SISTEMA PREVISIONAL Y DERECHOS: ENTRE LA JUSTICIA SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD
“Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano” Constitución de la Nación Argentina de 1949
El jueves 10 de julio de 2025, el Senado de la Nación convirtió en Ley un aumento del 7,2% a los haberes y de $40.000.- al bono jubilatorio (congelado desde 2023), así como una ampliación a la moratoria previsional (caída el 23 de marzo). Esta ampliación significa que más de 200.000 personas, mayormente mujeres, puedan acceder a una jubilación.
Esta medida significa un verdadero alivio económico para las personas en edad jubilatoria, uno de los sectores más golpeados por el Gobierno. Hoy en día, alrededor de 5.000.000 de jubilados cobran menos de 400.000 pesos por mes. Frente a esta decisión del Poder Legislativo de nuestra Nación, el Gobierno anunció que vetará o judicializará esta Ley, alegando “déficit fiscal”.
Esto sucede bajo la presión y vigilancia del FMI y “el mercado” respecto al desempeño económico y político del Gobierno. Esto, como siempre fue históricamente, significa monitoreo del desempeño en términos de la capacidad de sostener un ajuste fiscal a costa de la calidad de vida, en primer lugar, de los jubilados, el sector público y sus trabajadores, pero también de la sociedad en su conjunto, que ve desarmarse su entramado productivo y su capacidad de desarrollo futuro.
En términos éticos y políticos, el avance del Gobierno de La Libertad Avanza sobre los jubilados plantea dar por tierra con los principios por los cuales debe regirse una comunidad acorde a la noción de Justicia Social: que aquellos que trabajaron durante buena parte de su vida tengan la posibilidad, el derecho y la garantía de poder cubrir sus necesidades sin la obligatoriedad de continuar trabajando, si así no lo quisiese o no pudiese.
Esto quedó plasmado en el “Decálogo de la Ancianidad” presentado por la compañera Eva Perón y luego incluido en la Constitución de 1949. Allí, los principios políticos de la Comunidad Organizada tenían una operacionalización muy concreta, donde se estipulaba que los “ancianos” tenían derecho: a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física y moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto.
Legalmente y en la actualidad, el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional da cuenta de que el Sistema Previsional es (y debe continuar siendo) política de Estado. El gobierno desconoce esto dejando desamparada a buena parte de la población en edad jubilatoria y catalogando esta norma de nuestra Carta Magna como “el cáncer del país”. La obligatoriedad para el Estado de hacerse cargo de la política previsional se encuentra además incorporada a nuestra Constitución a través del reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Hay un tercer elemento, más allá del ético-político y el legal, que entra en juego a la hora de pensar cómo debe organizarse una comunidad, y cómo dicha comunidad debe garantizar los derechos de los trabajadores inactivos (en este caso los jubilados y pensionados), que tiene que ver con la factibilidad económica de las medidas que debe arbitrar el Estado para garantizar una vejez digna.
¿Cómo se hace realidad efectiva un sistema previsional justo?
Si bien desde este humilde espacio no consideramos tener todas las respuestas, sí nos parece importante por un lado reconocer la voluntad de hacerse dicha pregunta, para no caer en la simple retórica de nombrar cómo deberían ser las cosas. Es también necesario hacernos cargo de esto para que quienes quieren destruir el Sistema Previsional Argentino no sean los únicos planteando la cuestión de la factibilidad o sustentabilidad del mismo.
Por otro lado, también es importante decir que el Gobierno no recibe simplemente un problema de déficit fiscal, sino que lo agrava, tanto en el presente como el futuro, minando las posibilidades de generar la producción y por ende la riqueza necesaria para hacer frente a los desafíos de una sociedad mundial en constante y acelerado cambio. En lugar de construir soluciones de fondo, el Gobierno opta por salidas fáciles que agravan problemas estructurales.
La base del Sistema Previsional Argentino es la solidaridad. Solidaridad intergeneracional entre trabajadores activos e inactivos, a través de los aportes y contribuciones de los trabajadores formalizados, y solidaridad garantizada por el Estado a través de la fiscalización de los aportes patronales de esos mismos trabajadores. De esta forma la parte de la comunidad que se encuentran actualmente trabajando aporta una parte de la riqueza que produce para cubrir a las personas que ya no pueden hacerlo en forma plena, bajo la expectativa de que cuando se encuentren en esa condición, otros que trabajarán activamente aportarán para su subsistencia.
Ahora bien, esta base de sustentabilidad se encuentra minada por varias causas de largo y mediano plazo, principalmente la informalidad, el desempleo, el congelamiento de salarios, y los cambios demográficos. Esto hace que cada vez haya menos personas y empresas aportando para las jubilaciones, lo cual tendencialmente debe subsanarse con fondos públicos, generando la necesidad de aumentar la base impositiva, que además en Argentina se encuentra en uno de sus momentos más regresivos.
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La informalidad en el empleo en Argentina es de 42%, pero este número esconde una profunda heterogeneidad. Mientras en ramas del empleo como el servicio doméstico y la construcción supera el 75%, en la industria manufacturera la informalidad es de un 36,1%. Los regímenes de liberalización comercial y de inversión como el RIGI justamente hacen peligrar el empleo en este sector de mayor (aunque decreciente) formalidad, que hoy es el más vulnerable frente a la apertura comercial indiscriminada.
Además, el cese de la ejecución de políticas públicas como la obra pública, el control de los caminos y rutas de transporte, del desarrollo tecnológico que tanto han promovido organismos como el INTI, el CONICET, entre otras áreas de innovación y desarrollo científico de nuestro Estado Nacional, no ha hecho más que profundizar este largo proceso de desindustrialización de la Argentina, vulnerando derechos laborales en su camino y, como subproducto, destruyendo las condiciones de posibilidad de un Sistema Previsional sustentable y sostenible.
Por todo esto, discutir el sistema previsional es debatir qué modelo de sociedad queremos: una que garantice derechos o una que los subordine a la lógica del mercado y el ajuste.
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