Por Gustavo Matías Terzaga

Quien conozca mínimamente los procesos históricos sabe que no existe nacionalismo sin pueblo. No existe soberanía nacional en el vacío, como una abstracción diplomática o una declamación frente a una cámara. La soberanía es una relación concreta, como enseñaba Perón, entre territorio, pueblo, trabajo, industria, ciencia, tecnología, comunicaciones, conocimiento, Fuerzas Armadas, recursos naturales y una voluntad política capaz de articular todo eso detrás de un proyecto común.

No hay defensa nacional sin industria nacional. No hay poder militar serio sin siderurgia, metalmecánica, energía, astilleros, tecnología, universidades y trabajadores capacitados. No hay Nación fuerte con salarios miserables, pymes cerrando y un aparato productivo destruyéndose. Y mucho menos puede haber nacionalismo allí donde se desprecia sistemáticamente la propia historia, se ridiculizan sus tradiciones, se degradan sus símbolos y se concibe al Estado nacional como una organización criminal que debe ser destruida.

Por eso el discurso de Milei sobre Malvinas resulta tan extraordinariamente demagógico. Dice cosas que, aisladas de quien las pronuncia, son ciertas y cuanto nos gustaría escucharlas anunciadas por uno de los nuestros, en vez de tanto reduccionismo, prejuicio antimilitarista y desmalvinizador en nuestras filas.

Milei dice que un país pobre difícilmente puede defender su soberanía; que necesita Fuerzas Armadas capaces; que el Atlántico Sur, la Antártida, los hidrocarburos y los recursos estratégicos forman parte de una misma concepción de seguridad nacional; que una Nación debe tener capacidad económica, política y militar para defender sus intereses. Perfecto. El problema empieza cuando uno pregunta qué país material sostiene semejante doctrina. Porque una política de defensa no se construye solamente comprando armamento; se construye fabricando, investigando, produciendo, educando y desarrollando. La defensa nacional es, antes que nada, la expresión militar de una potencia nacional previamente construida.

Y allí el mileísmo entra en contradicción consigo mismo. No se puede proclamar la necesidad de una Argentina poderosa mientras se debilitan los instrumentos económicos, científicos, tecnológicos y productivos que podrían hacerla poderosa. No puede pretenderse soberanía estratégica mientras la concepción económica dominante reduce al país a proveedor de recursos naturales cuya explotación queda crecientemente subordinada a decisiones de grandes capitales internacionales. Una Nación no se convierte en potencia porque exporte mucho litio, petróleo, cobre o alimentos, y quede alguna regalía. Una colonia también puede exportar enormes cantidades de recursos.

La pregunta en clave nacional siempre es otra; quién controla esos recursos, quién los industrializa, quién incorpora conocimiento, quién captura la renta, quién desarrolla la tecnología y al servicio de qué proyecto histórico se utilizan.

Por eso el nacionalismo de Milei no cabe dentro de la naturaleza política del mileísmo. Le queda grande. Milei es, por definición, un lacayo sin alma y sin Patria. Un perdido eléctrico nacido por aquí.

El nacionalismo no consiste en pronunciar más fuerte la palabra Patria ni en descubrir repentinamente que tenemos enemigos externos. Supone colocar el interés nacional por encima de los intereses de cualquier potencia extranjera, incluso —y especialmente— de aquella potencia a la que el gobierno considera su principal aliado. Y Milei ha hecho exactamente lo contrario; convirtió el alineamiento con los Estados Unidos de Donald Trump en una definición explícita de política exterior.

Ahí es donde el humo del discurso sobre Malvinas puede impedirnos ver lo verdaderamente importante.
Estados Unidos viene pensando desde hace años a América del Sur en términos de competencia estratégica, recursos críticos, seguridad, presencia china y control de espacios decisivos. Durante la conducción de Laura Richardson en el Comando Sur esa mirada fue expresada con una franqueza poco habitual; Washington identificó reiteradamente la competencia con China, las cadenas de suministro, los minerales críticos y la relevancia estratégica de nuestra región como asuntos de seguridad norteamericana. Ese interés no desapareció con Richardson. Lo que cambió con Trump y Milei es que Washington encontró en Buenos Aires un gobierno que no disimula su voluntad de alineamiento.

Y por eso conviene invertir la pregunta. Quizá no estemos viendo a Milei acercándose al nacionalismo argentino. Quizá estemos viendo, en esta falsa operación, a los intereses geopolíticos de Estados Unidos acercándose al Atlántico Sur.

Esa diferencia lo cambia todo.

Una cosa es construir desde la Argentina una política nacional para Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, y luego aprovechar inteligentemente las contradicciones entre Washington y Londres. Eso sería política exterior soberana; nosotros fijamos el objetivo y utilizamos las circunstancias internacionales para alcanzarlo. Otra cosa completamente diferente es que Estados Unidos defina que necesita fortalecer su posición estratégica en el Cono Sur, contener a China, asegurar recursos y proyectarse sobre el Atlántico Sur, y que la Argentina encuentre después un lugar ínfimo y subordinado dentro de ese diseño. En el primer caso, utilizamos una contradicción entre potencias. En el segundo, una potencia nos utiliza a nosotros.

El propio discurso de Milei deja una pista formidable cuando explica el posible cambio norteamericano sobre Malvinas por la existencia de una Argentina convertida en un socio confiable de Estados Unidos, alineado con Occidente y estratégicamente valioso para las próximas décadas. Ahí está, quizás, la frase más importante de toda la cadena nacional. No porque demuestre por sí sola ninguna conspiración, sino porque revela el razonamiento; el eventual acercamiento de Washington a nuestra posición sobre Malvinas aparece vinculado por el propio Presidente al valor estratégico que la Argentina ofrece a Estados Unidos.

Si los Estados Unidos, en su retroceso relativo frente a un mundo crecientemente multipolar, encontraran aquí una Argentina soberana y un gobierno dispuesto a defenderla, probablemente nos tratarían como tratan a Venezuela. Pero encuentran a Milei, un aliado disciplinado y funcional a sus intereses. Entonces ocurre el prodigio: Washington no combate al nacionalismo argentino; directamente convierte a Milei en “nacionalista”.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿a cambio de qué?

Si Trump utiliza su conflicto con Gran Bretaña para acercarse a la posición argentina y eso nos permite avanzar concretamente en nuestra reivindicación soberana, habrá que aprovecharlo hasta el último centímetro. Ninguna política nacional seria desperdicia las contradicciones entre las grandes potencias. Pero sería de una ingenuidad imperdonable confundir una coincidencia circunstancial de intereses con la aparición de un protector desinteresado de nuestra soberanía. Estados Unidos no descubre Malvinas por amor a la Argentina. Las grandes potencias no funcionan así.

Por eso resulta imprescindible mirar detrás de la formidable escenografía patriótica. Malvinas, Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos energéticos y minerales y las rutas marítimas forman un único tablero estratégico. Y el interés norteamericano por ese tablero es anterior al repentino fervor malvinero de Milei. El riesgo es que mientras discutimos maravillados porque un presidente que admiraba a Thatcher ahora amenaza intereses británicos, se esté produciendo silenciosamente algo mucho más profundo; una redefinición de la inserción argentina en el dispositivo estratégico estadounidense para el Cono Sur.

Allí está la contradicción esencial. Milei puede pronunciar un discurso de tinte nacional. Puede incluso adoptar medidas concretas correctas contra las empresas inglesas que explotan ilegalmente nuestros recursos, y habrá que apoyarlas cuando efectivamente defiendan el interés argentino. Lo que difícilmente puede hacer, sin negar la naturaleza de su propio proyecto, es construir una política nacional integral. Porque la soberanía que proclama en Malvinas tendría que continuar necesariamente en la industria, el trabajo, la ciencia, la tecnología, los recursos naturales, la energía, la marina mercante, los astilleros, las pymes y los salarios. La soberanía no puede encenderse para el Atlántico Sur y apagarse cuando llegamos al continente.

No existe una Patria fuerte con un pueblo débil. No existe defensa nacional sobre un desierto industrial. No existen Fuerzas Armadas soberanas sostenidas por una economía dependiente. Y no existe nacionalismo posible cuando la mirada estratégica sobre nuestro territorio se formula primero en Washington y después se traduce al castellano en Buenos Aires y Argentina.

Por eso el problema del discurso de Milei no reside tanto en lo que dice. Paradójicamente, buena parte de lo que dice sobre Malvinas, defensa y recursos estratégicos merece ser tomado en serio alguna vez. El problema es aquello que intenta ocultar; la incompatibilidad entre esa retórica nacional y un proyecto político cuya inserción internacional se funda en un alineamiento explícito con los Estados Unidos.

Puede haber mucho ruido de soberanía, mucha bandera, mucha Patria y mucha épica malvinera. Pero si al final del camino la Argentina no recupera grados de autonomía sino que Estados Unidos gana grados de influencia sobre la Argentina, entonces muchos habrán confundido soberanía con escenografía.

Y detrás del humo patriótico no habrá aparecido un Milei nacional.

Habrá aparecido, simplemente, un nuevo capítulo de la vieja dependencia argentina.

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

Hay algo más problemático que una conducción que se equivoca; una cultura política que necesita demostrar que su conducción no puede equivocarse. Alrededor de Cristina Fernández de Kirchner se fue construyendo durante años una suerte de teoría de la infalibilidad, acaso el único vestido capaz de calzar adecuadamente sobre el cuerpo de una lógica política cada vez más verticalista, descendente y sectaria. Si Cristina acierta, queda demostrada su extraordinaria capacidad de anticipación; si se equivoca, todavía no hemos comprendido la profundidad de la jugada. Si una elección termina mal, el pueblo no comprendió o resultó inexplicablemente desagradecido. Si fracasa un gobierno que ella misma concibió, alguien traicionó, no le hizo caso, se apartó del rumbo o utilizó incorrectamente la famosa birome. Si el sucesor adquiere vuelo propio, es un traidor y un desagradecido. Si la contradicción resulta evidente, Cristina sabe algo que nosotros todavía ignoramos. La teoría tiene una ventaja formidable; puede explicar cualquier resultado sin someter jamás a examen la toma de decisiones de la conducción. 

El problema no es solamente político. Es cultural. Porque una construcción popular que sustituye la explicación por la confianza ciega, además de producir una profunda desorientación, termina infantilizando precisamente al universo que dice representar. La política popular debe producir conciencia, organización y capacidad crítica, no creyentes a los cuales se les pide que suspendan el juicio frente a las decisiones de su conducción. Mucho menos convertir esa suspensión del juicio en una virtud revolucionaria.

Cuando Clarín todavía no mentía 

El conflicto con Clarín resulta particularmente ilustrativo. “Clarín miente” tuvo el mérito de desnudar la dimensión propiamente política de un poder mediático que hasta entonces prefería presentarse simplemente como periodismo. La confrontación permitió, además, sacar a Héctor Magnetto de las sombras y exponerlo como lo que también es; uno de los actores políticos más gravitantes de la Argentina, aunque jamás hubiera necesitado presentarse a una elección. Un poder que tampoco nació en el vacío; creció al amparo de una transición democrática que concentró la responsabilidad por el terrorismo de Estado en sus ejecutores militares y dejó largamente fuera de juicio a buena parte de la trama civil. Pero la potencia posterior de aquella consigna produjo un curioso borramiento retrospectivo; pareció que el kirchnerismo hubiera combatido al Grupo Clarín desde el primer día. No fue así. En 2005, Néstor Kirchner suspendió durante diez años el cómputo de los plazos de las licencias de radiodifusión, una medida general que naturalmente benefició también a los grandes grupos que las poseían. Dos años después, al finalizar su gobierno, fue aprobada la concentración Cablevisión-Multicanal. Después llegó la guerra con Clarín.

No reprochamos a un gobierno haber negociado con factores de poder, mucho menos cuando recién comienza y necesita construir la fuerza necesaria para gobernar.

