La emergencia económica y financiera de la Ciudad.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó a la Legislatura porteña un proyecto de ley de emergencia económica y financiera que abrió un amplio debate entre las fuerzas políticas de la ciudad, especialmente en cuanto a la modificación de la distribución del gasto en cuanto a programas, la revision de compras y contrataciones y la posibilidad de escalonar o diferir el pago de salarios. La emergencia deja al descubierto el orden de prioridades de la gestión.

En el mismo artículo 1 del proyecto, el gobierno declara en emergencia la situación económica y financiera de la ciudad hasta el 31 de diciembre del presente año y luego aclara su aplicación a todos los poderes del estado, incluyendo a las comunas, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y las sociedades con participación estatal mayoritaria; siempre de la ciudad por supuesto.

En concreto, el poder ejecutivo propone modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto hasta el 5 % del total del presupuesto asignado a cada órgano, autorizando al ejecutivo incluso a incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital, para reforzar las acciones inherentes a la emergencia sanitaria. Pudiendo incluso suspender y/o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas; quedando solo expresamente excluidos de esta emergencia los programas que tengan dentro de sus objetivos el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas.

Lo cierto es que resulta tan amplia la capacidad del ejecutivo de redistribuir el presupuesto, que no parece estar en claro cuales son los programas sobre los cuales tiene puesta la vista para efectuar el redireccionamiento, lo cual puede ser peligroso si proyectamos el escenario postpandemia.

Pensemos que el proyecto declara la emergencia hasta el 31 de diciembre, por lo que la redirección presupuestaria puede significar que de aquí a fin de año queden reducidos a cero programas enteros que luego de la crisis coyuntural, puedan ser necesarios para ejecutar; mucho mas considerando que no esta claro en lo inmediato el tiempo que conllevará el tratamiento sanitario del coronavirus y ni siquiera la continuidad del aislamiento.

En este punto entiendo que el ejecutivo debería ser muchísimo mas preciso en determinar aquellos programas sobre los que podría aplicar la propuesta; como así también debería considerar los ahorros presupuestarios producidos consecuencia del aislamiento y la detección económica.

Sí comparto, lo previsto en el capitulo IV en cuanto a la revisión de los procesos, incluso aquellos que se encuentren en trámite, referentes a compras y contrataciones de bienes, suministros, obra pública, de concesiones y de permisos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta propuesta.

Ello implica revisar los cánones que hoy la ciudad abona por servicios, incluso alguno de ellos que se encuentran suspendidos en su ejecución o a proveedores por bienes o suministros que pueden evitarse en el marco de la emergencia, aun teniendo contratos en curso. Tambien esto podría ser una oportunidad, para evitar el gasto de concesión del servicio de subterráneos de buenos aires, asumiendo el estado porteño la administración y operación del servicio.

Diferente es el criterio a tener en cuenta con relación a las contrataciones de servicios, entre las cuales se pueden considerar las prestaciones del personal “contratado” en la administración central o descentralizada, puesto que esta incorporación, sin salvedad alguna, puede incluirlos dentro del paquete de revision.

Con relación a las facultades que solicita el poder ejecutivo en materia de regulación de ingresos tributarios; vuelvo sobre lo planteado en el epígrafe de esta opinion, considerando que las propuestas realizadas van dirigidas a favor de los contribuyentes con capacidad de pago de los tributos empadronados, a quienes se les propone un descuento por el pago anticipado de las cuotas con vencimiento en el segundo semestre del período fiscal 2020; pero no están dirigidos a quienes como consecuencia de la retracción económica producida en virtud del aislamiento, se encuentran dificultados en abonar esas tasas fiscales.

Esta bien que se habilite la posibilidad de adelantar el pago de las cuotas a vencer, podría ser una alternativa para los contribuyentes que lo puedan abonar de manera anticipada evitándose futuros aumentos en virtud de la evolución inflacionaria una vez vuelta a la normalidad; pero sería mas adecuado plantear, que mientras dure el aislamiento social obligatorio y sectores productivos se encuentren paralizados, se congelen los aumentos previstos en el presupuesto 2020 para estos gravámenes; de manera que aquellos que se encuentran con el agua al cuello por la inactividad tengan posibilidad de abonarlos.

Lo mismo ocurre con el anticipo tributario extraordinario de los Ingresos Brutos; el cual, en este caso, puede resultar una solución o alternativa a los sectores empresariales mas importantes, pero no se trata de un beneficio para el pequeño comerciante o Pyme sin actividad que no va a estar en condiciones económicas de anticipar períodos para el ejercicio 2021.

En este último caso, siendo una propuesta que favorece a las empresas mas importantes, y mas alla de ser una alternativa de recaudación fiscal en medio de esta crisis para la ciudad; podría plantearse que las empresas que se adhieran se comprometan a no presentarse en procedimiento de crisis durante este período y a no suspender personal o reducirles el salario salvo acuerdo paritario específico.

Fuera de estas disquisiones, comparto lo previsto en el artículo 10 del proyecto en relación a las medidas cautelares y/o ejecutorias en los procedimientos fiscales.

Un párrafo aparte merece lo indicado en el Capitulo V del proyecto puesto a consideración del legislativo. En este punto en particular lo que resulta de especial atención es lo previsto en los artículos 17 y 19 en cuanto a la prohibición de instrumentar retribuciones extraordinarias, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o especie hasta el 31 de diciembre, a los trabajadores públicos de la ciudad (ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autárquicos y autónomos y empresas mencionadas arriba); incluyendo la posibilidad de establecer un cronograma de pago escalonado y/o diferido de los haberes de las nóminas salariales.

En este punto en particular adelanto desde ya mi mas profundo rechazo a estas propuestas realizadas por el ejecutivo de la ciudad toda vez que vuelve a equivocar la prioridad del gasto y del destino de los recursos esenciales del estado. Si hay una prioridad, en el marco de la presente crisis, esta debe dirigirse a los salarios de los trabajadores que deben percibir en su integralidad los haberes, siendo ellos los que se han puesto al frente de la atención, el cuidado y el funcionamiento del Estado en medio de esta coyuntura.

Fueron los trabajadores públicos los que garantizaron el funcionamiento esencial de los organismos declarados como tal, los que garantizaron la presencia pública, los que desde sus casas también mantuvieron el trabajo a distancia para que se den respuestas a la comunidad. Si hace dos semanas se autorizó el endeudamiento del Estado de la ciudad en U$S 150.000.000, esos recursos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales del Estado empleador con sus trabajadores y sino debería permitirse endeudarse para ello.

En definitiva la intangibilidad de los salarios también deben respetarse, y no queda claro de la redacción de los artículos, si aquellos beneficios, o incrementos salariales acordados en paritarias o a acordarse en esa instancia pueden ser racionalizados. El ajuste en consecuencia no puede hacerse a costa de los trabajadores quienes ya bastante vienen sacrificando su poder adquisitivo en la actualidad.

Porque además, si bien el ejecutivo ya anunció de palabra que liquidará los salarios en tiempo y forma, lo cierto es que esta propuesta abre la posibilidad de que en el futuro (de aquí a diciembre) pueda escalonar o diferenciar los pagos salariales, e incluso, le da el fundamento que la legislatura de la ciudad y todas las fuerzas políticas que la integran, avalan dicha medida restrictiva de los derechos de los trabajadores.

Con todo esto, espero aportar un poco de claridad en un debate legislativo, pero que expresa claramente un sentido de prioridad en la toma de las decisiones públicas.

La Política Financiera del Peronismo

por Aritz Recalde y Sebastián Tapia, 16 abril 2020

“¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses de la banca particular internacional. Manejaba y controlaba los cambios y el crédito bancario, y decidía la política monetaria de la Nación con total indiferencia respecto de la política económica que la Nación debía desarrollar para la promoción de su riqueza. En nombre de teorías extranjeras, desoía los justos reclamos de una mayor industrialización”. Juan D. Perón

En el año 1946 el Presidente Edelmiro J. Farrell modificó el funcionamiento de las instituciones financieras del país. El 25 de marzo nacionalizó el Banco Central con el decreto-ley 8503/46 y el 24 de abril reorganizó el Régimen de Depósitos bancarios con el decreto-ley 11.544/46. Según Antonio Cafiero la iniciativa fue inducida por Juan Perón y supuso la “primera medida del gobierno electo el 24 de febrero”.
Con ambas decisiones se instauró el principio doctrinario del Justicialismo, que establece que la política financiera tiene que vincularse estrechamente con la política económica nacional. Sobre esta base institucional y durante todo el Gobierno de Juan Perón el Estado adquirió la indelegable potestad de orientar y de planificar racionalmente la utilización de los recursos financieros de la colectividad.

