Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

En un Estado democrático moldeado durante décadas por lógicas ajenas al interés nacional—y sostenido por un pacto que consolidó limitaciones estructurales como una herencia intocable de la dictadura genocida liberal, y que perdura en marcos normativos, económicos e institucionales, condicionando nuestro desarrollo sin haber sido plenamente revisados— no resulta extraño que el peronismo, con el paso del tiempo, tienda a diluir su identidad histórica para derivar, por un lado, en una versión más conservadora como resabio del ciclo menemista, o, por otro, en una variante progresista que —aunque impulsó políticas importantes de desarrollo industrial, empleo, consumo y recuperación salarial durante su ciclo— terminó muchas limitada por una mirada predominantemente urbana, cultural, moral y académica, concentrada en debates legítimos pero más vinculados a determinados sectores medios que a la complejidad productiva, territorial y social de las grandes mayorías. Ambas expresiones, por distintas tangentes, fueron perdiendo conexión con los núcleos centrales de la tradición peronista clásica y de la concepción estratégica de Perón sobre la comunidad nacional. 

La profunda crisis existencial que atraviesa la Argentina —expresada en el deterioro económico, la fragmentación social, la pobreza institucionalizada, la dependencia externa y la pérdida de horizonte productivo— no puede explicarse como resultado de las decisiones de una sola figura en particular; hacerlo implicaría reducir un problema histórico a una lectura superficial. Con mayor rigor, debe inscribirse en un proceso de vaciamiento estructural que el país arrastra desde hace medio siglo, impulsado por un bloque de poder antinacional que logró consolidarse, en buena medida, porque las propias fuerzas del campo nacional no avanzaron sobre las bases que lo sostienen. En ese marco, el estado actual del peronismo —atravesado por derrotas electorales, dispersión interna, pérdida de lenguaje y sintonía popular, y desorientación estratégica— tampoco admite explicaciones centradas exclusivamente en responsabilidades individuales. Sería intelectualmente deshonesto atribuir semejante proceso histórico a una sola persona. Pero sería igualmente deshonesto eximir de toda responsabilidad a quien fue dos veces presidenta de la Nación, principal referencia política del campo nacional durante más de una década y conductora indiscutida de una porción sustancial del peronismo; Cristina. 

Cristina como refugio emotivo

La resistencia al desamparo y la función psicológica del líder como refugio emotivo son dos caras de un mismo fenómeno. Cuando un espacio político atraviesa etapas de repliegue, incertidumbre o una notoria pérdida de horizonte estratégico, el liderazgo deja de funcionar únicamente como conducción y pasa a cumplir un papel de contención psicológica y refugio emocional para su propia comunidad de seguidores. Y eso se vuelve todavía más intenso en experiencias políticas que tuvieron una fuerte carga épica, afectiva e identitaria, como ocurrió con el kirchnerismo.

Más allá de la ineludible gravitación histórica, la valoración política a la figura de Cristina y el legítimo amor que despierta en sectores populares, este mecanismo tiene una consecuencia muy concreta; bloquea el diagnóstico racional en los “politizados”. Porque cuestionar su figura no implica solamente revisar una conducción política, sino también quedar expuestos, desprovistos de esa certeza emocional que durante años ordenó su mundo ideológico, dio sentido de pertenencia y funcionó como brújula interior para interpretar la realidad. Sobre todo cuando durante años fueron habituados a sustituir el ejercicio del pensamiento crítico propio por la aceptación casi automática de su palabra y la consigna como criterio último de interpretación política. 

Y allí aparece, muchas veces, la dificultad más profunda. La resistencia a la intemperie y el riesgo de tener que volver a pensar el presente y el futuro sin ese punto de referencia que durante años ordenó el horizonte político y afectivo de amplios sectores. Hablamos de una generación que se formó políticamente durante la década kirchnerista, pero también de muchos militantes provenientes de los años setenta y de generaciones intermedias que encontraron en Cristina una referencia central para interpretar la realidad, organizar su acción política y proyectar expectativas de transformación. Precisamente por eso, la discusión sobre la conducción resulta tan sensible; porque no involucra solamente diagnósticos políticos, sino también identidades, pertenencias, afectos y una parte importante de la biografía militante de varias generaciones. Se entiende que revisar críticamente esa referencia no supone únicamente modificar una posición política; implica, muchas veces, atravesar una verdadera crisis personal. 

Entonces, surge la tentación de buscar respuestas en cada carta, en cada tuit o en cada intervención pública, como si allí estuvieran contenidas las claves de la etapa que viene. Pero, con frecuencia, esos mensajes terminan girando alrededor de un mismo eje: la reivindicación del ciclo pasado, la confirmación retrospectiva de diagnósticos ya formulados y la permanente demostración de que, en algún momento, ella había advertido lo que iba a ocurrir. Una dinámica que, más que ofrecer una estrategia para salir del laberinto, parece orientada a certificar, una y otra vez, que quien señaló el camino equivocado no fue quien conducía, sino quienes no le hicieron caso o no la escucharon lo suficiente. Una conclusión curiosa, porque termina convirtiendo cada fracaso colectivo en una nueva prueba retrospectiva de infalibilidad personal; una forma elegante de preservar intacta la autoridad simbólica allí donde los resultados políticos invitarían, más bien, a revisar críticamente la calidad de la conducción ejercida. 