A dónde vamos con el planteo. Imaginemos por un instante que, en pleno “Clarín miente”, cuando la confrontación con el grupo había alcanzado su máxima intensidad y la Ley de Medios se presentaba como una de las grandes batallas políticas contra la concentración mediática, Héctor Magnetto había pasado a representar en el discurso kirchnerista no sólo la encarnación de ese poder concentrado sino al empresario al que se vinculaba con el despojo de Papel Prensa a la familia Graiver, el tormento a Lidia Papaleo y aquella terrible imagen de una empresa arrancada en una “mesa de tortura”, el gobierno kirchnerista hubiera concedido al Grupo Clarín una nueva operación estratégica y, ante la perplejidad de su militancia, alguien hubiese respondido: desconocemos los términos del acuerdo, pero confiamos en el criterio de Cristina. Difícilmente aquello hubiera podido presentarse como una genialidad táctica. Sin embargo, algo bastante parecido ocurre ahora frente al Poder Judicial.

La Justicia que se denuncia y la Justicia que se vota 

Durante sus largos años de gobierno, el kirchnerismo no contempló desde afuera la conformación del Poder Judicial; participó del Consejo de la Magistratura, intervino en los mecanismos de selección de jueces, envió pliegos y los aprobó con sus mayorías legislativas. Algunos magistrados que luego intervinieron en causas contra Cristina llegaron a sus cargos durante aquellos gobiernos. Esto no significa incurrir en la tontería de afirmar que Cristina “nombró a los jueces que después la condenaron”, sino advertir algo políticamente más relevante; la relación del kirchnerismo con la Justicia realmente existente fue siempre mucho más contradictoria que el relato posterior de dos mundos irreconciliables; de un lado, el movimiento nacional y popular; del otro, una corporación oligárquica enteramente ajena a él. 

Por eso quizá Yadarola no sea una anomalía. Quizá sea una revelación. Porque allí empieza a percibirse una fisura mucho más importante que cualquier discusión parlamentaria. Cada vez son menos, dentro de nuestro propio universo político, los dispuestos a aceptar que el criterio cerrado de Cristina pueda seguir funcionando como argumento en sí mismo, como si la autoridad acumulada eximiera de explicar las decisiones y la confianza debiera ocupar el lugar de las razones. 

Si uno amanece, sale a la calle y descubre que la vida de las grandes mayorías argentinas es un idilio, que el trabajo organiza la existencia, que los salarios alcanzan, que nuestros jóvenes encuentran un futuro en su propia tierra para concebir una familia y que la Nación cuenta con un rumbo productivo, soberano y común, nos sumamos gustosamente a la teoría de la infalibilidad. Después de todo, los conductores se legitiman conduciendo al pueblo hacia la victoria y las grandes empresas políticas se miden, también, por sus resultados. Pero uno mira alrededor y encuentra exactamente lo contrario. Una Argentina que transita una pendiente cada vez más pronunciada hacia la disolución nacional, con su pueblo empobrecido, su aparato productivo desarticulado, sus capacidades soberanas en retroceso y los vínculos materiales y espirituales que todavía nos constituyen como comunidad peligrosamente debilitados. 

En semejante escenario, pedirnos que suspendamos el juicio crítico para seguir confiando en la sabiduría de la conducción resulta una ironía demasiado cruel. Cuando la realidad contradice todos los días la teoría, no corresponde corregir la realidad para salvar a la conducción; corresponde, finalmente, revisar la teoría. Y eso hacemos.

Una mujer al frente del Comando Sur 

Otro episodio permite observar esta particular elasticidad. En abril de 2022, Cristina recibió en su propio despacho del Senado a la general Laura Jane Richardson, entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, acompañada por el embajador Marc Stanley. La escena fue presentada con una curiosa inversión de prioridades; foto sonriente mediante —difundida por la propia Vicepresidencia y conservada también en el archivo oficial del Comando Sur—, se destacó especialmente que Richardson era una general de cuatro estrellas y la primera mujer en alcanzar aquella jefatura. El dato era cierto; el problema era aquello que dejaba en segundo plano. Richardson no llegaba al Senado principalmente como una mujer que había quebrado un techo de cristal, sino como la comandante de la estructura militar mediante la cual los Estados Unidos proyectan sus intereses estratégicos sobre América Latina y el Caribe. El género describía a la visitante; la geopolítica revelaba aquello que la puesta en escena prefería ocultar.

Por entonces, Richardson no ocultaba la mirada estratégica de Washington. Hablaba de América Latina como “nuestro vecindario”, enumeraba su riqueza en litio, petróleo, minerales estratégicos, alimentos y agua dulce, y vinculaba esos recursos y la presencia china con la seguridad nacional estadounidense. Richardson dijo que nuestros recursos integraban los intereses estratégicos de su país y que Washington debía disputar aquí la influencia de sus competidores. Cabe preguntarse si aquel acercamiento, todavía envuelto en sonrisas, retórica de género y silencio geopolítico, no anticipaba una aproximación a Washington que con Milei perdería todo disimulo para convertirse en alineamiento y entrega concreta de soberanía. 

Más que una adivinación, un inventario de los daños

La teoría de la infalibilidad reapareció bajo otra forma con el episodio de los “tres tercios”. El 18 de mayo de 2023, en una entrevista con Pablo Duggan en Duro de Domar, por C5N; Cristina anticipó un escenario electoral dividido entre el oficialismo, Juntos por el Cambio y la fuerza emergente de Milei, asociada al voto de protesta. Y planteó, como dejando la tarea a los alumnos, que había que preguntarse por qué había aparecido ese tercer espacio, vinculándolo con el descontento social. Bueno, ocurrió. Y aquello pasó rápidamente al inventario de sus vaticinios políticos; había visto antes que los demás lo que finalmente sucedería. Lo cierto es que la famosa predicción de Cristina no fue una intuición brillante ni una lectura visionaria, fue simplemente la constatación del daño ya provocado. Era, más que un pronóstico político, un inventario de las fracturas internas que su propia conducción había ayudado a producir. El problema es que casi nadie dentro de su dispositivo se detuvo en la pregunta verdaderamente política: ¿cómo había llegado el peronismo, después de gobernar dieciséis de los veinte años anteriores, con ella como conductora, a celebrar como prueba de lucidez que apenas conservaría un tercio del país?. 

Cristina había diseñado de manera inconsulta la fórmula presidencial de 2019, había sido vicepresidenta durante los cuatro años siguientes y continuaba conduciendo al sector más poderoso de la coalición. Su responsabilidad por el fracaso no era exclusiva —ningún proceso histórico serio admite semejantes simplificaciones—, pero tampoco podía considerarse exterior, como finalmente lo presentó.

Los votos del peronismo para los jueces de Milei 

Cuando una conducción pierde de vista su estrategia, o sencillamente carece de ella, la táctica ocupa todo el escenario. Cada acuerdo, candidatura o movimiento debe entonces justificarse por su utilidad inmediata. Se negocia para conservar capacidad de negociación, se acumula poder para preservar poder y las posiciones terminan defendiéndose por su propia conservación. De allí la impresión, cada vez más nítida, de que buena parte de nuestra dirigencia ya no representa intereses populares sino a sí misma, a sus estructuras y, muchas veces, a la propia Cristina, como si su centralidad constituyera en sí misma un programa político. El problema es que, medido contra la realidad nacional y sus resultados concretos, ese programa hace tiempo que no funciona. 

Y no descubrimos nada al señalar que en la Argentina la política se ha convertido, para buena parte de su dirigencia, en una actividad profesional y un negocio personal. Cargos, estructuras, candidaturas y recursos públicos terminan organizando verdaderos sistemas de reproducción del poder, donde la permanencia de quienes administran la política suele importar más que los intereses de aquellos a quienes dicen representar. 

El 27 de agosto de 2026, los senadores del peronismo acompañaron prácticamente en bloque los 66 pliegos votados conjuntamente, incluido Yadarola —con la significativa excepción de Martín Soria, que se ausentó de esa votación—, y allí no aparece una fractura reconocible entre cristinismo y kicillofismo. Esto obliga a evitar simplificaciones. La posterior aprobación de Bertuzzi por 44 votos contra 23, pese al rechazo del interbloque justicialista, demuestra que el oficialismo podía construir, al menos para una designación de semejante relevancia, una mayoría alternativa sin los votos del PJ. La disyuntiva no era necesariamente entre impedirlos o convalidarlos, sino entre quedar afuera de una negociación que igualmente iba a producir jueces o participar de ella para intentar incidir en su composición. 

Si los números ya estaban, negociar constituye una concesión política. El propio Gobierno reconoció la construcción de consensos con distintos espacios, pero eso todavía no permite saber qué obtuvo concretamente el peronismo; qué nombres incorporó o preservó, qué cedió, qué contraprestaciones consiguió y, particularmente, qué criterio justificó acompañar incluso a Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico y uno de los magistrados que participaron del controvertido viaje a Lago Escondido junto a otros jueces, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín, episodio que la propia Cristina había denunciado como expresión de la connivencia entre poder judicial, político y económico. Yadarola fue investigado por aquel viaje y finalmente sobreseído; ahora, con el acuerdo del Senado, queda encaminado a integrar la estratégica Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor capacidad de revisión sobre las grandes causas penales federales de Comodoro Py. 

Y el dato no puede quedar reducido a una discusión sobre nombres o equilibrios internos del Poder Judicial; por esa Cámara van a transitar investigaciones que alcanzan al gobierno de Javier Milei, a sus funcionarios y a los intereses económicos vinculados con su gestión. Por eso resulta imposible separar la integración de esos tribunales de la naturaleza del poder que hoy gobierna la Argentina. No es lo mismo construir garantías de independencia judicial frente al poder político que administrar acuerdos capaces de generar, llegado el caso, zonas de inmunidad para quienes hoy desmantelan capacidades estatales, transfieren patrimonio público, endeudan al país, hambrean al pueblo, subordinan decisiones estratégicas a intereses extranjeros y forman parte, además, del orden político e institucional que mantiene a Cristina proscripta. 

Si el peronismo participó de esa negociación, saber qué obtuvo a cambio deja de ser una curiosidad parlamentaria para convertirse en una exigencia política elemental. Porque si no hubo una contrapartida capaz de justificarse frente a los intereses populares, entonces ya no estaremos discutiendo la audacia de una táctica incomprendida, sino algo bastante menos sofisticado y mucho más grave; la convalidación, con votos propios, del poder antinacional que se denuncia y dice combatir. Y eso ya no raya la claudicación; empieza a parecerse demasiado a ella. 

Allí vuelve nuestro problema central; no cuestionamos la existencia de la táctica, sino que no alcanzamos a reconocer la estrategia que debería explicarla. Y es precisamente en ese vacío donde reaparece la teoría de la infalibilidad, cuando algunos pretenden clausurar la pregunta con una fórmula que invierte el orden de la política: no conocemos el acuerdo, pero confiamos en el criterio de Cristina. No; si hubo una negociación racional, habrá razones políticas para explicarla. Porque mientras no sepamos qué obtuvo el peronismo, no podemos distinguir una negociación inteligente de una concesión inevitable, una defensa de posiciones propias de una simple convalidación de la recomposición de una estructura judicial corporativa y refractaria a los intereses populares. 

Es posible que detrás de la reciente votación de los jueces exista un pacto. Seguramente hubo negociaciones. Pero acaso la palabra “pacto” engrandezca demasiado lo ocurrido, atribuyéndole una densidad estratégica que todavía nadie ha conseguido demostrar. Bien podría tratarse de una obligación impuesta por la correlación de fuerzas, de la administración de un retroceso, del temor frente a determinadas amenazas personales, de la necesidad de conservar interlocución, de una exhibición de capacidad negociadora o, sencillamente, del funcionamiento ordinario de la lógica del poder en el marco de una dirigencia peronista empobrecida, demasiado ocupada en conservar posiciones y demasiado poco en explicar para qué quiere conservarlas. Lo que no alcanzamos a ver es la estrategia nacional que ordenaría semejante movimiento. Y hay algo que, a esta altura, sí podemos afirmar; cualesquiera hayan sido las razones de esa decisión, allí no aparecen jugados ni la defensa de los intereses nacionales ni la representación concreta de los intereses populares. 

