Libre competencia, ni en broma. Huawei, EEUU, Argentina

Gabriel Fernández

De competir, ni hablemos. La desesperación estadounidense para evitar las consecuencias del despliegue tecnológico chino está a la vista.

Incluye demandas para establecer prohibiciones a la libre comercialización de los productos asiáticos. La Embajada de China en la Argentina denunció que los Estados Unidos obstruyen “de manera arbitraria” la cooperación entre ambas naciones con prácticas de una “naturaleza hipócrita” que reflejan la “arrogancia” con la que actúa para afectar la soberanía de otros países.

“La Embajada de EE.UU. en Argentina ha avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’, generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”, indicó un vocero de la compañía tecnológica. “Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de EE.UU., constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un fuerte menoscabo a la libre competencia”, añadió.

También denunció que la potencia del Norte “siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad”, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país. “[Ello] pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas“, exigió.

Vale recordar que la razón social de Huawei es la de cooperativa. Pertenece exclusivamente a sus empleados mediante un sistema de acciones operado por los mismos trabajadores.

Huawei sigue comercializando sus productos en la Argentina, pero los mismos ya no incluyen los servicios oficiales de Google ni aplicaciones populares pre instaladas debido al veto impuesto por los Estados Unidos en 2019. Esto redujo su presencia en las tiendas tradicionales y cambió su enfoque desde los teléfonos hacia las computadoras, los relojes y su propio sistema operativo.

La postura norteamericana es abiertamente contrastante: “Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”. La definición de Randy Scheunemann, vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, en un diálogo con medios argentinos efectuado en abril de este año, resume la preocupación de los Estados Unidos sobre la presunta influencia de Pekín en la región.

Cuatro meses atrás el Congreso de los Estados Unidos alertó sobre la metodología asiática para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial de uso civil-militar en la Argentina. Washington ahora advirtió a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y analiza revocar las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica.

Los Estados Unidos advirtieron que China mantiene en Neuquén (vale recordar que es el distrito que contiene al complejo petrolero de Vaca Muerta), una presencia estratégica. Según informaron medios cordilleranos, el 12 de julio un gerente de la cooperativa comenzó a recibir mensajes por WhatsApp en los que un funcionario de la representación estadounidense preguntaba si existía la posibilidad de cancelar la iniciativa y preguntaba si CALF había “traspasado los límites”.

El gerente dio a conocer lo ocurrido a la presidencia de la cooperativa y, por su intermedio, al Consejo de Administración. La entidad optó por responder de forma institucional: el 29 de julio, remitió una nota formal al embajador Peter Lamelas con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que solicitó que la embajada confirmara, rectificara o precisara si esas comunicaciones reflejaban una posición oficial, qué instrumento legal las respaldaba y si existían objeciones técnicas concretas sobre sus proyectos.

La embajada respondió públicamente sin desmentir la existencia ni el contenido de los mensajes. “No hacemos comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas. Sin embargo, como ha enfatizado el secretario Marco Rubio, el ingreso a los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, dijo un vocero de la representación ante la consulta periodística.

“El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas”, añadió, y completó que “las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”. En base a este último punto, otras compañías consideradas estratégicas podrían recibir la misma advertencia o sanción.

El episodio se inscribe en la disputa de largo alcance entre Washington y Pekín por el control de infraestructuras críticas. Semiconductores e Inteligencia Artificial han pasado a constituir zonas de combate, y los asiáticos parecen tomar la delantera. Para el gobierno norteamericano, Huawei representa una amenaza a la seguridad nacional: Washington sostiene que el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación operan detrás de ella y que su infraestructura puede emplearse como herramienta de espionaje.

Como si la Central de Inteligencia Americana y otras agencias no se hicieran presentes en el la pugna por el control de las nuevas tecnologías y la aquilatación de información.

Esta posición sobre la compañía tecnológica tiene antecedentes recientes en Europa. En agosto de 2025, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre los Estados Unidos y China apuntó que el contrato con el gobierno de España involucra la autorización de almacenamiento de escuchas legales. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, y su par en el Senado, Tom Cotton, solicitaron a la Dirección Nacional de Inteligencia que revisara la política de intercambio de información con Madrid, argumentando temor de que datos de aliados europeos resulten expuestos en servidores de la compañía china.

Finalmente, vale retornar a la zona andina. La distribuidora neuquina rechazó la caracterización de su trama tecnológica como una “red china”. A través de un comunicado institucional, precisó que el embajador Lamelas “encuadró este asunto como una cuestión de seguridad” y remarcó que la infraestructura de Calfibra opera con servidores HPE (Hewlett Packard Enterprise), equipos de energía APC (American Power Conversion) y Eaton —de origen estadounidense—, sistemas UPS de ABB suiza, y routers MikroTik de fabricación europea, junto a la electrónica de red de Huawei.

El gobierno mileísta, aunque sostiene su postura contraria a los vínculos con la potencia asiática, no se ha pronunciado sobre la cuestión. Pero la misma deberá resolverse en breve; de otro modo, la Argentina seguirá perdiendo inversiones.

La competencia, en este proceso neo liberal, es una broma que no logra impulsar sonrisa alguna.

Sobre el Plan Nuclear Argentino. La importancia de planificar y valorar las capacidades estatales

Por CIDISP

Desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público
(CIDISP) sostenemos que la energía nuclear integra un núcleo de capacidades
estratégicas que la Argentina necesita preservar, ampliar y gobernar con criterios de
soberanía tecnológica, continuidad institucional y responsabilidad democrática. Ese
punto de partida también obliga a mirar con detenimiento las condiciones en que se
anuncian nuevas iniciativas para el sector, especialmente cuando involucran
infraestructura crítica, capacidades científico-técnicas acumuladas durante décadas y
activos públicos cuyo valor excede con mucho su dimensión contable.
Este informe examina las condiciones bajo las cuales una nueva etapa del sector
nuclear argentino podría fortalecer capacidades públicas ya existentes. Para hacerlo,
observamos cómo se articulan el desarrollo tecnológico, la inversión, la infraestructura
estatal disponible y las formas concretas de resguardo del interés público. El anuncio
oficial del llamado Plan Nuclear Argentino vuelve ineludible esa discusión. Lo mismo
ocurre, ahora, con la presentación de un nuevo reactor en Atucha.

  1. La promesa oficial y sus alcances
    En diciembre de 2024, el presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino
    junto con Demian Reidel y el director general del Organismo Internacional de Energía
    Atómica, Rafael Grossi. La comunicación oficial sostuvo entonces que el país debía
    ubicarse en la vanguardia energética mundial, atraer inversiones y aprovechar la demanda
    creciente de energía asociada a la inteligencia artificial. En esa misma presentación se
    indicó que el punto de partida sería la construcción de un reactor modular pequeño en el
    predio de la Central Nuclear Atucha y que una segunda etapa del plan se orientaría al
    desarrollo de reservas de uranio para cubrir la demanda interna y exportar combustibles
    de mayor valor agregado. Allí también se informó la creación de un Consejo Nuclear
    Argentino.
    El 2 de julio de 2026, el Gobierno anunció una iniciativa concreta para construir un
    reactor en el país con una inversión estimada de US$1.200 millones, emplazamiento
    previsto en Atucha y un plazo de obra cercano a cinco años. Según la información
    difundida ese día, la iniciativa fue presentada por Meitner Energy, el diseño corresponde al
    ACR-300, el financiamiento sería privado, Nucleoeléctrica Argentina tendría derecho a
    asumir la operación y el mantenimiento en condiciones de mercado, y la empresa abonaría
    un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazaría la
    central.
    Con esos datos sobre la mesa, el anuncio original deja de leerse solamente como una
    orientación general de política energética. Empieza a leerse, además, como una operatoria
    concreta que compromete capital privado, uso de infraestructura pública y decisiones de
    orden regulatorio, contractual y patrimonial.
  2. La capacidad nuclear preexistente
    La Argentina no llega a esta discusión desde un lugar periférico en materia nuclear.
    La documentación institucional de la Comisión Nacional de Energía Atómica presenta al
    desarrollo nuclear argentino como una trayectoria de largo plazo vinculada al uso pacífico
    de la energía nuclear, la formación de recursos humanos, la investigación científica, el
    desarrollo tecnológico y la construcción de capacidades estatales complejas.
    Esa trayectoria incluye reactores de investigación, aplicaciones médicas,
    capacidades regulatorias, producción científica, desarrollos industriales y proyectos de
    reactores de potencia de diseño nacional. Por eso, el problema abierto por el nuevo
    anuncio remite menos a una eventual incorporación de la Argentina al campo nuclear que
    a las condiciones políticas, presupuestarias y patrimoniales bajo las cuales se reorganiza
    un sector en el que el país ya cuenta con experiencia estatal, conocimiento técnico y
    acumulación institucional.
    Si el desarrollo propuesto utiliza infraestructura pública, capacidades formadas en
    organismos estatales y legitimidad construida por el propio sector nuclear argentino,
    conviene conocer con precisión cómo quedarán distribuidos los derechos de decisión, la
    propiedad sobre los resultados tecnológicos y la captura del valor futuro generado por el
    proyecto.
  3. El marco presupuestario e institucional
    Toda evaluación seria del nuevo ciclo nuclear debe hacerse en el contexto material
    del Estado que tendría que sostenerlo, regularlo y auditarlo. La propia página de
    transparencia de la CNEA remite al presupuesto asignado y a la ejecución presupuestaria
    del organismo, e indica que su seguimiento debe realizarse en la jurisdicción 50, Servicio
    Administrativo Financiero 105.
    Ese dato cobra otro espesor cuando se lo ubica dentro del marco general del
    presupuesto nacional para 2026. El informe de ASAP (Asociación Argentina de
    Presupuesto) sobre la distribución administrativa del Presupuesto 2026 señala que los
    recursos totales de la Administración Nacional previstos para el ejercicio muestran una
    retracción real del 12,7% interanual y que los gastos totales autorizados disminuyen 4,9%
    reales respecto del devengado de 2025. El mismo informe observa además que la Decisión
    Administrativa 1/2026 no modificó los montos globales aprobados por ley y que el
    presupuesto fue sancionado sin corregir partidas originalmente previstas, pese a la
    incorporación legislativa de nuevos gastos, por lo que el financiamiento de esas políticas
    podría quedar sujeto a adecuaciones posteriores.
    Ese marco general no alcanza, por sí solo, para establecer una conclusión cerrada
    sobre la trayectoria específica de la CNEA sin abrir la serie puntual del organismo. De
    todos modos, permite advertir que el nuevo anuncio nuclear se inscribe en un presupuesto
    nacional atravesado por criterios de equilibrio fiscal, restricciones sobre el gasto de capital
    y seguimiento estricto de plantas de personal, vacantes y programación física de
    proyectos.
    La propia Decisión Administrativa 1/2026 dispone la remisión trimestral de
    información sobre evolución de plantas y contrataciones de personal, exige certificación
    de vacantes y fuente de financiamiento para su cobertura, y establece exigencias formales
    para la programación física y financiera de los proyectos.
    La dinámica de ejecución observada por ASAP en enero de 2026 aporta un elemento
    adicional. En el primer mes del año, el gasto primario de la Administración Pública
    Nacional cayó 4,6% real interanual, las remuneraciones retrocedieron 4,6% reales, los
    bienes y servicios cayeron 38,4% reales y el gasto de capital mostró una ejecución
    prácticamente nula, con una contracción de 95,4% real interanual. Ese mismo informe
    vincula la caída de las remuneraciones con la reducción de la planta estatal.
    Todo esto incide sobre el sector nuclear de manera directa. Un proyecto de reactor
    requiere organismos públicos con capacidad técnica, inversión estatal complementaria,
    capacidad regulatoria, personal altamente calificado y continuidad institucional. Si el
    marco presupuestario general combina contracción del gasto primario, caída del gasto de
    capital y una política restrictiva sobre personal y vacantes, resulta razonable preguntar
    con qué recursos efectivos se sostendrá el plan y en qué condiciones institucionales
    debería desplegarse.
    A ese cuadro se suma un dato institucional adicional. La Resolución 159/2026 de la
    Autoridad Regulatoria Nuclear dejó asentado que la CNEA adeudaba el pago de la tasa
    regulatoria prevista en el artículo 26 de la Ley 24.804, aunque la ARN resolvió dar curso
    favorable a determinadas licencias por razones de interés público.
  4. Atucha, CAREM y las condiciones del nuevo proyecto
    La novedad central del anuncio del 2 de julio no se limita al plano tecnológico.
    También involucra una dimensión patrimonial que merece atención específica. El proyecto
    prevé emplazarse en el sitio Atucha, dentro de la órbita de Nucleoeléctrica Argentina, y la
    información difundida indica que la empresa desarrolladora abonaría un canon por el
    derecho real de superficie sobre los terrenos utilizados.
    Ese punto requiere un examen más detenido porque Atucha forma parte de una
    infraestructura crítica construida por el Estado argentino y organizada durante décadas
    para funciones estratégicas del sector. Su localización, sus servicios, su personal, su
    entorno regulatorio y su inserción en la arquitectura institucional del área reducen costos,
    aceleran factibilidades y transfieren valor objetivo a cualquier proyecto que se instale allí.
    El conocimiento que hace falta para diseñar el ACR-300 no aparece de la nada.
    Fuentes técnicas consultadas coinciden en que sale, en buena medida, de profesionales
    formados en la CNEA que hoy pasan a Meitner. Si ese movimiento se consolida, la empresa
    incorpora personal altamente calificado y, al mismo tiempo, absorbe experiencia
    acumulada por el Estado y una capacidad de diseño que llevó décadas construir.
    La comunicación oficial de diciembre de 2024 afirmó que la Argentina lideraría esta
    nueva etapa con tecnología “100% argentina” desarrollada por sus ingenieros nucleares. A
    su vez, en el acto por el 75° aniversario de la CNEA, Demian Reidel presentó al ACR-300
    como una tecnología de 300 MW diseñada por ingenieros argentinos, señaló que el plan
    comenzaría con cuatro módulos en Atucha y sostuvo que luego esa tecnología sería
    licenciada al resto del mundo.
    Ahí se abre otra discusión, menos visible pero igual de importante. Una posibilidad
    hubiera sido organizar la etapa de diseño a partir de una intervención coordinada del
    propio Complejo Nuclear Argentino, articulando capacidades ya existentes en organismos
    y empresas del sector. Si la ingeniería decisiva termina concentrada en una estructura
    privada que capta personal formado en el sistema público, queda planteada una pregunta
    de fondo sobre quién retiene el conocimiento que permitirá diseñar el reactor, tramitar
    licencias y participar del valor futuro de ese desarrollo.
    Ese conjunto de afirmaciones vuelve especialmente relevante la discusión sobre
    propiedad intelectual, transferencia tecnológica y captura del valor generado por el
    proyecto. Cuando una tecnología se presenta como resultado del conocimiento
    nacional, pero su desarrollo comercial se articula a través de vehículos empresariales
    privados, financiamiento externo y uso de infraestructura pública, corresponde conocer
    con precisión quién toma las decisiones estratégicas, quién conserva los derechos sobre
    el diseño, bajo qué condiciones se otorgarán licencias y qué participación retendrán los
    organismos públicos involucrados.
    Entre quienes conocen de cerca este tipo de desarrollos hay un punto en el que
    aparece bastante acuerdo: el diseño de un reactor como el ACR-300 exigiría alrededor de
    1.400.000 horas-hombre. Por eso, el plazo de cinco años difundido para su construcción
    resulta difícil de sostener cuando se incorpora el tiempo que demandan la ingeniería, los
    permisos regulatorios y las etapas previas a la obra. Incluso con un flujo ideal, la entrada
    en operación se ubicaría más cerca de una década que de ese plazo inicial. Hoy el proyecto
    contaría con una patente y con un diseño conceptual avanzado, pero todavía tendría por
    delante el diseño preliminar, necesario para tramitar permisos, y el diseño de detalle que
    habilita compras, contrataciones y comienzo efectivo de la construcción.
    El proyecto CAREM también ocupa un lugar importante en esta discusión. En marzo
    de 2025, la comunicación oficial sobre la visita presidencial a Lima informó que el avance
    de obra civil del edificio superaba el 78% y que el avance físico general del proyecto
    alcanzaba el 62%, además de definir al CAREM como un reactor íntegramente diseñado y
    construido en la Argentina.
  5. Lo que corresponde informar
    Desde el CIDISP consideramos que la información pública actualmente disponible
    sobre esta nueva etapa del llamado Plan Nuclear Argentino resulta insuficiente para una
    evaluación responsable por parte del Congreso, las organizaciones del sector, las
    universidades, los trabajadores especializados y la ciudadanía.
    En primer lugar, el Estado debe informar cuál es el instrumento jurídico que regula la
    iniciativa presentada para el ACR-300, cuál es su estado de aprobación, qué cláusulas de
    rescisión contiene, qué derechos otorga sobre el predio de Atucha y qué obligaciones
    concretas fija en materia de plazos, inversión, transferencia tecnológica y cumplimiento
    regulatorio.
    En segundo lugar, debe precisarse qué infraestructura, servicios, accesos,
    conexiones, estudios previos y capacidades institucionales del sitio Atucha son puestos a
    disposición del proyecto, cómo fueron valuados y qué contraprestación total recibe el
    Estado más allá del canon por superficie mencionado en la información difundida.
    En tercer lugar, el Estado debe aclarar a nombre de quién quedarán las patentes,
    licencias, mejoras, desarrollos de ingeniería y demás activos intangibles asociados al
    ACR-300 y a sus eventuales evoluciones, especialmente si el diseño se apoya en
    capacidades acumuladas en organismos públicos argentinos.
    También corresponde informar cómo se integrarán los equipos técnicos que
    desarrollen la ingeniería del proyecto, qué participación institucional conservarán los
    organismos del Complejo Nuclear Argentino y qué resguardos existirán para evitar una
    transferencia privada de capacidades estratégicas formadas en el sector público.
    Asimismo es indispensable saber si existe desplazamiento de personal desde la
    CNEA u otros organismos hacia el nuevo proyecto, en qué magnitud, bajo qué condiciones
    y con qué impacto sobre la masa crítica estatal. La información difundida el 2 de julio
    consignó la no renovación de 61 contratos en la CNEA, mientras que la conducción del
    organismo sostuvo que no se trató de ingenieros nucleares ni de personal técnico
    especializado, sino principalmente de contratos administrativos de plazo fijo.
    Por último, toda decisión de emplazamiento, construcción y operación debe quedar
    supeditada a un proceso de licenciamiento plenamente trazable, bajo control de la
    Autoridad Regulatoria Nuclear, con información pública suficiente sobre hitos, requisitos
    y responsabilidades.