No merecemos aún todo el odio que nos profesan

Y hay algo que conviene saber; lo único verdaderamente constante en la historia política argentina es que ninguna conducción ni ningún ciclo político permanece indefinidamente, o logra imponerse, si no alteran las estructuras profundas del poder real. Perón fue quien más lejos llegó en ese intento; no por años, sino por profundización. Nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios, poniendo el crédito y la política monetaria bajo conducción estatal; creó el IAPI para monopolizar el comercio exterior y utilizar la renta agroexportadora como palanca de industrialización; recuperó los ferrocarriles, fortaleció YPF, creó Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Agua y Energía Eléctrica y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, impulsó SOMISA y el Plan Siderúrgico Nacional, desarrolló una vasta infraestructura energética, vial y habitacional, expandió derechos laborales y sociales, promovió la participación de los trabajadores en la renta nacional y consolidó al movimiento obrero organizado como actor central del poder político. En definitiva, fue capaz de disputar a las viejas oligarquías terratenientes, financieras, comerciales y a los intereses extranjeros posiciones estratégicas que durante décadas habían controlado el destino económico del país. A ello se sumó la Constitución de 1949, que incorporó los derechos sociales, la función social de la propiedad, la intervención estatal en la economía y la soberanía sobre los recursos estratégicos, dotando de rango constitucional a buena parte de las transformaciones impulsadas por el gobierno. Y aun así no logró completar esa tarea. La reacción fue feroz. Bombardearon Plaza de Mayo, derrocaron a su gobierno, proscribieron al movimiento mayoritario del país durante dieciocho años, persiguieron a sus dirigentes, encarcelaron, torturaron, fusilaron y desaparecieron militantes y sindicalistas y desplegaron una vasta operación de disciplinamiento político y cultural. Castigaron la osadía de haber intentado seriamente construir una Argentina más justa, más soberana y más popular que la que las élites portuarias y tradicionales estaban dispuestas a tolerar. 

Precisamente por eso, confundir el repliegue táctico de esos poderes con su derrota definitiva constituye una de las ingenuidades más costosas que ha cometido el campo nacional en el último tramo de nuestra historia política. La realidad, como casi siempre, terminó siendo bastante menos optimista que los discursos de época que proclamaban haber ingresado en una fase irreversible de la historia argentina. Alcanzó apenas una alternancia política para comprobar cuán intactos permanecían muchos de los resortes fundamentales del poder. El resultado está a la vista. No hace falta buscarlo en los libros; alcanza con caminar la calle. 

Puesto menor. 

Por caso, el “Clarín miente” tuvo su utilidad histórica. Sirvió para correr el velo de neutralidad que durante años protegió a los grandes medios, para poner bajo la luz pública el poder político de Magnetto y para que una parte, sólo una parte de la sociedad comenzara a comprender que detrás de ciertas operaciones mediáticas existían intereses concretos y no simples ejercicios de periodismo independiente. Pero aquello, por sí solo, nunca alcanzó. Señalar una estructura de dominación no implica haberla desplazado. Lo verdaderamente notable es que Clarín sobrevivió fortalecido a gobiernos de signos completamente distintos. Durante la dictadura consolidó, junto a La Nación y el Estado, el control de Papel Prensa. Con la recuperación democrática expandió su influencia sobre el sistema de medios. En los noventa acompañó el proceso de concentración económica y terminó convirtiéndose en un conglomerado multimedia de dimensiones inéditas. Durante el kirchnerismo, aun en medio de una confrontación abierta, preservó buena parte de su estructura de poder y creció. Los gobiernos cambiaron; Clarín siguió allí. 

Un ejemplo sobre el punto, la Justicia. Después de años de movilización política, foros federales, debates académicos, cadenas nacionales y una épica construida alrededor de la democratización de la palabra, alcanzó la firma de un juez llamado Edmundo Carbone y una cadena de resoluciones judiciales para que los artículos centrales de la Ley de Medios quedaran suspendidos durante años. Una historia bastante ilustrativa sobre la diferencia que existe entre señalar al poder y tener la capacidad efectiva de modificarlo. Por eso no alcanza con democratizar la Justicia. El desafío consiste en que deje de ser permeable a los intereses de las minorías privilegiadas y vuelva a reconocer como horizonte los intereses del pueblo y de la Nación. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza; los problemas de la Argentina no se explican únicamente por quién ocupa circunstancialmente la Casa Rosada, sino por la extraordinaria capacidad de supervivencia y adaptación de ciertos factores permanentes de poder. 

Merecer verdaderamente el odio que nos profesan no consiste en acumular discursos encendidos o poner un revólver sobre un escritorio. Consiste en construir una Argentina donde los resortes estratégicos de la economía, el crédito, la energía, el comercio exterior, la información y el desarrollo nacional dejen de estar organizados en función de una minoría privilegiada y pasen a responder a las necesidades de las grandes mayorías. Lo demás —el jetoneo permanente y los editoriales furiosos— muchas veces no pasa de ser una nube de humo que termina funcionando como una forma de compensación simbólica allí donde faltan la decisión política, la acumulación de poder o la capacidad efectiva de avanzar sobre los intereses que verdaderamente organizan la dependencia argentina. 

La historia argentina, en ese sentido, es bastante menos misteriosa de lo que solemos creer. Cada retroceso del campo nacional suele comenzar mucho antes de la derrota electoral, en el momento mismo en que se confunde una administración coyuntural con una transformación histórica real. Por eso, sostener la supuesta “irreversibilidad” de un ciclo relativamente virtuoso sin haber erosionado las bases estructurales del bloque antinacional es, cuanto menos, una forma bastante temeraria de autoengaño histórico. 

La reacción

Y aquí aparece un dato político revelador; la desproporción entre el odio que recibimos y el daño real que efectivamente llegamos a infligirles confirma, en el fondo, que sigue existiendo algo vivo y peligroso para ellos en la memoria política de nuestro pueblo. No reaccionan solamente frente a lo que el peronismo hizo y los perjudicó, sino frente a lo que alguna vez representó y a la posibilidad latente de que un proyecto nacional vuelva a organizar a las grandes mayorías detrás de una idea de Patria socialmente justa, económicamente soberana y políticamente independiente. 

Después de todo, las consecuencias históricas de aquella irrupción popular del 17 de Octubre de 1945 todavía atraviesan la vida política argentina. Porque aquel día no sólo nació un movimiento político; nació también una fractura histórica que las clases dominantes jamás terminaron de perdonar; la decisión de las grandes mayorías de intervenir directamente en el destino de la Nación y disputar espacios de poder que hasta entonces les estaban vedados. Y esa memoria histórica sigue siendo, todavía hoy, el verdadero objeto del odio persistente de las clases dominantes argentinas; las mismas que parecen detestar profundamente al país, a su pueblo, a su cultura y a sus aspiraciones de justicia y dignidad, pero que jamás se resignan a perder el control sobre la riqueza, los recursos y la extraordinaria fecundidad material de esta tierra. 