La curiosa salud de la democracia 

Ya en este punto la demagogia adquiere una densidad difícil de disimular. La democracia aparece como un régimen exhausto, degradado y prácticamente fallido cuando se trata de explicar la situación judicial de Cristina —y razones sobran para cuestionar la infame condena que pesa sobre ella y que ha quebrado el pacto democrático— y, al mismo tiempo, para condicionar a Axel Kicillof, instalando una suerte de ilegitimidad de origen y de un estado de exepción sobre cualquier candidatura presidencial que pueda emerger mientras Cristina permanezca impedida de competir; si ella no puede ser candidata, quien pretenda serlo carecería de legitimidad suficiente, sería apenas una candidatura subalterna, provisoria o, para utilizar una de esas categorías tan eficaces para degradar al adversario interno, “de cabotaje”.

Pero en el reverso de esa operación aparece, cada vez con mayor nitidez, una conclusión incómoda. El problema de Cristina ya no es solamente judicial; es, fundamentalmente, político. Y es político porque su situación judicial se convierte en argumento para preservar su centralidad política; esa centralidad, a su vez, se presenta como indispensable para dirimir los términos de la persecución judicial, y cualquier construcción que pretenda desarrollarse por fuera de ella puede entonces ser impugnada porque Cristina continúa perseguida. El razonamiento se cierra sobre sí mismo; la persecución justifica la centralidad y, llegado este punto, la centralidad parece necesitar de la persecución, porque mientras ésta persista puede impugnarse toda legitimidad nueva antes de que alcance a proyectarse, adquirir autonomía y finalmente consolidarse; evitando, de ese modo, que una nueva conducción altere el equilibrio sobre el que descansa el actual estado de cosas y termine poniendo en riesgo intereses que, bajo ese orden, permanecen convenientemente preservados. Quien sabe, los mortales nunca excedemos a determinadas informaciónes ni somos testigos de ciertas discusiones.

Por eso la proscripción funciona desde el principio como una paralización del tiempo político del campo nacional. El dispositivo resulta políticamente devastador; mantiene al peronismo y a las fuerzas nacionales divididos, desorientados y consumiendo sus energías en una disputa interna cada vez más distante del drama material de nuestro pueblo. Y difícilmente Milei y el establishment puedan imaginar un escenario más conveniente para sostener sus expectativas de reelección; un adversario que, en lugar de reconstruir la mayoría social y ofrecer una alternativa de poder, permanece detenido alrededor de la imposibilidad de resolver su propia sucesión. 

Y allí aparece, finalmente, lo verdaderamente reprochable; que los intereses de una conducción, de su círculo y de las estructuras que viven alrededor de su centralidad terminen anteponiéndose a los intereses populares y nacionales que deberían justificar su propia existencia política. Y entonces también se vuelve tangible aquello que tantas veces parece absurdo e inadmisible; se acepta el riesgo de la derrota antes que el riesgo de una victoria conducida por otro. Ese es el límite definitivo de toda política de autopreservación; llega un momento en que ya no conserva un proyecto político, conserva solamente a quienes pretenden seguir administrándolo. Y quizá sea hora de asumir lo que la realidad viene diciendo desde hace tiempo; Cristina, y la política que todavía pretende organizarse alrededor de su centralidad, ya son parte del pasado. 

Por Andrés Rodríguez

En los últimos meses se viene instalando un tema de debate público que tiene que ver con la deuda y la morosidad. Saliendo de la perogrullada de “es un problema entre privados”, este texto intenta humildemente analizar en profundidad el tema y brindar un panorama más amplio para reflexionar sobre la problemática.

Para esto es necesario ser lo más objetivo posible, por tanto recopilé una serie de datos duros sobre la situación actual de Argentina. Puede ser engorroso para el lector, y pido disculpas, pero a efectos de contribuir a la imparcialidad, es preciso citar la fuente de cada cifra.

Empecemos por la tasa de crecimiento. Según el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, la economía argentina “crece despacio” y “mucho más despacio” de lo que a ellos les gustaría. El funcionario también agregó que el número se ubica en torno al 2% anual. Seguramente, esto esté empujado por algunos sectores muy puntuales que se desarrollan en economías regionales que no logran abastecer la alta demanda de empleo formal.

Dicho esto, veamos qué pasa en los sectores que históricamente han generado más puestos de trabajo en nuestro país: industria y construcción. La producción manufacturera se recuperó levemente en junio, pero no alcanzó para compensar la caída acumulada del 2,2% en el primer semestre según el Índice de Producción Industrial (IPI). Por su parte, la construcción viene alternando inestablemente entre altas y bajas. Los datos proporcionados por el Indec indican que el sector cayó 4,1% en junio frente a mayo, tras haber crecido 6,7% el mes anterior.

Con este estado de situación planteado, llegamos al punto del empleo. De acuerdo con cifras del Observatorio PyME, casi una de cada cuatro empresas relevadas redujo su dotación de personal y el empleo se redujo 4,5% en el mismo período. Al mismo tiempo, un análisis desestacionalizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 241.176 asalariados privados registrados, de los cuales 85.561 corresponden a la industria, equivalente al 35,5% del total. Como resultado de esto, crece la informalidad. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral ascendió al 44,2%, según datos de un informe privado de Politikon Chaco.

Llegamos a la parte de los ingresos. Del total de los trabajadores, formales e informales, en el primer trimestre del año más de 10,5 millones de personas ganan menos de $1.500.000 por mes, estas son cifras públicas proporcionadas por el Indec. En junio, la Canasta Básica Total (CBT) ascendió a $1.531.473.

En este contexto, los argentinos toman la decisión “privada” de endeudarse entrando en un sinfín de préstamos tras préstamos porque al cabo de 19 aumentos mensuales consecutivos en la tasa de mora del crédito a las familias (que alcanzó en mayo un 12,8% según la consultora 1816 sobre la base de datos de la Central de Deudores), la mayoría recurre a financieras y posteriormente a los prestamistas. Todo esto para cancelar una deuda pasada.

En un marco de alto endeudamiento, la brecha entre las tasas de los créditos a los hogares y las que cobran los ahorristas (plazo fijo) está en un récord en casi 15 años. Según la consultora GMA Capital, sobre la base de datos del sistema financiero, los préstamos personales tienen una tasa nominal anual de 66% anual, mientras que la tasa Badlar, que indica cuánto pagan los bancos por los plazo fijos mayoristas, supera en uno o dos puntos el 20% anual.

Dicho en otras palabras y muy burdamente, con las disculpas pertinentes a todos los especialistas en economía, si alguien le “presta” plata al banco (plazo fijo), este le devuelve entre el 21 y 22% anual. Pero si el banco le presta plata a alguien, este debe pagar casi tres veces más. El BCRA dijo que no tomará medidas al respecto frente a esta situación.

Recogiendo las palabras de una extrema obviedad obscena (vuelvo a pedir disculpas por la analogía) de nuestro presidente, “¿les pusieron una pistola en la cabeza” para sacar un crédito? Saliendo del sinsentido de esa pregunta retórica y de mal gusto, yo me pregunto e invito a los lectores a pensar: ¿tenían otra salida los que decidieron endeudarse?

https://www.lanacion.com.ar/opinion/endeudados-la-pregunta-que-nadie-hizo-nid24082026

Gabriel Fernández

De competir, ni hablemos. La desesperación estadounidense para evitar las consecuencias del despliegue tecnológico chino está a la vista.

Incluye demandas para establecer prohibiciones a la libre comercialización de los productos asiáticos. La Embajada de China en la Argentina denunció que los Estados Unidos obstruyen “de manera arbitraria” la cooperación entre ambas naciones con prácticas de una “naturaleza hipócrita” que reflejan la “arrogancia” con la que actúa para afectar la soberanía de otros países.

“La Embajada de EE.UU. en Argentina ha avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’, generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”, indicó un vocero de la compañía tecnológica. “Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de EE.UU., constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un fuerte menoscabo a la libre competencia”, añadió.

También denunció que la potencia del Norte “siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad”, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país. “[Ello] pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas“, exigió.

Vale recordar que la razón social de Huawei es la de cooperativa. Pertenece exclusivamente a sus empleados mediante un sistema de acciones operado por los mismos trabajadores.

Huawei sigue comercializando sus productos en la Argentina, pero los mismos ya no incluyen los servicios oficiales de Google ni aplicaciones populares pre instaladas debido al veto impuesto por los Estados Unidos en 2019. Esto redujo su presencia en las tiendas tradicionales y cambió su enfoque desde los teléfonos hacia las computadoras, los relojes y su propio sistema operativo.

La postura norteamericana es abiertamente contrastante: “Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”. La definición de Randy Scheunemann, vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, en un diálogo con medios argentinos efectuado en abril de este año, resume la preocupación de los Estados Unidos sobre la presunta influencia de Pekín en la región.

Cuatro meses atrás el Congreso de los Estados Unidos alertó sobre la metodología asiática para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial de uso civil-militar en la Argentina. Washington ahora advirtió a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y analiza revocar las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica.

Los Estados Unidos advirtieron que China mantiene en Neuquén (vale recordar que es el distrito que contiene al complejo petrolero de Vaca Muerta), una presencia estratégica. Según informaron medios cordilleranos, el 12 de julio un gerente de la cooperativa comenzó a recibir mensajes por WhatsApp en los que un funcionario de la representación estadounidense preguntaba si existía la posibilidad de cancelar la iniciativa y preguntaba si CALF había “traspasado los límites”.

El gerente dio a conocer lo ocurrido a la presidencia de la cooperativa y, por su intermedio, al Consejo de Administración. La entidad optó por responder de forma institucional: el 29 de julio, remitió una nota formal al embajador Peter Lamelas con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que solicitó que la embajada confirmara, rectificara o precisara si esas comunicaciones reflejaban una posición oficial, qué instrumento legal las respaldaba y si existían objeciones técnicas concretas sobre sus proyectos.

La embajada respondió públicamente sin desmentir la existencia ni el contenido de los mensajes. “No hacemos comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas. Sin embargo, como ha enfatizado el secretario Marco Rubio, el ingreso a los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, dijo un vocero de la representación ante la consulta periodística.

“El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas”, añadió, y completó que “las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”. En base a este último punto, otras compañías consideradas estratégicas podrían recibir la misma advertencia o sanción.

El episodio se inscribe en la disputa de largo alcance entre Washington y Pekín por el control de infraestructuras críticas. Semiconductores e Inteligencia Artificial han pasado a constituir zonas de combate, y los asiáticos parecen tomar la delantera. Para el gobierno norteamericano, Huawei representa una amenaza a la seguridad nacional: Washington sostiene que el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación operan detrás de ella y que su infraestructura puede emplearse como herramienta de espionaje.

Como si la Central de Inteligencia Americana y otras agencias no se hicieran presentes en el la pugna por el control de las nuevas tecnologías y la aquilatación de información.

Esta posición sobre la compañía tecnológica tiene antecedentes recientes en Europa. En agosto de 2025, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre los Estados Unidos y China apuntó que el contrato con el gobierno de España involucra la autorización de almacenamiento de escuchas legales. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, y su par en el Senado, Tom Cotton, solicitaron a la Dirección Nacional de Inteligencia que revisara la política de intercambio de información con Madrid, argumentando temor de que datos de aliados europeos resulten expuestos en servidores de la compañía china.

Finalmente, vale retornar a la zona andina. La distribuidora neuquina rechazó la caracterización de su trama tecnológica como una “red china”. A través de un comunicado institucional, precisó que el embajador Lamelas “encuadró este asunto como una cuestión de seguridad” y remarcó que la infraestructura de Calfibra opera con servidores HPE (Hewlett Packard Enterprise), equipos de energía APC (American Power Conversion) y Eaton —de origen estadounidense—, sistemas UPS de ABB suiza, y routers MikroTik de fabricación europea, junto a la electrónica de red de Huawei.