Mosconi y la batalla por el petróleo

Rubén I. Bourlot*

«En la vida una de las cosas más fáciles es tener ideas y proyectos, y hasta puedo decir muy buenas ideas y proyectos, basta para ello un cerebro discreto y un poco de imaginación. Pero lo endiabladamente difícil es tomar la más pequeña idea o proyecto, organizarlo y ponerlo en pie y hacerlo marchar» – Enrique Mosconi.

La lucha por el dominio del petróleo se inició apenas surgida la segunda revolución industrial en Europa y Estados Unidos, cuando los combustibles derivados del petróleo cobraron significación. El negocio de la explotación petrolera fue dominado rápidamente por unos pocos trusts petroleros originarios de países industrializados. En Argentina la historia del petróleo empezó en simultáneo pero fue con el general Enrique Mosconi que cobró relevancia de la mano de la empresa estatal YPF.

En nuestro país el Día Nacional del Petróleo recuerda su “descubrimiento” en Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1907. Se trata de una fecha arbitraria puesto que desde mucho antes se sabía de la presencia del preciado elemento en el territorio argentino. Ya en 1891 el tema de la explotación de petróleo había originado un duro debate en el Congreso cuando el diputado Osvaldo Magnasco, oriundo de Gualeguaychú, se trenzaba en un duro debate parlamentario cuestionando la actuación de las compañías ferroviarias inglesas que, entre otras irregularidades, maniobraban para impedir la extracción de petróleo en yacimientos descubiertos en Mendoza y Jujuy. A las petroleras les interesaba el negocio de importar combustibles en vez de producirlo en el país.

“Ahí están Jujuy y Mendoza, sobre todo la primera, empeñada desde hace doce años en la tentativa de la explotación de una de sus fuentes más ricas de producción de sus petróleos naturales –decía Magnasco en el Congreso de la Nación-. Pero no bien llega a oídos de la empresa de exportación de una pequeña partida a Buenos Aires o a cualquier otro punto, inmediatamente se levanta la tarifa, se alza como un espectro, y se alza tanto, que el desfallecimiento tienen que invadir el corazón del industrial más emprendedor y más fuerte (…) 

“El petróleo, a que me referí al principio, va a ser sin duda el combustible del provenir. Está sustituyendo con grandísimas ventajas, con una economía del sesenta y hasta el setenta por ciento, al carbón de piedra.”

Se cuenta que el diputado Emilio Civit, luego ministro de Obras Públicas de la segunda presidencia de Roca, siendo diputado nacional (1882-1889) solía llevar en su maletín personal una botella con petróleo extraído del paraje Agua del Corral, en las cercanías de Cacheuta, para contarles a todos en Buenos Aires sobre las virtudes y ventajas que podrían encontrar en Mendoza. Y como si fuera uno de esos populares vendedores ambulantes de peines y peinetas Civit explicaba lo que Mendoza produciría en materia combustible si ese líquido oscuro de la botella de vidrio llamado «petróleo» se pudiera extraer en gran escala.

En 1887 la Compañía Mendocina de Petróleo llegó a perforar veinte pozos, de los cuales cuatro resultaron productivos. La empresa construyó un pequeño oleoducto para transportar el petróleo a Mendoza y produjo cerca de 8.600 metros cúbicos. Pero todos estos emprendimientos se vieron frustrados por el desinterés de los inversores y las maniobras que oportunamente denunció Magnasco.  

El nacimiento de YPF

En 1916 era consagrado presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen. En nuevo mandatario pronto comprendió que el petróleo era la fuente de energía que necesitaba el país y que debía obtenerse de su subsuelo en vez de importarlo. Intentó a lo largo de su gestión hacer sancionar una ley de petróleo. Frustrados los mismos apeló al decreto para crear Dirección General de YPF el 3 de junio de 1922, en base a las reservas petrolíferas reservadas para el estado. Hasta ese momento mejores reservas estatales estaban concesionadas a empresas privadas que las mantenían improductivas dentro de una estrategia internacional tendiente a mantener en el país un alto nivel de importación de hidrocarburos que los mismos trusts vendían a un precio considerablemente alto. Recién en 1922, cuando YPF afirmó su presencia, aquellos decidieron extraer el mineral.

El desafío de la WICO

En la década del 20, el entonces coronel Enrique Mosconi, a cargo del servicio aeronáutico del ejército, advirtió la acción conspirativa ejercida por las petroleras extranjeras instaladas en el país. “Los grandes trusts, decía, son organizaciones insaciables, difíciles de dominar una vez que han tomado posesión de las tierras y se les ha acordado facultades y derechos. Tanto el grupo europeo (el anglo-holandés Royal Dutch) como el norteamericano (Standard Oil), de funesta tradición ante la justicia de su país, son indeseables para toda nación que quiera fecundar en paz su trabajo creador.”

Mosconi había nacido en Buenos Aires en 1877, hijo de un ingeniero italiano, ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1891, egresando con el grado de subteniente de infantería. En 1896, movido por su interés en la formación científica, ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, graduándose de Ingeniero Civil. En 1903, integró una comisión que estudió el trazado del ferrocarril central norte. Al año siguiente fue enviado a Europa junto a una comisión para realizar gestiones con el fin de instalar una usina hidroeléctrica de gas pobre en Campo de Mayo. También Mosconi pasó una temporada de perfeccionamiento en el ejército alemán realizando estudios en la Escuela de Artillería e Ingenieros en Charlottenburgo. En 1912 fue nombrado integrante de la dirección técnica de la Escuela de Aviación Militar, llegando a ocupar en 1920 la dirección del Servicio Aeronáutico. 

Un hecho fortuito producirá el desenlace de su tarea futura en procura de la independencia energética del país. Ya no sería el petróleo un instrumento para perpetuar la dependencia del pueblo argentino a los imperios del mundo. 

Cuando Mosconi se desempeñaba en la división del servicio aeronáutico, la empresa norteamericana WICO (West India Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey) era la abastecedora de combustible de la repartición. En una oportunidad por una supuesta deuda la WICO se negó a entregar petróleo al ente oficial como normalmente lo hacía. Mosconi pidió entrevistarse con el gerente de la misma. 

«Me propuse pues aclarar personalmente la cuestión -escribió Mosconi- y con ese fin regresé a la capital para concurrir a la oficina central de la West India Oil Company. Pedí allí entrevistarme con el gerente, a cuya oficina pasé encontrándome con un pequeño despacho instalado al uso norteamericano. Cambiamos los saludos de estilo, le manifesté el objeto de mi visita y la extrañeza producida por el resultado de las gestiones del oficial de administración. ‘Sí señor, es exacto’, me contestó mi interlocutor, ‘esa es la norma de nuestra compañía’. “’Advierta’, le dije entonces, ‘que el servicio aeronáutico del ejército no debe un centavo a su compañía, que se trata de una repartición militar solvente y dependiente del ministerio de guerra y que por lo tanto no solo sorprende su manifestación y exigencia, sino que las considero impertinentes y no las acepto’. 

“Allí, en el mismo escritorio, me propuse juramentar conmigo mismo cooperar por todos los medios legales a romper con los trusts». Si este requerimiento se hubiera realizado en tiempo de guerra, pensaba Mosconi, toda la operación estaría dependiente de la voluntad y de los intereses económicos de un empresario extranjero.

El 19 de octubre de 1922 fue designado por el ministro de agricultura Tomás Le Breton director de YPF creada meses antes por Yrigoyen. Ya había asumido la presidencia del país Marcelo T. de Alvear, radical antipersonalista. El mérito de la acertada designación de Mosconi no parece haber sido una consecuencia de la política oficial del presidente y de su gabinete. 

«Al iniciar Alvear su gobierno aparece en escena el petróleo del coronel Enrique Mosconi», acota Arturo Frondizi en su obra ‘Petróleo y Política’. Y agrega que esa designación fue más la obra de la casualidad que del acierto de los funcionarios, ya que Le Breton ofreció ese puesto a un amigo de toda su confianza, quien al declinar su responsabilidad por no conocer cabalmente el problema, le recordó que un coronel Mosconi, al que no conocían ni él ni el ministro, había publicado en esos días sus opiniones vinculadas al petróleo. 

Al respecto escribió Félix Luna: «Alvear no hizo nada para lograr la nacionalización del petróleo que sufrió durante su presidencia una accidentada peripecia». La ley de represión de los trusts quedó prácticamente anulada por no reglamentarse su aplicación.

Mosconi inició una inmediata reorganización de la empresa. Logró el levantamiento de las reservas concedidas y su traspaso para ser explotadas. De inmediato se produjo el enfrentamiento con los trusts norteamericanos e ingleses. Es de destacar que en ese momento no había empresas petroleras de propiedad estatal en el mundo. 

A poco de iniciada la gestión, pudo lograr la autonomía y desde ese instante YPF no dependió más del Ministerio de Agricultura. Mosconi demostró su capacidad, su temple, actuando como auténtico hombre de empresa y experto en la materia. Reorganizados los yacimientos de Comodoro Rivadavia, su mirada se dirigió hacia Plaza Huincul. Estos yacimientos habían sido descubiertos en 1918 y fue traspasado a la dirección de YPF en virtud del artículo segundo del decreto del 3 de junio de 1922. 

La eficiencia de la producción, mejores condiciones de trabajo y reorganización del sistema de distribución fueron los tres pilares que sostuvieron la evolución de YPF complementándose con la construcción la destilería de La Plata. La extracción en 1924 fue de 474.602 metros cúbicos de crudo y a partir de ese momento las cifras fueron en incremento: 618.151, 743.740 y 802.036, respectivamente en los años subsiguientes. Una de las iniciativas más importantes fueron las instalaciones de Ingeniero White, Bahía Blanca. 