Un peronismo civilizado

Desde 1955, el objetivo persistente de la Argentina oligárquica fue neutralizar al peronismo como experiencia histórica de organización popular y soberanía nacional. Como mencionamos, primero intentó hacerlo mediante la violencia abierta. Pero con el tiempo, las clases dominantes comprendieron algo más eficaz y mucho menos costoso. No era necesario el contrapunto de destruir al peronismo si podían vaciarlo lentamente de contenido histórico, domesticar su dirigencia e integrarlo como una pieza administrable dentro del orden semicolonial argentino. En definitiva, una a una, ¿cuál es el precio de una voluntad floja de papeles? Generalmente no mucho más que viajes en primera, la seguridad familiar y un palco en el Colón. La mafia rara vez empieza por la violencia. Primero intenta comprarte. Si no puede, busca disciplinarte. Y cuando tampoco lo consigue, procura eliminar el problema. 

Así comenzó un largo proceso de adaptación y esterilización política mediante el cual una parte significativa del peronismo dejó progresivamente de representar un problema estructural para el establishment y pasó, en cambio, a garantizar estabilidad, previsibilidad y contención social dentro de los márgenes aceptables del sistema demoliberal. Desde Menem en adelante, buena parte de esa transformación consistió precisamente en conservar los símbolos en los despachos y algo de la identidad emocional del peronismo mientras se abandonaba, de hecho, su vocación histórica de transformación nacional.

El punto culminante de esa evolución llegó cuando mencionar a Perón en público dejó de ser un activo político para convertirse, según los focus groups, en un problema de imagen. Por estas latitudes, la señal fue particularmente visible en el provincialismo y en buena parte del municipalismo, donde el peronismo comenzó a desprenderse progresivamente de su lenguaje, de sus símbolos y hasta de su propia tradición. El proceso avanzó a tal punto que hoy resulta cada vez más difícil distinguir —salvo hilando muy fino en los matices— entre una gestión radical de perfil progresista y una gestión justicialista obscenamente moderada. Una curiosa forma de modernización doctrinaria; ocultar al fundador del movimiento para mejorar el rendimiento electoral de sus herederos. A partir de entonces se especializaron en una disciplina muy contemporánea, en una forma de ejercer la política casi irreductible; el surf electoral. Ya no se trata de construir conciencia, organizar voluntades ni modificar correlaciones de fuerza, sino de desplazarse elegantemente sobre cada fluctuación de la opinión pública procurando no contrariar demasiado los datos de la última medición. Si ayer las encuestas indicaban entusiasmo por Milei, aparecen de inmediato en bocas de peronistas los discursos sobre la reducción del Estado, el equilibrio fiscal, la macro y la eficiencia del ajuste. Después de todo, para el surfista profesional no existe convicción mayor más que la de permanecer arriba de la tabla. Un síntoma inequívoco de debilidad de carácter y de escasa confianza en la capacidad transformadora de las propias ideas. Pocas cosas describen mejor la decadencia política que ese reemplazo de la convicción por la especulación demoscópica. 

El cordobesismo

En ese sentido, Juan Schiaretti desde Córdoba, expresa quizá una de las formas más acabadas de esa esterilización del peronismo. No aparece como un enemigo frontal del peronismo, sino como su versión completamente adaptada al orden conservador; un peronismo administrativista, gestor, despojado de conflicto histórico, sin horizonte de liberación nacional y cuidadosamente moldeado para resultar previsible y confiable a los principales factores de poder económico de la provincia como la Fundación Mediterránea, los grandes grupos empresarios, los desarrollistas inmobiliarios y el complejo agroexportador. Y si el cordobesismo ha logrado conservar durante tanto tiempo la conducción de la Provincia, conviene no atribuirlo únicamente a sus virtudes electorales o de gestión, que las tiene. También expresa una relación de confianza construida con esos sectores, que encuentran en ese esquema una solvencia política que, a su juicio, difícilmente podría garantizar el radicalismo tradicional cordobés. Vistas las cosas en perspectiva, Cavallo, De la Sota y Schiaretti resultaron bastante más estables que Angeloz y Mestre; porque lograron construir un orden político más compatible con los intereses dominantes de la Córdoba contemporánea y, por eso mismo, mucho más difícil de reemplazar. 

Una concepción que acepta como dato inmodificable la estructura de poder económico existente y que, en consecuencia, administra sus efectos antes que discutir sus causas. Allí el desarrollo deja de pensarse desde el trabajo, la industria y el mercado interno para hacerlo desde la confianza de los grandes grupos económicos y la competitividad exportadora. Desde luego, sería mezquino desconocer que el cordobesismo desarrolló una notable capacidad para construir. A veces con una vocación casi faraónica. La proliferación de rutas, autovías, countries y grandes obras de infraestructura modificó efectivamente buena parte de la geografía provincial. La discusión no pasa por negar el hormigón, sino por preguntarse qué modelo de provincia y qué proyecto de país se edifican debajo de él. Lo cierto es que representan un regionalismo demagógico de buenos modales que preserva intactas las causas del estancamiento nacional.

Y así, la vieja aspiración peronista de construir una Nación socialmente justa, económicamente soberana y políticamente independiente va cediendo lugar a una cultura política mucho más modesta para las nuevas generaciones surgidas del aparato; conservar espacios de gestión, garantizar gobernabilidad y evitar que gobiernen otros.