El gobierno mileísta, aunque sostiene su postura contraria a los vínculos con la potencia asiática, no se ha pronunciado sobre la cuestión. Pero la misma deberá resolverse en breve; de otro modo, la Argentina seguirá perdiendo inversiones.

La competencia, en este proceso neo liberal, es una broma que no logra impulsar sonrisa alguna.

Por CIDISP

Desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público
(CIDISP) sostenemos que la energía nuclear integra un núcleo de capacidades
estratégicas que la Argentina necesita preservar, ampliar y gobernar con criterios de
soberanía tecnológica, continuidad institucional y responsabilidad democrática. Ese
punto de partida también obliga a mirar con detenimiento las condiciones en que se
anuncian nuevas iniciativas para el sector, especialmente cuando involucran
infraestructura crítica, capacidades científico-técnicas acumuladas durante décadas y
activos públicos cuyo valor excede con mucho su dimensión contable.
Este informe examina las condiciones bajo las cuales una nueva etapa del sector
nuclear argentino podría fortalecer capacidades públicas ya existentes. Para hacerlo,
observamos cómo se articulan el desarrollo tecnológico, la inversión, la infraestructura
estatal disponible y las formas concretas de resguardo del interés público. El anuncio
oficial del llamado Plan Nuclear Argentino vuelve ineludible esa discusión. Lo mismo
ocurre, ahora, con la presentación de un nuevo reactor en Atucha.

1. La promesa oficial y sus alcances
   En diciembre de 2024, el presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino
   junto con Demian Reidel y el director general del Organismo Internacional de Energía
   Atómica, Rafael Grossi. La comunicación oficial sostuvo entonces que el país debía
   ubicarse en la vanguardia energética mundial, atraer inversiones y aprovechar la demanda
   creciente de energía asociada a la inteligencia artificial. En esa misma presentación se
   indicó que el punto de partida sería la construcción de un reactor modular pequeño en el
   predio de la Central Nuclear Atucha y que una segunda etapa del plan se orientaría al
   desarrollo de reservas de uranio para cubrir la demanda interna y exportar combustibles
   de mayor valor agregado. Allí también se informó la creación de un Consejo Nuclear
   Argentino.
   El 2 de julio de 2026, el Gobierno anunció una iniciativa concreta para construir un
   reactor en el país con una inversión estimada de US$1.200 millones, emplazamiento
   previsto en Atucha y un plazo de obra cercano a cinco años. Según la información
   difundida ese día, la iniciativa fue presentada por Meitner Energy, el diseño corresponde al
   ACR-300, el financiamiento sería privado, Nucleoeléctrica Argentina tendría derecho a
   asumir la operación y el mantenimiento en condiciones de mercado, y la empresa abonaría
   un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazaría la
   central.
   Con esos datos sobre la mesa, el anuncio original deja de leerse solamente como una
   orientación general de política energética. Empieza a leerse, además, como una operatoria
   concreta que compromete capital privado, uso de infraestructura pública y decisiones de
   orden regulatorio, contractual y patrimonial.
2. La capacidad nuclear preexistente
   La Argentina no llega a esta discusión desde un lugar periférico en materia nuclear.
   La documentación institucional de la Comisión Nacional de Energía Atómica presenta al
   desarrollo nuclear argentino como una trayectoria de largo plazo vinculada al uso pacífico
   de la energía nuclear, la formación de recursos humanos, la investigación científica, el
   desarrollo tecnológico y la construcción de capacidades estatales complejas.
   Esa trayectoria incluye reactores de investigación, aplicaciones médicas,
   capacidades regulatorias, producción científica, desarrollos industriales y proyectos de
   reactores de potencia de diseño nacional. Por eso, el problema abierto por el nuevo
   anuncio remite menos a una eventual incorporación de la Argentina al campo nuclear que
   a las condiciones políticas, presupuestarias y patrimoniales bajo las cuales se reorganiza
   un sector en el que el país ya cuenta con experiencia estatal, conocimiento técnico y
   acumulación institucional.
   Si el desarrollo propuesto utiliza infraestructura pública, capacidades formadas en
   organismos estatales y legitimidad construida por el propio sector nuclear argentino,
   conviene conocer con precisión cómo quedarán distribuidos los derechos de decisión, la
   propiedad sobre los resultados tecnológicos y la captura del valor futuro generado por el
   proyecto.
3. El marco presupuestario e institucional
   Toda evaluación seria del nuevo ciclo nuclear debe hacerse en el contexto material
   del Estado que tendría que sostenerlo, regularlo y auditarlo. La propia página de
   transparencia de la CNEA remite al presupuesto asignado y a la ejecución presupuestaria
   del organismo, e indica que su seguimiento debe realizarse en la jurisdicción 50, Servicio
   Administrativo Financiero 105.
   Ese dato cobra otro espesor cuando se lo ubica dentro del marco general del
   presupuesto nacional para 2026. El informe de ASAP (Asociación Argentina de
   Presupuesto) sobre la distribución administrativa del Presupuesto 2026 señala que los
   recursos totales de la Administración Nacional previstos para el ejercicio muestran una
   retracción real del 12,7% interanual y que los gastos totales autorizados disminuyen 4,9%
   reales respecto del devengado de 2025. El mismo informe observa además que la Decisión
   Administrativa 1/2026 no modificó los montos globales aprobados por ley y que el
   presupuesto fue sancionado sin corregir partidas originalmente previstas, pese a la
   incorporación legislativa de nuevos gastos, por lo que el financiamiento de esas políticas
   podría quedar sujeto a adecuaciones posteriores.
   Ese marco general no alcanza, por sí solo, para establecer una conclusión cerrada
   sobre la trayectoria específica de la CNEA sin abrir la serie puntual del organismo. De
   todos modos, permite advertir que el nuevo anuncio nuclear se inscribe en un presupuesto
   nacional atravesado por criterios de equilibrio fiscal, restricciones sobre el gasto de capital
   y seguimiento estricto de plantas de personal, vacantes y programación física de
   proyectos.
   La propia Decisión Administrativa 1/2026 dispone la remisión trimestral de
   información sobre evolución de plantas y contrataciones de personal, exige certificación
   de vacantes y fuente de financiamiento para su cobertura, y establece exigencias formales
   para la programación física y financiera de los proyectos.
   La dinámica de ejecución observada por ASAP en enero de 2026 aporta un elemento
   adicional. En el primer mes del año, el gasto primario de la Administración Pública
   Nacional cayó 4,6% real interanual, las remuneraciones retrocedieron 4,6% reales, los
   bienes y servicios cayeron 38,4% reales y el gasto de capital mostró una ejecución
   prácticamente nula, con una contracción de 95,4% real interanual. Ese mismo informe
   vincula la caída de las remuneraciones con la reducción de la planta estatal.
   Todo esto incide sobre el sector nuclear de manera directa. Un proyecto de reactor
   requiere organismos públicos con capacidad técnica, inversión estatal complementaria,
   capacidad regulatoria, personal altamente calificado y continuidad institucional. Si el
   marco presupuestario general combina contracción del gasto primario, caída del gasto de
   capital y una política restrictiva sobre personal y vacantes, resulta razonable preguntar
   con qué recursos efectivos se sostendrá el plan y en qué condiciones institucionales
   debería desplegarse.
   A ese cuadro se suma un dato institucional adicional. La Resolución 159/2026 de la
   Autoridad Regulatoria Nuclear dejó asentado que la CNEA adeudaba el pago de la tasa
   regulatoria prevista en el artículo 26 de la Ley 24.804, aunque la ARN resolvió dar curso
   favorable a determinadas licencias por razones de interés público.
4. Atucha, CAREM y las condiciones del nuevo proyecto
   La novedad central del anuncio del 2 de julio no se limita al plano tecnológico.
   También involucra una dimensión patrimonial que merece atención específica. El proyecto
   prevé emplazarse en el sitio Atucha, dentro de la órbita de Nucleoeléctrica Argentina, y la
   información difundida indica que la empresa desarrolladora abonaría un canon por el
   derecho real de superficie sobre los terrenos utilizados.
   Ese punto requiere un examen más detenido porque Atucha forma parte de una
   infraestructura crítica construida por el Estado argentino y organizada durante décadas
   para funciones estratégicas del sector. Su localización, sus servicios, su personal, su
   entorno regulatorio y su inserción en la arquitectura institucional del área reducen costos,
   aceleran factibilidades y transfieren valor objetivo a cualquier proyecto que se instale allí.
   El conocimiento que hace falta para diseñar el ACR-300 no aparece de la nada.
   Fuentes técnicas consultadas coinciden en que sale, en buena medida, de profesionales
   formados en la CNEA que hoy pasan a Meitner. Si ese movimiento se consolida, la empresa
   incorpora personal altamente calificado y, al mismo tiempo, absorbe experiencia
   acumulada por el Estado y una capacidad de diseño que llevó décadas construir.
   La comunicación oficial de diciembre de 2024 afirmó que la Argentina lideraría esta
   nueva etapa con tecnología “100% argentina” desarrollada por sus ingenieros nucleares. A
   su vez, en el acto por el 75° aniversario de la CNEA, Demian Reidel presentó al ACR-300
   como una tecnología de 300 MW diseñada por ingenieros argentinos, señaló que el plan
   comenzaría con cuatro módulos en Atucha y sostuvo que luego esa tecnología sería
   licenciada al resto del mundo.
   Ahí se abre otra discusión, menos visible pero igual de importante. Una posibilidad
   hubiera sido organizar la etapa de diseño a partir de una intervención coordinada del
   propio Complejo Nuclear Argentino, articulando capacidades ya existentes en organismos
   y empresas del sector. Si la ingeniería decisiva termina concentrada en una estructura
   privada que capta personal formado en el sistema público, queda planteada una pregunta
   de fondo sobre quién retiene el conocimiento que permitirá diseñar el reactor, tramitar
   licencias y participar del valor futuro de ese desarrollo.
   Ese conjunto de afirmaciones vuelve especialmente relevante la discusión sobre
   propiedad intelectual, transferencia tecnológica y captura del valor generado por el
   proyecto. Cuando una tecnología se presenta como resultado del conocimiento
   nacional, pero su desarrollo comercial se articula a través de vehículos empresariales
   privados, financiamiento externo y uso de infraestructura pública, corresponde conocer
   con precisión quién toma las decisiones estratégicas, quién conserva los derechos sobre
   el diseño, bajo qué condiciones se otorgarán licencias y qué participación retendrán los
   organismos públicos involucrados.
   Entre quienes conocen de cerca este tipo de desarrollos hay un punto en el que
   aparece bastante acuerdo: el diseño de un reactor como el ACR-300 exigiría alrededor de
   1.400.000 horas-hombre. Por eso, el plazo de cinco años difundido para su construcción
   resulta difícil de sostener cuando se incorpora el tiempo que demandan la ingeniería, los
   permisos regulatorios y las etapas previas a la obra. Incluso con un flujo ideal, la entrada
   en operación se ubicaría más cerca de una década que de ese plazo inicial. Hoy el proyecto
   contaría con una patente y con un diseño conceptual avanzado, pero todavía tendría por
   delante el diseño preliminar, necesario para tramitar permisos, y el diseño de detalle que
   habilita compras, contrataciones y comienzo efectivo de la construcción.
   El proyecto CAREM también ocupa un lugar importante en esta discusión. En marzo
   de 2025, la comunicación oficial sobre la visita presidencial a Lima informó que el avance
   de obra civil del edificio superaba el 78% y que el avance físico general del proyecto
   alcanzaba el 62%, además de definir al CAREM como un reactor íntegramente diseñado y
   construido en la Argentina.
5. Lo que corresponde informar
   Desde el CIDISP consideramos que la información pública actualmente disponible
   sobre esta nueva etapa del llamado Plan Nuclear Argentino resulta insuficiente para una
   evaluación responsable por parte del Congreso, las organizaciones del sector, las
   universidades, los trabajadores especializados y la ciudadanía.
   En primer lugar, el Estado debe informar cuál es el instrumento jurídico que regula la
   iniciativa presentada para el ACR-300, cuál es su estado de aprobación, qué cláusulas de
   rescisión contiene, qué derechos otorga sobre el predio de Atucha y qué obligaciones
   concretas fija en materia de plazos, inversión, transferencia tecnológica y cumplimiento
   regulatorio.
   En segundo lugar, debe precisarse qué infraestructura, servicios, accesos,
   conexiones, estudios previos y capacidades institucionales del sitio Atucha son puestos a
   disposición del proyecto, cómo fueron valuados y qué contraprestación total recibe el
   Estado más allá del canon por superficie mencionado en la información difundida.
   En tercer lugar, el Estado debe aclarar a nombre de quién quedarán las patentes,
   licencias, mejoras, desarrollos de ingeniería y demás activos intangibles asociados al
   ACR-300 y a sus eventuales evoluciones, especialmente si el diseño se apoya en
   capacidades acumuladas en organismos públicos argentinos.
   También corresponde informar cómo se integrarán los equipos técnicos que
   desarrollen la ingeniería del proyecto, qué participación institucional conservarán los
   organismos del Complejo Nuclear Argentino y qué resguardos existirán para evitar una
   transferencia privada de capacidades estratégicas formadas en el sector público.
   Asimismo es indispensable saber si existe desplazamiento de personal desde la
   CNEA u otros organismos hacia el nuevo proyecto, en qué magnitud, bajo qué condiciones
   y con qué impacto sobre la masa crítica estatal. La información difundida el 2 de julio
   consignó la no renovación de 61 contratos en la CNEA, mientras que la conducción del
   organismo sostuvo que no se trató de ingenieros nucleares ni de personal técnico
   especializado, sino principalmente de contratos administrativos de plazo fijo.
   Por último, toda decisión de emplazamiento, construcción y operación debe quedar
   supeditada a un proceso de licenciamiento plenamente trazable, bajo control de la
   Autoridad Regulatoria Nuclear, con información pública suficiente sobre hitos, requisitos
   y responsabilidades.

