía que esa cooperación no se vuelva dependencia ni colonialismo económico es que la fortaleza de los iguales se potencie en la unión, para enfrentar las negociaciones con los poderes internacionales hegemónicos.

De no lograr poner a los pueblos en un camino de mayor igualdad y justicia social; de no fortalecer el rol del estado frente al mercado inhumanizante y afianzar un modelo de organización social y política con el debido protagonismo de los actores económicos, productivos y del trabajo, nos enfrentaremos a un escenario de pospandemia «de barbarie» donde corremos el riesgo que se profundice la desigualdad y se condene el destino de los pueblos.

Por José Luis Sersale *

Los Bifenilos Policlorados – PCBs son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno y se utilizan en una amplia variedad de productos. La Convención de Estocolmo los incluyó dentro de un listado de 12 sustancias consideradas “Contaminantes Orgánicos Persistentes” (COP) pues no son biodegradables y permanecen en el medio ambiente. Entre 1929 y 1978 fueron empleados sin restricciones fundamentalmente en transformadores y equipos eléctricos debido fundamentalmente a sus propiedades como fluidos aislantes,
refrigerantes y de gran estabilidad química.
Sin embargo, ya en 1976 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la prohibición de la fabricación, comercialización y uso a nivel mundial dados los graves peligros asociados al potencial derrame o la existencia de pérdidas que afectan severamente al suelo, al agua, al aire, a los tejidos corporales humanos y de animales, situaciones a las que se agregan los efectos del riesgo de explosiones o incendios.
Una vez liberado al ambiente es extremadamente persistente y tarda muchos años en degradarse, presentando una marcada tendencia a bioacumularse por su capacidad de absorverse en suelos, sedimentos y cursos de agua que afectan a toda la cadena alimenticia. Su ingesta provoca serios peligros a la salud, tales como afecciones en la piel, la vista y el sistema respiratorio. Su alta toxicidad puede conducir a la muerte.
Entre las enfermedades que han sido asociadas a estas sustancias se cuentan el cáncer, los daños al sistema inmune, problemas de crecimiento en niños y niñas, daños al hígado, daños a la piel, etc.
Debido a la elevada toxicidad asociada a los PCBs, la República Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo (Ley N° 26.011/04) y al Convenio de Basilea (Ley N° 23.922/91) e incluyó a los Bifenilos Policlorados en la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, emitiendo en ese marco un conjunto de resoluciones orientadas a su eliminación.

Constitución Nacional

“Derecho a un ambiente sano”

Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe le ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Estos antecedentes derivaron en la sanción de la Ley N° 25.670/02 de “Presupuestos Mínimos de Protección y Eliminación de PCB” que dispone, entre otras cosas, el control de existencias de PCBs en todo el país a partir de la creación de un registro de poseedores de dicha sustancia, y su definitiva eliminación prevista originalmente para el año 2010. El nivel mínimo que debe contener una mezcla para considerarse contaminada se encuentra definido en dicha norma: 0,005 por ciento en peso, lo que equivale a 50 partes por millón (ppm).
Ahora bien, el registro de poseedores creado por la ley aludida precedentemente fue conformado efectivamente algunos años después, en ocasión de la publicación de la Resolución N° 313/05 del Ministerio de Salud. Las demoras en la reglamentación de la Ley N° 25.670 motivaron la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, quien mediante Resolución N°56/06 y 39/07 insta al Poder Ejecutivo a proceder a la inmediata reglamentación de la norma, destacando que el plazo para el cumplimiento de dicha obligación constitucional se encontraba vencido desde 2003.
Recién en 2007 el Poder Ejecutivo Nacional reglamenta algunos artículos de la Ley N° 25.670, crea un Consejo Consultivo ad honorem y una Comisión Interministerial de gestión de PCBs tendiente a consensuar políticas y acciones entre las diferentes áreas del gobierno con incumbencia en la temática. Y en 2015 la Resolución N° 840 de la Jefatura de Gabinete pone en marcha el Programa de Gestión Integral de PCBs a fin de lograr una adecuada coordinación entre las diferentes áreas con incumbencia en la problemática.
Dada la situación de extrema vulnerabilidad generada por la exposición a esta sustancia contaminante, y teniendo en cuenta los escasos avances por parte de las autoridades públicas en el tema, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a llamar la atención sobre la gravedad del problema realizando estudios que confirman el vínculo entre los PCBs y la aparición de enfermedades graves, y formulando múltiples denuncias ante diversos organismos sin mayores respuestas. Es muy poca la información pública vinculada al
cumplimiento de los objetivos incorporados en la Ley N° 25.670 que contemplaba la eliminación total de los PCBs para el año 2010.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los datos que aparecen publicados en la página ‘Buenos Aires Data’, se informa un total de 7.174 transformadores conteniendo PCBs. La ubicación geográfica de los mismos puede observarse en uno de los mapas que ilustra la nota, siendo los barrios más afectados los de: 1) San Nicolas, con 814 transformadores; 2) Palermo, con 701 aparatos; y, 3) Recoleta, con 525 equipos. Estos 3 barrios representan apenas el 12% del total del territorio de la Ciudad.