El decreto-Ley 8503/46 de Nacionalización del Banco Central
El 24 de marzo de 1946 el entonces Ministro de Hacienda de La Nación, Amaro Avalos, le envió un Informe al Presidente Edelmiro J. Farrell impulsando la creación de un nuevo régimen financiero nacional. Propuso integrar las normativas de “Bancos y del Banco Central”, la de “Coordinación de Bancos Oficiales” y de otras instituciones nacionales como las “Juntas Reguladoras, Elevadoras de Granos y Corporación para la Promoción del Intercambio”. Como complemento, promovió la creación de un instituto especializado de “Créditos, Garantías y Ahorro”.
Atendiendo las recomendaciones de Amaro Avalos, Farrell sancionó el decreto-Ley 8503/46 modificando parcialmente la ley 12.155/35 de creación y de funcionamiento del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de 1935
El Banco Central fue creado luego de la crisis bursátil y económica de los años treinta. El Ministro Avalos destacó que para garantizar su fundación el Estado “saneó” a los bancos privados, obligando al conjunto de los argentinos a cargar don dicho costo.
Alfredo Gómez Morales compartió el diagnostico de Avalos y puntualizó que la reforma monetaria y bancaria de 1935 incluyó un “salvataje financiero de los pocos privilegiados” que “conducían
con hilos invisibles los resortes de la política y del gobierno del país”. En el mismo sentido Antonio Cafiero mencionó que en 1935 salvaron “de la ruina económica a los bancos e instituciones financieras privadas y extranjeras que durante la época precedente a la crisis del año 30 se habían dedicado a toda suerte de préstamos especulativos”.
La ley 12.155/35 estableció que el Banco Central estaba a cargo de un Presidente, de un Vicepresidente y de doce Directores. Estos últimos eran elegidos a razón de uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Banco Nación y diez por la Asamblea de Bancos Accionistas siendo seis en representación de entidades bancarias (1 de provincia, 3 nacionales y 2 extranjeros) y cuatro elegidos en acuerdo con el Directorio y las entidades del agro, el comercio, la industria y la ganadería.
Gómez Morales consideró que este sistema mixto lesionaba la soberanía argentina ya que le otorgaba las decisiones a grupos financieros privados y extranjeros “ajenos al gobierno mismo”. Además puntualizó que el funcionamiento del Banco Central se caracterizó por la “falta de unidad entre el organismo monetario de tipo mixto y el poder político que representaba la soberanía del país (…) los intereses particulares de los bancos, especialmente los extranjeros, agravaban más aún la falta de disposiciones expresas y categóricas sobre el manejo del crédito”.
Antonio Cafiero consideró que el Control de Cambios y del crédito efectuados por el Banco Central no acompañaron la incipiente industrialización. El organismo implementó una “rigurosa ortodoxia” que benefició meramente a las actividades agrícolas. Cafiero consideró críticamente el hecho de que el Banco no favoreció el abastecimiento y el equipamiento del país en la antesala a la Segunda Guerra mundial.

La nueva estructura del Banco Central
El Directorio del Banco Central fue nacionalizado y salieron los accionistas de las entidades bancarias privadas. A éstos últimos se les reintegró su capital en bonos del Tesoro y en efectivo cuando así lo dispusieron.
A partir del decreto-Ley 8503/46 el Directorio se integró con un Presidente, un Vicepresidente y trece Directores. Se especificó que todos ellos tenían que ser argentinos nativos. El Presidente y Vicepresidentes debían disponer de experiencia industrial, comercial y bancaria. Formaron parte del Directorio tres representantes de los bancos oficiales (Nación, Hipotecario e Industrial), cinco delegados de las Secretarías de Estado (Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio y Trabajo y Previsión). Lo integraron cinco “representantes auténticos” de la industria, de la agricultura, la ganadería, el comercio y de las “fuerzas del trabajo”. Los miembros del Estado y de la producción eran designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las Secretarías y de las entidades representativas del sector. En palabras de Gómez Morales a partir de 1946 “se formó un directorio netamente argentino”.
La cláusula 16 del decreto 8503/46 puso bajo la órbita del Banco Central a los Bancos Públicos, a la Caja Nacional de Ahorro Postal y a la Comisión Nacional de Vivienda. Incluyó a los entes reguladores del comercio como el Consejo Agrario, la Comisión de Granos y Elevadores, la Corporación para la Promoción del Intercambio y diversas Comisiones y Juntas (yerba mate, lecheras, industriales, carnes, vinos, algodón, azúcar, etc.-).

Política monetaria y desarrollo económico y social Entre los considerandos del Decreto 8503/46 se destacó que “es propósito del Poder Ejecutivo propender a una intensificación racional de la capacidad productora de la Nación en todos los órdenes, que permita expandir la economía mediante el más activo aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y asegurar el bienestar general, el desenvolvimiento de las industrias, la especialización y mejoramiento de la producción agrícola ganadera, el acrecentamiento demográfico y toda otra actividad que suponga, en sus resultados, la elevación de la riqueza nacional”. El Decreto puntualizó que la política monetaria “no puede trazarse según normas aisladas y distintas de las que inspiren la política económica del Estado”. Alfredo Gómez Morales detalló que el Banco Central nacionalizado se puso en línea con el plan de “promoción e independencia económica” trazados por el Poder Ejecutivo, en base a los estudios del Consejo Nacional de Posguerra. La nueva distribución de las divisas facilitó la implementación del programa de fomento industrial y la reposición de bienes de capital. El Banco favoreció la justicia social y la creación de un mercado interno pujante.

Con el decreto-ley 12.596 del 3 de mayo de 1946 el Banco Central concentró el manejo del control de cambios. Antonio Cafiero mencionó que se implementó un sistema de “tipo de cambio múltiple” y dicha política dejó de ser “cuantitativa” y se tornó “cualitativa”. Se atendió el abastecimiento del mercado interno y el fomento de la producción nacional. Con dicha labor el Estado pudo proteger al industrial argentino y se sustituyó el tradicional instrumento de la protección aduanera. Gómez Morales destalló que dicho ciclo político de crecimiento y de pleno empleo derivó en un principio de inflación “circunstancia inevitable en la realización de una economía expansiva”.

El Decreto-ley 11.554/46 de nuevo Régimen bancario privado
“Antes los bancos daban al que pagaba mayor interés (…) Hoy no se presta dinero sólo con criterio comercial sino en atención, además, al interés general”. Alfredo Gómez Morales

