DEL PARANÁ AL ATLÁNTICO SUR. DOS SIGLOS DE ARMAS, INDUSTRIA Y PODER.

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

El 20 de noviembre de 1845, la Confederación Argentina defendió en la Vuelta de Obligado el derecho a fijar las reglas de navegación del Paraná. Gran Bretaña y Francia pretendían imponer las suyas por la fuerza. Para las provincias, en esas reglas se jugaba, por caso, la posibilidad de decidir en qué condiciones comerciaban con el mundo. Casi ciento treinta y siete años después, la guerra de Malvinas puso en primer plano una lesión a la soberanía argentina que venía de 1833, cuando Gran Bretaña ocupó ilegalmente las islas. En ambos casos estaba en juego el derecho de la Argentina a decidir sobre su tierras, sus recursos y sus aguas. Gobernar la navegación de un río y ejercer autoridad sobre un territorio ocupado ilegalmente son problemas distintos, y ambos le dan un contenido concreto a la soberanía. ¿Quién tiene el poder de decidir sobre nuestro territorio, nuestras aguas y nuestras riquezas? Mirar juntas esas dos escenas históricas permite entender qué defendieron los argentinos en cada época y qué significa ejercer la soberanía en la nuestra.

El sentido histórico

El Paraná y el Atlántico Sur suelen aparecer en mapas distintos. En uno vemos un río que comunica el interior con el mundo. En el otro, un archipiélago y una extensión de mar que muchas veces queda fuera del cuadro con el que aprendimos a reconocer la silueta de nuestro país. A fuerza de enseñarnos que la Argentina era una llanura con puerto, la cultura agraria del mitrismo consiguió que la cordillera nos pareciera el borde del mapa, el mar empezara donde terminaba el país y la Antártida cupiera en un recuadro. Acaso por eso todavía cuesta reconocernos como una nación bicontinental, marítima y cordillerana. Nada de esto es inocente. Para el país que aquella cultura daba por completo alcanzaban la pampa y el puerto, por donde salían las vaquitas, el fruto del mar y los minerales. Las penas, como siempre, quedaban adentro.

Deshistorizar cumple una función política. Al separar los hechos del proceso que les da sentido, se borran los intereses que los provocaron, se diluyen las responsabilidades y se vuelve incomprensible su relación con el presente. Esa confusión desarma la conciencia histórica de un pueblo y le resta capacidad para reconocer lo que está en juego en su propio destino. Así, quitando todo lo que cabe en el elemento tiempo del proceso, las fechas sólo se sitúan como hechos puntuales en el calendario. Su sentido histórico se comprende al reconocer de dónde venía esa lucha y cómo continuó después.

Por caso, las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la ocupación británica de Malvinas en 1833, la Vuelta de Obligado en 1845 y la guerra de 1982 adquieren, cada una en su tiempo, su significación dentro de un proceso más vasto. A lo largo de ese proceso, cada generación debió afrontar la defensa del país con los recursos y las posibilidades de su tiempo. Lo que vuelve a plantearse, desde el Río de la Plata hasta el Atlántico Sur, pasando por el Paraná, es la cuestión de quién ejerce el poder sobre este territorio y quién decide su destino. En esa perspectiva, la gesta de Malvinas recoge una larga experiencia argentina y nos devuelve, en las condiciones de nuestro tiempo, el problema todavía abierto de la soberanía nacional.

El Ministerio del Tiempo

Desde la primera detonación hasta el último disparo, la Vuelta de Obligado fue el acto fundante, en clave moderna, del proyecto de soberanía nacional, por el cual un pueblo, la criollada, supo erguirse como sujeto de su propia historia. Aquella fue una derrota táctica para las armas, pero una victoria estratégica para la Nación, que al precio de sus muertos obtuvo luego el reconocimiento formal de su soberanía fluvial. Por eso San Martín, desde su exilio, dedicará palabras de gratitud al Restaurador.