También en 1922 se efectuaron ampliaciones en los almacenes del petróleo en la Dársena Sur con la incorporación de tres tanques de 10.000 toneladas cada uno. Se construyeron nuevos muelles y se habilitaron depósitos de aprovisionamiento en Rosario y Concepción del Uruguay.

La batalla de los subproductos

Hasta 1916 el petróleo extraído por YPF en su mayor parte se comercializaba crudo. Mosconi se propuso dar una nueva batalla para lograr atiborrar el mercado argentino con la sigla YPF. De inmediato se encaminó en el proyecto de una nueva y moderna destilería que tuvo diversos vaivenes: indiferencia oficial, retaceo de presupuesto, pero finalmente triunfó. Abierta la licitación para construir la obra en La Plata se presentaron 10 compañías, ganando una norteamericana, la Bethlehem. Eso motivó que intereses extranjeros trataran de impedir la obra, llegando a interesar a Bethlehem para que desistiera. No obstante, el proyecto continuó y fue inaugurada el 23 de diciembre de 1925.

Marcos Kaplan, por su parte, estima que la destilería de La Plata constituye uno de los aportes positivos más importantes de este periodo, contribuyendo, entre otras cosas, a mejorar la posición competitiva de YPF en el mercado interno. Ya en marcha la destilería, desapareció del mercado la venta de crudo, siendo reemplazado por el fuel oil con la consiguiente economía y el incremento de los ingresos por la venta de subproductos con mayor valor agregado.

Los trabajadores del petróleo

El desenvolvimiento de la empresa nacional benefició al pueblo argentino con la apropiación de la riqueza de su suelo para volcarla a la incipiente industrialización y, a su vez, asegurar el desenvolvimiento autónomo del Estado. Por otra parte, posibilitó el incremento de las fuentes de trabajo en el olvidado sur y el mejoramiento de las condiciones laborales gracias a la preocupación de Mosconi. Este decía que para el bien de la nación y la prosperidad de sus habitantes es menester contemplar siempre en primer término la situación del hombre, obrero o empleado, despertando su confianza y dedicación hacia la empresa a la cual se le exige que consagre sus energías. En YPF ese pensamiento, como se ha visto, ha sido norma invariable. «Pienso, pues, que a lo ya hecho como obra de gobierno deben sumarse otras ventajas que llevarán a la consecución de aquellos propósitos y en tal sentido no sólo debemos mantener la ley del salario mínimo, sino que debemos completarla con la vivienda mínima como consecuencia del moderno concepto de solidaridad social».

El papel de Mosconi responderá a las más arraigadas tradiciones del ejército, consciente de la prioridad de dominar los resortes básicos de la economía para hacer frente a los imperios industriales que influyen sobre la soberanía del país. “Por razones de oficio -escribe Raúl Larra- el militar está preparado para captar el desvalimiento del país. Este concepto lo ratifica Potash al considerar el apoyo que Mosconi recibió por parte de un importante número de oficiales convencidos de la necesidad de industrializar al país, contando con el desarrollo del petróleo bajo el control del Estado. 

«El hombre que se encontró de pronto con una realidad levemente distinta al panorama pintado desde afuera debió replantearse paulatinamente su pensamiento. De tal estirpe fue Mosconi  -escribió dijo Baldrich en 1941- porque su titánica cruzada redentora tiene amplitud continental». 

Cuando Yrigoyen retornó al poder en 1928 ratificó a Mosconi su confianza. Mosconi era a la sazón hombre de Alvear para los políticos comiteriles, pero el «Peludo» volaba más alto. Durante su presidencia, la producción de YPF continuó en incremento y se produjeron varios acontecimientos históricos en la materia. Con el objeto de formar el plantel de técnicos y especialistas que necesitaba la industria del petróleo, fueron implementados los cursos superiores del Instituto del Petróleo, mediante convenio entre la Dirección de YPF y la Universidad de Buenos Aires.

La batalla de los precios

La presencia de una empresa nacional decidida a competir en el mercado petrolero produjo la lógica inquietud dentro de los trusts que no escatimaron esfuerzos para tratar de sacarla del medio. Frente a esta situación Mosconi debió acudir a todos los medios a su alcance para lograr su objetivo. En 1923 se obtuvo de Ferrocarriles del Estado el consumo exclusivo de combustible producido por YPF, medida que en 1926 se extendió a todas las reparticiones oficiales.

Estas fueron las primeras medidas, pero faltaba la decisión que colocaría en manos del Estado Nacional el control de la comercialización de los combustibles. El precio era manejado por las empresas privadas y su fijación se realizaba de acuerdo a la distancia del lugar de origen y en función de la competitividad comercial. En general los precios eran elevados por sobre el margen normal de ganancia. Hacia 1929 el precio del litro de nafta variaba entre 34 y 40 centavos en las distintas regiones del país. YPF estaba imposibilitada de ejercer influencia sobre los mismos, pues carecía de una red nacional de distribución y venta, pero en 1929 estaba a punto de dar la gran noticia.

A partir del 1 de mayo, la Dirección General de YPF tomó a su cargo la organización para la venta de todos sus productos. El 1º de agosto de ese año se ordenó una sustancial rebaja del precio de los combustibles: dos centavos menos para el litro de nafta y querosene y 80 centavos el cajón, en tanto el fuel oil fue rebajado en 50 centavos por tonelada. De esta forma, la decisión estaba del lado del Estado Nacional.

«Suenen entonces las dianas augurales del 1º de agosto –escribió Mosconi-, fecha en que YPF tomó el contralor y dirección del mercado interno de combustibles, independizando al país de los productos de origen extranjero. Es, pues, aquella una fecha memorable en los anales de nuestra organización económica. El país se ha realizado en la economía nacional. Los trusts petrolíferos inglés y norteamericano quedan definitivamente rotos en nuestro país. Los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno que decide, libre de injerencias extrañas, todo lo relativo al combustible líquido; y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el mar».

“El golpe de gracia, esta batalla ganada a los ejecutores de la política imperialista, contribuyó a que el precio de la nafta sufriera constantes rebajas -comentó años después Solano Peña Guzmán- bajando desde 26 centavos en 1922 a 18 centavos en la actualidad (1942), puesto que el precio de 24 centavos incluye 6 centavos de impuestos nacionales. Estas medidas no solo tenían influencia directa sobre el consumidor, sino que reducían a un mínimo las ganancias de las compañías extranjeras y, por lo tanto, se beneficiaba en conjunto a la economía del país al reducir sensiblemente estos envíos anuales de divisas al extranjero.

Bibliografía

Mosconi, Enrique (1983). El petróleo argentino 1922-1930. Círculo Militar.

Larra; Raúl (1981). Mosconi, general del petróleo. Ánfora.

Larra; Raúl (1981). El general Baldrich y la defensa del petróleo argentino. Ad. M. Moreno.

Frondizi, Arturo (1955). Política y petróleo. Raigal.

Luna, Félix (1982). Alvear. Ed. de Belgrano.

Palacio, Ernesto (1957). Historia de la Argentina. Peña Lillo.

Gallardo, Guillermo (1968), en Historia Argentina dirigida por Roberto Levillier. Plaza y Janés.

Kaplan, Marcos (1957). Economía y política del petróleo argentino. Praxis.

Potash, Robert (1982-1983). Ejército y la política en la Argentina. Tomos I y II. Sudamericana.

Peña Guzmán, Solano (1942). La autarquía en la economía argentina. La Raza.

*Profesor de Historia y Educación Cívica. Autor de Mariano Fragueiro y la constitución económica de 1853, El radioteatro en Entre Ríos e Historia elemental de Entre Ríos, entre otros.

LA REENCARNACIÓN CULTURAL

Una teoría sobre la continuidad creadora del pueblo argentino

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

La Argentina conoce desde siempre un fenómeno extraordinario que, hasta donde sabemos, nunca fue formulado como una categoría de análisis. Lo llamamos la “teoría de la reencarnación cultural». Que no designa un misterio ni una metáfora; sino que intenta describir el modo en que las grandes obras históricas, encarnadas en hombres y mujeres concretos, continúan viviendo en las generaciones que las suceden. En nuestro país, esa ley encuentra una de sus expresiones más nítidas en lo que podría denominarse la “herencia del potrero». Que no es otra cosa que la incidencia de un determinado clima cultural, de una data que baja; ese legado invisible mediante el cual una generación fecunda a la siguiente y, casi sin advertirlo, va modelando el ser nacional, la conciencia colectiva y la silueta histórica de la Argentina.

Las grandes personalidades no aparecen por generación espontánea. Son el fruto de una tradición, de una cultura, de una necesidad, tal vez, y de una obra previa que incide y prepara las condiciones para que emerjan. Los pueblos no producen gigantes todos los días, pero lo cierto es que la Argentina siempre tiene el suyo en literatura, deporte, ciencia, música, cine, filosofía, DDHH, técnica, religión, etc. ¿Qué hay en la matriz cultural argentina que permite que, generación tras generación y en disciplinas que no tienen aparentemente nada que ver entre sí, aparezcan individuos capaces de discutir la cima mundial?. Argentina se constituyó como una sociedad particularmente mestiza en términos culturales; la tradición criolla y latinoamericana, la originaria, las grandes inmigraciones, una temprana urbanización, una educación pública de enorme gravitación histórica, universidades masivas, clubes de barrio, bibliotecas populares, sindicatos, sociedades de fomento, teatros, conservatorios, potreros y una vida política extraordinariamente intensa.

Pero agreguemos algo menos mensurable. La cultura argentina posee una relación particular con la creación. Tiene irreverencia frente a la autoridad, cierta indisciplina creadora, una inclinación a discutir lo establecido y una enorme confianza —a veces insoportable, otras veces prodigiosa— en que uno puede hacer las cosas de otra manera. Acá nadie es más que nadie ni menos que nadie. El mismo rasgo que muchas veces dificulta nuestra organización colectiva puede convertirse en el individuo excepcional, en una formidable fuerza creadora. El potrero es quizá su metáfora perfecta; resolver sin manual, adaptarse a casi todos los medios, inventar frente al obstáculo, hacer de la carencia un recurso. Y existe finalmente la transmisión. Nadie comienza verdaderamente desde cero.

En última instancia, esta teoría de la reencarnación cultural no es sino una tentativa de describir un rasgo constitutivo del ser nacional argentino; esa capacidad, tan propia de nuestro pueblo, de convertir el legado en fuerza creadora y la memoria en una potencia capaz de engendrar nuevas grandezas, aun cuando las fuerzas antinacionales se empeñan, de manera sistemática, en vaciar nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestras estructuras sociales para sustituir lo mejor del pueblo por élites cada vez más desvinculadas de la comunidad nacional y espiritual. Veamos.

Mariscal de Mariscales

Podríamos sostener hasta el último día que Néstor Kirchner sería inconcebible sin un Juan Domingo Perón. No porque el Flaco haya sido una réplica ni una prolongación mecánica del General, sino porque toda gran conducción nace sobre una obra anterior que le abre el camino. Kirchner, como miles, respiró el aire político que Perón había dejado en la historia argentina. Se formó dentro de un universo cultural, afectivo y doctrinario que, a pesar de casi dos décadas de proscripción, el peronismo había sembrado durante décadas; una determinada manera de entender la Nación, de mirar al pueblo, de concebir al Estado y de asumir la política como instrumento de transformación histórica. Néstor fue hijo de esa tradición y, al mismo tiempo, uno de sus renovadores más lúcidos desde la muerte del General. Lo cierto es que, sin Perón, la Argentina habría sido otra. Y en esa otra Argentina, desprovista de aquella matriz histórica, difícilmente habría existido el Néstor Kirchner que conocimos. 

Esto es más una ley natural que una regla política. A primera vista puede parecer un planteo excesivamente complejo, a la vez que elemental, incluso contrafáctico. Sin embargo, no es más que el análisis retrospectivo de la concatenación de los hechos, pero dotándolos de sentido. Con el diario del lunes resulta posible advertir que la historia no se compone de acontecimientos aislados, sino de procesos que se fecundan unos a otros.

De lienzo blanco en mi corazón

Con Diego Armando Maradona y Lionel Messi ocurre exactamente lo mismo. Messi nació con un talento extraordinario, pero el talento, por sí solo, nunca explica una obra. Lo decisivo fue que, como millones de chicos argentinos, Lionel creció mirando a Maradona, soñando con ser Maradona, intentando hacer lo que hacía Maradona, conduciendo la pelota apilando ingleses bajo el relato mental de Victor Hugo Morale en el ‘86. “Genio del fútbol mundial”. Esa aspiración empujó su capacidad hasta límites que quizá nunca habría explorado de no haber existido ese horizonte de motivación, a la que luego le agregó una perseverancia inigualable. Aunque muy parecidas, el Diego no le transmitió su zurda ni su gambeta; le transmitió la convicción de que un argentino podría ser el mejor futbolista del planeta. Y allá fué Lionel.

Y hay algo profundamente argentino en el hecho de que, cuarenta años después, el destino nos haya vuelto a cruzar con Inglaterra en una instancia decisiva de un Mundial, esta vez en semifinales y con toda la carga histórica y épica de la ocasión. Como si la historia, de vez en cuando y acaso sorprendida de sus propias coincidencias, decidiera conversar consigo misma. En 1986 había sido en cuartos de final, apenas cuatro años después de la guerra de Malvinas, cuando Maradona escribió una de las páginas más profundas de nuestra memoria colectiva; un pueblo encontró en aquella victoria, con el gol más hermoso de la historia de los Mundiales y otro bien pirata —de una justicia poética infinita—, una forma simbólica de recuperar parte de la dignidad herida tras la derrota militar. En el medio volvimos a cruzarnos dos veces en Mundiales, en 1998 y en 2002: ya no estaba Maradona, todavía no había llegado Messi y, cosas de nuestra historia, si estaba Juan Sebastián Verón. Pero para que la historia volviera a adquirir aquella dimensión nacional que había tenido en el Azteca, hubo que esperar cuarenta años y la aparición del otro gran heredero del potrero argentino. 