Rubén I. Bourlot*

«En la vida una de las cosas más fáciles es tener ideas y proyectos, y hasta puedo decir muy buenas ideas y proyectos, basta para ello un cerebro discreto y un poco de imaginación. Pero lo endiabladamente difícil es tomar la más pequeña idea o proyecto, organizarlo y ponerlo en pie y hacerlo marchar» – Enrique Mosconi.

La lucha por el dominio del petróleo se inició apenas surgida la segunda revolución industrial en Europa y Estados Unidos, cuando los combustibles derivados del petróleo cobraron significación. El negocio de la explotación petrolera fue dominado rápidamente por unos pocos trusts petroleros originarios de países industrializados. En Argentina la historia del petróleo empezó en simultáneo pero fue con el general Enrique Mosconi que cobró relevancia de la mano de la empresa estatal YPF.

En nuestro país el Día Nacional del Petróleo recuerda su “descubrimiento” en Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1907. Se trata de una fecha arbitraria puesto que desde mucho antes se sabía de la presencia del preciado elemento en el territorio argentino. Ya en 1891 el tema de la explotación de petróleo había originado un duro debate en el Congreso cuando el diputado Osvaldo Magnasco, oriundo de Gualeguaychú, se trenzaba en un duro debate parlamentario cuestionando la actuación de las compañías ferroviarias inglesas que, entre otras irregularidades, maniobraban para impedir la extracción de petróleo en yacimientos descubiertos en Mendoza y Jujuy. A las petroleras les interesaba el negocio de importar combustibles en vez de producirlo en el país.

“Ahí están Jujuy y Mendoza, sobre todo la primera, empeñada desde hace doce años en la tentativa de la explotación de una de sus fuentes más ricas de producción de sus petróleos naturales –decía Magnasco en el Congreso de la Nación-. Pero no bien llega a oídos de la empresa de exportación de una pequeña partida a Buenos Aires o a cualquier otro punto, inmediatamente se levanta la tarifa, se alza como un espectro, y se alza tanto, que el desfallecimiento tienen que invadir el corazón del industrial más emprendedor y más fuerte (…) 

“El petróleo, a que me referí al principio, va a ser sin duda el combustible del provenir. Está sustituyendo con grandísimas ventajas, con una economía del sesenta y hasta el setenta por ciento, al carbón de piedra.”

Se cuenta que el diputado Emilio Civit, luego ministro de Obras Públicas de la segunda presidencia de Roca, siendo diputado nacional (1882-1889) solía llevar en su maletín personal una botella con petróleo extraído del paraje Agua del Corral, en las cercanías de Cacheuta, para contarles a todos en Buenos Aires sobre las virtudes y ventajas que podrían encontrar en Mendoza. Y como si fuera uno de esos populares vendedores ambulantes de peines y peinetas Civit explicaba lo que Mendoza produciría en materia combustible si ese líquido oscuro de la botella de vidrio llamado «petróleo» se pudiera extraer en gran escala.

En 1887 la Compañía Mendocina de Petróleo llegó a perforar veinte pozos, de los cuales cuatro resultaron productivos. La empresa construyó un pequeño oleoducto para transportar el petróleo a Mendoza y produjo cerca de 8.600 metros cúbicos. Pero todos estos emprendimientos se vieron frustrados por el desinterés de los inversores y las maniobras que oportunamente denunció Magnasco.  

El nacimiento de YPF

En 1916 era consagrado presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen. En nuevo mandatario pronto comprendió que el petróleo era la fuente de energía que necesitaba el país y que debía obtenerse de su subsuelo en vez de importarlo. Intentó a lo largo de su gestión hacer sancionar una ley de petróleo. Frustrados los mismos apeló al decreto para crear Dirección General de YPF el 3 de junio de 1922, en base a las reservas petrolíferas reservadas para el estado. Hasta ese momento mejores reservas estatales estaban concesionadas a empresas privadas que las mantenían improductivas dentro de una estrategia internacional tendiente a mantener en el país un alto nivel de importación de hidrocarburos que los mismos trusts vendían a un precio considerablemente alto. Recién en 1922, cuando YPF afirmó su presencia, aquellos decidieron extraer el mineral.

El desafío de la WICO

En la década del 20, el entonces coronel Enrique Mosconi, a cargo del servicio aeronáutico del ejército, advirtió la acción conspirativa ejercida por las petroleras extranjeras instaladas en el país. “Los grandes trusts, decía, son organizaciones insaciables, difíciles de dominar una vez que han tomado posesión de las tierras y se les ha acordado facultades y derechos. Tanto el grupo europeo (el anglo-holandés Royal Dutch) como el norteamericano (Standard Oil), de funesta tradición ante la justicia de su país, son indeseables para toda nación que quiera fecundar en paz su trabajo creador.”

Mosconi había nacido en Buenos Aires en 1877, hijo de un ingeniero italiano, ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1891, egresando con el grado de subteniente de infantería. En 1896, movido por su interés en la formación científica, ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, graduándose de Ingeniero Civil. En 1903, integró una comisión que estudió el trazado del ferrocarril central norte. Al año siguiente fue enviado a Europa junto a una comisión para realizar gestiones con el fin de instalar una usina hidroeléctrica de gas pobre en Campo de Mayo. También Mosconi pasó una temporada de perfeccionamiento en el ejército alemán realizando estudios en la Escuela de Artillería e Ingenieros en Charlottenburgo. En 1912 fue nombrado integrante de la dirección técnica de la Escuela de Aviación Militar, llegando a ocupar en 1920 la dirección del Servicio Aeronáutico. 

Un hecho fortuito producirá el desenlace de su tarea futura en procura de la independencia energética del país. Ya no sería el petróleo un instrumento para perpetuar la dependencia del pueblo argentino a los imperios del mundo. 

Cuando Mosconi se desempeñaba en la división del servicio aeronáutico, la empresa norteamericana WICO (West India Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey) era la abastecedora de combustible de la repartición. En una oportunidad por una supuesta deuda la WICO se negó a entregar petróleo al ente oficial como normalmente lo hacía. Mosconi pidió entrevistarse con el gerente de la misma. 

«Me propuse pues aclarar personalmente la cuestión -escribió Mosconi- y con ese fin regresé a la capital para concurrir a la oficina central de la West India Oil Company. Pedí allí entrevistarme con el gerente, a cuya oficina pasé encontrándome con un pequeño despacho instalado al uso norteamericano. Cambiamos los saludos de estilo, le manifesté el objeto de mi visita y la extrañeza producida por el resultado de las gestiones del oficial de administración. ‘Sí señor, es exacto’, me contestó mi interlocutor, ‘esa es la norma de nuestra compañía’. “’Advierta’, le dije entonces, ‘que el servicio aeronáutico del ejército no debe un centavo a su compañía, que se trata de una repartición militar solvente y dependiente del ministerio de guerra y que por lo tanto no solo sorprende su manifestación y exigencia, sino que las considero impertinentes y no las acepto’. 

“Allí, en el mismo escritorio, me propuse juramentar conmigo mismo cooperar por todos los medios legales a romper con los trusts». Si este requerimiento se hubiera realizado en tiempo de guerra, pensaba Mosconi, toda la operación estaría dependiente de la voluntad y de los intereses económicos de un empresario extranjero.

El 19 de octubre de 1922 fue designado por el ministro de agricultura Tomás Le Breton director de YPF creada meses antes por Yrigoyen. Ya había asumido la presidencia del país Marcelo T. de Alvear, radical antipersonalista. El mérito de la acertada designación de Mosconi no parece haber sido una consecuencia de la política oficial del presidente y de su gabinete. 

«Al iniciar Alvear su gobierno aparece en escena el petróleo del coronel Enrique Mosconi», acota Arturo Frondizi en su obra ‘Petróleo y Política’. Y agrega que esa designación fue más la obra de la casualidad que del acierto de los funcionarios, ya que Le Breton ofreció ese puesto a un amigo de toda su confianza, quien al declinar su responsabilidad por no conocer cabalmente el problema, le recordó que un coronel Mosconi, al que no conocían ni él ni el ministro, había publicado en esos días sus opiniones vinculadas al petróleo. 

Al respecto escribió Félix Luna: «Alvear no hizo nada para lograr la nacionalización del petróleo que sufrió durante su presidencia una accidentada peripecia». La ley de represión de los trusts quedó prácticamente anulada por no reglamentarse su aplicación.

Mosconi inició una inmediata reorganización de la empresa. Logró el levantamiento de las reservas concedidas y su traspaso para ser explotadas. De inmediato se produjo el enfrentamiento con los trusts norteamericanos e ingleses. Es de destacar que en ese momento no había empresas petroleras de propiedad estatal en el mundo. 

A poco de iniciada la gestión, pudo lograr la autonomía y desde ese instante YPF no dependió más del Ministerio de Agricultura. Mosconi demostró su capacidad, su temple, actuando como auténtico hombre de empresa y experto en la materia. Reorganizados los yacimientos de Comodoro Rivadavia, su mirada se dirigió hacia Plaza Huincul. Estos yacimientos habían sido descubiertos en 1918 y fue traspasado a la dirección de YPF en virtud del artículo segundo del decreto del 3 de junio de 1922. 

La eficiencia de la producción, mejores condiciones de trabajo y reorganización del sistema de distribución fueron los tres pilares que sostuvieron la evolución de YPF complementándose con la construcción la destilería de La Plata. La extracción en 1924 fue de 474.602 metros cúbicos de crudo y a partir de ese momento las cifras fueron en incremento: 618.151, 743.740 y 802.036, respectivamente en los años subsiguientes. Una de las iniciativas más importantes fueron las instalaciones de Ingeniero White, Bahía Blanca. 

También en 1922 se efectuaron ampliaciones en los almacenes del petróleo en la Dársena Sur con la incorporación de tres tanques de 10.000 toneladas cada uno. Se construyeron nuevos muelles y se habilitaron depósitos de aprovisionamiento en Rosario y Concepción del Uruguay.