Nada cambiará con un aviso de curva

Pero sería un error creer que esa tarea de domesticación sólo operó sobre las variantes más conservadoras o administrativistas del peronismo. Las usinas ideológicas del bloque antinacional también demostraron una notable capacidad para influir sobre sectores progresistas del propio campo nacional que se encontraban en los espacios de toma de decisión. No necesariamente para convertirlos en adversarios de sus propias convicciones o aliados políticos de sus intereses, al menos no directamente, sino para desplazar gradualmente el eje de sus preocupaciones, alterar el orden de prioridades del peronismo y fragmentar la agenda política común que históricamente había permitido articular a las grandes mayorías populares. Después de todo, en el esquema de alternancia partidaria, la polarización permanente rara vez perjudica a quienes concentran el poder político y su representación; por el contrario, suele favorecer a los extremos para consolidar identidades cerradas bajo una lógica espejada. Y así llegamos a elecciones de tres tercios y de una porción cada vez más significativa de argentinos que directamente dejó de ir a votar. La fragmentación avanzó tanto que ya ni siquiera alcanza para ordenar el desencanto; pero sí el control de una relativa centralidad. 

De ese modo, discusiones legítimas en sí mismas comenzaron muchas veces a ocupar el centro de la escena política mientras cuestiones estructurales vinculadas al trabajo, la producción, la soberanía económica o la distribución del ingreso perdían centralidad relativa. El resultado fue una creciente dificultad para construir síntesis amplias. Donde antes existía un lenguaje común capaz de integrar diversos sectores detrás de un proyecto nacional, comenzaron a multiplicarse identidades, sensibilidades y demandas cada vez más segmentadas.

La consecuencia política fue evidente. Un peronismo más fragmentado, más propenso a discutir entre sí las diferencias de sus propias tribus que a concentrar energías en la disputa contra los poderes permanentes de la Argentina y a trabajar sobre la persuasión de las mayorías amplias. Porque debilitar a un movimiento nacional no siempre requiere combatirlo de manera frontal; muchas veces alcanza con convencer a cada una de sus partes de que su causa particular es más importante que el destino común y la amalgama que las unía. Mientras tanto, el adversario histórico agradece la colaboración. De eso hablamos cuando hablamos de la omisión del aviso de curva. Tentarse con el queso y terminar cayendo en la trampa suele resultar mucho más fuerte que cualquier señal de advertencia. Nos referimos a la dificultad para reconocer cuándo se altera la jerarquía de los problemas y cuándo lo accesorio comienza a ocupar el lugar de lo principal. Los desvíos históricos rara vez se anuncian con estridencia; suelen producirse lentamente, mientras una fuerza política se aleja, casi sin advertirlo, de las tareas centrales de la causa nacional. 

Por el contrario, cuando una comunidad política acierta en la identificación de sus tareas principales, buena parte de las cuestiones secundarias encuentran resolución por añadidura. El problema comienza cuando se invierte ese orden y lo accesorio pretende organizar aquello que sólo puede ser conducido desde lo esencial. 

No deja de ser significativo, en ese sentido, que uno de los debates culturales más intensos y polarizantes de las últimas décadas —el aborto legal— haya adquirido centralidad parlamentaria justamente durante el gobierno de Mauricio Macri, que habilitó su tratamiento legislativo en 2018 aun manifestando públicamente su posición contraria. Entre esas escenas quedó registrada una particularmente simbólica; la de legisladoras del kirchnerismo fundidas en abrazos y lágrimas con Silvia Lospennato durante la histórica sesión por el aborto legal de 2018. La misma Lospennato que, poco tiempo después, sería una de las voces más activas del macrismo y titular de todos los proyectos parlamentarios de avanzar contra los fueros de Cristina Fernández de Kirchner. 

A veces la historia tiene estas ironías. Mientras algunos celebraban haber encontrado nuevas comunidades de sentido y afinidades emotivas inesperadas, otros seguían allí, tranquilos, observando desde una posición bastante más cómoda cómo el campo nacional consumía energías en sus propias fragmentaciones, desplazaba el foco sobre sus enemigos históricos y convertía las diferencias internas en el centro de la escena. Así, una parte de ese progresismo —formado muchas veces más por marcos teóricos importados que por la tradición histórica nacional, atravesado por cierta sensibilidad culposa de clase media y conducido por una dirigencia que fueron perdiendo de vista la cuestión nacional— terminó desarrollando una notable capacidad para identificar conflictos en la superficie de la sociedad mientras perdía progresivamente sensibilidad para reconocer los mecanismos profundos de dominación económica, cultural y política que organizan la vida argentina. Una paradoja curiosa. Cuanto más sofisticada se volvía su mirada sobre los síntomas, más dificultades parecía encontrar para identificar las causas.

Sospecho que una parte de la deriva que terminó en esta tragedia a la que asistimos comenzó cuando reemplazamos a Scalabrini Ortiz por los libros de Galeano. Pasamos de estudiar quién controlaba los ferrocarriles, los bancos y el comercio exterior a sentirnos muy conmovidos por las injusticias universales. Muchos empezaron a creer que la política era una extensión de la moral. Que los problemas históricos se resolvían distinguiendo entre buenos y malos, virtuosos y pecadores, conscientes e inconscientes. Como si bastara con ocupar el lugar correcto en cada discusión para que la realidad terminara ordenándose sola. 

Continúa en Parte 2

Por Gustavo Matías Terzaga * 

“La Argentina atraviesa una crisis estructural que no es un ciclo más, sino el resultado de un proceso de demolición nacional iniciado el 24 de marzo de 1976, cuando se destruyeron los cimientos de un proyecto industrial soberano y se subordinó la economía al capital financiero internacional”.

El 20 de noviembre de 1845 es una marca ardiente más de la voluntad argentina de no ser colonia. Allí, en las aguas oscuras del Paraná, la Confederación liderada por Juan Manuel de Rosas se enfrentó —en desigual combate— a los cañones de Inglaterra y Francia, las potencias que pretendían quebrar el orden interno e imponer la libre navegación de nuestros ríos para facilitar su penetración económica y su dominio estratégico sobre el continente. Desde la primera detonación hasta el último disparo, la Vuelta de Obligado fue el acto fundante, en clave moderna, del proyecto de soberanía nacional, por el cual un pueblo, la criollada, supo erguirse como sujeto de su propia historia.