Pero los libros y el tiempo enseñan a mirar la historia en perspectiva. La Vuelta de Obligado conserva su actualidad porque allí se defendió el poder de gobernar el país, regular sus vías de navegación, ordenar su comercio, cobrar sus impuestos y proteger su economía. Hoy, sobre las costas del Paraná, grandes grupos agroexportadores como Cargill, Bunge, COFCO y Louis Dreyfus cuentan con plantas industriales y terminales portuarias propias. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, desde las terminales del Gran Rosario se embarcaron en 2025 unos 74,6 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites, equivalentes a casi el 75 % del volumen despachado desde los puertos argentinos en esos rubros. Esa concentración pone en manos empresariales una parte decisiva de la infraestructura por la que se comercializa la riqueza nacional. No hace falta aclarar que ese dominio sobre ese circuito reduce el margen del Estado para orientar la riqueza nacional hacia el desarrollo del país.

Entonces, la soberanía que se defendió en Obligado se juega hoy también en el control efectivo de nuestros puertos y exportaciones. El Estado conserva atribuciones aduaneras y mecanismos de fiscalización sobre esas operaciones. La cuestión política es con qué capacidad efectiva los ejerce frente a empresas extranjeras que concentran producción, procesamiento, comercialización y embarque. Gobernar el río y la Argentina exige verificar qué sale, cuánto sale, a qué valor se declara y qué tributos corresponde recaudar.

La pretensión de las potencias anglo francesas de imponer sus propias condiciones comprometía por aquel entonces esa autoridad. La pregunta por quién decide el rumbo de la Argentina se presenta hoy a través de las sucesivas formas de dependencia política, cultural, normativa y económica.

Como se evidencia, desde la resistencia a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, pasando por la defensa del Paraná en 1845 y la guerra de Malvinas en 1982, la historia argentina está atravesada por la lucha por decidir nuestro propio destino. Esa disputa llega hasta el presente, en el que la ocupación ilegal británica de las islas se suma a las formas económicas, militares, tecnológicas y políticas de subordinación que condicionan la soberanía nacional.

Del aceite caliente al misil Exocet en Malvinas

Del aceite caliente ha quedado la estampa escolar del Billiken. En aquellas jornadas de 1806 y 1807 se planteó también un problema que habría de acompañar a la Argentina durante toda su historia hasta nuestros días. Para sostener aquella defensa era preciso conseguir armas, reparar las que se tenían y fabricar con los medios del país cuanto no podía venir de afuera. Sería prematuro hablar allí de industria nacional. Pero ya se advierte la necesidad histórica que, en otras condiciones, habría de darle impulso. El pueblo que había descubierto su fuerza al organizarse para resistir al invasor empezaba a descubrir también de qué dependía esa fuerza. Vale decir, la independencia se ganaba en el combate y se afirmaba en los talleres.

La necesidad que llevó a los criollos a armarse con los recursos de sus propios talleres volvió a plantearse bajo otras formas en nuestra historia política reciente. ¿A qué vamos?Cada compra de armamento en el exterior vincula la capacidad de defensa del país a las decisiones futuras de quien lo abastece, consolidando y extendiendo en el tiempo una relación de dependencia. Porque los sistemas de armas no se adquieren aislados; llegan acompañados de manuales, repuestos, licencias, coeficientes de uso, limitaciones técnicas y, por sobre todo, condicionamientos políticos que restringen su empleo efectivo.

Los ejemplos suelen explicarlo todo, decía el General Perón: El gobierno de Javier Milei compró a Dinamarca veinticuatro F‑16 de fabricación estadounidense, cuya transferencia requirió la autorización de Washington. La incorporación de esos aviones permite recuperar la capacidad de interceptación supersónica. El valor estratégico de la compra, sin embargo, debe juzgarse a la luz de los intereses que la Argentina necesita defender. ¿En qué medida podrá la Argentina sostener con esos medios una presencia aérea en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, donde la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas y territorios circundantes constituye la principal lesión a nuestra soberanía territorial? La autonomía estratégica se mide por el margen que conserva un país para sostener sus propias decisiones cuando sus intereses dejan de coincidir con los de quienes le suministran los medios para defenderlos.