* Licenciado en Ciencia Política, Consultor en temas de Seguridad y especialista en Sistemas de Información Geográfica

por Juan Manuel Di Teodoro*

Ramón Carrillo fue el mayor de once hermanos y nació en Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906. A los 18 años viajó a Buenos Aires para estudiar medicina en la UBA. 

En 1927 fue seleccionado por concurso como practicante externo del Hospital de Clínicas. En 1928 lo designaron como subdirector de una revista de medicina y publicó sus primeros trabajos científicos. En 1929 se recibió de médico y obtuvo la Medalla de Oro al mejor alumno de su promoción. Una beca de la Universidad de Buenos Aires, otorgada en 1930,  que consistía en tres años de perfeccionamiento en Europa, lo llevó a Holanda, Francia y Alemania. 

Al regresar al país, en 1937,  oscuros años de la Década Infame, en los cuales surgía FORJA, agrupación con la que Carrillo simpatizaba, mantuvo un fluido contacto con uno de sus integrantes y comprovinciano, Homero Manzi. Fue en los bares de Buenos Aires donde se discutía de la vida y las dolientes realidades de aquellos años, que  trabó amistad con los hermanos Discépolo.

Recibió el Premio Nacional de Ciencias y dos años después, en 1939, fue convocado para organizar el Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar Central en Buenos Aires.  Fue en esa función que conoció a fondo la realidad sanitaria del país, ya que por esos años muchos jóvenes eran  rechazados del Servicio Militar por no tener la aptitud física para encarar las actividades militares, en la mayoría de los casos esas enfermedades estaban relacionadas con la pobreza, muy particularmente en aquellos que provenían del Interior.

A partir de ello, realizó algunos trabajos estadísticos donde llegó a conclusiones alarmantes, el país contaba apenas con el 45% de las camas necesarias pero en algunas regiones esa disponibilidad era nula. La situación de los hospitales públicos era por demás deficiente y no dependían de una política pública de sino que quedaba librada a la buena voluntad de la caridad de algunas instituciones o damas de beneficencia.  

Carrillo era consciente que la salud no podía depender de la caridad sino de una política de Estado por eso declaró: «La caridad es una virtud cristiana admirable, pero no puede ser la base de una doctrina para el gobierno de la salud pública». 

En 1942 ganó por concurso la cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la UBA.

En el Hospital Militar conoce a Juan Domingo Perón, un encuentro decisivo para el futuro de la salud pública del país. El médico y el coronel consensuaron la necesidad de elaborar y establecer un Plan Sanitario Nacional.

Al asumir la Presidencia de la Nación, Perón lo designa como secretario de Salud Pública y Carrillo presenta un proyecto de 4.000 páginas con las bases del futuro Ministerio. Carillo desarrolló sus tareas prestando particular atención a tres pilares sobre los cuales se construyó su política y que no habían sido tenidos en cuenta por gobiernos anteriores. Ellos eran la medicina social, la medicina preventiva y la atención materno-infantil.

Por aquel entonces, en la Argentina interior y rural se padecía de diversas enfermedades. Carrillo elabora un ambicioso Plan Sanitario que amplía la cantidad de camas disponibles y promueve con fondos del IAPI la creación de hospitales, centros de salud, institutos de especialización, centros de higiene materno-infantiles, sanitarios y laboratorios. Fue famoso en la época el «tren sanitario justicialista Eva Perón», patrocinado por la fundación homónima, que recorre la geografía del país haciendo análisis de sangre y radiografías.

La gestión de Carrillo erradica el paludismo de Argentina y la tuberculosis se reduce a niveles mínimos. Durante su mandato, la esperanza de vida crece de 61,7 a 66,5 años. Se lanzan campañas y se reduce la prevalencia de enfermedades como el chagas, la brucelosis, la lepra, el tifus, la sífilis y la fiebre amarilla. El índice de mortalidad infantil desciende casi hasta la mitad.  Se construyeron 234 hospitales (aumentando en 22.000 camas el sistema sanitario). Crea la primera fábrica de medicamentos: EMESTA (Empresa Medicinal del Estado), que procuraba proveer los tratamientos más caros a bajo costo. 

En su tarea política tuvo la oportunidad de relacionarse con el Ministro de la Salud Pública de Israel, quien en mayo de 1954, le obsequió una placa a la que llamó «un pequeño recuerdo». El ministro de Israel era Joseph Serlin quien se definía como un activista sionista, era miembro del Partido Liberal, quien después de la creación del Israel en 1948, fue miembro del Consejo de Estado provisional. Una persona que lejos está de saludar a un «nazi» y mucho menos de entregarle una placa.

Pero, ¿por qué se ataca a Ramón Carrillo? Porque su pecado fue hacer medicina social. Hasta la llegada del peronismo se trababa de mantener como elementos independientes a la enfermedad y la pobreza, Ramón Carrillo terminó con esa concepción oligárquica y lo ubicó en su justo lugar, así decía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas». 

(*) Di Teodoro, Juan Manuel es abogado e integrante de la Agrupación Peronista Blanca de UPCN.

(**) Esta nota de opinión también se publicó en el portal Letra P.