Aquella fue una derrota táctica para las armas nacionales, pero una victoria estratégica para la Nación, que al precio de sus muertos obtuvo luego el reconocimiento formal de su soberanía fluvial. Por eso San Martín, desde su exilio, dedicará palabras de gratitud al Restaurador. Y no fue casual que aquella defensa heroica fuera borrada durante décadas por una historiografía oficial, moralmente derrotada. Porque La Vuelta de Obligado no respondía al ordenamiento liberal ni al proyecto agroexportador que, poco después, habría de consolidar a la Argentina en su rol subalterno. Obligado pertenecía y pertenece, en cambio, a esa tradición subterránea y persistente de resistencia que atraviesa el continente desde Bolívar hasta San Martín, desde Artigas y Güemes hasta Perón y los héroes de Malvinas.

Hoy, en pleno siglo XXI, no recordamos la Vuelta de Obligado como un episodio distante, sino como una advertencia vigente. La Argentina atraviesa una crisis estructural que no es un ciclo más, sino el resultado de un proceso de demolición nacional iniciado el 24 de marzo de 1976, cuando se destruyeron los cimientos de un proyecto industrial soberano y se subordinó la economía al capital financiero internacional. Y desde este estado de cosas —que une a Obligado con nuestra hora presente— es que debemos examinar, sin complacencias, el rol del estado, la conciencia popular y el porvenir de nuestras FFAA en el destino nacional.

No hay país soberano sin Fuerzas Armadas

La historia lo demuestra; cuando una nación renuncia a dotarse de instrumentos claros de defensa —militar, industrial, científica— se vuelve presa fácil de los intereses foráneos. Por eso la desatención sistemática de nuestra política de defensa, la degradación presupuestaria de las FFAA y su separación de un proyecto industrial, popular y regionalmente integrado constituye una de las causas fundamentales del derrumbe nacional. Dicho esto, para debatir con seriedad el rol de nuestras Fuerzas Armadas, necesitamos ordenar la discusión:

En primer lugar, es clave conocer con datos concretos el estado actual de la institución: su presupuesto, su equipamiento, su capacidad operativa y su inserción en el sistema de defensa nacional en un país bicontinental.

En segundo lugar, debemos revisar con objetividad su papel histórico —en Argentina y en América Latina— para entender en qué contextos actuaron, qué intereses defendieron y cómo se relacionaron con los distintos proyectos nacionales.

Y, en tercer lugar, es imprescindible definir qué objetivos estratégicos deberían cumplir hoy y en el futuro, considerando tanto los desafíos internos como las tensiones geopolíticas que atraviesan al mundo y condicionan nuestra soberanía nacional.

Los zig zag de nuestra historia

Si queremos comprender el rol de nuestras Fuerzas Armadas, debemos asumir que su historia no es lineal ni puede reducirse a un juicio moral simplista. Su origen, como ocurrió con gran parte de los ejércitos en América Latina, fueron profundamente anti-coloniales y populares; basta recordar al pueblo de Buenos Aires, primero en 1806 y luego en 1807, derrotando al ejército británico y dando nacimiento a una milicia criolla que, con la Revolución de Mayo, se transformaría en brazo militar de la independencia. En aquel momento inicial de nuestra historia patria, el bloqueo impuesto por el poder colonial británico forzó a las milicias criollas a fabricar sus propias armas. Esa necesidad, más que una carencia, fue un motor para el futuro desarrollo de una vocación industrialista nacional, que fue uniendo la defensa militar con la capacidad productiva propia.

Pero esa tradición emancipadora no se extinguió ahí. En las primeras décadas del siglo XX, surgió una generación de militares que vinculó la defensa nacional con la construcción de una economía soberana e industrial. El general Enrique Mosconi impulsó YPF como empresa estatal de petróleo en 1922; el general Manuel Savio concibió la industria siderúrgica nacional y fue el principal arquitecto de SOMISA en 1947; el brigadier Juan Ignacio San Martín promovió la creación de la Fábrica Militar de Aviones y la aeronáutica nacional entre 1944 y 1952. Esta línea encontraba su continuidad en la idea que sistematizaría el propio Juan Domingo Perón: no hay soberanía sin defensa y sin industria nacional.

Pero ese proyecto militar, soberano y popular fue rápidamente advertido por los centros angloamericanos desde sus Embajadas en nuestro país. Desde el derrocamiento de Perón en 1955, el Ejército argentino fue intervenido doctrinariamente. En 1957, bajo la dictadura de Aramburu, ingresan al país asesores militares franceses, veteranos de la guerra de Argelia, que enseñan la “guerra contrainsurgente”: Ya no se trata de defender al país de potencias extranjeras ni de custodiar el interés nacional, sino de perseguir al “enemigo interno”. Desde el Plan Conintes en 1960 hasta el genocidio del 24 de marzo de 1976, esta doctrina se consolidó como política de Estado en manos liberales, quebrando aquella tradición originalmente antiimperialista, industrialista y popular que había dado origen a nuestro Ejército. La caída del gobierno peronista en 1955 interrumpió un proceso histórico de construcción estatal y modernización que llevaba más de siete décadas en marcha. Ese ciclo, con avances y contradicciones, había comenzado con el roquismo en 1880, y alcanzó su expresión más alta entre 1945 y 1955, cuando la Argentina logró los mayores niveles de soberanía política, económica, territorial e industrial de toda su historia.

Es importante subrayar: la consolidación del Estado argentino no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia deliberada de construcción nacional. Con Julio Argentino Roca y la Generación del ’80 se establecieron los pilares de un Estado moderno mediante la organización profesional del Ejército Nacional, la integración territorial efectiva, la expansión ferroviaria con más de 5.000 kilómetros de vías que unieron Buenos Aires con el interior, la construcción del Puerto de Buenos Aires, la creación del Puerto Belgrano y la instalación de la Armada más poderosa de Sudamérica en aquel momento, entre tantas otras acciones soberanas.