Lo del 15 de julio de 2026 trascendió largamente al fútbol. Fue un hecho político de alcance internacional. En el escenario de mayor visibilidad del planeta y de la tribuna al campo de juego, los jugadores de la Selección Argentina inscribieron un principio de soberanía y transformaron una victoria deportiva en un mensaje político dirigido al mundo, para afirmar ante quienes dudaban o no lo sabían, y entre propios y extraños, que la causa Malvinas sigue siendo un reclamo nacional irrenunciable para el pueblo argentino. El alcance de ese gesto todavía resulta imposible de medir, pero una de sus consecuencias ya puede advertirse; fortaleció la unidad nacional alrededor de una causa que, por encima de las diferencias políticas y sociales, continúa siendo patrimonio común de todos nosotros. 

Y ocurrió. Messi y la Escaloneta recogieron aquella obra y la proyectaron sobre una nueva generación de argentinos. No repitieron a Maradona; continuaron la huella que él había abierto para la Argentina. Esa continuidad demuestra que las grandes obras no concluyen con quienes las realizan, sino que permanecen latentes en la memoria de un pueblo hasta que una nueva generación encuentra la manera de hacerlas vivir otra vez.

Argentina todavía no ha dado su último gran futbolista 

Por eso sostenemos que Messi no es solamente un genio individual. Es también una creación cultural de la Argentina que Maradona ayudó a moldear. Y, al mismo tiempo, Messi ya está haciendo exactamente lo que hizo Diego con él. De hecho, muchos de esos pibes que pateaban la pelota en sus barrios queriendo ser Messi, ya ganaron un Mundial con él.

Pero existe una diferencia decisiva respecto de la época de Maradona. La obra de Diego se expandía a través de la televisión diferida, de los diarios, revistas y del relato oral de quienes lo habían visto jugar. La obra de Messi se multiplica, en tiempo real y de manera prácticamente infinita, a través de cada pantalla del planeta. Nunca antes un futbolista había podido inspirar a tantos niños, durante tanto tiempo y con tanta intensidad. Si Maradona fecundó el imaginario futbolístico de varias generaciones argentinas, Messi está sembrando, simultáneamente, el de una o dos generaciones globales, sin dejar de ocupar, para los chicos y chicas de Argentina, ese mismo lugar de inspiración que Diego ocupó para él. Por eso, la incidencia de su legado promete ser todavía más extensa.

En ese marco, y siguiendo los regates de este fenómeno, nos animamos a hacer una afirmación que para muchos puede sonar exagerada, pero que, para este autor, es una consecuencia lógica de esta teoría. Argentina todavía no ha dado su último gran futbolista. La obra de inspiración que está dejando Lionel Messi hace pensar que, dentro de una o dos décadas, este país volverá a parir a otro jugador destinado a ocupar la mesa de los más grandes de todos los tiempos. Y cuando eso ocurra no será casualidad, volveremos a comprobar que los grandes nombres no sólo transforman su época; también crean las condiciones y el cultivo para que aparezcan quienes los sucederán. 

Si eso sucede, poco importará el orden del podio. Porque el dato verdaderamente extraordinario no será quién ocupa el primer, el segundo o el tercer lugar, sino que, una vez más, serán argentinos. Paciencia, ya lo verán. Quizá entonces comprendamos también la esterilidad de aquella discusión que durante años pretendió obligarnos a elegir entre Messi o Maradona, como si una grandeza necesitara disminuir a la otra para existir. Cosa típicamente de hombres inseguros. Esa falsa disyuntiva termina siendo funcional, aun involuntariamente, a una vieja matriz de pensamiento antinacional; fragmentar aquello que constituye una fortaleza propia, enfrentar nuestras mejores expresiones entre sí y convertir una extraordinaria continuidad cultural en una disputa de bandos, para que dé suma cero. Maradona o Messi es una pregunta equivocada. La verdadera respuesta es mucho más poderosa; Maradona y Messi. Los dos son nuestros. 

Ya basta de caer en la trampa, ya conocemos sus consecuencias. Las hemos padecido durante décadas en democracia a través del dispositivo desmalvinizador, en cuya lógica terminaron cayendo incluso no pocos de los nuestros; mirar Malvinas únicamente a través del prisma minusvalidante de la derrota, hasta despojar aquella gesta de todo arrojo, heroísmo y potencia inspiradora. Así se terminó reduciendo a nuestros combatientes a la condición exclusiva de víctimas, cuando fueron protagonistas de una causa nacional y autores de innumerables actos de coraje. Y al quitarles esa dimensión, no sólo se mutiló la historia; se interrumpió la transmisión de su ejemplo a las generaciones que vinieron después. Entonces ocurre una paradoja brutal; un país que tiene historias verdaderas de arrojo, sacrificio y heroísmo termina buscando sus relatos de coraje afuera, en las películas, en las guerras y en los héroes de otros pueblos. Consumimos la épica que otros construyen sobre su propia historia mientras vaciamos de toda potencia inspiradora la nuestra. Aunque, por fortuna, el pueblo llano suele comprender estas cosas bastante mejor que las academias, cierta militancia y las instituciones. 

Del fútbol a la política

Pero esta teoría también obliga a formular una pregunta incómoda por fuera del fútbol. Si los grandes hombres o mujeres son el resultado de una tradición capaz de inspirar a las generaciones que los suceden, ¿qué clase de dirigencia política puede nacer de una época caracterizada, precisamente, por la ausencia de figuras capaces de despertar esa inspiración?. Desde luego, la política responde a una complejidad histórica infinitamente mayor que la del fútbol. Y el fútbol conserva aún una ventaja decisiva; todavía nace, en buena medida, del pueblo. En cambio, a la alta política, casi no le quedan pastores con olor a oveja. Todavía el potrero del fútbol resiste. Y justamente por eso hace años que intentan colonizarlo, disciplinarlo y convertirlo en otra mercancía global, despojándolo de esa extraordinaria capacidad de expresar el alma de una Nación.

Tal vez la historia esté preparando una respuesta distinta. Tal vez, cuando la ausencia de referencias políticas alcanza determinado umbral, sea el propio vacío el que comience a actuar como fuerza creadora. Quizá no sea un nombre propio el que inspire a la generación que viene, sino la conciencia de que ese nombre todavía no existe. Quizá la experiencia del abandono, de la frustración y del vacío estructural termine generando la necesidad de construir aquello que falta. No lo sabemos. Pero sí sabemos que la historia jamás tolera indefinidamente los vacíos. Tarde o temprano, los pueblos encuentran la forma de producir las conducciones que su tiempo reclama.

Religiosidad popular

Existe, además, un caso contemporáneo cuyo desarrollo histórico apenas comienza y cuyas consecuencias probablemente sólo puedan medirse dentro de varias décadas: Francisco.

Todavía es demasiado temprano para comprender la magnitud de su legado. Salvo los dotados de visión secular, los contemporáneos rara vez alcanzamos a dimensionar a quienes transforman su tiempo. Pero Francisco no nació en el vacío. Es hijo de una tradición profundamente argentina y latinoamericana; la religiosidad popular. Tardamos toda nuestra historia para producir un hombre de magnitud universal, salido del barrio de Flores. De esa manera tan singular que tienen nuestros pueblos de vivir la fe, no como una experiencia individual encerrada en los templos, sino como una expresión comunitaria que camina junto al trabajo, al barrio, a la familia, a la solidaridad y a la dignidad de los humildes. Su lenguaje, sus gestos y su concepción de la Iglesia serían incomprensibles sin ese humus cultural del que emergió.

Pero la muerte de Francisco no es su última estación. Es su primera vida. La vida de su legado, de la praxis, de la inspiración y de esa herencia cultural que comienza a independizarse del hombre para ingresar definitivamente en la historia, mucho más allá del inigualable rol institucional que desbordó. Si ha de seguir vivo, deberá hacerlo en las aulas, en los sindicatos, en los barrios, en las organizaciones libres del pueblo; allí por donde se recrea todo lo nacional y, claro está, en las nuevas generaciones que todavía creen que la política social puede ser una herramienta de liberación nacional y de dignificación humana.

Pero las grandes figuras históricas rara vez son comprendidas por las élites de su tiempo. Son los pueblos quienes, lentamente, las incorporan a su propia conciencia. También ocurrirá con Francisco. Porque su muerte no clausura su biografía; inaugura una fuerte tradición. Y si la Argentina aspira alguna vez a reconstruir una patria libre, justa y soberana, deberá internalizar a Francisco no como un Papa argentino, sino como uno de los grandes legados políticos, culturales y espirituales que este pueblo dejó para sí mismo y para convidar a América Latina.

La trama circular del ser nacional

Hay algo todavía más profundo en la Selección Argentina de fútbol que ayuda a comprender esta idea de la reencarnación cultural. Basta mirar a sus jugadores cuando termina un partido. Muchos provienen de hogares trabajadores, de clubes de barrio del interior provincial, de familias donde la pelota convivió desde temprano con el sacrificio, la madre, la abuela, el barrio y una religiosidad sencilla que nunca necesitó demasiadas explicaciones. Aparecen entonces los tatuajes de Cristo y de la Virgen, la señal de la cruz antes de entrar a la cancha, la mirada al cielo después del gol, el agradecimiento a Dios, el agua bendita, las promesas y los rituales. No es teología académica. Es religiosidad popular; esa forma profundamente argentina y latinoamericana de vivir la fe mezclada con la vida cotidiana, el deporte, la familia, el trabajo, la calle, el sufrimiento y la esperanza.

Y alrededor de esos jugadores aparecen otras capas de la misma cultura. Aparece el bombo del Tula, que mucho antes de convertirse en una postal de los mundiales había acompañado durante décadas la liturgia callejera del peronismo. Aparece también la conducción de la AFA en la figura del Chiqui Tapia, un hombre proveniente del ascenso y con raíces concretas en el mundo del trabajo organizado; ya que fue trabajador de la recolección y llegó a ser secretario de Organización del Sindicato de Camioneros, con códigos bastante diferentes de los que gobiernan las corporaciones del fútbol global. Y aparece, finalmente, el trapo de “Las Malvinas son argentinas” levantado por los propios jugadores, incorporando la causa soberana a la celebración deportiva sin necesidad de que ningún intelectual les explicara previamente su significado.

No sostenemos, naturalmente, que la Selección sea peronista ni que cada futbolista posea una conciencia política elaborada sobre estas cuestiones. Sería reducir el fenómeno a lo superficial. Sostenemos algo más interesante en el plano de lo histórico; todos ellos vienen de algún lado. Y cuando uno empieza a seguir los hilos, descubre que esos hilos se cruzan. El potrero con el barrio; el barrio con el trabajador; el trabajador con el sindicato; el bombo con la movilización popular; la Virgen con la madre y la abuela; la religiosidad popular con Francisco; Malvinas con la conciencia y el orgullo nacional; Maradona con Messi; Messi con los chicos que hoy vuelven a patear una pelota soñando con ser él.

Y entonces todo vuelve al punto de partida. Aquello que solemos contemplar como fenómenos separados —el fútbol, la fe, el peronismo, Malvinas, el barrio, la familia, la cultura popular— quizá sean manifestaciones diferentes de una misma sedimentación histórica. Ninguna determina mecánicamente a la otra, pero todas se rozan, se transmiten, se mezclan y vuelven a aparecer bajo formas nuevas. Eso es, precisamente, lo que intentamos describir con la reencarnación cultural. No la repetición del pasado, sino su misteriosa persistencia dentro de lo nuevo. Una generación cree estar comenzando desde cero y, sin saberlo, lleva consigo palabras, gestos, símbolos, memorias, creencias y lealtades que vienen caminando desde mucho antes de que ella naciera.

Quizá, después de todo, la teoría de la reencarnación cultural no hable de Maradona, de Messi, de Perón o de Francisco. Hable de Argentina. De ese misterio histórico que somos y por el cual, aun en los momentos de mayor drama y de mayor incertidumbre, cuando todo parece indicar que el proyecto antinacional ha logrado vaciar por completo nuestras tradiciones y hasta nuestra esperanza, el pueblo vuelve a crear. Vuelve a producir una obra, un hombre, una mujer, una idea o un gesto capaz de reabrir el curso de la historia.

Esa es, acaso, nuestra mayor riqueza nacional. No el trigo, ni la carne, ni el litio. Nuestra mayor riqueza es esa inagotable capacidad de fecundar generaciones en ese maravilloso crisol de razas que somos. Lamentablemente la política mira para otro lado. Pero mientras esa fuerza siga viva, mientras exista un potrero, un sindicato, un aula, una parroquia, un barrio, una procesión, una plaza, una olla popular, una familia alrededor del pan, o cualquier otro espacio donde un argentino pueda inspirar a otro argentino a ser un poco mejor que él mismo, o un clima donde una generación pueda transmitir a la siguiente la memoria, la inspiración y la voluntad de superarse colectivamente, la historia nacional y popular seguirá escribiéndose. Porque, al fin y al cabo, los grandes nombres pasan, lo que permanece es el pueblo que los hizo posibles. Y mientras ese pueblo conserve la voluntad de recrearse a sí mismo, la Argentina siempre encontrará la manera de volver a parirse. Allí radica toda nuestra esperanza.

Como nos enseñó Francisco; el tiempo es siempre superior al espacio.

LA REBELIÓN DE LOS POLITIZADOS

Por Lorena Álvarez

A veces, las cadenas de hechos que cambian el rumbo de una situación son lo único que nos hace mantener la fe frente a lo que parece inevitable. Una selección de fútbol, vilipendiada más de una vez por no involucrarse en asuntos internos, logra el gesto político más importante de este tiempo: vuela por encima de la grieta y pone sobre la mesa lo que verdaderamente nos une. Ese gesto, reflejado en una sábana pintada a mano con la frase “las Malvinas son argentinas”, moviliza a otros ciudadanos supuestamente despolitizados. Se comienza a sentir en el aire que existen cosas más importantes que las discusiones de siempre. Al mismo tiempo, artistas que nunca toman postura suben de golpe fotos en contra de la ley de extranjerización de las tierras. Así elevan una argentinidad que venía siendo fustigada desde el exterior en pleno Mundial, a través de una campaña sistemática y hostil de la cual todavía no hay respuesta ni explicación lógica, logrando rescatar el orgullo herido.

Todo esto ocurre mientras el gobierno intenta aprobar una ley clave para unos pocos y perjudicial para la mayoría de los argentinos. Sin embargo, el proyecto se cae y deja un tendal de heridos políticos. El golpe no es solo para el oficialismo; los opositores quedan desdibujados, reducidos a una ridícula murga que camina a contramano de la realidad.