Imaginen por un instante a los criollos preparando la defensa de Buenos Aires y esperando que Londres les autorizara el envío de los fierros. La Reconquista habría quedado pendiente de un trámite y un sello en el despacho del invasor.

El caso del misil Exocet en la Guerra de Malvinas expone con claridad esta contradicción histórica. En 1982, la Argentina empleó con notable eficacia los misiles AM39 Exocet, hundiendo al destructor HMS Sheffield el 4 de mayo —lanzado desde un avión Super Étendard— y provocando graves daños al Atlantic Conveyor el 25 de mayo, generando un impacto significativo en la flota británica.

Sin embargo, ese mismo éxito dejó al descubierto el límite estructural. Francia, proveedor del sistema, bajo presión del Reino Unido, bloqueó de inmediato el suministro de misiles y repuestos. La conclusión es directa y contundente; la Argentina contaba con el arma y con la capacidad militar para utilizarla con precisión, pero dependía del proveedor extranjero. Y esa dependencia, frente al primer condicionamiento político, se tradujo en la imposibilidad de sostener su empleo. Allí se revela, en términos concretos, el problema de fondo; sin autonomía en materia de defensa y fabricación, la soberanía queda inevitablemente condicionada. Cada compra es una entrega. Aunque no hubo nada que la materia gris argentina no pudiera resolver a contrarreloj y en plena guerra.

El rol de las FFAA

Para comprender los rumbos que tomaron nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de su historia, conviene volver a una de sus raíces más hondas, la resistencia popular a las invasiones inglesas. La tradición emancipadora que asomó en las jornadas de 1806 y 1807 reapareció, en condiciones muy distintas, cuando la defensa del país empezó a exigir el dominio de sus fuentes de energía y el desarrollo de una industria propia. Enrique Mosconi vio en YPF el instrumento para que la Nación pudiera disponer de su petróleo. Manuel Savio comprendió que sin acero propio quedaba en manos ajenas buena parte de lo que el país podía fabricar, y dio a esa convicción forma de empresa en SOMISA. Desde Córdoba, el brigadier Juan Ignacio San Martín hizo de la Fábrica Militar de Aviones un centro de desarrollo aeronáutico. Con Juan Domingo Perón, esas iniciativas encontraron su unidad en una política de Estado. El petróleo, el acero, los astilleros y la aviación eran partes de una misma empresa histórica; dotar a la Nación de los medios materiales para sostener sus decisiones y producir empleo de calidad. En eso consistía, en términos militares, la idea que Perón llevó al gobierno. La soberanía exige capacidad de defensa, y esa capacidad se asienta en la industria nacional.

El derrocamiento de Perón en 1955 abrió otro curso para nuestra historia política reciente y reactivó una tradición de raíz mitrista, la del Ejército empleado para someter al interior y asegurar el predominio de la oligarquía porteña. Bajo el influjo de las doctrinas contrainsurgentes de la Guerra Fría, esa orientación encontró un nuevo lenguaje y una nueva justificación. El “enemigo interno” pasó a identificarse con el movimiento obrero y las fuerzas populares que disputaban el rumbo de la Nación. En 1976 se vieron las consecuencias de ese cambio de orientación. Las élites económicas y los actores civiles que condujeron la dictadura volvieron el poder de las armas contra los trabajadores y sus organizaciones y la represión hizo posible la imposición de un orden económico que debilitó la industria en la que una generación de militares, como mencionamos más arriba, había visto el sustento de la defensa nacional. La mudanza de doctrina tuvo así una consecuencia material.