La batalla de los subproductos

Hasta 1916 el petróleo extraído por YPF en su mayor parte se comercializaba crudo. Mosconi se propuso dar una nueva batalla para lograr atiborrar el mercado argentino con la sigla YPF. De inmediato se encaminó en el proyecto de una nueva y moderna destilería que tuvo diversos vaivenes: indiferencia oficial, retaceo de presupuesto, pero finalmente triunfó. Abierta la licitación para construir la obra en La Plata se presentaron 10 compañías, ganando una norteamericana, la Bethlehem. Eso motivó que intereses extranjeros trataran de impedir la obra, llegando a interesar a Bethlehem para que desistiera. No obstante, el proyecto continuó y fue inaugurada el 23 de diciembre de 1925.

Marcos Kaplan, por su parte, estima que la destilería de La Plata constituye uno de los aportes positivos más importantes de este periodo, contribuyendo, entre otras cosas, a mejorar la posición competitiva de YPF en el mercado interno. Ya en marcha la destilería, desapareció del mercado la venta de crudo, siendo reemplazado por el fuel oil con la consiguiente economía y el incremento de los ingresos por la venta de subproductos con mayor valor agregado.

Los trabajadores del petróleo

El desenvolvimiento de la empresa nacional benefició al pueblo argentino con la apropiación de la riqueza de su suelo para volcarla a la incipiente industrialización y, a su vez, asegurar el desenvolvimiento autónomo del Estado. Por otra parte, posibilitó el incremento de las fuentes de trabajo en el olvidado sur y el mejoramiento de las condiciones laborales gracias a la preocupación de Mosconi. Este decía que para el bien de la nación y la prosperidad de sus habitantes es menester contemplar siempre en primer término la situación del hombre, obrero o empleado, despertando su confianza y dedicación hacia la empresa a la cual se le exige que consagre sus energías. En YPF ese pensamiento, como se ha visto, ha sido norma invariable. «Pienso, pues, que a lo ya hecho como obra de gobierno deben sumarse otras ventajas que llevarán a la consecución de aquellos propósitos y en tal sentido no sólo debemos mantener la ley del salario mínimo, sino que debemos completarla con la vivienda mínima como consecuencia del moderno concepto de solidaridad social».

El papel de Mosconi responderá a las más arraigadas tradiciones del ejército, consciente de la prioridad de dominar los resortes básicos de la economía para hacer frente a los imperios industriales que influyen sobre la soberanía del país. “Por razones de oficio -escribe Raúl Larra- el militar está preparado para captar el desvalimiento del país. Este concepto lo ratifica Potash al considerar el apoyo que Mosconi recibió por parte de un importante número de oficiales convencidos de la necesidad de industrializar al país, contando con el desarrollo del petróleo bajo el control del Estado. 

«El hombre que se encontró de pronto con una realidad levemente distinta al panorama pintado desde afuera debió replantearse paulatinamente su pensamiento. De tal estirpe fue Mosconi  -escribió dijo Baldrich en 1941- porque su titánica cruzada redentora tiene amplitud continental». 

Cuando Yrigoyen retornó al poder en 1928 ratificó a Mosconi su confianza. Mosconi era a la sazón hombre de Alvear para los políticos comiteriles, pero el «Peludo» volaba más alto. Durante su presidencia, la producción de YPF continuó en incremento y se produjeron varios acontecimientos históricos en la materia. Con el objeto de formar el plantel de técnicos y especialistas que necesitaba la industria del petróleo, fueron implementados los cursos superiores del Instituto del Petróleo, mediante convenio entre la Dirección de YPF y la Universidad de Buenos Aires.

La batalla de los precios

La presencia de una empresa nacional decidida a competir en el mercado petrolero produjo la lógica inquietud dentro de los trusts que no escatimaron esfuerzos para tratar de sacarla del medio. Frente a esta situación Mosconi debió acudir a todos los medios a su alcance para lograr su objetivo. En 1923 se obtuvo de Ferrocarriles del Estado el consumo exclusivo de combustible producido por YPF, medida que en 1926 se extendió a todas las reparticiones oficiales.

Estas fueron las primeras medidas, pero faltaba la decisión que colocaría en manos del Estado Nacional el control de la comercialización de los combustibles. El precio era manejado por las empresas privadas y su fijación se realizaba de acuerdo a la distancia del lugar de origen y en función de la competitividad comercial. En general los precios eran elevados por sobre el margen normal de ganancia. Hacia 1929 el precio del litro de nafta variaba entre 34 y 40 centavos en las distintas regiones del país. YPF estaba imposibilitada de ejercer influencia sobre los mismos, pues carecía de una red nacional de distribución y venta, pero en 1929 estaba a punto de dar la gran noticia.

A partir del 1 de mayo, la Dirección General de YPF tomó a su cargo la organización para la venta de todos sus productos. El 1º de agosto de ese año se ordenó una sustancial rebaja del precio de los combustibles: dos centavos menos para el litro de nafta y querosene y 80 centavos el cajón, en tanto el fuel oil fue rebajado en 50 centavos por tonelada. De esta forma, la decisión estaba del lado del Estado Nacional.

«Suenen entonces las dianas augurales del 1º de agosto –escribió Mosconi-, fecha en que YPF tomó el contralor y dirección del mercado interno de combustibles, independizando al país de los productos de origen extranjero. Es, pues, aquella una fecha memorable en los anales de nuestra organización económica. El país se ha realizado en la economía nacional. Los trusts petrolíferos inglés y norteamericano quedan definitivamente rotos en nuestro país. Los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno que decide, libre de injerencias extrañas, todo lo relativo al combustible líquido; y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el mar».

“El golpe de gracia, esta batalla ganada a los ejecutores de la política imperialista, contribuyó a que el precio de la nafta sufriera constantes rebajas -comentó años después Solano Peña Guzmán- bajando desde 26 centavos en 1922 a 18 centavos en la actualidad (1942), puesto que el precio de 24 centavos incluye 6 centavos de impuestos nacionales. Estas medidas no solo tenían influencia directa sobre el consumidor, sino que reducían a un mínimo las ganancias de las compañías extranjeras y, por lo tanto, se beneficiaba en conjunto a la economía del país al reducir sensiblemente estos envíos anuales de divisas al extranjero.

Bibliografía

Mosconi, Enrique (1983). El petróleo argentino 1922-1930. Círculo Militar.

Larra; Raúl (1981). Mosconi, general del petróleo. Ánfora.

Larra; Raúl (1981). El general Baldrich y la defensa del petróleo argentino. Ad. M. Moreno.

Frondizi, Arturo (1955). Política y petróleo. Raigal.

Luna, Félix (1982). Alvear. Ed. de Belgrano.

Palacio, Ernesto (1957). Historia de la Argentina. Peña Lillo.

Gallardo, Guillermo (1968), en Historia Argentina dirigida por Roberto Levillier. Plaza y Janés.

Kaplan, Marcos (1957). Economía y política del petróleo argentino. Praxis.

Potash, Robert (1982-1983). Ejército y la política en la Argentina. Tomos I y II. Sudamericana.

Peña Guzmán, Solano (1942). La autarquía en la economía argentina. La Raza.

*Profesor de Historia y Educación Cívica. Autor de Mariano Fragueiro y la constitución económica de 1853, El radioteatro en Entre Ríos e Historia elemental de Entre Ríos, entre otros.

Una teoría sobre la continuidad creadora del pueblo argentino

Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

La Argentina conoce desde siempre un fenómeno extraordinario que, hasta donde sabemos, nunca fue formulado como una categoría de análisis. Lo llamamos la “teoría de la reencarnación cultural». Que no designa un misterio ni una metáfora; sino que intenta describir el modo en que las grandes obras históricas, encarnadas en hombres y mujeres concretos, continúan viviendo en las generaciones que las suceden. En nuestro país, esa ley encuentra una de sus expresiones más nítidas en lo que podría denominarse la “herencia del potrero». Que no es otra cosa que la incidencia de un determinado clima cultural, de una data que baja; ese legado invisible mediante el cual una generación fecunda a la siguiente y, casi sin advertirlo, va modelando el ser nacional, la conciencia colectiva y la silueta histórica de la Argentina.

Las grandes personalidades no aparecen por generación espontánea. Son el fruto de una tradición, de una cultura, de una necesidad, tal vez, y de una obra previa que incide y prepara las condiciones para que emerjan. Los pueblos no producen gigantes todos los días, pero lo cierto es que la Argentina siempre tiene el suyo en literatura, deporte, ciencia, música, cine, filosofía, DDHH, técnica, religión, etc. ¿Qué hay en la matriz cultural argentina que permite que, generación tras generación y en disciplinas que no tienen aparentemente nada que ver entre sí, aparezcan individuos capaces de discutir la cima mundial?. Argentina se constituyó como una sociedad particularmente mestiza en términos culturales; la tradición criolla y latinoamericana, la originaria, las grandes inmigraciones, una temprana urbanización, una educación pública de enorme gravitación histórica, universidades masivas, clubes de barrio, bibliotecas populares, sindicatos, sociedades de fomento, teatros, conservatorios, potreros y una vida política extraordinariamente intensa.

Pero agreguemos algo menos mensurable. La cultura argentina posee una relación particular con la creación. Tiene irreverencia frente a la autoridad, cierta indisciplina creadora, una inclinación a discutir lo establecido y una enorme confianza —a veces insoportable, otras veces prodigiosa— en que uno puede hacer las cosas de otra manera. Acá nadie es más que nadie ni menos que nadie. El mismo rasgo que muchas veces dificulta nuestra organización colectiva puede convertirse en el individuo excepcional, en una formidable fuerza creadora. El potrero es quizá su metáfora perfecta; resolver sin manual, adaptarse a casi todos los medios, inventar frente al obstáculo, hacer de la carencia un recurso. Y existe finalmente la transmisión. Nadie comienza verdaderamente desde cero.

En última instancia, esta teoría de la reencarnación cultural no es sino una tentativa de describir un rasgo constitutivo del ser nacional argentino; esa capacidad, tan propia de nuestro pueblo, de convertir el legado en fuerza creadora y la memoria en una potencia capaz de engendrar nuevas grandezas, aun cuando las fuerzas antinacionales se empeñan, de manera sistemática, en vaciar nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestras estructuras sociales para sustituir lo mejor del pueblo por élites cada vez más desvinculadas de la comunidad nacional y espiritual. Veamos.

Mariscal de Mariscales

Podríamos sostener hasta el último día que Néstor Kirchner sería inconcebible sin un Juan Domingo Perón. No porque el Flaco haya sido una réplica ni una prolongación mecánica del General, sino porque toda gran conducción nace sobre una obra anterior que le abre el camino. Kirchner, como miles, respiró el aire político que Perón había dejado en la historia argentina. Se formó dentro de un universo cultural, afectivo y doctrinario que, a pesar de casi dos décadas de proscripción, el peronismo había sembrado durante décadas; una determinada manera de entender la Nación, de mirar al pueblo, de concebir al Estado y de asumir la política como instrumento de transformación histórica. Néstor fue hijo de esa tradición y, al mismo tiempo, uno de sus renovadores más lúcidos desde la muerte del General. Lo cierto es que, sin Perón, la Argentina habría sido otra. Y en esa otra Argentina, desprovista de aquella matriz histórica, difícilmente habría existido el Néstor Kirchner que conocimos. 

Esto es más una ley natural que una regla política. A primera vista puede parecer un planteo excesivamente complejo, a la vez que elemental, incluso contrafáctico. Sin embargo, no es más que el análisis retrospectivo de la concatenación de los hechos, pero dotándolos de sentido. Con el diario del lunes resulta posible advertir que la historia no se compone de acontecimientos aislados, sino de procesos que se fecundan unos a otros.