 El detalle crucial es que, en vez de comprender el fastidio, las respuestas fueron desde la manipulación con chicanas (el viejo y querido psicopateo) hasta los retos y reproches. Esto rebalsa el vaso de la paciencia del sector más politizado de la sociedad 

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Dos días antes de que se trate la ley en el Congreso, una senadora del núcleo más duro del sector nacional y popular publica un video para mostrar la presunta insensibilidad del oficialismo al no dejarla votar a distancia. Con 43 años y un embarazo de riesgo, apela a la empatía de un gobierno al que su propio espacio político había acusado de despiadado hasta el hartazgo durante la campaña electoral de medio término, llevada a cabo tan solo un año atrás.

En ese video, la senadora cree que su lugar de víctima alcanzará para que sus bases empiecen a presionar. Pero pasa todo lo contrario. Lejos de armar un revuelo a su favor, esos votantes, que ya arrastran un profundo hartazgo ante el desamparo de la dirigencia, se enojan como nunca con sus representantes. Si bien se entiende perfectamente la delicada situación de la mujer y la sugerencia médica de no viajar, la indignación surge porque sienten que la legisladora debió haberse quedado en el lugar de los hechos y no viajar previamente, evitando así quedar lejos ante una votación tan fundamental. El dato de los doce millones que cobran los senadores ya se sabía, pero en ese momento exacto funciona como el detonante clave para que la sociedad les exija estar a la altura de su responsabilidad.

En medio de esta tensión, la vicepresidenta Victoria Villarruel pasa a consideración el pedido de la senadora. Mientras tanto, el marido de la legisladora, junto con asesores, otros congresistas y militantes férreos, comienzan una feroz disputa en redes sociales contra los votantes rasos que exigen desde su renuncia hasta una licencia médica. El detalle crucial es que, en vez de comprender el fastidio, las respuestas fueron desde la manipulación con chicanas (el viejo y querido psicopateo) hasta los retos y reproches. Esto rebalsa el vaso de la paciencia del sector más politizado de la sociedad. La tensión subió aún más cuando, al llegar la hora de tratar el tema en el recinto, todos votaron a mano alzada en contra de que la senadora partícipe a distancia. El politizado más simple y silvestre llegó a su límite demostrando que no está dispuesto a tolerar más desaires. El pluriempleo, los ingresos que no alcanzan y las vidas desordenadas por una economía rota son motivos más que suficientes para exigirle a la dirigencia que esté, de una vez por todas, a la altura de los acontecimientos.

 Una selección de fútbol, vilipendiada más de una vez por no involucrarse en asuntos internos, logra el gesto político más importante de este tiempo: vuela por encima de la grieta y pone sobre la mesa lo que verdaderamente nos une 

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Fueron días en los cuales las redes sociales ardieron y un insólito aire de “que se vayan todos” se instaló como nunca entre los ciudadanos más politizados. Este fenómeno quizás haya sido el hilo invisible que terminó uniendo al más intenso opositor con el votante común de Milei, ese sector que ya había demostrado su hartazgo sin tantas vueltas en el año 2023.

Ni bien terminó el asunto, la política salió raudamente a defender el logro de haber bajado parte de la ley gracias a acuerdos y roscas varias, haciendo reflotar el nombre de Sergio Massa como sello de garantía de la negociación. Pero las cartas ya están echadas y la distancia que quedó entre los ciudadanos de a pie más politizados y sus líderes es una herida a encarar con rapidez. El 2027 está a la vuelta de la esquina y, como bien dijo en un tuit el sociólogo Mariano Canal, la grieta esta vez es entre salvados y hundidos. En este contexto, ahora ya no son solo los votantes de Milei son los que perciben a la clase política como una casta, sino también aquellos que la bancaron durante años desde la vereda de enfrente. Hoy estos también sienten cómo los dirigentes nunca se ajustan el cinturón mientras los ciudadanos comunes se hunden entre deudas y una vida cada vez más achicada. Hasta soñar ya es un privilegio.

Pero otros derrotados de este affaire también han sido la victimización y la psicopateada. Parece llegar a su fin un tiempo donde ser víctima continua y no hacerse responsable de los errores era la norma. Esto resulta muy interesante, ya que quizás represente el paso adulto de una parte de la sociedad que se dejó manipular para no reclamar cambios, atrapada en el incómodo lugar de tener que definir de qué lado de la mecha se encontraba. Si no votabas a tal opción, se venía la derecha mala; ante el pánico de ese cuco, se forjó una casta a la que nunca se podía criticar. Eran los buenos que, si les decías algo, automáticamente te convertían en el malo, dentro de una época maniquea donde jamás se pensaba en grises.

 En ese video, la senadora cree que su lugar de víctima alcanzará para que sus bases empiecen a presionar. Pero pasa todo lo contrario. Lejos de armar un revuelo a su favor, esos votantes, que ya arrastran un profundo hartazgo ante el desamparo de la dirigencia, se enojan como nunca con sus representantes 

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El video de la senadora quizás haya sido un símbolo y en el futuro sea solo una anécdota menor. Sin embargo, en este presente donde nos enteramos de que el propio Lionel Messi jugó un mundial al límite de su edad física dejando todo, y sabiendo además que su padre se estaba muriendo, se agiganta más la imagen de ese líder silencioso. Aquel que no hace grandes declaraciones para la tribuna, sino que entrega la vida misma en el barro de la cancha, lejos del espectáculo mediático de la palabra. Al final del día, la realidad vuelve a imponer su verdad más sagrada: porque, como ya lo grabó a fuego un viejo líder en la memoria colectiva, mejor que decir es hacer.

https://panamarevista.com/la-rebelion-de-los-politizados

ENTRE LA ONU Y EL FMI, LA ARGENTINA. 

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE, de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

Nuestra interpretación histórica de la transición democrática iniciada en 1983 sostiene que el proceso concentró su mayor esfuerzo en el juzgamiento de los responsables militares del terrorismo de Estado, mientras otorgó un tratamiento muy distinto al papel desempeñado por diversos actores civiles —empresariales, económicos, técnicos y políticos— que participaron en el diseño, la implementación y que resultaron beneficiados por el programa económico de la última dictadura genocida iniciada el 24 de marzo de 1976. Y esta diferencia no constituye un dato menor, sino uno de los rasgos centrales del orden democrático para entender los “porqué” del drama nacional al cual asistimos los argentinos en la actualidad.

La dictadura vino a destruir un país concreto, el país que deseamos y deberíamos vivir, el país de Perón, el de la industria, el trabajo organizado, el de la dignidad y el protagonismo popular. Esa tarea no fue obra de “los milicos” en abstracto —a quienes se les adjudicó casi en soledad una labor que los excedía—, sino de un bloque de poder mucho más amplio y profundo que hoy está más fuerte y vigente que en aquel entonces, claro. La dictadura cívico/militar ejerció una violencia directa, visible y concentrada; recurrió a la represión ilegal, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas mediante el aparato coercitivo del Estado para imponer un proyecto económico permanente. La eficacia de la «dictadura económica» es difusa pero acumulativa, por lo que la atribución de responsabilidades resulta más compleja; ya que no se manifiesta en un único acontecimiento sino en procesos prolongados vinculados a una economía para la Argentina que involucra decisiones de múltiples gobiernos, organismos, empresas y actores políticos a lo largo del tiempo, lo que dificulta identificar una única cadena de responsabilidad, pero que arroja a la muerte y a la indignidad a millones de compatriotas. 

Lo cierto es que la recuperación de las instituciones representativas convivió con una continuidad monolítica de la estructura económica heredada del régimen cívico/militar. El avance sobre las responsabilidades penales por las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad no fue acompañado por una revisión equivalente de los instrumentos económicos que habían definido el rumbo del país entre 1976 y 1983. En ese contexto, no nos cansamos de señalar, como ejemplo, la permanencia inalterada de la Ley de Entidades Financieras de 1977, cuya vigencia hasta nuestros días es el síntoma más elocuente del déficit soberano de la democracia argentina post Malvinas, y de la persistencia de un modelo económico que sigue operando en beneficio de los sectores financieros, especulativos, fugadores, evasores y, claro está, en detrimento del aparato productivo, el trabajo y la soberanía nacional. Y no nos engañemos, ni el propio Kirchnerismo, siendo aquellos los mejores gobiernos que el pueblo se supo dar luego de la muerte del General Perón; revisó las condiciones de completa rendición que implicó el Acuerdo de Madrid firmado por Menem y su canciller Domingo Cavallo en 1990, y que permitieron el avance de las políticas desmalvinizadoras del liberalismo argentino; las de desindustrialización, desmilitarización, cientificidio, deculturación y despoblamiento. 

Y aquí subyace una verdad incómoda. La dictadura militar fue derrotada políticamente, y eso representó un verdadero triunfo popular para la hora; pero no económicamente, por ello, la democracia se instaló sobre el andamiaje económico de la dictadura y, en muchos aspectos, lo terminó legitimando. 

Si la dirigencia del campo nacional no comprende esto, le será imposible construir una democracia para el pueblo. Y si lo comprende pero no asume el compromiso de enfrentar la complejidad estructural que subyace, solo acepta administrar la dependencia en clave nacional y popular. Vale decir, existen problemas urgentes y problemas importantes; cuando dejemos de correr con el balde atrás de la gotera, y veamos dónde y por qué filtra, tal vez los argentinos podamos encontrar soluciones nacionales a los problemas nacionales. 

Las placas tectónicas

Lo cierto es que las consecuencias políticas y materiales que evidenciamos, por caso la institucionalización de la pobreza de casi la mitad de nuestros compatriotas en un país rico, extenso y despoblado; los bajísimos niveles de soberanía efectiva; la brutal injerencia externa; la ausencia de control sobre recursos estratégicos; la fuga de divisas; la devaluación de nuestra moneda; la cada vez más progresiva pérdida de identidad histórica del peronismo; o el hecho de tener un desquiciado adorador de Margareth Thatcher en la presidencia, encuentran su lógico resultado a partir de la naturalización de la supervivencia de la dictadura económica que heredamos casi sin crítica desde mediados de los ´70 para acá. Así, ciertos conflictos políticos contemporáneos no pueden comprenderse únicamente desde la coyuntura y la dialéctica que atrae la alternancia partidaria, sino también a la luz del inmenso vacío estructural y de las continuidades institucionales, políticas, jurídicas, culturales y económicas que atravesaron la transición democrática desde el Alfonsinismo hasta hoy.

La historia argentina es elocuente en este punto; cada vez que el campo nacional y sus conducciones evitaron ir al fondo de las relaciones de poder y se limitaron a administrar coyunturas y a adecuarse con algo de virtuosismo superficial en determinados esquemas políticos temporales, los problemas regresan con mayor intensidad. Por eso, detrás de cada crisis aparentemente circular y de cada reconfiguración política, de cada pequeño avance y cada gran retroceso, detrás de cada sismo político como la proscripción de Cristina, subyace una disputa de alcance mayor; la confrontación entre dos concepciones distintas sobre el papel del Estado, la organización de la economía, el ejercicio de la soberanía, la idea de comunidad nacional y la forma en que la Argentina se vincula con el mundo. No se trata de nombres ni de etapas aisladas, sino de una constante; los límites y la dificultad para disputar y transformar las estructuras que sostienen la dependencia. Cuando esa decisión se posterga, sobreviene el retroceso agudo. En ese sentido, el presente no es una anomalía sino una consecuencia y una enseñanza. Milei no surge de la nada, sino de décadas de intentos inconclusos y de un poder antinacional que nunca fue plenamente desarmado.  

El ataque judicial a Cristina. La interpretación de su defensa

El Kirchnerismo concentra su energía política, por un lado, en la denuncia internacional de la condena penal y la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, y por otro, en el ataque unilateral hacia el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, en la mal llamada interna en el peronismo del AMBA. Lo cierto es que la expresidenta llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde sostiene que su proceso judicial vulneró garantías procesales fundamentales y estuvo atravesado por persecución política y machismo estructural. Su defensa solicitó, entre otras medidas, la suspensión de la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos. Lo cierto aquí, es que Cristina tiene el derecho y el deber de ejercer su defensa con todos los recursos que considere apropiados y que encuentre disponibles cuando las instancias judiciales domésticas fueron agotadas. Al mismo tiempo, los argentinos no podemos naturalizar que la justicia juzgue a una dirigente dos veces por el mismo hecho, sin juez natural, trasladando la competencia, sin pruebas penales objetivas y por un ilícito que no cometió. No lo podemos permitir.

La Carta y su dimensión histórica

Pero veamos un punto importante para el análisis político. La Carta difundida por Cristina señala, entre otras cosas, que su situación se debe a «un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino». Y sigue: “Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana” .Si bien es cierto la supervivencia del machismo en la gran mayoría de las instituciones argentinas, sostener que el ataque responde a una lógica de discriminación por razón de género implica dejar en un segundo plano otras dimensiones históricas y estructurales del conflicto que fueron desarrolladas al comienzo de este trabajo, y que explican con mucha más preciión el fenómeno al que asistimos.

Un aspecto llamativo de la carta es el marco interpretativo que Cristina eleige para explicar su situación. En ningún momento la inscribe explícitamente dentro de una continuidad histórica argentina que remita a Yrigoyen, al peronismo histórico, al antiperonismo, a la Revolución Libertadora o a las distintas etapas de confrontación política del siglo XX. Por el contrario, presenta el caso como parte de un fenómeno de alcance internacional. Si miramos bien, su argumentación se organiza alrededor de cuatro ejes: la violación de garantías judiciales y del debido proceso; la politización del sistema de justicia; la proscripción como forma de exclusión política y de afectación del funcionamiento democrático; y la incorporación de una dimensión de género, al sostener que el proceso también expresa formas de machismo estructural. Todo cierto, pero insuficiente. Aunque Cristina afirma que el problema trasciende su situación personal, inmediatamente lo encuadra en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos y de la democracia constitucional. En ese sentido, el texto privilegia un marco jurídico-institucional e internacional —centrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU— antes que una interpretación apoyada en las continuidades de la historia política argentina y en la relación a la lógica “pueblo, anti pueblo”; “nacional/antinacional”. No lo hace. 