En un Informe enviado a Farrell el 15 de abril de 1946, el Ministro Amaro Avalos mencionó que la ley 12.155/35 prohibió que el Banco Central realice las operaciones que creyó “peligrosas” y obligó a las entidades a disponer una cantidad de efectivo mínimo con relación a los depósitos. Avalos destacó que estas y otras medidas no impidieron las crisis frecuentes y el temor y la “desconfianza inmotivada” contra el sistema financiero. Resultado de esos fenómenos se generaron “liquidaciones ruinosas”, perdieron valor los documentos y se produjo la consecuente
paralización industrial o el “emisionismo franco, que devalúa todo el dinero en manos del público”. En ese escenario fue frecuente que los ahorristas pierdan sus ingresos y que el Estado salga a subsidiar a los Bancos que se convierten en los únicos ganadores de las crisis.
Avalos destacó que en el sistema de la ley 12.155/35 los depositantes no participaron prácticamente de las ganancias de los bancos y que por eso tampoco deberían participar de las “pérdidas”. Puntualizó que la mitad de los depósitos bancarios no les otorgaron nunca premios a los ahorristas y que el interés pagado fue siempre sumamente bajo en relación a la ganancia que generaron.
En este marco y con la finalidad de empezar a solucionar los problemas estructurales y las inequidades, el Ministro Avalos mencionó que “El Estado, velando por el bienestar general, debe a mi juicio tomar a su cargo la responsabilidad de todos los fondos que los habitantes del país lleven a los bancos no oficiales (…) Considero preferible que la Nación, por órgano del Banco Central, asuma la responsabilidad total ante los depositantes por los fondos que éstos depositen en los bancos, lo cual equivale a poner a todos en el mismo plano de protección en que hoy se hallan los depositantes de los bancos oficiales”.
Con la reforma introducida por el decreto-ley 11.554/46 el Banco Central tomó la garantía de todos los depósitos, dejando en cada banco particular el trato con los clientes que mantenían sus cuentas y servicios.
Los bancos receptores manejaron, recibieron y pagaron los depósitos a cuenta del Banco Central, quien les otorgó una comisión por el servicio financiero y administrativo que prestaron. En cada caso, el Banco Central analizó los papeles y los negocios de la institución y se definieron los márgenes y los destinos de los préstamos.
La autoridad nacional obtuvo el poder de policía para la “inspección activa y permanente” de los bancos y con esa facultad pudo defender el interés de los depositantes.
Avalos remarcó el hecho de que el Estado adquirió un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico del país. El Ministro mencionó que a partir de la reforma el sistema financiero tenía que fortalecer la capacidad productiva de la Argentina. Puntualizó que desde ahora existiría una planificación nacional integral del desarrollo y “atendiendo al destino de los préstamos efectuados por los bancos, podrán establecerse tasas diferentes para su redescuento o caución en el Banco Central, con lo cual el mayor beneficio que los bancos recojan coincidirá con el desarrollo de aquellas operaciones que más convenga incrementar dentro de las orientaciones económicas del referido plan”.
Con la finalidad de garantizar la promoción industrial y productiva, se estipuló que el Banco Central no podía atender las necesidades fiscales y de funcionamiento del Gobierno con los depósitos.

Normas reglamentarias
El 21 de mayo de 1946 el entonces Presidente del Banco Central, Miguel Miranda, le presentó al Ministro Avalos un Informe con un conjunto de proyectos reglamentarios de los decretos 8503/46 y del 11.554/46.
Edelmiro Farrell recuperó los planteos de dicho Informe y sancionó una nueva regulación a la que organizó en tres niveles: Banco Central (decreto – ley 14.957); Bancos Particulares (decreto – ley 14.962) y Bancos Públicos (decretos – ley 14.959 Banco Nación, 14.960 Banco Industrial y 14.961 Banco Hipotecario).
Miranda justificó la reforma financiera en el hecho de que el organismo potenció su condición de ser el gran catalizador del desarrollo. El artículo 3 del decreto-ley 14.957/46 puntualizó que el objeto del Banco era “Promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles y la expansión ordenada de la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación”.
Miranda mencionó que “Como resultado de habérsele constituido en depositario de todos los fondos que la población confía a los bancos, el Banco Central de la República. Argentina tendrá la obligación de proveer los recursos que estos últimos precisen para proseguir la mayor parte de sus operaciones. Ese fin se satisface básicamente por vía del redescuento de sus carteras, que consiste en la entrega de fondos por el Banco Central contra pagarés, letras y otros valores comerciales que constituyen el activo de los bancos”.
Los bancos mantenían “la más plena responsabilidad respecto de sus préstamos, puesto que ellos son quienes estudian y deciden cada operación propia”.

La reforma financiera del año 1949
En 1949 el país debió enfrentar la inconvertibilidad de la libra británica, la decisión del Plan Marshall de no adquirir nuestra producción y la caída del precio de los bienes de exportación argentinos.
En 1949 se crearon los Ministerios de Finanzas y de Economía y se reorganizó el Consejo Económico y Social1 al que se le dio la función de coordinación de la política de desarrollo. Gómez Morales mencionó que el Banco Central fue reformado con la ley 13.571/49 y desde entonces quedó con la “función específica de ejecutar la política monetaria y bancaria que traza el Ministerio de Finanzas de la Nación”.

1 El Consejo Economico Social se integró con los Minsitros de Economía (plan general), Finanzas (divisas), Industria y Comercio (abastecimiento) y de Hacienda (recursos).
Gómez Morales mencionó que la reforma de 1946 mantuvo varios aspectos de la Carta Orgánica de 1935. Entre otros temas, “se respetó la relación mínima del 25% entre las reservas y la circulación monetarista”. El Gobierno modificó dicho régimen de garantía de los depósitos con la ley 13.571/49. Para justificar la medida Gómez Morales explicó que la “cantidad de circulante debe basarse en las necesidades de la producción y de la distribución del proceso económico”
Se redujeron los créditos para producciones superfluas. Gómez Morales mencionó que la decisión no supuso prohibir la producción de otros bienes, sino que en este caso el fabricante debería hacerlo con su propio capital.

 Un balance de la reforma financiera del Peronismo Antonio Cafiero puntualizó que la reforma financiera del Justicialismo: 1- Fortaleció la soberanía económica nacional y las decisiones pasaron del sector bancario especulador extranjero al Estado, que es el promotor de los intereses de la colectividad; 2- Le dio al Banco Central la función de promover el desarrollo integral de la nación. El organismo conformó un Directorio con miembros de las carteras estatales y con referentes de la producción y del trabajo y eso favoreció la diagramación de políticas productivas. Se implementaron potentes líneas de crédito industrial y se abandonó la tradicional ortodoxia monetarista. 3- Auspició una política activa de control de cambios protegiendo el consumo del mercado interno y al empresario argentino. 4- Ordenó y potenció la Banca pública. El Banco Industrial financió la industria y la minería; el Banco Nación la actividad agraria, el comercio y las acciones de colonización y de impulso a la inmigración; el Banco Hipotecario se dedicó a sufragar viviendas; y la Caja Nacional de Ahorro Postal se abocó al fomento del pequeño ahorro y otorgó prestamos de consumo. 5- Permitió una utilización nacionalista de las reservas y se destinaron, centralmente, a importar bienes de capital, a rescatar la deuda externa y a nacionalizar los servicios públicos

Bibliografía citada
Alfredo Gómez Morales, Política Económica Peronista, Escuela Superior Peronista, Buenos Aires, 1951.
Antonio Cafiero, De la Economía social Justicialista al régimen Liberal Capitalista, EUDEBA, 1974.
Memoria del departamento de hacienda correspondiente a los Años 1946 y 1949, Buenos Aires, 1947.
Plan de Gobierno 1947 – 1951, Presidencia de La Nación, Buenos Aires, 1946.

En que situación esta Argentina y América Latina frente al pico de COVID-19

Los países reaccionaron de diferentes maneras ante el avance de la pandemia mundial, algunos reaccionaron antes otros despues, algunos cerraron sus economías, otros mantuvieron abiertas sus fronteras, algunos respondieron con medidas económicas y de aislamiento extremo; ¿Como se encuentra comparativamente nuestro país para afrontar esta crisis sanitaria? ¿Es correcto lo que ha planteado el gobierno? ¿Se podrá vencer la curva de contagios? Vamos a intentar darte una primera respuesta a estos interrogantes.

Frente a esta pandemia se presentan diferentes modelos de administración, algunos mas abiertos u otros mas cerrados en relación a las actividades autorizadas a continuar con su ritmo normal y con relación a las medidas de confinamiento físico de los habitantes.

Entre ellos, podemos diferenciar diferentes casos. Los Estados Unidos de Norteamérica intentaron mantener abierto el mercado económico la mayor parte del tiempo y hoy se encuentran lamentando una gran cantidad de victimas; nuestro país Y Corea del Sur fueron muchísimo mas estrictos en la circulación de las personas y por el momento parecen ser mas efectivos en cuanto al aplanamiento de la curva de contagios; Alemania en cambio planificó un mix con cierre de comercios y prohibición de reunion de mas de 2 personas, no estableciendo un confinamiento general obligatorio; o bien casos como Francia, Italia, España, Gran Bretaña o Brasil en nuestro continente, tardaron en avanzar en los confinamientos sociales, pero terminaron con controles estrictos de aislamientos y cierre de actividades económicas para intentar controlar la avalancha de infectados y muertos, que en algún momento se les había disparado. Brasil sigue siendo un caso paradigmático pues es uno de los pocos países que no han cerrado sus fronteras como Colombia o México.

¿Que fue lo que marco diferencias entre ellos en relación al éxito de sus medidas? Podríamos decir que en principio sus decisiones estuvieron condicionadas por la capacidad de respuesta de los sistemas de seguridad social.