Un prisma para ver nuestra historia

La historia no puede leerse como un cuadro de doble entrada que divide a los protagonistas entre héroes y villanos según la comodidad ideológica del presente. La eliminación arbitraria de figuras y procesos que incomodan al relato dominante —sobre todo cuando se busca “desmilitarizar” la historia— rompe el hilo que explica la continuidad del proceso histórico. Sin una visión de conjunto y de largo plazo, el pasado se fragmenta en episodios inconexos, sin contexto ni sentido, incapaces de explicar el presente.

Bien, por un lado, encontramos figuras profundamente antinacionales y alineadas con intereses extranjeros; Alvear, Rondeau, Bartolomé Mitre, Agustín P. Justo, Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Emilio Massera y Jorge Rafael Videla. Todos ellos, en distintos momentos, actuaron como instrumentos de proyectos políticos subordinados, ya sea al interés británico en el siglo XIX o al norteamericano durante la Guerra Fría.

Pero sería injusto desconocer que también surgieron, de la misma matriz militar, grandes constructores de soberanía; José de San Martín, el Libertador de América; Julio Argentino Roca, impulsor de la organización territorial y la expansión del Estado nacional; el general Manuel Savio, arquitecto de la industria siderúrgica; el general Enrique Mosconi, fundador de YPF; el brigadier Juan Ignacio San Martín, padre de la aeronáutica nacional; el general Hernán Pujato, pionero de la presencia argentina en la Antártida; el general Víctor Luis Vicat, referente del desarrollo industrial militar; y el mismísimo Juan Domingo Perón.

La lección es clara. Ni buenas ni malas en esencia, las Fuerzas Armadas han sido siempre expresión de la disputa política interna de un país inconcluso e históricamente en pugna. Su orientación y su rol depende de las correlaciones de fuerza en cada etapa histórica, y del proyecto de país que se proponga dominar —o emancipar— a la Nación.

Obstáculos estructurales para una política de defensa

En primer lugar, persiste en nuestro país una visión negativa sobre las Fuerzas Armadas, originada en gran medida por su participación en los golpes de Estado de 1955, 1966 y especialmente en la dictadura cívico-militar de 1976. Esta experiencia traumática de nuestra historia política reciente dejó en la sociedad argentina una herida profunda y una desconfianza generalizada hacia la institución militar. Pero seamos claros; no hubo “pata civil” cómplice de la dictadura militar, hubo conducción civil del golpe. El establishment económico no fue un acompañante secundario, fue el centro del plan —su motor, su diseño y su beneficiario. Que no se lo haya juzgado fue la señal más clara de que la transición democrática pactó con los intereses del poder real.

La segunda cuestión que limita la posibilidad de contar con FFAA integradas a un verdadero proyecto nacional de defensa es el proceso de desmalvinización iniciado en 1982. Lejos de tratarse de un fenómeno discursivo aislado, la desmalvinización es parte de una política más amplia de entrega de soberanía – no sólo territorial, sino económica, científica, productiva y cultural. Este proceso se desplegó mediante cinco ejes articulados: la desmilitarización, la desindustrialización, el cientificidio, la desculturización y el despoblamiento, todos ellos presentes en cada ciclo de restauración conservadora y neoliberal desde la recuperación de la democracia. Lo que comúnmente llamamos “la entrega y el vaciamiento”.

La experiencia de Malvinas generó dentro de las propias FFAA un núcleo nacionalista nuevo, producto del combate real contra la nación Británica y del contacto directo con el acompañamiento popular, entre otras cosas. Alfonsín decidió ignorarlo; eligió recomponer la relación con el viejo ejército liberal antes que promover una conducción militar con orientación nacional. Ascendió a quienes debía apartar y relegó a quienes podían renovar la institución en clave soberana. No sorprende, el radicalismo había acompañado los golpes de 1955 y 1976, y se benefició políticamente de ellos. Así, mientras desmalvinizaba y apagaba cualquier germen de renovación nacional en las FFAA, su gobierno consolidaba las bases económicas de la dependencia. Así, los verdaderos responsables del proyecto dictatorial que llevó al país al desastre no solo quedaron impunes, quedaron fortalecidos. Acordar con Alfonsín era tolerable para los poderes fácticos, en la medida en que no se pusiera en cuestión el modelo de valorización financiera, desindustrialización y extranjerización del aparato productivo que la dictadura había instaurado con sangre. Lo que debía quedar intacto no era sólo el poder económico, sino también el relato que le quitara responsabilidad. Y allí está, vivita y coleando, la ley de Entidades Financieras que estructura el andamiaje de la dependencia económica.

Así las cosas, la democracia argentina, nacida en 1983, cometió un error fundacional: colocó en el centro del horror a los ejecutores -los militares-, pero dejó fuera del banquillo a los verdaderos arquitectos del terror; los grupos económicos y financieros que diseñaron y capitalizaron la dictadura. En nombre de la unidad nacional, se narró el pasado reciente como una tragedia puramente militar, como si el terrorismo de Estado hubiese sido una anomalía del orden institucional y no la fase más violenta del proyecto económico que aún nos somete a diario. No porque no hubiera que juzgar a los genocidas —eso es una conquista irrenunciable— sino porque, al reducir el conflicto a los métodos y no al proyecto de fondo, dejamos en pie la estructura económica que hizo posible el terrorismo de Estado. Esa incomprensión histórica explica, en buena medida, que hoy sean los mismos intereses que impulsaron el golpe del ’76 y los que nos vencieron en Malvinas, los que vuelven a gobernar la Argentina.