Aquí conviene advertir, como dato político, que toda la arquitectura institucional del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial fue concebida, en buena medida, por funcionarios y equipos vinculados al Departamento del Tesoro de la administración de Franklin D. Roosevelt en EEUU. De ese proceso nacieron organismos como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, destinados a estructurar el nuevo sistema político, financiero y económico de la posguerra. ¿Qué tipo de solución se puede encontrar en esa plataforma?

Las fuerzas antinacionales no reparan en el género

La historia política argentina está atravesada por una práctica sistemática de exclusión de los liderazgos populares mediante mecanismos de fuerza, proscripción, fraude y violencia abierta. Hipólito Yrigoyen fue depuesto por un golpe cívico-militar en 1930 que inauguró la «década infame», donde el voto fue sistemáticamente vulnerado a través del fraude electoral. En 1955, Juan Domingo Perón sufrió un bombardeo criminal sobre Plaza de Mayo que dejó más de 300 civiles muertos. Pero no bastó con el intento de asesinato y el exilio del líder popular. Durante 18 años el peronismo fue formalmente proscripto. No se permitía usar su nombre, sus símbolos, su doctrina, ni participar en las elecciones. Se encarceló, se secuestró, torturó, fusiló y desapareció a militantes, dirigentes políticos y sindicales del peronismo. La proscripción no fue sólo jurídica y política, sino cultural y social. Fue el intento de amputar de raíz cualquier posibilidad de que los sectores populares volvieran a construir mayoría política y tener incidencia en las estructuras, como reacción violenta al 17 de octubre de 1945.

En todos los casos, la clase dominante argentina, con apoyo de sectores civiles, eclesiásticos, partidarios, judiciales, militares, mediáticos y las embajadas, buscó sustraer del juego político a líderes cuya legitimidad nacía del sufragio popular y del vínculo con las mayorías postergadas. En ese marco, la actual persecución a Cristina debe leerse en esta misma línea. De lo que menos se trata es de una causa judicial de tinte machista, sino de una proscripción política —no menos grave por ser encubierta en ropaje jurídico— que busca disciplinar, dividir, paralizar y desarticular al campo nacional y popular, para facilitar, vía democrática, la peor de las condenas de destino para la Argentina.  Y si algo necesita Javier Milei para reelegir, es que el peronismo concurra a las elecciones nacionales de 2027 dividido. 

El efecto paralizante de la proscripción 

Una condena decididamente injusta merece ser cuestionada mediante todos los recursos legales disponibles, si. Pero el problema aparece cuando esa causa cargada de indudable relevancia política, comienza a ocupar el lugar del programa colectivo para gran parte del campo nacional, y que la posibilidad de llegar competitivos a las próximas elecciones nacionales quede supeditado a este cuadro. 

Es evidente que las consignas “Cristina libre” o “Cristina candidata”, convertidas en el último tiempo en eje excluyente de la estrategia que emana desde San José 1111, terminan operando como un límite político para el propio objetivo que proclama. Al subordinar toda la estrategia a una lógica defensiva de imposición y de alineamiento interno en el peronismo, se desatiende una evidencia básica; la vía más eficaz para modificar las condiciones que sostienen su infame e injusta situación penal y civil es construir una victoria política amplia que altere la correlación de fuerzas y el clima institucional. Nada que Cristina no sepa. Pero ese no es el cometido.

Tener la razón nunca alcanza. Si el objetivo es revertir una situación considerada injusta, cuestionar una proscripción o promover una revisión institucional de determinadas decisiones judiciales, ello presupone la existencia de poder político. Y el poder político no surge de la espera de una resolución de la ONU, ni de las decisiones supranacionales, ni de la defensa ejercida por abogados extranjeros; se construye aquí, mediante organización, representación, construcción de mayorías populares, inteligencia estratégica y trabajo político. Pero, por sobre todas las cosas, ganando las elecciones nacionales del 2027.

La proscripción de Cristina no sólo representa un ataque judicial y político dirigido desde los sectores oligárquicos a una dirigente de peso mayoritario en la escena política nacional, sino que, en términos más complejos, interrumpe y congela el desarrollo de la experiencia política del movimiento nacional, del peronismo y de amplias franjas del pueblo argentino. Y Cristina lo sabe, lo interpreta y lo utiliza. En vez de avanzar en una discusión profunda sobre estrategias, liderazgos, reconstrucción del tejido organizativo, representaciones competitivas y nuevos horizontes de sentido para las mayorías; con Cristina, el espacio nacional se ve empujado de nuevo a un escenario de resistencia identitaria y victimización, a una lógica de repliegue, de disciplinamiento, de obturación y de división para asegurar la continuidad de su centralidad política. 

Se interrumpe así la posibilidad de síntesis superadora y maduración, de ensayar nuevas formas de representación popular que surjan no de la negación del pasado reciente, sino de su asimilación crítica. De hecho, para continuar con la estrategia de inmovilidad, es previsible que la ofensiva judicial continúe con nuevas causas —como la de los falsos cuadernos— destinadas a mantener a Cristina y a todo el campo nacional en una situación de parálisis y división política. Pronto lo veremos. 

La lógica del poder y las consecuentes conductas desplegadas, nos muestra que el verdadero problema de Critina es político, no judicial. Y tiene nombre y apellido. En el fondo, cuando una etapa histórica se resiste a reconocer su tiempo y sus límites, sus representantes suelen dedicar más energía a bloquear lo que viene que a trabajar para volver al gobierno, promover la unidad y enfrentar los problemas reales del país con un programa político para salir del laberinto.

Entre el FMI y la ONU, la Argentina

La causa nacional va quedando reducida a una discusión estrecha entre dos formas de subordinación. En esos dos andariveles, transitando una pendiente aguda hacia la disolución nacional, y siendo las elecciones nacionales del 2027 el mojón decisivo que pueda evitar traspasar el límite de no retorno hacia la consolidación de una semicolonia rígida; la política argentina queda atrapada entre quienes subordinan abiertamente el país a los poderes externos y quienes subordinan la unidad y la reconstrucción del campo nacional a la restitución de una conducción sectorial imposibilitada de una candidatura. Por acción u omisión, entre esos dos márgenes desaparece la Argentina. Desaparece Malvinas, el Atlántico Sur, los laburantes, el control del comercio exterior, la industrialización, la soberanía energética, la educación, la salud, los jubilados, la ciencia y la tecnología, el desarrollo productivo, el rol de las FFAA, la integración continental y la recuperación de los instrumentos estratégicos del Estado. De un lado, el FMI convertido en programa de gobierno; del otro, el expediente de Cristina convertido en programa polítco del peronismo a la espera de decisiones de la ONU. Y en el medio, esperando todavía una representación política a su altura, permanece la causa nacional del pueblo argentino. 

Carta abierta a nuestros legisladores por la llamada“Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”

La tierra: madre, hermana y bien común

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas”
(San Francisco de Asís, Cántico de las Criaturas).

Como nos recordó recientemente el Papa León en su encíclica Magnifica
Humanitas: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre
todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos
naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la
vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un
derecho originario al uso de dichos bienes” (MH 65).
Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley
impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional denominado «Ley de Inviolabilidad de
la Propiedad Privada». Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra
tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de
los pueblos de autodeterminarse.
“San Juan Pablo II decía que «Dios ha dado la tierra a todo el género humano
para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a
ninguno». En consecuencia, «no es conforme con el designio de Dios, usar este
don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos»” (MH 65).
Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas,
deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de
extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad
ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes
naturales.

También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata
de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido.
Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para
gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés
comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto
locales como extranjeros.
La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos
recuerda el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’, la tierra es nuestra
hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija.
De ella provienen los alimentos, el agua, las semillas, los paisajes y las múltiples
formas de vida que hacen posible nuestra existencia. Cuidar la tierra es cuidar
la vida.
Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad,
cultura, memoria y futuro. En ella se construyen vínculos, saberes, formas de
trabajo y modos de habitar el mundo que se transmiten de generación en
generación.
Frente a las promesas del crecimiento económico financiero, recordemos lo que
nos dice el Papa León respecto del verdadero desarrollo: “El desarrollo es
humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes,
y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos. La justicia
exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los
pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de
nosotros. Por eso no es humano un desarrollo que aumenta el consumo de
algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras
a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades. El
desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que
promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales
y relacionales, en el respeto a la Casa común, a la diversidad de los pueblos y a
sus modos de vivir” (MH 83).
Otro tema central en la Argentina, vinculado con este proyecto de ley, es el tema
de la vivienda. Muchos no poseen vivienda propia y tienen que alquilar. Es
importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para
tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo
tanto para propietarios como para inquilinos.
Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, pedimos a quienes
intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común
y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares,
poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la
caridad.

Martes, 16 de junio de 2026.

Los descalzos del imperio

Por Emanuel Bonforti

Por qué Bangladesh eligió la camiseta argentina para vengarse de Inglaterra

Cada cuatro años circula la misma fotografía: un techo de chapa entre Dhaka y Sylhet cubierto por una bandera celeste y blanca cosida a mano, tan grande que desde el aire parece una herida en el cielo. Pero debajo no vive ningún argentino, sino una familia bengalí que jamás pisó Buenos Aires y que seguramente no lo haga nunca, sin embargo, llora y festeja por una camiseta que no es la suya, se abraza por una nación que queda a más de 16.000 km de distancia. El periodismo occidental suele resolver el enigma con la cita: el caso curioso de Bangladesh, dejando traslucir cierta excitación hacia lo exótico. Pero cuando se cruzan los archivos coloniales, los testimonios de hinchas de setenta años y las cifras del comercio bilateral, lo que aparece no es curiosidad: es historia cruzadas y sensibilidades compartidas, sobre todo una forma de venganza contra el fantasma de un imperio.

La herencia colonial

El fútbol no llegó a Bengala de la mano de Maradona sino del Raj británico. Durante el siglo XIX, la administración colonial impuso sobre la región un paquete civilizatorio tradicional: ferrocarriles pensados para sacar materias primas hacia los puertos y no para conectar a la población; tribunales que codificaban el despojo de tierras bajo apariencia legal; escuelas que formaban una clase funcional al imperio; todo un estatuto legal de coloniaje al que se le sumó un objeto particular: una pelota de fútbol. 

Antes había llegado un despojo más profundo: el Acuerdo de Asentamiento Permanente de 1793 estableció impuestos fijos y crecientes sobre la tierra bengalí, empobreciendo a generaciones de campesinos y consolidando a una casta de terratenientes leales a Londres. La industria textil del país, que había sido una potencia manufacturera antes de la conquista, fue deliberadamente desmantelada con aranceles y prohibiciones para garantizar el mercado cautivo de las fábricas de Manchester: los tejedores bengalíes, según describieron observadores de la época, vieron sus talleres cerrados y sus manos, literalmente, quedar sin oficio. A Bangladesh le habían cortado las manos.

La factura humana de ese modelo extractivo fue devastadora: la hambruna de 1770 mató a un tercio de la población de Bengala tras años de exacción fiscal británica sin alivio, y la hambruna de 1943, ya en pleno siglo XX, provocó cerca de tres millones de muertes agravadas por decisiones de exportación de granos tomadas en Londres en plena Segunda Guerra Mundial. Es que el sofisticado y elegante imperio alguna vez tendrá que tener un juicio de la humanidad en su conjunto donde se condenen sus crímenes. En paralelo y en otro ámbito, se sumó una segregación cotidiana: clubes deportivos y espacios sociales reservados para británicos, de los que los bengalíes quedaban excluidos incluso en el propio juego que los había colonizado. Un racismo en forma de deporte.

En ese contexto nace la primera gran revancha simbólica, medio siglo antes de que Maradona pisara una cancha: en 1937 el club local Dacca Sporting Association derrotó a un equipo inglés que se encontraba de gira. No hubo cámaras ni redes sociales, pero quedó fijado en la memoria oral bengalí que jugadores descalzos habían vencido a los hombres del imperio en su propio juego. Es la piedra fundacional de todo lo que vendría: la prueba de que el vínculo entre fútbol y resistencia simbólica en Bengala no nació con un argentino, sino que esperaba, paciente, un símbolo capaz de encarnarla a escala masiva.

1986: el milagro de la pantalla a color

Ese símbolo llegó con la televisión. A mediados de los años ochenta, en un país deportivamente enamorado del críquet, se masificó el uso de televisores, y para muchísimos bangladesíes el Mundial de México 1986 fue, literalmente, su primer evento deportivo transmitido en color. Hasta entonces el ídolo continental había sido Pelé, escuchado más que visto, narrado por radio en voces que describían jugadas que el oyente debía imaginar, el astro brasilero era producto de la imaginación: una leyenda alegórica trazada entre sobras. Maradona, en cambio, fue la primera estrella que Bangladesh pudo ver en movimiento, en directo, rodeada de vecinos frente al único televisor del barrio. Pero a esto se le suma un nuevo elemento, un hincha de setenta y dos años lo resumió ante The Daily Star sin metáforas: para él, el paso de lealtad entre Pelé a Maradona no fue una cuestión de gusto futbolístico, sino una revancha simbólica, la de haber derrotado de nuevo a los ingleses, esta vez en una cancha. La televisión a color no solo permitió ver ese gol contra Inglaterra: permitió, por primera vez, convertir la humillación del imperio en una experiencia sensorial compartida por millones de personas al mismo tiempo. Aquel imperio que trataba a los habitantes de las colonias como si fueran animales, literalmente, gracias a la televisión quedaba rendido ante la Argentina una nación que también había sufrido la dominación británica bajo el formato semicolonial. En ese momento, en Bangladesh nació el maradonismo, y con él una lealtad que se transmitiría de padres a hijos con la fuerza de un apellido.