Un ejemplo es Alemania, que parece asumir una vez mas el liderazgo europeo en el tratamiento de esta crisis sanitaria, con una tasa de positivos similar a la del resto de los países de Europa occidental, ha visto reducida notablemente su curva de contagios a partir de una importante capacidad de testeo precoz y masivo de la población, al punto que hoy dia se da el lujo de plantear la posibilidad de ayudar con insumos y hasta recibir pacientes de otros países del bloque europeo para su tratamiento. Para ello descansa también en las 40.000 camas disponibles del modelo de salud aleman (casi 3 veces mas que Francia) que representan un 6 % de camas por cada 1000 habitantes, muy por arriba del 3,1 % que tiene Francia, el 2,6 % de Italia o los 2,4 % de España o USA; o el 2,7 % promedio de infraestructura de salud mundial, según datos de la OCDE.

Algo similar ocurre en América Latina, que con un promedio de cobertura de 2,1 % de camas cada 1000 habitantes en la región, Ecuador, uno de los países de Sudamérica que mas ha sentido el impacto de la crisis sanitaria, se encuentra muy por debajo del promedio con un 1,6 % de camas por cada 1000 habitantes, apenas por encima de México (1,5%) y Paraguay (1,4%); pero muy lejos de Argentina que tiene un promedio de 4% de camas por cada mil habitantes o Cuba (5%) o Barbados (5,8%) que encabezan en la región, según informa la CEPAL.

No es menor este indicador, pues a cuanto mayor infraestructura sanitaria mayor capacidad para controlar o salir de la crisis pandémica producida por el Covid-19. Nuestro país en este sentido, parece tener la capacidad de dar respuesta a esta necesidad, aun cuando haya regiones del país en donde la situación puede ser de difícil control.

Otro de los puntos que impactan sobre la administración de la crisis de salud, es la cantidad de profesionales médicos con relación a la población. En una relación de médicos por cada 10.000 habitantes; Cuba vuelve a estar al frente de este indicador con 7,5 médicos por encima de Alemania 4,1 o Italia y España con 4,0. Pero tanto Argentina como Uruguay están muy cerca con 3,9 médicos, al nivel de los mejores países europeos. USA con 2,7, otra vez Ecuador con 2 o Brasil con 1,9, están al límite del nivel promedio (1,9) según informa la OMS (Observatorio Mundial de la Salud).

Obsérvese, que países como los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy se encuentran sufriendo un número significativo de víctimas fatales tienen bajo nivel tanto de infraestructura como de médicos para garantizar la salud de sus habitantes.

Por ende, nivel de infraestructura sanitaria y cobertura de profesionales médicos son determinantes para garantizar el nivel de respuesta de los países, frente a una crisis de estas características.

Pero hay otros aspectos, que también impactan sobre la efectividad de las medidas de protección, que están vinculadas a la desigualdad en los accesos a los servicios de salud y la capacidad de disponer recursos económicos para fortalecer los sistemas de salud.

En América latina y el Caribe solo el 34 % de los que conforman el 1er. decil de ingresos están afiliados o cotizan al sistema de salud; sin contar los grandes porcentajes de trabajos informales o de desocupados, que tiene a gran parte de la población dentro de importantes niveles de pobreza. Según un promedio ponderado por la CEPAL, esta situación se ve claramente reflejada cuando solo el 57,3 % de los trabajadores ocupados (en la región) son afiliados o cotizantes a sistemas de salud.

Lo mismo sucede con los gastos públicos en materia de salud. Mientras la OPS (Organización Internacional de Salud Pública) estima que el gasto público recomendado del PBI en salud debe rondar el 6%, los gobiernos centrales de la región gastan aproximadamente el 2,2 % del PBI en esta materia. Nuestro país se encuentra dentro del promedio recomendado internacionalmente.

En este punto, también los Estados Unidos expresa gran dificultad en la cobertura sanitaria siendo muy costosa la accesibilidad a las prestaciones de salud, mas alla de los seguros médicos previstos por el Estado.

En nuestro país, la cobertura de salud pública mas la prevista en el sistema solidario de salud organizado a través de las Obras Sociales de los trabajadores, representan la cobertura de 2/3 de la infraestructura sanitaria. Sostener el funcionamiento de este sistema solidario frente a la caída de la recaudación por la baja de aportes es imperioso para el funcionamiento del programa de salud de emergencia.

Todo esto deja en evidencia que la Argentina esta en condiciones de afrontar la crisis sanitaria en caso de normalidad. Sin embargo el gran número de informalidad y la crisis económica que la misma cuarentena provoca pueden dificultar el funcionamiento del sistema y llevarlo al colapso.

Todos los paises de la región salvo México y un par mas, establecieron restricciones o prohibiciones a la entrada de viajeros extranjeros, cerraron sus fronteras, restringieron o cerraron lugares públicos y reuniones masivas. Salvo Mexico, el resto estableció la cuarentena general obligatoria, todos menos Colombia, suspendieron las clases presenciales e instalaron sistemas de enseñanza a distancia; pero solo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Mexico, Paraguay, Trinidad Tobago, Uruguay y Venezuela expandieron la cobertura de prueba gratuita, aunque sin alcanzar el porcentaje de testeo que logró Alemania.

No contar con suficiente nivel de testeo es una gran debilidad de la región para evitar el contagio una vez desatado el pico de la pandemia y complica la salida administrada del aislamiento social obligatorio.

En materia económica también se adoptaron medidas de protección del trabajo y del sistema productivo para paliar en alguna medida el parate económico que arrastra la cuarentena, especialmente en economías como la nuestra que viene desde hace años con serias dificultades, consecuencia del alto nivel de endeudamiento, desinversión, pobreza y caída del poder adquisitivo del salario en medio de un proceso inflacionario de difícil contención.

En nuestro país, en la emergencia se suspendieron los despidos, se lanzó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) como ingreso general para los sectores mas desprotegidos, se postergó o se redujo hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, se estableció que el Estado abonará parte de los sueldos de empleados de empresas del sector privado a través de un Salario Complementario equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes”.

Asimismo, se ampliaron los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos. El monto de esta financiación no podrá exceder una cuarta parte el límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Monotributo, con un límite máximo de $150 mil, en tanto, “el financiamiento será desembolsado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas” y se elevaron los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $ 6.000 y un máximo de $ 10.000.

Sin perjuicio de ello, hay actividades que están sintiendo una profunda restricción, la actividad metalmecánica, el comercio, el sector gastronómico, el turístico y la construcción no encuentran forma de salir de la recesión y en consecuencia los empleadores y los sindicatos negocian suspensiones y/o bajas transitorias del salario de alrededor de un 30 % como el caso de la UOM, con el objeto de evitar la pérdida de los empleos en la misma linea la UOCRA, uno de esos sectores perjudicados, anunció la perdida de 20.000 puestos de trabajo por la suspensión de la actividad pública y privada. Sin embargo, debería procurarse mantener la protección del empleo y la integridad del salario a los efectos de poder salir rápidamente de la crisis, una vez que se normalice la situación.

Hay que seguir el caso alemán para ver como evoluciona el control de la pandemia en ese país. En nuestro caso, se ha logrado contener por el momento la curva epidemiológica y ampliado la infraestructura de salud previendo el pico de contagio sumando camas modulares o unidades febriles y se dictaron medidas para contener la emergencia económica sufrida por la caída de la economía; sin embargo la profundidad de los daños ocasionados en el sector productivo genera la necesidad de abrir parcialmente y de manera administrada el confinamiento y entonces el alto grado de transmisión de la enfermedad pone en riesgo los logros alcanzados.

La aparición de una vacuna parece ser la esperanza que permita a la región evitar el desenlace fatal de Europa occidental, China o los Estados Unidos; pero la cercanía del invierno y el tiempo que puede demandar encontrar la respuesta farmacológica, sumado a la necesidad económica hacen que esa esperanza sea a largo plazo y la situación se torne crítica.

Que nos dejará en limpio el coronavirus.