La prueba más evidente está a la vista. El presidente Javier Milei exhibe una admiración reverencial por Margaret Thatcher, la misma dirigente que ordenó matar a argentinos en Malvinas y profundizó la ocupación británica en el Atlántico Sur. Esto no es un desliz retórico, es una definición política. Identificarse con quienes agredieron al país expresa con claridad el alineamiento ideológico del actual gobierno. A ello se suma el injerencismo abierto de los Estados Unidos y sus consecuencias directas: una pérdida brutal de soberanía política, económica y militar. Cada concesión, cada acuerdo impuesto, cada préstamo y cada alineamiento automático reduce aún más la capacidad del país de decidir su propio rumbo y profundiza una dependencia que ya no se disimula ni se discute.

La subjetividad invadida

Respecto al sentido histórico de Malvinas, el análisis predominante en los sectores del progresismo académico comete un error fundamental: juzga la legitimidad de una causa nacional según quién la condujo, y no según su naturaleza histórica y su fuerza intrínseca. Esa lógica lleva a afirmar que, como la guerra fue emprendida por una dictadura, entonces fue ilegítima. Pero la historia no funciona así. Las causas que representan una verdad nacional, como lo fue la recuperación de Malvinas, pueden trascender a los sujetos circunstanciales que las ejecutan. Sin embargo, la guerra de 1982 fue, en su naturaleza política y material, la negación del paradigma económico y cultural impuesto por la dictadura. Fue un gesto de recuperación, no de sumisión. Y el pueblo llano y el movimiento obrero organizado entendieron en la calle aquella contradicción. La dictadura que hasta entonces había reprimido, privatizado, endeudado y extranjerizado el país, debió enfrentarse súbitamente a una empresa histórica que escapaba a su lógica: la recuperación de un territorio usurpado por el imperialismo británico.

Desde el regreso de la democracia, la clase dirigente, la academia y la historia oficial optaron por reducir la Guerra de Malvinas a un acto irracional de una dictadura agonizante, invisibilizando la dimensión histórica, social, cultural, comercial, geográfica y geopolítica del conflicto. Así se construyó una memoria incompleta y minusvalidante de la gesta.

Falsas banderas

En este esquema, cada restauración conservadora que llegó al gobierno —de Macri a Milei, con Patricia Bullrich como constante operadora de esa lógica— no hizo más que profundizar esta estrategia de subordinación y desmantelamiento de la defensa nacional. Mientras se ajustan presupuestos, se hambrea al pueblo y se desmantela la capacidad productiva nacional, se desvía la función de las FF AA asignándoles un rol policial propio de las fuerzas de seguridad. Esa reconfiguración, presentada como necesaria para “combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, responde a la falsa bandera promovida por los Estados Unidos en toda la región. Bajo esa excusa, se habilita la intervención militar en asuntos de seguridad interior y se legitima la injerencia extranjera en la definición de nuestras políticas de defensa. Esta estrategia —incompatible con cualquier proyecto serio de defensa nacional— es parte del esquema de la política hemisférica de EEUU; convertir a los ejércitos de las periferias en instrumentos de control social y satélites operativos del Comando Sur, en lugar de guardianes de la integridad territorial y del interés soberano. Así, la subordinación económica al capital financiero global encuentra su correlato militar en una doctrina de seguridad que impide a nuestras Fuerzas Armadas cumplir su misión histórica.

El tercer aspecto que impide la construcción de una auténtica política de Defensa se vincula directamente con nuestra condición de país dependiente. La Argentina lleva décadas sumida en un ciclo regresivo, marcado por la destrucción deliberada de su tejido industrial y la creciente extranjerización y concentración de su aparato productivo. En este marco, el endeudamiento con El Tesoro de los EEUU y el Fondo Monetario Internacional —que funciona como brazo disciplinador del imperialismo financiero occidental— ha colocado al país en una situación de mínima autonomía y, por ende, de menor soberanía real. La ecuación es simple: sin capacidad de decisión económica independiente, no hay política de defensa posible. La colonialidad no se ejerce sólo sobre el territorio físico; también opera sobre la economía, la cultura, los marcos normativos y jurídicos y la conciencia nacional. Así se define un nuevo tipo de sometimiento; control territorial directo, indirecto y dominación material a través de la deuda. En otras palabras, esto es lo que significa perder soberanía en la fase contemporánea de lo que puede llamarse sin ambigüedades una guerra total del colonialismo anglosajón contra la autonomía de nuestros pueblos.

Una operación cultural eficaz

Una de las jugadas más efectivas del bloque oligárquico fue imponer la mentira de que memoria democrática y defensa nacional son causas incompatibles. Lograron enfrentar simbólicamente al 24 de marzo con el 2 de abril, como si Derechos Humanos y soberanía fueran banderas opuestas. Esa operación cultural instaló la idea absurda de que la defensa del territorio y de las capacidades estratégicas del Estado es un asunto de “milicos” y, por lo tanto, incompatible con la democracia. El resultado fue el vaciamiento de contenido político y estratégico de la causa Malvinas. Y aquí radica el verdadero problema. Una democracia sin Fuerzas Armadas profesionales, equipadas y orientadas al interés nacional no es una democracia más pura, es una democracia más vulnerable. No existe Estado de derecho que pueda sostenerse sin los instrumentos materiales necesarios para proteger su territorio, sus recursos y sus instituciones frente a cualquier agresión externa.

Y las Fuerzas Armadas no son iguales en todos los países. No cumplen el mismo papel en las naciones que ya consolidaron su soberanía que en aquellas que aún luchan cada metro por completarla. En la defensa nacional no se juega solo el destino de las Fuerzas Armadas como institución, interviene toda la Nación. Participan sus habitantes, sus recursos naturales, su capacidad productiva, su infraestructura, sus universidades, sus comunicaciones, su tecnología, sus industrias y su sistema científico. Todas las energías y capacidades de un país están llamadas a integrarse en una estrategia común. Por esto mismo se las desarticula, por derecha y por izquierda.

