Omar Auton
Sigamos con el Estado
En el capítulo anterior traté de precisar como concibe el peronismo el rol del Estado, fuerte, eficaz y eficiente, pero de ninguna manera subrogando la actividad empresarial privada y mucho menos avanzando sobre el derecho de propiedad, más allá de encuadrar este último dentro del concepto del bienestar general y por ende dándole una función social.
En su afán por tomar distancia de los excesos y corrupción del liberalismo privatizador de los 90, algunos compañeros se pasaron a la vereda de enfrente y bajo la consigna de “Estado Presente” cayeron en un doble error, que fue fatal, agobiaron a la sociedad con slogans y consignas, amenazaron con estatizaciones, decidieron que todos los problemas de la comunidad requerían un organismo estatal que los analizara y debatiera, pero aburrieron a la población con sus peroratas y, lo que es peor, no resolvieron ninguno de los problemas, más bien agravaron muchos.
Pero este aspecto nos deposita en un segundo debate y es el de la organización y funcionamiento del Estado en sí mismo, o sea nos lleva a mirar con detenimiento el Estado hacia adentro, el rol y características de sus empleados, su número, salarios e incidencia en el gasto público.
Hasta los años 90 había primado el concepto “patrimonialista”, es decir la idea que el ingreso, la carrera, los salarios y hasta sus derechos, eran decisión unilateral del gobierno de turno, incluso nació una teoría en derecho administrativo que decía que, teniendo en cuenta la centralidad de las políticas públicas, los trabajadores estatales no eran “trabajadores”, sus derechos e intereses debían ceder ante la necesidad de atender las demandas de la sociedad.
Si bien el art. 14 bis de la Constitución Nacional consagra la estabilidad del empleado público, buscando precisamente salvaguardarlo de los vaivenes políticos y evitar que la Administración Pública fuera el “botín de guerra” del partido político gobernante, como la adquisición de esa estabilidad requería la “acreditación de idoneidad”, se recurrió a nombrar sin concurso, confiando que el paso del año de servicios sanearía esta falta con la adquisición de la estabilidad, o a contratar bajo diversas formas fraudulentas.
Por si esto fuera poco, el poder judicial no sólo “legitimó” los golpes de Estado y sus actos administrativos, sino que en esta materia hasta dio juridicidad a los latrocinios cometidos bajo la doctrina jurídica antes mencionada. De ahí las llamadas “leyes de prescindibilidad” sancionadas luego de cada golpe militar y hasta en algunos de origen constitucional. El criterio era que si bien habían superado el año de servicios, requisito para adquirir el derecho, como a su ingreso no habían acreditado idoneidad mediante un concurso, había una falla ab initio que invalidaba el acceso a la estabilidad. La última fue en 1990.
Durante los gobiernos de Carlos Menem y al calor de los llamados Consensos de Washington, las presiones del Banco Mundial y la crisis administrativa se puso en marcha la Reforma del Estado y la Emergencia Administrativa que permitieron implementar el plan de privatizaciones, que fue su rostro más conocido, pero también una profunda reforma administrativa que culminó con el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SiNaPa), un modelo de carrera que establecía la obligatoriedad del ingreso a planta permanente mediante procesos de selección, el progreso en la carrera vertical a través de concursos y las evaluaciones de desempeño y estándares de capacitación en la horizontal.
Asimismo, se estableció que los cargos de conducción no políticos (Direcciones Nacionales, Generales y Simples) debían ser cubiertos por concursos abiertos.
Más allá de los cuestionamientos que pudieran hacerse a las privatizaciones y despidos en las empresas del Estado, en lo que hace a la administración central esto fue un gran avance y un cambio radical en el empleo público, esto hay que dejarlo claro. En la política no todo es blanco o negro, no suscribo ni defiendo las políticas de los 90, pero en este terreno podemos afirmar que fue uno de los pocos intentos en darle un sistema y una racionalidad a la Administración Pública Nacional.
Luego del desmoronamiento de la convertibilidad y la crisis del 2001comenzó el desarme de este esquema, si De la Rúa recibe su gobierno con un Estado pequeño pero ordenado, donde solo había unos 3000 contratados, todos profesionales y con funciones acotadas, cuando Duhalde asume la presidencia ya había 18.000 contratos de locación de servicios y de obra, o sea contrataciones fraudulentas en violación de las normas de empleo público, asimismo nunca más se concursaron los cargos de conducción, a medida que terminaban su mandato los que habían concursado se los fue reemplazando por partidarios de los distintos gobiernos.
Duhalde “blanqueó “la anomalía de los contratos y los traspasó al régimen de empleo público pero amplió esta modalidad a todo tipo de trabajadores, profesionales o no.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner hubo un nuevo intento de reordenamiento, se firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo y se trató de comenzar a llamar a concurso, pero desde 2011 en adelante no sólo se aumentaron irrazonablemente los cargos de conducción, creando direcciones sin sentido y muchas veces con funciones repetidas, sino que a la barbaridad de designar funcionarios sin concurso “por excepción” se agregó que también se los exceptuó de tener la formación profesional requerida para acceder a los mismo. Esto con los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y hoy con Javier Milei.
Se ha cercenado a los trabajadores del Estado la posibilidad de ingresar y acceder a la estabilidad constitucional mediante procesos de selección; los contratos laborales fraudulentos en muchos casos ya tienen más de 20 años de duración, asumen responsabilidades de conducir áreas del Estado gente sin capacidad, ni experiencia ni educación formal para ello, y los profesionales del Estado ni siquiera tienen chance de competir en un concurso abierto con ellos. El actual gobierno que constituye la suma del desprecio por las normas y la crueldad ontológica, además de la incompetencia e ignorancia de cómo funciona una organización, sólo pretende destruir el Estado para sumirnos en la ley de la selva dónde una minoría poderosa, millonaria y apátrida, pueda “llenarse los bolsillos” sin control alguno, según lo manifestó el propio Javier Milei en el acto del Día de la Industria de 2024.