Por Secretaría de Profesionales UPCN

            En estos días hemos leído bastante acerca de cómo será la salida de la pandemia, tanto desde el punto de vista económico, como desde el político y social. Algunos enfoques alientan esperanzas sobre la posibilidad de que la humanidad reflexione y abandone este patrón de consumismo desenfrenado que destruye el planeta. Anhela que se ponga fin a ese modelo político económico de capitalismo financiero y liberalismo a ultranza, que concentra la riqueza cada vez en menos manos lanzando a millones de seres humanos ya ni siquiera a la esclavitud, sino lisa y llanamente al “descarte”, a la marginalidad, sin intención alguna de rescate a futuro. 

No parece posible que nada de esto pueda ocurrir, al menos no como resultado necesario de una “reflexión universal” motivada por la pandemia. Sin embargo, creemos que las crisis de este tipo de dimensiones hacen al generoso más generoso y al canalla más canalla, al solidario más solidario y al egoísta más egoísta. Por ende, el capitalismo egoísta, canalla y transnacional busca una salida con más exenciones impositivas, subsidios estatales (constituyendo un verdadero sacrificio fiscal), facilidades para remitir ganancias a sus casas matrices (en el caso de las firmas extranjeras) o bien fugarlas a guaridas fiscales. En el plano laboral pretenden, rebajas salariales, derribar derechos laborales, sindicatos debilitados, y un ejército de reserva de marginalidad y desocupación mayor que el actual; que a su vez, contribuya a sus “conquistas” anteriores. Por estas pretensiones es que debemos prestar atención a las emergentes medidas de excepción. Muchas grandes empresas, multinacionales incluidas, han rebajado sueldos, despedido o cesanteado trabajadores. Seguramente, frente a tales atropellos sostendrán que la reincorporaciones deberán esperar a que la actividad económica se recupere, para lo cual, probablemente transcurran un año o dos. ¿Alguien podría imaginar que después de ese plazo se van a pagar los salarios anteriores en términos constantes, o bien, en el caso de que se incorporen a sus trabajos, esas personas acepten la rebaja salarial?

Respecto a los usos de la tecnología, la presente crisis generó la necesidad de implementar en forma urgente y no planificada el trabajo remoto o teletrabajo. La pandemia interrumpió el mantra de lo que las TIC(D)s venían a cambiar casi bíblicamente: las relaciones de producción. La necesidad de recurrir a su abrupta  implementación en algunos sectores dejó en evidencia que su aplicación neta hace al modo de producción (no a las relaciones) y que el resto es política económica, por no decir márgenes de ganancias versus exclusión social arbitraria. Se debería observar también qué sucederá, en un hipotético escenario post pandemia, con esa legión de nuevos  “teletrabajadores” ¿Acaso volverán a sus puestos de trabajo? ¿Continuarán realizando trabajo remoto? ¿Cuál será su correlato en las relaciones laborales? 

            De este modo, surge el interrogante acerca de qué deberíamos plantear desde el campo popular y muy especialmente desde el sindicalismo estatal, que vaya en sentido contrario al descripto. Eso constituye un debate que nos debemos y merecemos. Las/os trabajadoras y trabajadores públicas, como los 300 espartanos en el Paso de las Termopilas, le ponemos el cuerpo frente al avance del invasor (en este caso el virus y su mensaje de muerte). Somos las/os trabajadoras/es públicas/os: médicas/os, técnicas/os, enfermeras/os, científicas/os, trabajadoras/es sociales, de seguridad, de controles fronterizos y aeropuertos, quienes nos volcamos al territorio donde habitan las personas en situación de pobreza para acercar organización, contención y alimentos. Por ende, nos hemos ganado el derecho a hablar y tenemos mucho para decir.

El rol del Estado. 

            Si algo ha quedado demostrado hasta el ridículo ha sido la charlatanería de los ultraliberales, ya sea los imbéciles a sueldo que reclaman no votar, no vacunar o que el Estado ni siquiera haga asfalto porque todo hay que dejarlo en manos del sector privado – incluyendo a quienes no tienen ni un pelo de imbéciles y no cejan en atacar todo lo público porque lucran con ello-. En una sociedad tan injusta, donde la brecha de ingresos es tan grande como en la nuestra, la ausencia o debilitamiento del Estado evidenciado en los últimos cuatro años les permite a algunos pocos y concentrados sectores maximizar ganancias, eludir impuestos y sacar su propia riqueza del alcance del fisco. 

            Cuando se eliminaron el Ministerio de Salud y el de Trabajo, no fue una mera “reforma administrativa”, sino que se trató de un claro gesto político. Como dijera Perón en los años 40 “había un ministerio para atender la salud de las vacas, pero no uno para atender la salud de las personas”. Quien fuera hasta diciembre del año pasado Secretario de Salud hoy sostiene que, en lugar de cobrar un impuesto a las grandes fortunas, hay que rebajar un 30% los salarios de los empleados públicos. Si, de los mismos que mencionáramos más arriba.

            El Estado es el gran articulador de la comunidad, el que decide con un Ministerio de Salud o no, qué asuntos considera centrales (también, cabe rememorar, se eliminó el de Educación en su momento), qué tipo de sistema impositivo impone para distribuir la riqueza creada. Orienta también si se ha de proteger la industria y el trabajo local o deja que se destruyan en favor de los intereses empresarios de corporaciones foráneas. Por eso esta pandemia ha aniquilado la discusión: ¿alguien imagina lo que podría haber sido la suerte de las y los argentinos sin Ministerio de Salud, con Macri y su “mejor equipo de los últimos 50 años” en el gobierno?

Las y los trabajadoras/es públicos.

            Otra de las falacias repetidas hasta el hartazgo en relación con las personas que trabajamos en el sector público es que “son un gasto innecesario”, “los inútiles que no sirven para el trabajo en el sector privado” o que “con nuestros impuestos mantienen a vagos y militantes”. Sin embargo, cuando las papas se quemaron, los mismos repetidores de estas barbaridades “exigían” ser repatriados por la aerolínea de bandera, que se establezcan controles en los aeropuertos, exigían test masivos de control, rapidez en las políticas y que no se deslizara un solo error. Con ello, quedó demostrado que el destino de la salud de los habitantes de nuestra patria está en manos del sector público y de obras sociales solidarias administradas por los sindicatos. El sector privado carecía de infraestructura para atender la demanda de sus propios asociados, hasta se comprobó que una de las prepagas más grandes y prestigiosas no tiene un solo establecimiento propio de salud y que es una entidad financiera que contrata estudios o internaciones en establecimientos de otros prestadores.

            Empero, la decodificación del genoma del coronavirus se hizo en el Malbrán y en el Posadas se usaba tecnología 3D para fabricar mascarillas. Aquellos trabajadores estigmatizados con prejuicios discriminatorios que les etiquetaban como “inútiles”, “fracasados” en el mercado de trabajo o “viven de la plata de nuestros impuestos”, demuestran un altísimo nivel de propensión al trabajo, profesionalidad, vocación y compromiso insoslayable. 

Son quienes controlan la fiebre, recorren los barrios y vacunan a las personas adultas mayores contra la gripe, incluso recogen admiración de los países “desarrollados”. De hecho, muchos de las personas que se encontraban en el exterior y estaban en aquellos lugares que consideran “primer mundo”, “países serios”, “sociedades ordenadas” o “poseedores de tecnología de punta”; sin embargo, cuando todo comenzó a desmadrarse no quisieron ser atendidos en esos lugares del primer mundo. Pidieron volver acá, estar en un país donde desde el 10 de diciembre el Estado volvió a estar por sobre la deidad del mercado. 

             Las y los trabajadoras/es públicos hemos demostrado de manera contundente e indiscutible que tenemos capacidad de sobra para cuidar del bienestar del pueblo. Nos hemos formado (y seguimos haciéndolo) adquiriendo las herramientas teóricas y prácticas necesarias para salvar vidas, producir avances científicos y tecnológicos al servicio de nuestra comunidad, sin envidiar a nadie, sea del país del mundo que sea, sea de la empresa de elite que sea. Nuestra formación, que mayoritariamente proviene de las casas de estudio públicas, de excelencia y renombre internacional, provoca admiración en cada recóndito lugar de la aldea global. También hemos demostrado compromiso y coraje para estar al lado de nuestro pueblo y porque somos parte de él. Mientras algunos acaparaban papel higiénico o trasladaban a su empleada doméstica en el baúl de su auto para que los atienda en su casa del country; las y los trabajadoras/es del Estado estábamos (y estamos) poniéndonos al frente de las demandas que el momento requiere, sin mezquindades ni especulaciones de ninguna índole.