De lienzo blanco en mi corazón

Con Diego Armando Maradona y Lionel Messi ocurre exactamente lo mismo. Messi nació con un talento extraordinario, pero el talento, por sí solo, nunca explica una obra. Lo decisivo fue que, como millones de chicos argentinos, Lionel creció mirando a Maradona, soñando con ser Maradona, intentando hacer lo que hacía Maradona, conduciendo la pelota apilando ingleses bajo el relato mental de Victor Hugo Morale en el ‘86. “Genio del fútbol mundial”. Esa aspiración empujó su capacidad hasta límites que quizá nunca habría explorado de no haber existido ese horizonte de motivación, a la que luego le agregó una perseverancia inigualable. Aunque muy parecidas, el Diego no le transmitió su zurda ni su gambeta; le transmitió la convicción de que un argentino podría ser el mejor futbolista del planeta. Y allá fué Lionel.

Y hay algo profundamente argentino en el hecho de que, cuarenta años después, el destino nos haya vuelto a cruzar con Inglaterra en una instancia decisiva de un Mundial, esta vez en semifinales y con toda la carga histórica y épica de la ocasión. Como si la historia, de vez en cuando y acaso sorprendida de sus propias coincidencias, decidiera conversar consigo misma. En 1986 había sido en cuartos de final, apenas cuatro años después de la guerra de Malvinas, cuando Maradona escribió una de las páginas más profundas de nuestra memoria colectiva; un pueblo encontró en aquella victoria, con el gol más hermoso de la historia de los Mundiales y otro bien pirata —de una justicia poética infinita—, una forma simbólica de recuperar parte de la dignidad herida tras la derrota militar. En el medio volvimos a cruzarnos dos veces en Mundiales, en 1998 y en 2002: ya no estaba Maradona, todavía no había llegado Messi y, cosas de nuestra historia, si estaba Juan Sebastián Verón. Pero para que la historia volviera a adquirir aquella dimensión nacional que había tenido en el Azteca, hubo que esperar cuarenta años y la aparición del otro gran heredero del potrero argentino. 

Lo del 15 de julio de 2026 trascendió largamente al fútbol. Fue un hecho político de alcance internacional. En el escenario de mayor visibilidad del planeta y de la tribuna al campo de juego, los jugadores de la Selección Argentina inscribieron un principio de soberanía y transformaron una victoria deportiva en un mensaje político dirigido al mundo, para afirmar ante quienes dudaban o no lo sabían, y entre propios y extraños, que la causa Malvinas sigue siendo un reclamo nacional irrenunciable para el pueblo argentino. El alcance de ese gesto todavía resulta imposible de medir, pero una de sus consecuencias ya puede advertirse; fortaleció la unidad nacional alrededor de una causa que, por encima de las diferencias políticas y sociales, continúa siendo patrimonio común de todos nosotros. 

Y ocurrió. Messi y la Escaloneta recogieron aquella obra y la proyectaron sobre una nueva generación de argentinos. No repitieron a Maradona; continuaron la huella que él había abierto para la Argentina. Esa continuidad demuestra que las grandes obras no concluyen con quienes las realizan, sino que permanecen latentes en la memoria de un pueblo hasta que una nueva generación encuentra la manera de hacerlas vivir otra vez.

Argentina todavía no ha dado su último gran futbolista 

Por eso sostenemos que Messi no es solamente un genio individual. Es también una creación cultural de la Argentina que Maradona ayudó a moldear. Y, al mismo tiempo, Messi ya está haciendo exactamente lo que hizo Diego con él. De hecho, muchos de esos pibes que pateaban la pelota en sus barrios queriendo ser Messi, ya ganaron un Mundial con él.

Pero existe una diferencia decisiva respecto de la época de Maradona. La obra de Diego se expandía a través de la televisión diferida, de los diarios, revistas y del relato oral de quienes lo habían visto jugar. La obra de Messi se multiplica, en tiempo real y de manera prácticamente infinita, a través de cada pantalla del planeta. Nunca antes un futbolista había podido inspirar a tantos niños, durante tanto tiempo y con tanta intensidad. Si Maradona fecundó el imaginario futbolístico de varias generaciones argentinas, Messi está sembrando, simultáneamente, el de una o dos generaciones globales, sin dejar de ocupar, para los chicos y chicas de Argentina, ese mismo lugar de inspiración que Diego ocupó para él. Por eso, la incidencia de su legado promete ser todavía más extensa.

En ese marco, y siguiendo los regates de este fenómeno, nos animamos a hacer una afirmación que para muchos puede sonar exagerada, pero que, para este autor, es una consecuencia lógica de esta teoría. Argentina todavía no ha dado su último gran futbolista. La obra de inspiración que está dejando Lionel Messi hace pensar que, dentro de una o dos décadas, este país volverá a parir a otro jugador destinado a ocupar la mesa de los más grandes de todos los tiempos. Y cuando eso ocurra no será casualidad, volveremos a comprobar que los grandes nombres no sólo transforman su época; también crean las condiciones y el cultivo para que aparezcan quienes los sucederán. 

Si eso sucede, poco importará el orden del podio. Porque el dato verdaderamente extraordinario no será quién ocupa el primer, el segundo o el tercer lugar, sino que, una vez más, serán argentinos. Paciencia, ya lo verán. Quizá entonces comprendamos también la esterilidad de aquella discusión que durante años pretendió obligarnos a elegir entre Messi o Maradona, como si una grandeza necesitara disminuir a la otra para existir. Cosa típicamente de hombres inseguros. Esa falsa disyuntiva termina siendo funcional, aun involuntariamente, a una vieja matriz de pensamiento antinacional; fragmentar aquello que constituye una fortaleza propia, enfrentar nuestras mejores expresiones entre sí y convertir una extraordinaria continuidad cultural en una disputa de bandos, para que dé suma cero. Maradona o Messi es una pregunta equivocada. La verdadera respuesta es mucho más poderosa; Maradona y Messi. Los dos son nuestros. 

Ya basta de caer en la trampa, ya conocemos sus consecuencias. Las hemos padecido durante décadas en democracia a través del dispositivo desmalvinizador, en cuya lógica terminaron cayendo incluso no pocos de los nuestros; mirar Malvinas únicamente a través del prisma minusvalidante de la derrota, hasta despojar aquella gesta de todo arrojo, heroísmo y potencia inspiradora. Así se terminó reduciendo a nuestros combatientes a la condición exclusiva de víctimas, cuando fueron protagonistas de una causa nacional y autores de innumerables actos de coraje. Y al quitarles esa dimensión, no sólo se mutiló la historia; se interrumpió la transmisión de su ejemplo a las generaciones que vinieron después. Entonces ocurre una paradoja brutal; un país que tiene historias verdaderas de arrojo, sacrificio y heroísmo termina buscando sus relatos de coraje afuera, en las películas, en las guerras y en los héroes de otros pueblos. Consumimos la épica que otros construyen sobre su propia historia mientras vaciamos de toda potencia inspiradora la nuestra. Aunque, por fortuna, el pueblo llano suele comprender estas cosas bastante mejor que las academias, cierta militancia y las instituciones. 

Del fútbol a la política

Pero esta teoría también obliga a formular una pregunta incómoda por fuera del fútbol. Si los grandes hombres o mujeres son el resultado de una tradición capaz de inspirar a las generaciones que los suceden, ¿qué clase de dirigencia política puede nacer de una época caracterizada, precisamente, por la ausencia de figuras capaces de despertar esa inspiración?. Desde luego, la política responde a una complejidad histórica infinitamente mayor que la del fútbol. Y el fútbol conserva aún una ventaja decisiva; todavía nace, en buena medida, del pueblo. En cambio, a la alta política, casi no le quedan pastores con olor a oveja. Todavía el potrero del fútbol resiste. Y justamente por eso hace años que intentan colonizarlo, disciplinarlo y convertirlo en otra mercancía global, despojándolo de esa extraordinaria capacidad de expresar el alma de una Nación.

Tal vez la historia esté preparando una respuesta distinta. Tal vez, cuando la ausencia de referencias políticas alcanza determinado umbral, sea el propio vacío el que comience a actuar como fuerza creadora. Quizá no sea un nombre propio el que inspire a la generación que viene, sino la conciencia de que ese nombre todavía no existe. Quizá la experiencia del abandono, de la frustración y del vacío estructural termine generando la necesidad de construir aquello que falta. No lo sabemos. Pero sí sabemos que la historia jamás tolera indefinidamente los vacíos. Tarde o temprano, los pueblos encuentran la forma de producir las conducciones que su tiempo reclama.

Religiosidad popular

Existe, además, un caso contemporáneo cuyo desarrollo histórico apenas comienza y cuyas consecuencias probablemente sólo puedan medirse dentro de varias décadas: Francisco.

Todavía es demasiado temprano para comprender la magnitud de su legado. Salvo los dotados de visión secular, los contemporáneos rara vez alcanzamos a dimensionar a quienes transforman su tiempo. Pero Francisco no nació en el vacío. Es hijo de una tradición profundamente argentina y latinoamericana; la religiosidad popular. Tardamos toda nuestra historia para producir un hombre de magnitud universal, salido del barrio de Flores. De esa manera tan singular que tienen nuestros pueblos de vivir la fe, no como una experiencia individual encerrada en los templos, sino como una expresión comunitaria que camina junto al trabajo, al barrio, a la familia, a la solidaridad y a la dignidad de los humildes. Su lenguaje, sus gestos y su concepción de la Iglesia serían incomprensibles sin ese humus cultural del que emergió.

Pero la muerte de Francisco no es su última estación. Es su primera vida. La vida de su legado, de la praxis, de la inspiración y de esa herencia cultural que comienza a independizarse del hombre para ingresar definitivamente en la historia, mucho más allá del inigualable rol institucional que desbordó. Si ha de seguir vivo, deberá hacerlo en las aulas, en los sindicatos, en los barrios, en las organizaciones libres del pueblo; allí por donde se recrea todo lo nacional y, claro está, en las nuevas generaciones que todavía creen que la política social puede ser una herramienta de liberación nacional y de dignificación humana.

Pero las grandes figuras históricas rara vez son comprendidas por las élites de su tiempo. Son los pueblos quienes, lentamente, las incorporan a su propia conciencia. También ocurrirá con Francisco. Porque su muerte no clausura su biografía; inaugura una fuerte tradición. Y si la Argentina aspira alguna vez a reconstruir una patria libre, justa y soberana, deberá internalizar a Francisco no como un Papa argentino, sino como uno de los grandes legados políticos, culturales y espirituales que este pueblo dejó para sí mismo y para convidar a América Latina.

La trama circular del ser nacional

Hay algo todavía más profundo en la Selección Argentina de fútbol que ayuda a comprender esta idea de la reencarnación cultural. Basta mirar a sus jugadores cuando termina un partido. Muchos provienen de hogares trabajadores, de clubes de barrio del interior provincial, de familias donde la pelota convivió desde temprano con el sacrificio, la madre, la abuela, el barrio y una religiosidad sencilla que nunca necesitó demasiadas explicaciones. Aparecen entonces los tatuajes de Cristo y de la Virgen, la señal de la cruz antes de entrar a la cancha, la mirada al cielo después del gol, el agradecimiento a Dios, el agua bendita, las promesas y los rituales. No es teología académica. Es religiosidad popular; esa forma profundamente argentina y latinoamericana de vivir la fe mezclada con la vida cotidiana, el deporte, la familia, el trabajo, la calle, el sufrimiento y la esperanza.

Y alrededor de esos jugadores aparecen otras capas de la misma cultura. Aparece el bombo del Tula, que mucho antes de convertirse en una postal de los mundiales había acompañado durante décadas la liturgia callejera del peronismo. Aparece también la conducción de la AFA en la figura del Chiqui Tapia, un hombre proveniente del ascenso y con raíces concretas en el mundo del trabajo organizado; ya que fue trabajador de la recolección y llegó a ser secretario de Organización del Sindicato de Camioneros, con códigos bastante diferentes de los que gobiernan las corporaciones del fútbol global. Y aparece, finalmente, el trapo de “Las Malvinas son argentinas” levantado por los propios jugadores, incorporando la causa soberana a la celebración deportiva sin necesidad de que ningún intelectual les explicara previamente su significado.