Banderas en cables y vidas en juego

La rivalidad futbolera bangladesí dejó hace tiempo de ser una metáfora inofensiva. En numerosas localidades, comunidades enteras compiten por coser la bandera más larga del país, un certamen extraoficial que moviliza semanas de trabajo comunitario y un orgullo de barrio que no le pide permiso a ninguna federación. Pero esa épica tiene un costado trágico que la prensa internacional rara vez mira de frente: un estudio documentó veintitrés muertes en 2022 por enfrentamientos entre hinchadas rivales durante el Mundial; en 2014 al menos tres personas murieron colgando banderas de cables eléctricos, y en 2018 un niño de doce años murió electrocutado al colocar una bandera en su casa. En 2026, un predicador conservador instó públicamente a reemplazar esas banderas por banderas islámicas, lo que obligó a un operativo policial: prueba de que el fenómeno no es una reliquia nostálgica, sino una tensión social viva que hoy roza los límites de la identidad religiosa y nacional del país. Este tipo de información hay que analizarla en contexto, y tomando como referencia las esquirlas que aún sobrevuelan de la vieja dominación británica.

Toda política es internacional

La última capa de esta historia pertenece a un hecho concreto pero que merece ser destacado. Fue Juan Domingo Perón quien, el 30 de octubre de 1973, habilitó la primera representación diplomática argentina en Bangladesh, embajada que abrió en Dhaka en enero de 1974 y que la última dictadura cerró apenas cuatro años después, dejándola clausurada durante casi medio siglo. El expediente para reabrirla se inició en abril de 2022, antes del Mundial de Qatar, por canales propios de la cancillería; lo que el título mundial agregó fue la visibilidad política para acelerar el trámite. El decreto 67/2023 formalizó la reapertura, con una inauguración protocolar el 27 de febrero de ese año en Dhaka, encabezada por el entonces canciller Santiago Cafiero, quien reconoció sin ambigüedades que fue el apoyo popular bangladesí durante Qatar 2022 el que impulsó la decisión, buscando además mejorar el comercio bilateral. 

Ese comercio no es un detalle menor: en 2022 alcanzó los 765 millones de dólares, con exportaciones argentinas por 742,9 millones frente a importaciones bangladesíes de apenas 22,1 millones, un superávit contundente a favor de la Argentina; en 2021 las exportaciones habían tocado un máximo histórico de 876 millones, con un superávit de 862 millones concentrado casi en su totalidad en soja, harina, maíz y trigo. Mientras Bangladesh enviaba al aire caravanas y banderas financiadas, en algún caso extremo, por hinchas que llegaron a vender tierra propia para pagarlas, Argentina enviaba al puerto de Chattogram toneladas de grano: la emoción viajaba en una dirección, la soja en la otra. En ese mismo proceso se discutieron exenciones de visado, cooperación agrícola y diplomática, y un memorando de entendimiento futbolístico entre ambas federaciones; también se mencionó, sin confirmación posterior, una eventual vinculación de Bangladesh con el Mercosur. Lo cual demuestra también la necesidad de establecer una mirada realista acerca de las relaciones internacionales.

La herencia

Queda la generación que no vivió nada de esto en primera persona. Un hincha de diecinueve años lo resumió sin metáforas: empezó a seguir a Argentina en 2014, vio a Messi llegar a una final del Mundial, y eso fue definitivo. En ese testimonio no hay memoria colonial ni Maradona: hay streaming y redes sociales, un ídolo consolidado recién en Qatar 2022. La pregunta que queda planteada no es una curiosidad exótica, sino un interrogante sobre cómo se hereda una lealtad cuando ya no queda memoria directa que la sostenga: ¿sigue siendo revancha postcolonial el fanatismo de un pibe de Dhaka que nunca escuchó hablar del Dacca Sporting Association de 1937, o es ya una identidad nueva que no necesita del imperio británico para justificarse, aunque haya nacido, hace casi un siglo, precisamente para desafiarlo? Quizás la respuesta debe estar en que los procesos de dominación colonial siempre dejan huellas en las subjetividades populares, hermanar sufrimientos ha sido una herramienta de cualquier proceso de cambio colectivo. En el reconocimiento a Bangladesh también se inscribe una afirmación a los pueblos del tercer mundo que heroicamente siguen resistiendo al imperialismo más allá de su ropaje.

La trampa de la microfísica financiera

Por Emanuel Bonforti

I. EL SÍNTOMA DE LOS PARCHES

La ley de Santoro en CABA refinancia deudas a tasa máxima del treinta y cinco por ciento anual vía Banco Ciudad. Hagman y Zaracho declaran la emergencia crediticia nacional por dos años y proponen un fondo fiduciario público-privado para quienes ganen menos de seis salarios mínimos. Santiago Roberto condona el cien por ciento de intereses por mora. Salvatierra va más lejos e incorpora a los trabajadores informales. En las provincias, Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Tucumán tejen un mosaico de parches con vocación de arquitectura social.

Cada propuesta parte de una premisa que opera como axioma no declarado, inconsciente de la derrota: la pauperización masiva es un dato del presente que hay que mitigar, no una consecuencia de un modelo que hay que revertir. Al fragmentar el problema hogar por hogar, deuda por deuda, las iniciativas disuelven la pregunta estructural: ¿por qué se endeudó esa familia? ¿Por qué el salario no alcanza? ¿Quién se queda con la diferencia entre lo que vale el trabajo y lo que cobra el trabajador? Las propuestas tratan al deudor como víctima fragmentada que necesita asistencia técnica, no como sujeto político atrapado en una estructura de saqueo. La posmodernidad atraviesa la economía y dinamita la posibilidad de la construcción de un relato nacional. Nadie puede desendeudar a las familias si primero no desendeuda a la Argentina. La microfísica financiera es hija de la macrofísica del saqueo.

II. LA SEMÁNTICA VACIADA: DE LA SOBERANÍA AL EUFEMISMO

John William Cooke advirtió que en los países semicoloniales la oligarquía le pone hasta las palabras a los diccionarios, el que nomina: domina. ‘Desendeudamiento’ es hoy un caso de laboratorio de esa operación. Durante el kirchnerismo nombró la ruptura de la cadena de dependencia financiera frente al FMI: el pago de la deuda en 2006, las quitas del sesenta y cinco por ciento a los acreedores externos, la recuperación de reservas como instrumento soberano. Era, en sentido estricto, un concepto de liberación nacional.

Hoy la misma palabra designa la posibilidad de refinanciar la deuda con el Banco Ciudad a tasa del treinta y cinco por ciento. El sujeto de la liberación, es decir: la Argentina soberana fue sustituido por el sujeto de la asistencia lo que se nos presenta como el hogar vulnerable. La escala se contrajo de lo nacional a lo familiar y cada vez más individual. El horizonte se redujo de la soberanía a la solvencia. Cuando el debate sobre ‘desendeudamiento’ ya no involucra a los grandes bancos internacionales, al FMI ni a la Ley de Entidades Financieras heredada de la dictadura, sino que se reduce a las tasas del Banco Ciudad y los requisitos de la Central de Deudores, el campo de disputa se desplazó completamente al terreno que el poder financiero eligió. Y en ese terreno, el poder financiero siempre gana.

III. ARITMÉTICA DE LA IMPOTENCIA

Las familias se endeudaron para comer, pagar el alquiler, acceder a medicamentos. Lo hicieron porque el salario no alcanzó. El salario no alcanzó porque fue la variable de ajuste elegida por el modelo. Y ese modelo se sostiene porque la Argentina está sujeta a los compromisos con el FMI y los acreedores externos, que exigen superávit fiscal y desregulación financiera como condiciones innegociables. El sobreendeudamiento de las familias en 2026 es el resultado directo del sobreendeudamiento de la Argentina con los organismos internacionales. La cadena causal es impecable.
¿Cómo puede una refinanciación doméstica por buenos intereses que tenga resolver ese problema de fondo? No puede. Mañana, pasado y el año que viene, los mismos salarios que no alcanzaron volverán a no alcanzar. Los refinanciados de hoy serán los nuevos morosos de 2027. El ciclo se repetirá. Los bancos ganarán. Las familias seguirán endeudadas. La Argentina subsumida a la pobreza

IV. VOLVER A LA NACIÓN, DEROGAR A MARTÍNEZ DE HOZ

El primer gobierno de Perón nacionalizó los depósitos bancarios en 1946 y convirtió el crédito en instrumento de política económica orientado al desarrollo industrial y al salario real. Gelbard intentó ir más lejos: subordinar el sistema financiero al bien común. Esa visión fue barrida el 24 de marzo de 1976 con un programa económico específico: la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, vigente hasta hoy en sus aspectos fundamentales. Esa ley desreguló tasas, liberó capitales, privó al Estado de su capacidad de orientar el crédito y sentó las bases de la valorización financiera como modelo de acumulación. Es el sistema operativo sobre el que funciona la Argentina financiera de 2026, incluida la arquitectura legal que permite a Mercado Pago operar de facto como banco sin las obligaciones ni las restricciones de la banca tradicional.
El verdadero desendeudamiento popular exige: derogar la ley de la dictadura y sancionar una nueva que subordine el crédito al desarrollo soberano; gravar las ganancias extraordinarias de bancos; recuperar el control estatal de las tasas; y construir una banca pública popular que compita con y discipline a la banca privada, no que la complemente en los márgenes donde el mercado no quiere llegar.
Proponer el crédito subsidiado sin denunciar la estructura que lo hace necesario no es una política de izquierda. Es filantropía de mercado.

CONCLUSIÓN

La posmodernidad hizo un gran negocio cuando convenció al progresismo de que los grandes relatos habían muerto. El resultado es una izquierda que gestiona la vulnerabilidad con más habilidad que la que tiene para imaginar la emancipación. El debate sobre el ‘desendeudamiento familiar’ es el síntoma más reciente de esa derrota: acepta que el sistema financiero es el horizonte irremovible de la política y juega en el tablero del adversario.
La alternativa no es el purismo ideológico ni el rechazo de las medidas paliativas. Es la articulación: batirse por el alivio inmediato y nombrar, en la misma voz, el proyecto histórico que haría ese alivio innecesario. Legislar en el margen y denunciar la estructura que produce el margen. No abandonar el gran relato nacional por las micropolíticas de la emergencia. Mientras Mercado Pago siga capturando el flujo financiero de los trabajadores informales a tasas usurarias y la Ley de Martínez de Hoz siga siendo el sistema operativo de la banca argentina, ningún programa de desendeudamiento familiar tendrá capacidad de resolver lo que se propone atacar. El verdadero desendeudamiento comienza donde estas propuestas terminan: en la decisión política de tocar al poder financiero. Perón lo hizo. La pregunta es si la dirigencia actual está a la altura de ese legado.

Para ganarle a Milei no alcanza con la ayuda de Borges

Por Martín Granovsky

El adelanto de datos del nuevo QMonitor de QSocial revela una Argentina con dos bloques ideológicos casi simétricos: un 36 por ciento liberal-conservador y un 34 por ciento progresista-estatista. Entre ambos se extiende una zona gris del 30 por ciento, sin identidad política estable, que combina reclamos de orden y defensa de la propiedad con el rechazo a una parte de la agenda económica y moral de la derecha. El equilibrio fiscal como factor nuevo. El papel de Santilli.

Ganarle a Cabo Verde gracias a Borges, que metió un gol en contra y definió el 3 a 2 de la Argentina, no se le hubiera ocurrido ni a Borges. Pero así es este país. Si la perplejidad forma parte de la identidad argentina, ¿cómo describir a la sociedad de hoy? ¿Qué quiere? ¿O qué no quiere? Y en términos más precisos: ¿qué dice que quiere y qué dice que no quiere?

El país está agrietado, con un foso en el medio, aunque algunas coincidencias logran pasar de un lado a otro. El equilibrio fiscal parece ser una de esas coincidencias. Sin embargo, convive con consensos anteriores sobre la educación, la salud, los servicios públicos, el aborto legal, el matrimonio igualitario y los derechos humanos. La Argentina que hoy tiene de Presidente a Su Excelencia Javier Milei está en plena disputa, y esa contienda se desarrolla, además, sobre una economía que pierde impulso, concentra el crecimiento en pocas actividades y deja en retroceso a la industria, el comercio y la construcción.

Los datos sobre valores y conceptos forman parte de un adelanto del QMonitor de julio de 2026, el estudio mensual sobre clima político, económico y social que realiza la consultora QSocial. La encuesta fue efectuada entre el 5 y el 25 de junio en todo el país, mediante un cuestionario online a personas mayores de 18 años en condiciones de votar. La muestra probabilística y estratificada por regiones fue ajustada por sexo, edad y nivel educativo. Comprendió 1.323 casos efectivos y tiene un margen de error de más o menos 2,7 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

Dos bloques y una zona de huérfanos

El estudio revela la existencia de tres porciones. El 36 por ciento pertenece al bloque que QSocial denomina “liberal/conservador pleno”. El 34 por ciento, al “progresista/estatista pleno”. Y el 30 por ciento restante integra un espacio que la investigación llama “mixto/punitivista-propietarista”. Los dos polos principales tienen dimensiones casi idénticas, pero sostienen visiones contrapuestas sobre el mercado, la autoridad, los derechos y el papel del Estado.

El segmento progresista-estatista rechaza al mismo tiempo la liberalización económica completa, el achicamiento estatal, el punitivismo y el conservadurismo moral. El 99 por ciento de sus integrantes desaprueba la gestión de Javier Milei. El 78,6 por ciento votó a Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales de 2025. El 74,7 por ciento se identifica con el peronismo o el kirchnerismo. El informe lo define como una base electoral estable, con baja volatilidad y una correspondencia casi total entre sus valores, su identidad política y su comportamiento electoral.

En el otro extremo, el bloque liberal-conservador adhiere a la liberalización del mercado, el Estado mínimo, la mano dura y el tradicionalismo moral. Allí, el 87 por ciento aprueba al Gobierno, el 84 por ciento votó a La Libertad Avanza en las legislativas de 2025 y el 91,7 por ciento se identifica con LLA, el PRO o la UCR. También es un electorado consolidado y con poca disposición a cambiar de posición.

La grieta, por lo tanto, no se reduce a una pelea entre dirigentes ni a una preferencia electoral coyuntural. Abarca dos sistemas de valores que funcionan como espejos: de un lado, regulación, redistribución, derechos adquiridos y límites constitucionales a la mano dura. Del otro, primacía del mercado, propiedad, autoridad y orden. Ninguno alcanza por sí solo una mayoría social.