Por todos estos motivos es que insistimos en que es imprescindible mantener y profundizar la política de profesionalización y capacitación de las y los trabajadores estatales. Esto ha sido posible porque esta Organización Sindical de las/os trabajadoras/es públicos ha luchado con total convicción y muchas veces en soledad para garantizar idoneidad a través del ingreso por concursos, la profesionalización a través del progreso en nuestra carrera administrativa, cuya idea rectora es la capacitación como requisito para mejorar continuamente la formación y el salario. Se logró crear el Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, aportando el 50% de sus recursos para brindar capacitación superior y becas, en muchas coyunturas ante la incomprensión y falta de compromiso de las diferentes autoridades administradoras de los gobiernos de turno.

            El futuro nos depara tremendos desafíos, con pandemias o sin ellas. Sólo un Estado presente, inteligente, activo, comprometido y en permanente evolución podrá estar a la altura de los mismos, no lo hará el sector privado, de eso estamos seguros y la realidad así lo demuestra. El sector privado podrá desarrollarse, producir bienes y servicios, así como generar puestos de trabajo; pero lo hará al amparo de políticas públicas concretas y soberanas, desarrolladas por trabajadoras y trabajadores estatales profesionalizados, capaces y comprometidos.

El rol de las organizaciones libres del pueblo.

Nadie ha reparado en la disciplina y tranquilidad con que hasta ahora se ha desarrollado la cuarentena. Más allá de la obstinación de los medios en mostrar los casos de indisciplina o desconocimiento deliberado de las normas, más del 90% de la población ha cumplido con las directivas del gobierno. Esto ha sido posible por el acompañamiento de los sindicatos que han pedido a sus trabajadores que respetaran el aislamiento y acompañado a aquellos que debían asumir sus tareas en medio del riesgo de la pandemia, manteniéndoles informados y luchado contra los intentos de abusos de los empresarios. Las organizaciones sociales y militantes políticos que han estado presentes de una manera conmovedora en los barrios, asistiendo a vecinas y vecinos, especialmente a los más castigados por la crisis económica. Debemos resaltar que más de 90.000 compatriotas están trabajando como voluntarias/os, arriesgando todo por el prójimo.  Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires la gente se organiza por cuadras para realizar las compras o ir a limpiar las casas de las personas  adultas mayores que viven solas. Las iglesias y las universidades del conurbano, como la Universidad de Quilmes o de Florencio Varela por citar dos casos, cuentan con equipos de voluntarios para desarrollar tareas comunitarias en la crisis.

Esto deja a las claras que las soluciones no son el resultado del espontaneísmo individual sino que provienen de una vieja cultura del pueblo argentino, que en los momentos de crisis se encuadra en sus organizaciones (y si no las tiene las crea) pero sabe, como si estuviera grabado en su ADN que en soledad no se supera ningún peligro.

Recuperar el control de los servicios públicos

Hace tiempo que venimos planteando la necesidad de debatir el rol de los servicios públicos y el éxito o fracaso de las privatizaciones de los años noventa. La presente crisis también ha hecho estallar esta cuestión y replantea viejos interrogantes: ¿Alguien puede seguir pensando en la salud como un negocio y en manos de los empresarios del sector? ¿Alguien puede imaginar que el sistema de control en las rutas, aeropuertos, pasos de frontera podría haber sido manejado por empresas privadas? ¿Qué habría pasado si las empresas de gas y electricidad hubieran podido cortar la luz a aquellos hogares que no pagaran sus facturas? Y todo esto además en un país con un 40% de economía informal, sector que justamente ha sido la primera víctima del parate en la economía.

Asimismo, como se mencionó anteriormente, la pandemia generó que muchísimos empleos tradicionales mutaran a trabajo remoto, que las compras que se realizaban en comercios pasaran a ser on line, y, en general, un exceso de uso de datos móviles por causa del aislamiento. La batalla entre los Estados y las poderosas empresas de internet está explotando en otro nivel. A su vez, es un punto de discusión acerca de la soberanía, la inclusión social y la organización de los pueblos.  Como venimos propugnando desde este espacio, toda esta situación evidencia la importancia de que se declare servicio público a la transmisión de datos.  

Queremos aclarar que no estamos alentando a una estatización total, sin embargo es imperioso que el Estado tenga un férreo control de los sectores estratégicos del país. Si existen entes de control y regulación no puede permitirse que sean cooptados (como lo fueron) por ex-gerentes de las empresas prestatarias, ni que los aumentos de tarifas se definan en audiencias pseudo-públicas amañadas, y mucho menos que esos mismos cuadros tarifarios no se ajusten a la realidad económica y social del país y de su desarrollo.

Autonomía política para decidir las acciones de gobierno

Cada país intentó enfrentar la catástrofe “a su manera”, la globalización geográfica estalló en mil pedazos y asistimos al espectáculo de cierres de frontera en una Europa que se parece más a la vieja Europa que a la soberbia y esplendorosa Unión Europea, EE.UU prohíbe exportar tecnología y aparatología sanitaria, mientras China y Cuba envían médicos, enfermeras y reactivos a las viejas metrópolis, más allá que los corifeos locales hablan aún de “espías” ignorando que el Muro de Berlín cayó hace 30 años.

Sin duda llego el momento de repensar en políticas de desarrollo y políticas sanitarias propias, debemos comenzar a construir nuestra propia filosofía, sobre la base de todo aquello que venimos haciendo y hacemos.

Así las cosas, es un momento para recordar a Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud de la Nación, quien durante el gobierno de Perón encaró un plan de cientos de hospitales, centros de salud, hogares para niños y ancianos, como por ejemplo el Policlínico Posadas de Ramos Mejía; Policlínico de San Martín, Lanús, Avellaneda, Ezeiza, etc, en el primer plan quinquenal. Fue también el que encaró la lucha contra el paludismo con un paradigma diferente, no apuntando al enfermo individualmente, sino a la comunidad.

Ese gran ministro llevó adelante su trabajo con una visión estratégica, política y social, se apartó de la visión tecnocrática, diseñando un sanitarismo acorde con nuestra tradición e idiosincrasia.

“El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo el más trascendente porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz” dijo el Dr. Ramón Carrillo.

También, en ese periodo histórico surgieron las obras sociales, como sistema de asistencia solidaria por las organizaciones sindicales, un modelo que alcanzo a cubrir la salud de hasta el 85 % de la población.

Estos ejemplos nos sirven para volver al comienzo, única forma de salir de un laberinto y repensar una concepción de política sanitaria, que implica reconstruir un modelo nacional de salud solidaria, que incorpore la producción pública de medicamentos, impulsando a los laboratorios estatales y alentando a la creación de muchos otros.

Reforzando lo expuesto y como resultado de un modelo opuesto, podemos observar como la crisis sanitaria mundial deja al descubierto sistemas económicos y jurídicos, que algunos pensadores amantes de lo extranjero pregonan en demasía.

Mirando al norte podemos dejar constancia de las paradojas a las que se enfrenta EEUU, donde  según las cifras del 2019, es considerada la mayor economía del mundo, con un PBI nominal de 21.44 billones de dólares; es decir, una cuarta parte de la economía mundial.

Sin embargo y a pesar de existir desde siempre grietas en su  verdadero estado del sistema social, en EEUU, la misma se amplió con a crisis del COVID-19. El sistema económico estadounidense ha demostrado no poder materializar su poder en soluciones concretas para sus ciudadanos. EE.UU muestra lo que puede significar la inexistencia de un sistema de salud universal, Obama luchó infructuosamente contra el lobby de la salud privada y los pocos avances que consiguió fueron detonados por Trump, el país donde anualmente millones de norteamericanos viajan a México y Centroamérica para atenderse por no poder afrontar los costos de salud en su país, y que además una vez estallada la pandemia focalizó el interés de los empresarios en negarse a parar la economía, hoy el país del mundo libre entierra cientos de víctimas de su modelo de libertad en fosas comunes nada más y nada menos que en Nueva York, la Roma posmoderna.