No sostenemos, naturalmente, que la Selección sea peronista ni que cada futbolista posea una conciencia política elaborada sobre estas cuestiones. Sería reducir el fenómeno a lo superficial. Sostenemos algo más interesante en el plano de lo histórico; todos ellos vienen de algún lado. Y cuando uno empieza a seguir los hilos, descubre que esos hilos se cruzan. El potrero con el barrio; el barrio con el trabajador; el trabajador con el sindicato; el bombo con la movilización popular; la Virgen con la madre y la abuela; la religiosidad popular con Francisco; Malvinas con la conciencia y el orgullo nacional; Maradona con Messi; Messi con los chicos que hoy vuelven a patear una pelota soñando con ser él.

Y entonces todo vuelve al punto de partida. Aquello que solemos contemplar como fenómenos separados —el fútbol, la fe, el peronismo, Malvinas, el barrio, la familia, la cultura popular— quizá sean manifestaciones diferentes de una misma sedimentación histórica. Ninguna determina mecánicamente a la otra, pero todas se rozan, se transmiten, se mezclan y vuelven a aparecer bajo formas nuevas. Eso es, precisamente, lo que intentamos describir con la reencarnación cultural. No la repetición del pasado, sino su misteriosa persistencia dentro de lo nuevo. Una generación cree estar comenzando desde cero y, sin saberlo, lleva consigo palabras, gestos, símbolos, memorias, creencias y lealtades que vienen caminando desde mucho antes de que ella naciera.

Quizá, después de todo, la teoría de la reencarnación cultural no hable de Maradona, de Messi, de Perón o de Francisco. Hable de Argentina. De ese misterio histórico que somos y por el cual, aun en los momentos de mayor drama y de mayor incertidumbre, cuando todo parece indicar que el proyecto antinacional ha logrado vaciar por completo nuestras tradiciones y hasta nuestra esperanza, el pueblo vuelve a crear. Vuelve a producir una obra, un hombre, una mujer, una idea o un gesto capaz de reabrir el curso de la historia.

Esa es, acaso, nuestra mayor riqueza nacional. No el trigo, ni la carne, ni el litio. Nuestra mayor riqueza es esa inagotable capacidad de fecundar generaciones en ese maravilloso crisol de razas que somos. Lamentablemente la política mira para otro lado. Pero mientras esa fuerza siga viva, mientras exista un potrero, un sindicato, un aula, una parroquia, un barrio, una procesión, una plaza, una olla popular, una familia alrededor del pan, o cualquier otro espacio donde un argentino pueda inspirar a otro argentino a ser un poco mejor que él mismo, o un clima donde una generación pueda transmitir a la siguiente la memoria, la inspiración y la voluntad de superarse colectivamente, la historia nacional y popular seguirá escribiéndose. Porque, al fin y al cabo, los grandes nombres pasan, lo que permanece es el pueblo que los hizo posibles. Y mientras ese pueblo conserve la voluntad de recrearse a sí mismo, la Argentina siempre encontrará la manera de volver a parirse. Allí radica toda nuestra esperanza.

Como nos enseñó Francisco; el tiempo es siempre superior al espacio.

Por Lorena Álvarez

A veces, las cadenas de hechos que cambian el rumbo de una situación son lo único que nos hace mantener la fe frente a lo que parece inevitable. Una selección de fútbol, vilipendiada más de una vez por no involucrarse en asuntos internos, logra el gesto político más importante de este tiempo: vuela por encima de la grieta y pone sobre la mesa lo que verdaderamente nos une. Ese gesto, reflejado en una sábana pintada a mano con la frase “las Malvinas son argentinas”, moviliza a otros ciudadanos supuestamente despolitizados. Se comienza a sentir en el aire que existen cosas más importantes que las discusiones de siempre. Al mismo tiempo, artistas que nunca toman postura suben de golpe fotos en contra de la ley de extranjerización de las tierras. Así elevan una argentinidad que venía siendo fustigada desde el exterior en pleno Mundial, a través de una campaña sistemática y hostil de la cual todavía no hay respuesta ni explicación lógica, logrando rescatar el orgullo herido.

Todo esto ocurre mientras el gobierno intenta aprobar una ley clave para unos pocos y perjudicial para la mayoría de los argentinos. Sin embargo, el proyecto se cae y deja un tendal de heridos políticos. El golpe no es solo para el oficialismo; los opositores quedan desdibujados, reducidos a una ridícula murga que camina a contramano de la realidad.

 El detalle crucial es que, en vez de comprender el fastidio, las respuestas fueron desde la manipulación con chicanas (el viejo y querido psicopateo) hasta los retos y reproches. Esto rebalsa el vaso de la paciencia del sector más politizado de la sociedad 

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Dos días antes de que se trate la ley en el Congreso, una senadora del núcleo más duro del sector nacional y popular publica un video para mostrar la presunta insensibilidad del oficialismo al no dejarla votar a distancia. Con 43 años y un embarazo de riesgo, apela a la empatía de un gobierno al que su propio espacio político había acusado de despiadado hasta el hartazgo durante la campaña electoral de medio término, llevada a cabo tan solo un año atrás.

En ese video, la senadora cree que su lugar de víctima alcanzará para que sus bases empiecen a presionar. Pero pasa todo lo contrario. Lejos de armar un revuelo a su favor, esos votantes, que ya arrastran un profundo hartazgo ante el desamparo de la dirigencia, se enojan como nunca con sus representantes. Si bien se entiende perfectamente la delicada situación de la mujer y la sugerencia médica de no viajar, la indignación surge porque sienten que la legisladora debió haberse quedado en el lugar de los hechos y no viajar previamente, evitando así quedar lejos ante una votación tan fundamental. El dato de los doce millones que cobran los senadores ya se sabía, pero en ese momento exacto funciona como el detonante clave para que la sociedad les exija estar a la altura de su responsabilidad.

En medio de esta tensión, la vicepresidenta Victoria Villarruel pasa a consideración el pedido de la senadora. Mientras tanto, el marido de la legisladora, junto con asesores, otros congresistas y militantes férreos, comienzan una feroz disputa en redes sociales contra los votantes rasos que exigen desde su renuncia hasta una licencia médica. El detalle crucial es que, en vez de comprender el fastidio, las respuestas fueron desde la manipulación con chicanas (el viejo y querido psicopateo) hasta los retos y reproches. Esto rebalsa el vaso de la paciencia del sector más politizado de la sociedad. La tensión subió aún más cuando, al llegar la hora de tratar el tema en el recinto, todos votaron a mano alzada en contra de que la senadora partícipe a distancia. El politizado más simple y silvestre llegó a su límite demostrando que no está dispuesto a tolerar más desaires. El pluriempleo, los ingresos que no alcanzan y las vidas desordenadas por una economía rota son motivos más que suficientes para exigirle a la dirigencia que esté, de una vez por todas, a la altura de los acontecimientos.

 Una selección de fútbol, vilipendiada más de una vez por no involucrarse en asuntos internos, logra el gesto político más importante de este tiempo: vuela por encima de la grieta y pone sobre la mesa lo que verdaderamente nos une 

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Fueron días en los cuales las redes sociales ardieron y un insólito aire de “que se vayan todos” se instaló como nunca entre los ciudadanos más politizados. Este fenómeno quizás haya sido el hilo invisible que terminó uniendo al más intenso opositor con el votante común de Milei, ese sector que ya había demostrado su hartazgo sin tantas vueltas en el año 2023.

Ni bien terminó el asunto, la política salió raudamente a defender el logro de haber bajado parte de la ley gracias a acuerdos y roscas varias, haciendo reflotar el nombre de Sergio Massa como sello de garantía de la negociación. Pero las cartas ya están echadas y la distancia que quedó entre los ciudadanos de a pie más politizados y sus líderes es una herida a encarar con rapidez. El 2027 está a la vuelta de la esquina y, como bien dijo en un tuit el sociólogo Mariano Canal, la grieta esta vez es entre salvados y hundidos. En este contexto, ahora ya no son solo los votantes de Milei son los que perciben a la clase política como una casta, sino también aquellos que la bancaron durante años desde la vereda de enfrente. Hoy estos también sienten cómo los dirigentes nunca se ajustan el cinturón mientras los ciudadanos comunes se hunden entre deudas y una vida cada vez más achicada. Hasta soñar ya es un privilegio.

Pero otros derrotados de este affaire también han sido la victimización y la psicopateada. Parece llegar a su fin un tiempo donde ser víctima continua y no hacerse responsable de los errores era la norma. Esto resulta muy interesante, ya que quizás represente el paso adulto de una parte de la sociedad que se dejó manipular para no reclamar cambios, atrapada en el incómodo lugar de tener que definir de qué lado de la mecha se encontraba. Si no votabas a tal opción, se venía la derecha mala; ante el pánico de ese cuco, se forjó una casta a la que nunca se podía criticar. Eran los buenos que, si les decías algo, automáticamente te convertían en el malo, dentro de una época maniquea donde jamás se pensaba en grises.

 En ese video, la senadora cree que su lugar de víctima alcanzará para que sus bases empiecen a presionar. Pero pasa todo lo contrario. Lejos de armar un revuelo a su favor, esos votantes, que ya arrastran un profundo hartazgo ante el desamparo de la dirigencia, se enojan como nunca con sus representantes 

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El video de la senadora quizás haya sido un símbolo y en el futuro sea solo una anécdota menor. Sin embargo, en este presente donde nos enteramos de que el propio Lionel Messi jugó un mundial al límite de su edad física dejando todo, y sabiendo además que su padre se estaba muriendo, se agiganta más la imagen de ese líder silencioso. Aquel que no hace grandes declaraciones para la tribuna, sino que entrega la vida misma en el barro de la cancha, lejos del espectáculo mediático de la palabra. Al final del día, la realidad vuelve a imponer su verdad más sagrada: porque, como ya lo grabó a fuego un viejo líder en la memoria colectiva, mejor que decir es hacer.

https://panamarevista.com/la-rebelion-de-los-politizados

La tierra: madre, hermana y bien común

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas”
(San Francisco de Asís, Cántico de las Criaturas).

Como nos recordó recientemente el Papa León en su encíclica Magnifica
Humanitas: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre
todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos
naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la
vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un
derecho originario al uso de dichos bienes” (MH 65).
Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley
impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional denominado «Ley de Inviolabilidad de
la Propiedad Privada». Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra
tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de
los pueblos de autodeterminarse.
“San Juan Pablo II decía que «Dios ha dado la tierra a todo el género humano
para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a
ninguno». En consecuencia, «no es conforme con el designio de Dios, usar este
don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos»” (MH 65).
Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas,
deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de
extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad
ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes
naturales.

También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata
de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido.
Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para
gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés
comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto
locales como extranjeros.
La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos
recuerda el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’, la tierra es nuestra
hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija.
De ella provienen los alimentos, el agua, las semillas, los paisajes y las múltiples
formas de vida que hacen posible nuestra existencia. Cuidar la tierra es cuidar
la vida.
Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad,
cultura, memoria y futuro. En ella se construyen vínculos, saberes, formas de
trabajo y modos de habitar el mundo que se transmiten de generación en
generación.
Frente a las promesas del crecimiento económico financiero, recordemos lo que
nos dice el Papa León respecto del verdadero desarrollo: “El desarrollo es
humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes,
y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos. La justicia
exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los
pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de
nosotros. Por eso no es humano un desarrollo que aumenta el consumo de
algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras
a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades. El
desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que
promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales
y relacionales, en el respeto a la Casa común, a la diversidad de los pueblos y a
sus modos de vivir” (MH 83).
Otro tema central en la Argentina, vinculado con este proyecto de ley, es el tema
de la vivienda. Muchos no poseen vivienda propia y tienen que alquilar. Es
importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para
tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo
tanto para propietarios como para inquilinos.
Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, pedimos a quienes
intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común
y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares,
poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la
caridad.

Martes, 16 de junio de 2026.