Entre ambos aparece el 30 por ciento mixto, al que QSocial caracteriza como un “segmento huérfano”. Defiende la propiedad privada y reclama orden, pero no acompaña íntegramente la desregulación económica ni la agenda moral conservadora. Reacciona más ante cuestiones concretas —inseguridad, propiedad y bolsillo— que frente a una cosmovisión completa.

El 54 por ciento de ese grupo no se identifica con ningún espacio político. El 37 por ciento dice que votó en blanco, no votó o no recuerda su voto presidencial de 2023, y ese porcentaje sube al 43 por ciento al preguntarle por las legislativas de 2025. Es, además, el único segmento dividido ante Milei: el 47,8 por ciento aprueba su gestión y el 52,2 por ciento la desaprueba. Es decir que el foso también divide a los huérfanos.

El equilibrio fiscal y los límites del giro conservador

Aunque habrá que profundizar el contenido preciso del concepto, un dato del QMonitor aparece ante la pregunta sobre qué medidas deberían continuar independientemente de quién gobierne. El 61 por ciento responde que debe mantenerse un Estado sin déficit fiscal. Sólo el 29 por ciento pide eliminar ese objetivo y el 10 por ciento no toma posición.

El equilibrio fiscal obtuvo así un apoyo muy superior al tamaño del núcleo liberal-conservador. Logró penetrar en una parte de la zona gris e incluso entre personas que no aprueban el conjunto del programa de Milei. Eso no significa que el 61 por ciento esté de acuerdo sobre cómo equilibrar las cuentas, qué impuestos deben cobrarse o qué gastos deben reducirse. Significa que la idea de que el Estado no debe gastar permanentemente por encima de sus recursos se convirtió en un valor social mayoritario. Que el discurso penetró por encima de los votantes de Su Excelencia, porque la cifra del 61 por ciento supera el 56 por ciento de LLA de 2023 y el 40 por ciento que obtuvo en las legislativas nacionales de 2025.

Si esa afirmación se mantiene, y sobre todo si ya forma parte de una convicción mayoritaria, dos conclusiones parecen naturales:

*El o la dirigente que desafíe discursivamente el valor del equilibrio fiscal pagará un costo político y producirá rechazo.

*Surge un desafío a la creatividad política de la oposición y su núcleo, el peronismo en sus distintas variantes. Por ejemplo: la baja de recaudación por achicamiento de la demanda y del consumo, ¿no es una causa de desequilibrio fiscal?

Otros elementos del programa conservador obtienen respaldos más acotados. El 52 por ciento quiere mantener la reducción de planes sociales y el 51 por ciento, el protocolo antipiquetes. La eliminación de subsidios a las tarifas divide casi por mitades: el 50 por ciento desea conservarla y el 44 por ciento eliminarla. La reforma del Estado y la reducción del empleo público muestran otro empate: 48 por ciento a favor de sostenerlas y 47 por ciento partidario de dejarlas atrás.

Pero la mayoría desaparece cuando se avanza sobre lo que el ultraliberalismo denomina “reformas estructurales”. El 48 por ciento quiere eliminar la desregulación económica, frente al 44 por ciento que desea mantenerla. El 50 por ciento rechaza la apertura de importaciones. El 55 por ciento pide eliminar la reforma laboral. Y también una mayoría del 54 por ciento se opone a la continuidad de las privatizaciones. Sólo el 38 por ciento cree que debe mantenerse las ventas de empresas públicas.

Las percepciones sobre el rol del Estado confirman esa combinación. Igual que desde hace unos 15 años en toda Sudamérica, Brasil incluido, el 52 por ciento coincide con que los planes sociales generan dependencia y deberían reducirse. Sin embargo, el 67 por ciento rechaza que el Estado deba achicarse y disponer de menos servicios públicos. El 61 por ciento tampoco acepta que las empresas privadas gestionen mejor esos servicios. Y el 69 por ciento está poco o nada de acuerdo con eliminar subsidios al transporte y la energía si eso provoca un aumento de tarifas.

El ultraliberalismo no ganó

En el terreno económico se repite la mezcla. El 70 por ciento considera que la herencia y la propiedad privada son derechos que el Estado nunca debería tocar. El 62 por ciento coincide con la frase que presenta el impuesto a las ganancias como “un robo del Estado al trabajo de las personas”. Pero sólo el 37 por ciento acepta que el mercado libre, sin intervención estatal, como le gustaría Peter Thiel aunque su concepto no haya sido parte del cuestionario, sea la mejor manera de organizar la economía. El 62 por ciento rechaza esa idea.

No aparece, entonces, una sociedad convertida completamente al ultraliberalismo. Sí es verificable una mayoría que, se verá con qué profundidad, ya incorporó el equilibrio fiscal y la defensa de la propiedad. El grado de dogmatismo todavía es discutible porque se mantienen las expectativas sobre la capacidad estatal para regular, prestar servicios y amortiguar desigualdades.

Los derechos que sobrevivieron

Los cuadros sobre valores sociales que adelanta el QMonitor muestran que el avance conservador también encuentra límites culturales. Sólo el 28 por ciento considera que el aborto legal fue un error y debería revisarse. El 69 por ciento está poco o nada de acuerdo con esa afirmación. La legalización conserva, por lo tanto, un respaldo amplio incluso después de la expansión electoral de fuerzas que cuestionaron esa política.

Algo similar ocurre con el matrimonio igualitario. El 24 por ciento sostiene que el matrimonio debería celebrarse únicamente entre un hombre y una mujer, mientras el 74 por ciento rechaza esa posición y resguarda el cambio legislativo aprobado y promulgado en 2010.

En materia educativa, el 31 por ciento afirma que la educación sexual en las escuelas debería ser decidida por las familias y no por el Estado. El 67 por ciento está poco o nada de acuerdo. Alerta para Clara Muzio, la vicejefa de Gobierno de CABA que quiere liquidar la educación sexual integral.

Aunque la encuesta no pregunta específicamente por la escuela y el hospital públicos, este resultado, junto con las respuestas sobre servicios esenciales, muestra la vigencia de una expectativa histórica acerca de las responsabilidades estatales en educación y salud.

La llamada “ideología de género” produce una respuesta más dividida, aunque tampoco mayoritariamente conservadora. El 40 por ciento se identifica con la frase de que es una corriente importada que no refleja los valores argentinos, frente al 57 por ciento que manifiesta poco o ningún acuerdo.

En cuanto a los derechos humanos, el 50 por ciento considera que la política argentina está demasiado enfocada en el pasado y descuida el presente. El 47 por ciento rechaza esa formulación. El resultado no indica la desaparición de esa tradición política, sino una discusión abierta sobre cómo relacionar la memoria de la dictadura con las vulneraciones actuales. Y, quizás, que no hay por qué abandonar la preocupación por la memoria de la dictadura pero tampoco resignar los derechos sociales de hoy como reivindicación exigible al Estado.

La Argentina está agrietada, pero esa grieta no separa dos paquetes perfectamente cerrados. Hay combinaciones, cruces y contradicciones que se concentran especialmente en la franja intermedia.

Un Banco Central ortodoxo frente a una economía partida

La intención del Gobierno de darle al Banco Central un carácter más ortodoxo se inscribe en esa disputa cultural. La orientación oficial procura concentrar la autoridad monetaria en la estabilidad de precios y en la imposibilidad de financiar el déficit, en contraposición con la Carta Orgánica reformada en 2012, durante el segundo gobierno de CFK y con la presidencia de Mercedes Marcó del Pont en el BCRA.

El artículo 3° vigente establece que el BCRA debe promover, dentro de sus facultades y de las políticas fijadas por el Gobierno nacional, “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. La formulación no excluye la estabilidad: la integra con otros objetivos económicos y sociales.

El intento de Su Excelencia de darle al Banco Central una función más estrictamente monetaria podría sintonizar con el orden fiscal. O tal vez no tanto, porque llevar ese principio al extremo supondría un paso más allá del consenso medido. La encuesta muestra respaldo a la ausencia de déficit, pero no una mayoría equivalente para separar por completo la política monetaria del empleo, la actividad o el desarrollo.

La comparación con la Reserva Federal de Estados Unidos introduce un contraste importante. La Fed fue creada en 1913, pero su mandato moderno fue definido expresamente por la reforma de 1977 de la Federal Reserve Act. Desde entonces debe promover el máximo empleo, la estabilidad de precios y tasas de interés de largo plazo moderadas. En la práctica, los dos primeros objetivos conforman su llamado “doble mandato”.

La discusión argentina no enfrenta, por lo tanto, una concepción local amplia con una supuesta regla internacional que obliga a los bancos centrales a ocuparse exclusivamente de la inflación. Uno de los bancos centrales más influyentes del mundo conserva desde hace casi medio siglo el máximo empleo como objetivo legal.

La cruda realidad cotidiana

El debate se desarrolla, además, mientras Su Excelencia desarma 76 años de historia nuclear argentina y la economía pierde fuerza. El Estimador Mensual de Actividad Económica cayó en abril un 1,5 por ciento frente a marzo. La comparación interanual fue positiva, del 1,6 por ciento, pero el crecimiento acumulado de los primeros cuatro meses quedó en el 2,1 por ciento. El Índice de Producción Industrial registró, a su vez, una baja mensual desestacionalizada del 2,1 por ciento. Guido Aschieri analiza en detalle que así no puede haber crecimiento.

Los salarios tampoco ofrecen una base sólida para reactivar el mercado interno. Entre enero y abril, los ingresos del sector privado aumentaron un 10,1 por ciento y los del sector público un 12,1, mientras el índice de precios acumuló un 12,3 por ciento. Al mismo tiempo, el dólar mayorista se acercó a los 1.490 pesos, las reservas dejaron de crecer durante los últimos meses y el Banco Central debió intervenir en el mercado de futuros para evitar utilizar reservas directamente.

Los despidos agregan otro dato al enfriamiento: hasta 170 desvinculaciones posibles en la CNEA, más de 100 cesantías en la fábrica de baterías Unionbat y 150 despidos anunciados por Techint en Valentín Alsina. La desocupación todavía puede no reflejar completamente el proceso, pero la pérdida de puestos empieza a acompañar la retracción productiva.

La economía también está dividida. En abril, la minería creció un 17,1 por ciento y el agro un 10,9. En cambio, la industria manufacturera cayó un 2,9 por ciento, el comercio un 3,2 y la construcción un 1,8. Los grandes ganadores son actividades exportadoras capaces de generar divisas, pero con menor incidencia directa sobre el empleo urbano y el entramado de pequeñas y medianas empresas.

Por cada diez empleos industriales se generan, según el análisis de Cristian Módolo en esta edición , otros 25 puestos indirectos en el comercio, los servicios y diferentes ramas fabriles. La recuperación no viaja a la misma velocidad por todo el territorio: algunas actividades funcionan como islas productivas, exportan y generan dólares, mientras el resto del tejido económico sigue sin despegar.

Ese telón de fondo es decisivo para interpretar el QMonitor. El equilibrio fiscal puede conservar un apoyo amplio mientras sea asociado con estabilidad. Pero su solidez política dependerá de cómo se distribuyan sus costos. Si el orden de las cuentas públicas se combina con pérdida salarial, empleo precario, cierres de empresas y caída del mercado interno, la zona gris puede modificar su posición.

Santilli, el conservador profesional

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete es mucho más que un puente hacia una eventual candidatura a gobernador. Es una pieza del proyecto de consolidar la alianza entre la ultraderecha libertaria y la derecha tradicional, extender el pensamiento conservador y disputar la franja de opinión pública que todavía no fue capturada de manera estable por ninguno de los dos bloques.

Santilli no es un saltimbanqui ideológico. Es un profesional de la política conservadora. Lo fue dentro del peronismo con Miguel Ángel Toma, siguió siéndolo dentro del PRO y ahora cumple el mismo papel como alfil de Karina Milei y de su proyecto para que Su Excelencia sea reelegido.

En los últimos años saltó desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. En las elecciones legislativas de 2025 ocupó el segundo lugar de la lista encabezada originalmente por José Luis Espert. La consigna fue sencilla: “Si votás al Pelado, votás al Colorado”. Le salió bien.

Santilli no ocultó nunca que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si será o no el candidato libertario en 2027, nadie puede saberlo todavía. Pero su función actual supera la preparación de una candidatura personal. Desde la Jefatura de Gabinete puede aspirar a convertirse en el articulador de una mayoría conservadora que sume a la base consolidada del oficialismo ultraderechista una parte de la zona gris detectada por QSocial.

La principal tarea de Santilli es seguir asfixiando a la provincia de Buenos Aires, haciendo desde la Jefatura de Gabinete lo que ya desplegó desde el Ministerio del Interior. Santilli apoyó o ejecutó el recorte de fondos nacionales destinados a transporte, educación, salud, obra pública y asistencia alimentaria.

La asfixia tiene dos metas que no se contradicen. Por un lado, obligar a Axel Kicillof a concentrarse en pagar sueldos y aguinaldos, atender la emergencia y defenderse de la tormenta, sin margen para pensar a largo plazo. Por otro, encerrarlo en esa defensa y dificultar una proyección nacional. No se trata solamente de una eventual candidatura presidencial de Kicillof, sino de impedir la articulación de un frente político de alcance nacional que represente los intereses y sentimientos de los sectores perjudicados por Milei.

Si Buenos Aires se limita a defenderse, quedará en una posición perdedora. Y si el resto de las provincias considera que su problema es Buenos Aires o Kicillof, y no la política ultraliberal y antilaboral del Gobierno nacional, también saldrá perdiendo.

Karina Milei puso a un profesional a fragmentar el campo nacional. Su desafío consiste en convertir el 36 por ciento liberal-conservador en una mayoría, conquistar parte del 30 por ciento mixto y evitar que la caída económica vuelva a reunir a los sectores sociales afectados por el modelo.

Si Santilli llegara a pensar que es un mago, estará olvidando que tiene una gran contra: Javier Milei. Es decir, la realidad cotidiana. La baja de ingresos, el trabajo precario y la falta de futuro. El punto clave es si las fuerzas opositoras consiguen transformar esa realidad, y también la percepción negativa, en una esperanza distinta de la que el Gobierno intenta sostener con su idea de que estamos mal, pero vamos bien. Si ofrecen una perspectiva nítida. No más radicalizada. Nítida. Concreta. Comprensible. Y nacional.

Aquí sí que no alcanza con la ayuda de Borges.

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