A su vez Italia y España nos muestran la cara del horror, el resultado de haber recortado año tras año los presupuestos de salud y de investigación; sistemas de salud privados carísimos e ineficientes llevaron a un genocidio social en la población de los adultos mayores y que conste que, en el caso de Italia, no tuvo su epicentro en el sur más pobre sino en el norte opulento y soberbio. (1)

El gobierno argentino supo elegir su propio camino, atento a los informes y estudios de los organismos internacionales y a lo que acontece en los lugares donde el coronavirus se manifestó inicialmente. Esto fue posible porque se cuenta con hombres y mujeres de primer nivel profesional, científicos de un ministerio recuperado. No en vano el país fue elegido por la OMS para ensayar tratamientos y vacunas, mal que les pese a muchos. Pero centralmente esto fue posible porque es un gobierno peronista, sin alharacas chauvinistas ni colonialismos mentales de vasallos, hemos aprendido de nuestros mayores a “mirar bien lo que pasa en el mundo, pero con los pies enterrados en el suelo de la patria”.

Si alguien quiere discutirlo lo invitamos a hacerse una pregunta: ¿qué creen que habría pasado si hubiéramos seguido los consejos de Macri y sus adláteres que nos invitaban a seguir trabajando en el modelo inglés para no detener la economía?

Avanzar en un Convenio Colectivo único para los trabajadores de la salud.

Si bien esto puede parecer muy puntual o específico, creemos que ha quedado demostrado que el equipo de salud es uno solo y no puede ser dividido según el nivel de educación formal alcanzado. La existencia de un convenio colectivo de trabajo limitado a los profesionales universitarios es una rémora del pasado cuando la salud estaba “medicalizada” y los demás eran colaboradores o apoyo del médico. Hoy, cuando los técnicos de laboratorio del Malbrán o el Posadas luchan a brazo partido junto a los profesionales para avanzar en la lucha contra el virus: ¿quién puede seguir sosteniendo esta falsa dicotomía?

 Hace años, cuando se discutió el tema nos enfrentamos a la negativa cerrada de las asociaciones médicas, algunas muy “revolucionarias” y de izquierda, también encontramos el silencio del otro gremio de estatales. Fue la ministra Graciela Ocaña quien prefirió congraciarse con esos sectores. El resultado es que hoy las y los técnicas/os y enfermeras/os con título profesional de tres años están en el Sinep, un convenio cuya naturaleza fue pensada para la administración central del Estado argentino. Esto provoca que prácticamente no haya planes de capacitación permanente adecuados y no puedan desarrollar una carrera ya que los concursos, con cuentagotas en general, son inexistentes para ellos. 

Al respecto, la UPCN y la UBA, a través de la Facultad de Medicina, viene trabajando fuertemente en la titulación de enfermeras/os como Licenciadas/os universitarias/os. Este año, más de un centenar culminan sus estudios y esto debe ser una política pública, destinada a perfeccionar permanentemente el perfil de las trabajadoras/es de salud, y el instrumento para ello es la negociación colectiva. Ello deja en evidencia que solamente hace falta la decisión política.

Participación de las y los trabajadoras/es en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

Si, como sostenemos, ha quedado demostrado en forma categórica que la idea de un Estado subsidiario y la anatematización del trabajador público constituyen dos falacias monumentales al servicio de las minorías; un Estado activo, inteligente y moderno no puede privarse de la experiencia, capacidad y compromiso de sus trabajadores que se han ganado con creces el derecho a ser escuchados.

Atención, no negamos la aptitud y vocación de los cuadros políticos. Sostenemos que el modelo de comunidad donde vivimos (y viviremos) lo decide el conjunto de los habitantes con su voto, al menos en este sistema de democracia representativa. Pero, decidido ese rumbo las políticas y proyectos de laboratorios deben hacer pie en la realidad cotidiana y ahí el rol protagónico del trabajador público es la única garantía del éxito o fracaso de una gestión. Es un viejo comentario en el Estado aquella situación, harto repetida, acerca de que las/os nuevas/os funcionarias/os arriban llevándose todo por delante, afirmando que todo lo que se hizo antes está mal, se rodean de asesores provenientes de ONG’s o círculos de poder según el partido. Al respecto, suelen despreciar la colaboración del personal de carrera para evitar que yerren. Pasan unos meses, empiezan a hacerse visibles los errores e incongruencia de las acciones desarrolladas y entonces nos llaman y nos preguntan: ¿cómo arreglamos esto?. Desafortunadamente, esta leyenda es una realidad empírica con la que chocamos permanentemente. Las y los trabajadoras/es públicos no somos “el enemigo” ni “la máquina de impedir” solo hay que estar dispuesto a escuchar y seguramente se ganará en calidad de las políticas públicas.

Las y los trabajadoras/es estatales como en otras crisis ponemos el hombro, ideas y compromiso en el ideal de servir a la sociedad. De esto salimos con solidaridad pensando en el bien común. Estar organizados no solo nos permite generar respuestas rápidas para llevar adelante este presente, sino también ver a futuro e identificar los errores en las políticas llevadas a cabo por un capitalismo salvaje que muchos ahora se dan cuenta en el impacto que tienen en un pueblo sin un Estado que les proteja.

Esta pandemia mundial pasará y nos interpelará a todos a ser mejores, a exigir un rol activo a todos los sectores en la reconstrucción del país, de un pacto social que se venía proponiendo y ahora más que nunca es vital. La profesionalización y la participación es necesaria, en proyectos de carácter social, en la industrialización, la educación, la salud, etc., no queremos y no debemos ser meros espectadores, necesitamos un Estado que le brinde a las y los trabajadores el lugar que nos supimos ganar. 

La actual crisis global nos deja al descubierto y hace emerger a la desigualdad como la raíz fundamental del problema. Citando al Papa Francisco, en su rezo extraordinario por la pandemia, señala que “La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad”. 

Algunas ideas a modo de conclusión

No sabemos lo que va a suceder. Esta crisis sanitaria nos enfrenta con una situación para la  cual los manuales para la acción se revelan como incompletos o por lo menos, con un grado importante de incertidumbre.

No sabemos qué pasará, pero sí sabemos qué es lo que venía pasando, qué es lo que nos pasó y cómo llegamos a una situación donde la trampa puede ser pensar que esta pandemia es una causa y no un efecto de un proceso de descomposición sistémica que nuestros pueblos vienen soportando desde hace mucho tiempo, y donde la vida, esa vida que hoy se pierde en forma de estadísticas conmocionantes, ha dejado de ser el problema central, para ser reemplazado por el lucro, la especulación y las ganancias desmedidas para pocas manos.

Una crisis sistémica que venimos percibiendo a partir de numerosas señales ecológicas, geopolíticas, culturales y fundamentalmente filosóficas que permean a toda una humanidad como damnificada mucho antes de la misteriosa aparición del covid- 19.

Pensar a la pandemia como un episodio desconectado de la historia y que afecta en términos universales a los diferentes pueblos, como un parteaguas que provocará cambios sustanciales y uniformes en toda la humanidad, es una tentación cinematográfica que hace de la acción de un virus un agente ahistórico que nos libraría de la responsabilidad de obrar conforme a las necesidades diferenciadas de cada conformación cultural en particular, como manera de contribuir al sostenimiento de la Casa Común.

Prueba de ello, y para nuestro modesto orgullo en medio de tanta desgracia, son los estados nacionales y las comunidades que los integran, los que están dando respuestas diferenciadas frente a la crisis. Nuestro país, apostando a sus mejores tradiciones, está intentando demostrar que las organizaciones de la comunidad, y la acción estatal a partir de un reconocimiento de la conducción política como herramienta fundamental para el desarrollo armónico de ambas esferas, es la mejor forma de enfrentar no sólo el drama del covid-19, sino también las consecuencias de una descomposición socio económico cultural, que antecede a la crisis sanitaria y que viene enfrentando a las comunidades entre sí, y que viene tomando a los estados como blanco fijo.

Si coincidimos que es necesario reconstruir un Estado fuerte, moderno, inteligente, no debemos olvidar que ese Estado no puede ser “ascético” debe circular por sus venas una doctrina nacional, popular y transformadora, la tenemos y está planteada en “El Modelo Argentino” de Juan Domingo Perón. Los modelos europeos tanto el socialdemócrata como el liberal han implosionado, se han mostrado impotentes, caducos, sin ideas para afrontar la crisis. Ese modelo exige empleadas/os profesionalizados pero con un claro compromiso con su pueblo, no son tiempos para “profesionales puros” sin arraigo o sin comprensión o aceptación de que quien manda es el pueblo.