Recientemente, en el colmo de la soberbia y el desprecio ante los trabajadores, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger obligó a los miles de contratados a rendir un “examen de idoneidad”, llamativamente el examen no era sobre las funciones que realizaban y su formación para ello, sino por ejemplo “Sobre el Código Electoral”, en donde un investigador científico, una enfermera, un técnico de laboratorio debía responder un múltiple choice sobre, por ejemplo, como se oficializaban las boletas electorales. Estaban seguros que los trabajadores iban a tratar de eludirlo, se presentaron a inscribirse masivamente, tanto que colapsaron las plataformas de inscripción
Apostaron entonces a que no aprobaran, para justificar luego los despidos, sin embargo el 96% aprobó en el primer intento (hay tres), por ello si bien en los primeros días el tema estaba en todos los medios, enseguida desapareció de los portales ante el fracaso contundente de la estrategia gubernamental.
Fracasado el intento, lanzó a un grupo de improvisados a imponer unas supuestas «dotaciones ideales” ¿como es eso?, muy sencillo:
Pregunta: “¿Cuánta gente trabaja aquí?
Respuesta: 100 personas
Orden: “Eche 50”
Esto es textual, sin explicación o fundamentación alguna, es la destrucción por la destrucción misma, el odio de clase vestido del poder gubernamental.
Cierto es que esto puede ser posible ante la pasividad y hasta el festejo de un sector de la población que ha sido permeable a las políticas denigratorias del Estado y sus empleados, de los Alsogaray, Krieger Vasena, Martínez de Hoz, Sourrouille, Cavallo, Macri, Sturzenegger (funcionario al igual que Cavallo de varios gobiernos fracasados), a lo largo de décadas.
Cierto es también que ha sido enorme la contribución a esa ideología y/o resentimiento anti estado y anti empleados públicos por la pésima calidad del funcionamiento de muchas áreas del Estado y la mala atención a los ciudadanos y la falta de respuestas a sus reclamos. Esto debido:
1) A la utilización del Estado como fuente de financiamiento de militantes y agrupaciones políticas que crecieron en base a los recursos del PAMI y la ANSES, por ejemplo.
2)La frustración de miles de empleados públicos que veían cortadas sus carreras ante la llegada de estos “funcionarios”, muchos de ellos en su primer empleo, que ganaban altísimos sueldos frente a salarios que muchas veces no llegaban a la mitad. Además estos jóvenes, y no tanto, exhibieron una soberbia y ejercieron un maltrato que llevó a miles de trabajadores a votar a Milei deseosos que echaran a esta “casta”, hoy comprueban que muchos siguen en sus cargos y los que son perseguidos y despedidos son los trabajadores.
3) La utilización del Estado para generar espacios opositores a gobernadores díscolos, por ejemplo ¿un gobernador no se alineaba incondicionalmente? Se usaban áreas del Estado en esa provincia para nombrar militantes de agrupaciones afines y comenzar, con el erario público, a operar sobre intendentes o líderes locales y armar listas opositoras al gobierno, inclusive a sabiendas que se provocaba la victoria de partidos adversarios, su teoría ha sido “Nosotros o el diluvio”.
4)La impotencia para llevar adelante políticas positivas en temas como la educación, la salud o la seguridad dado que las “internas del partido o frente gobernante se trasladaron a los gobiernos”, neutralizándose entre ellos.
5) La ignorancia absoluta de las potencialidades de las políticas públicas cuando son virtuosas, o sea eficaces y eficientes y la mediocridad de los funcionarios de gobierno, esto fue emblemático entre 2015-2019 y en la actualidad.
Si hablamos de los poderes Legislativos y Judicial, es poco lo que hay que agregar cuando hay senadores que presentan proyectos de ley y luego los votan en contra, otros huyen a países limítrofes con dineros de dudosa procedencia luego de votar leyes que habían dicho que no votarían, diputados que marchan con los universitarios por el presupuesto y luego votan en favor del veto a su aumento, igual que con los aumentos a jubilados o que votaron el acuerdo con el FMI a cambio que el Estado Nacional ceda un predio en su provincia para “construir viviendas”.
Del Poder Judicial que se puede opinar, una Corte Suprema de Justicia que funcionaba con solo 3 integrantes, un cortesano, que cuando fue al Senado a defender su postulación juró que “jamás asumiría si era designado por decreto” y no sólo asumió pese a ello sino que ¡los otros tres le tomaron juramento! Llevamos tres años donde ambos poderes se hacen los distraídos frene al DNU 70/23 que es el que permite muchas de las barbaridades del gobierno, cada uno sostiene que la responsabilidad de declarar su inconstitucionalidad es del otro y ninguno hace nada.
Es necesario ir a una reforma constitucional donde además de corregir los desaguisados de la reforma del 94, que hizo suyos reformas de la dictadura de Lanusse como el ballotage, incorporemos formas de control como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, pero sin imponer reglas que hagan inviable llevar adelante esos institutos y quizás el Juicio de Residencia, para los que no saben de que hablo voy a transcribir la definición de la IA, “El Juicio de residencia era un procedimiento judicial que se llevaba a cabo en el derecho castellano e indiano. Se realizaba al finalizar el mandato de un funcionario público para analizar su desempeño y escuchar las acusaciones en su contra” sería darle carnadura a lo que repiten todos en sus actos de asunción “Si así no lo hiciera, que Dios y la Patria me lo demanden” en este caso nos haríamos cargo de lo que a la Patria le corresponde…
Espacio de Pensamiento Nacional 
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