Mientras se perseguía al llamado enemigo interno, el país perdía medios para sostener sus decisiones frente al poder extranjero. Aquella orientación se reformula hoy bajo la agenda del terrorismo, el narcotráfico y las amenazas internas, que vuelve a acercar la misión militar a las tareas de seguridad. Esta subordinación encuentra una expresión política dolorosa en un presidente que declara su admiración por Margaret Thatcher. En ese sentido, hoy gobiernan la Argentina los vencedores de Malvinas. Su victoria se prolonga en una dirigencia que toma como inspiración a quien condujo la guerra contra nuestros soldados.

Por eso, para juzgar el rol de las Fuerzas Armadas hay que averiguar quién mandaba en el Estado, qué fuerzas sociales sostenían ese poder y al servicio de quién se ponían y ponen las armas; Embajadas de potencias Occidentales o el pueblo de la Nación. La respuesta permite entender cómo de sus filas pudieron salir los hombres que fortalecieron nuestra soberanía e impulsaron la industria nacional y las cúpulas que terminaron por contribuir a su destrucción a sangre y terror. Esa disputa sigue abierta por otros medios menos virulentos pero más efectivos. La democracia y un proyecto político popular tiene que darle a la defensa una misión nacional y los medios para cumplirla. Un país que entrega su industria, su defensa, compromete sus recursos y somete sus decisiones a la injerencia externa acaba por pedirles a sus soldados que custodien una soberanía que sus gobernantes se encargan de vaciar.

Duele pensar que los combatientes de Malvinas pusieron el cuerpo y la vida para defender lo que después los políticos liberales cedieron a las potencias occidentales con una firma o una llamada telefónica.

El programa

Hablar de Malvinas no es hablar de una efeméride. No es evocar un episodio cerrado en el pasado ni una herida que se recuerda por compromiso moral o estrictamente oficial cada 2 de abril. Y es que, en la Argentina, ninguna efeméride es un hecho político clausurado. Todas permanecen atravesadas por las tensiones —muchas veces aún vigentes— que les dieron origen.

En ese marco, Malvinas sigue siendo un punto activo de toda nuestra lucha histórica. Hablar de Malvinas es, en realidad, hablar de la Argentina misma. Es interrogar nuestro sentido histórico, nuestra conciencia política y, sobre todo, nuestro lugar en el mundo. Malvinas no es un hecho aislado, sino una expresión concreta —y persistente— de un problema más profundo, el de la soberanía y la autodeterminación en una Nación que, desde su nacimiento, ha debido debatirse entre la afirmación de su propio destino o la subordinación a intereses externos.

En Malvinas, en definitiva, se sintetiza todo; la dimensión geográfica, comercial, institucional, jurídica, normativa, demográfica, industrial, científica, política, económica, cultural, espiritual y la voluntad política de existir como comunidad organizada. Por eso, todo proyecto nacional que pretenda jactarse de sí, que aspire a ser algo más que una administración transitoria de la dependencia, debe estar necesariamente atravesado por la causa Malvinas. Malvinas no es un capítulo más, sino el punto de partida desde el cual se ordena, o se desordena, toda la política nacional y su programa.

Los defensores de Obligado sostuvieron con las armas el derecho de la Confederación a gobernar su río. Los combatientes de Malvinas asumieron en 1982 el peso de una soberanía vulnerada por la ocupación británica de 1833. Esa historia nos deja una responsabilidad que empieza en la construcción del país capaz de hacer valer lo que reclama. Habrá que formar a los jóvenes que estudien nuestro mar, dar futuro al trabajo en los puertos y astilleros y dotar a las instituciones de la continuidad necesaria para pensar la Argentina de aquí a cincuenta años. Sobre esa base podrá sostenerse una política de soberanía. A la dirigencia le corresponde darle rumbo y responder, con sus decisiones, a la confianza de un pueblo que ha mantenido esta causa durante generaciones. Los hombres y mujeres que murieron por ella nos dejaron también ese deber.

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