Eso solo será posible en el marco de una comunidad organizada, si para afrontar la pandemia el pueblo es apto en su organización y sus organizaciones, ese es el camino para la reconstrucción nacional. Frente al poder de los lobbies empresariales o del poder económico – mediático hay que responder con un pueblo organizado y encuadrado que haga sentir su decisión de seguir un rumbo diferente. Quizás hay que empezar a discutir el tránsito de una democracia liberal y delegativa en una Democracia Social, donde el gobierno decide centralizadamente y se ejecuta descentralizadamente y el pueblo participa en la decisión y la ejecución de las políticas.

Hay que defender y apoyar el conocimiento y desarrollo científico nacional, Argentina ya supo generar desarrollo propio en las ciencias, aplicadas a la producción y el crecimiento económico como por ejemplo con Savio, Mosconi y el Brigadier San Martín; o con la gestión del inolvidable Ramon Carrillo en materia de salud. Hay que ordenar y poner a trabajar intensamente a todos estos sectores, o producimos conocimiento o lo compramos enlatado.

Cuando nos encontrábamos redactando este documento, pudimos conocer el comunicado del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo del día 15 de Abril, con el que más allá de compartir su contenido en general, queremos hacer propias sus propuestas, que expresan el pensamiento de millones de argentinos. El movimiento obrero debe volver a ser la columna vertebral de este proyecto, unido, organizado y solidario debe poner en marcha las inmensas potencialidades de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, mujeres y hombres al servicio de la patria, como siempre lo hizo.

Como sindicato de las y los trabajadoras/es públicos hay que incrementar nuestro esfuerzo para afiliar a todos, ir a buscarlos uno por uno, explicarles la imperiosa necesidad de su participación, levantar muy altas las banderas de la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades, la capacitación permanente, la eliminación de toda forma de violencia o abuso y la profesionalización de las y los trabajadoras/es del Estado, en todos sus niveles.

Seguramente quien lea esto no encontrará nada nuevo, dirá “repiten lo que dijeron siempre” y es así, esta pandemia que conmociona al mundo nos ha venido a ratificar que el rumbo lo conocemos, que cuando lo hemos transitado nuestro pueblo vivió días felices, por lo cual, sólo nos restará saber estar a la altura de las circunstancias

(1) Para entender un poco más la problemática, de acuerdo a datos expuestos en el peródico The Guardian, en EEUU hay 2.9 camas de hospital por cada 1.000 personas, menos que otros países como Turkmenistán (7.4), Mongolia (7.0), Argentina (5.0) y Libia (3.7).

Y si hablamos de médicos, en esta “potencia mundial” hay 2.6 médicos por cada 1.000 habitantes, “lo que los coloca detrás de Trinidad y Tobago (2.7), y Rusia (4.0)”.

Siguiendo esta línea de pensamiento, la America’s Health Rankings demostró en su informe del 2018 cómo la tasa de mortalidad infantil de Estados Unidos es de 5.9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. De hecho, en un ranking de 36 países, Estados Unidos ocupa el puesto 33, encontrándose solamente en peor estado, Chile con 7.0, Turquia 10.0 y Mexico 12.0, siempre cada 1.000 habitantes

Las cifras de muertes de adultos, no son muy diferentes, y se agravan aún más por las brechas de desigualdad económica basadas en raza.

Según cifras de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la desigualdad económica en Estados Unidos es una de las más altas del mundo alcanzando su punto máximo durante el 2019, a pesar de que la tasa de desempleado se mantenía en un mínimo histórico.

Unidad y en comunidad

Estamos viviendo un momento de profunda crisis social y económica, consecuencia de una política que desde hace años viene golpeando a la gran mayoría del pueblo argentino, que nos condenó a vivir con un alto porcentaje de informalidad, desempleo y pobreza, poniendo en riesgo el futuro de nuestros hijos y la desintegración de nuestra sociedad.

Luego de avanzar hacia una salida electoral el año anterior, comenzamos este 2020 esperanzados en poder reencontrar caminos de reconstrucción de nuestro tejido social, para después comenzar un proceso de crecimiento colectivo que nos vuelva a poner en el camino del desarrollo.

Pero a la vuelta de la esquina de la historia, nos cruzamos con un flagelo que con mucha violencia y rapidez puso contra las cuerdas la organización, el funcionamiento y la institucionalidad del mundo oriental y occidental, transformándose no solo en un causante de muerte de vidas humanas, sino también en un interpelador de las relaciones de igualdad, de las condiciones de equidad social, de los sistemas de seguridad social y de las relaciones de poder dentro del sistema capitalista, tal como hoy lo conocemos.

El COVID-19, transformo nuestra cotidianeidad y modificó el funcionamiento de la economía mundial y de las relaciones de producción en cada una de las latitudes, dejando en evidencia, cruda en muchos casos, el desamparo, la desprotección de los grupos de riesgo y de aquellos sectores de la periferia del sistema económico que apenas logran arañar, en muy pocos casos, las condiciones de supervivencia dentro del mercado.

Es así, que se ha desatado una pandemia, que no solo pone en riesgo la salud física de la población, sino que también, expresa la matriz espiritual de un modelo de exclusión, aislamiento e individualidad que impide el desarrollo colectivo de la comunidad; que nos enrostra hasta donde nos hemos olvidado del sujeto social, de la organización comunitaria, de la solidaridad, del pensamiento colectivo, de la integración o dicho de otra forma; de la humanidad misma y su relación con el entorno social, político, natural y económico que la rodea.

Algunos van a intentar aprovechar esto para profundizar la desigualdad, nosotros debemos denunciarlo y militar por una sociedad mas justa, donde se proteja al trabajo y se apueste por la inclusión.

Frente a esto, el gobierno argentino, y la mayoría de los gobiernos, a sus tiempos y en sus condiciones, reaccionaron aplicando medidas, en la mayoría de las veces correctas y satisfactorias para afrontar la crisis sanitaria devengada de la mortalmente veloz propagación del virus; pero a partir de ahora nos queda reconstruir los valores y la organización de la comunidad, poniendo al pueblo en acción para vencer sus principales consecuencias sociales y económicas que nos afectan.

Solo el concierto armónico de las instituciones de la sociedad, debidamente fortalecidas, protegidas y activadas, pueden generar las condiciones para salir de esta crisis humanitaria, económica, pero por sobre todas las cosas moral, que nos legó el sálvese quien pueda, la concentración del poder, la desigualdad y la imposición de minorías, sobre el destino común de los hombres, los pueblos y sus comunidades.

Creemos que es posible reconstruir verdaderamente nuestra comunidad, y con ese fin tenemos que empezar por escucharnos, conocernos y unirnos. Conscientes que algunos querrán seguir protegiendo sus privilegios, debemos convocar a la mayoría popular a la construcción del destino común.

La Reestructuración de la Deuda Externa

El gobierno nacional presentó la propuesta de reestructuración de la deuda externa. Acompañamos esta acción necesaria e inteligente, cuyo objetivo es sacar al endeudamiento externo como condicionante de la política interna y como obstáculo al desarrollo económico y social.

En efecto, el endeudamiento sin límites que caracteriza a los gobiernos neoliberales no ha servido para desarrollar la industria Argentina o financiar infraestructura, sino para fugar capitales y pagar intereses generados por la misma deuda. Ha sido el negociado preferido por minorías privilegiadas locales y extranjeras.

Para los trabajadores/as, la deuda externa es sinónimo de flexibilización laboral, precarización y desempleo. Para los empresarios/as, quiere decir menos mercado interno, y más quiebras generalizadas. Hoy nos enfrentamos al desafío de dar respuestas urgentes con visión de futuro: el modo de resolver las crisis que se nos presentan hoy, como en salud o en economía, determinará en gran medida la Argentina de la pospandemia.

Por eso apoyamos la renegociación de la deuda externa en los términos planteados por el Presidente y el Ministro de Economía, acompañados por la Vicepresidenta y los Gobernadores/as de todo el país. El panorama internacional es complejo, pero es tiempo de construir soluciones viables que saquen el peso de la deuda de las espaldas del pueblo argentino.

Señalemos también el apoyo del Papa Francisco, que trabaja incansablemente para que el caso argentino sea tomando como ejemplo para otras naciones presas de la especulación financiera internacional.

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