Por eso, aquí, el antimilitarismo abstracto no nace de los golpes de Estado del siglo XX —donde las cúpulas militares traicionaron su misión constitucional y sirvieron a la oligarquía local y a las Embajadas de las potencias de Occidente— sino de un hecho mucho más profundo: el temor histórico de las elites antinacionales al encuentro entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Cada vez que ese vínculo se concretó —en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en los ejércitos populares de la independencia latinoamericana, en la batalla de La Vuelta de Obligado, en la política territorial de Roca, en Mosconi y en Savio, en el Ejército del Pueblo de Perón, y finalmente en Malvinas— surgió el cultivo de un proyecto nacional con capacidad real de emancipación. Es ese cruce, no el trauma de las dictaduras, lo que el poder teme, y que encuentra en la tribuna progresista su mayor dinamizador para impedirlo, a pura división.

Toda esta problemática —propia de un país periférico y semicolonial— se sostiene por una incapacidad política persistente; la de asumir y explicar con honestidad las razones de nuestra grieta histórica. Esa grieta expresa un dilema estructural que atraviesa a la sociedad argentina desde hace más de un siglo. O bien seguimos siendo un apéndice de los poderes de turno, furgón de cola del atlantismo, administrados como una colonia pensada para los intereses transnacionales y el capital financiero; o asumimos de una vez la tarea de construir un proyecto de emancipación nacional que convoque a las Fuerzas Armadas a su función esencial: custodiar el interés nacional. Esto implica, además, comprender a la defensa como un área estratégica del Estado, capaz de aportar a la inserción soberana de la Argentina en el mundo multipolar y de impulsar el desarrollo científico, tecnológico e industrial que un país libre necesita para existir.

Estamos todavía lejos de alcanzar ese horizonte. Pero al menos podemos dar un primer paso; construir un diagnóstico honesto y una idea fuerza capaz de desmontar el prejuicio que nos impide pensar la defensa nacional sin culpa ni caricaturas ideológicas. Solo recuperando esa claridad podremos empezar a reconstruir una mirada propia, en clave nacional, sin tutelas externas ni simplificaciones que nos condenen a la indefensión total creyendo que así estamos “seguros”.

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* Terzaga es abogado. Presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ‘Arturo Jauretche’ de la Ciudad de Río Cuarto.

De la Vuelta de Obligado a Malvinas: claves para la recuperación de una política de defensa soberana

Luego que se produjo la reforma laboral de 2017 en Brasil, los trabajadores y las organizaciones sindicales hablaron de una “deforma laboral”. Casi con un espíritu similar, la actual reforma laboral, que se presenta para Argentina, pretende llevar adelante la demolición del derecho del trabajo en términos individuales y colectivos. Impulsa su desaparición y olvido y, para ello, busca desconfigurar la legislación social. De nuestra parte, queremos en estas líneas contribuir a recordar e internalizar que, los derechos laborales, en verdad, sirvieron para mejorar la vida de millones de hombres y mujeres; contribuyeron a la industrialización e, hicieron crecer la economía nacional con distribución de la riqueza. Postulamos entonces su reconstrucción, no su destrucción. En primer término, y siempre es necesario hacer memoria; no olvidemos que, la raíz de las actuales crisis fueron los modelos -desindustrializadores- que se impusieron en Argentina en 1976, y en la década de 1990. A ello se agregó -por parte de los gobiernos liberales (e inclusive desde algunos progresismos)- implícitas desatenciones, y hasta ciertos menosprecios, hacia el mal denominado, trabajo tradicional. Se fueron dando, por las crisis, pero también por miradas particulares; un cúmulo de heterogeneidades laborales que, padecieron, pero abonaron el debilitamiento y la desprotección de aquel trabajo tradicional. Así, fuimos llegando a elevados porcentajes de trabajo no registrado, deficientemente registrado y fraudulentamente registrado. No han sido “los derechos laborales” los que pusieron en crisis al derecho del trabajo y la seguridad social. Fue y sigue siendo, aunque no se lo debata lo suficiente, el hecho que la Argentina se viene desindustrializando cada vez más. La crisis que padecemos es más, por la carencia de industria y derechos laborales, que por lo que se pretende continuar modificando, con otra “deforma laboral”. Vale recordar que, a un año y cuatro meses de su entrada en vigor, la denominada Ley Bases, no hace otra cosa que evidenciar que, estas “deformas” no logran revertir ni la destrucción de puestos de trabajo ni el cierre de empresas; en especial, con relación a las pymes. Con la Ley Bases, la situación laboral no ha mejorado, ha empeorado: aumentó la desocupación, aumentó el trabajo no registrado, y aumentó la precarización laboral. Sin embargo, y a pesar de tales resultados, se continua en un sendero de recorte derechos, tanto a las y los trabajadores, como a sus organizaciones representativas. No es sino la continuidad del quiebre del modelo de relaciones laborales protectorio. No se busca otra cosa que eliminarlo o adaptarlo, en sintonía con el modelo de país que expresa Milei. Para destruir no solo el Estado, sino desarticular cualquier forma de organización de la sociedad y, finalmente, de la Nación. Logre o no la totalidad de sus objetivos; si replicará el incremento de efectos perniciosos; en términos sociales, laborales y económicos. En síntesis, políticos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en realidad la “deforma laboral” de la que hablamos no es sino la adaptación, en términos laborales, a un modelo de país que, caracterizamos de primarización, extractivismo y financiarización. En ese modelo, en términos tanto prácticos como geopolíticos, no tiene lugar la industria para la Argentina; menos entonces, la justicia social. Recordemos que, el derecho del trabajo es hijo de la industrialización, y las consecuentes luchas por una distribución democratizadora. Así, será la acción de las organizaciones sindicales por más de 150 años, desde el siglo XVIII hasta fines del siglo XIX; la que decantará en el surgimiento de lo que hoy conocemos como derecho del trabajo y de la seguridad social. Estas organizaciones, más allá de las propias limitaciones y dificultades que se quieran señalar o atribuir, vienen siendo objeto de un sistemático debilitamiento, desde la crisis del petróleo de 1973, en el escenario de la globalización económica neoliberal (obviamente, también en Argentina). Especialmente, con el triunfo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en el Reino Unido y Estados Unidos, en 1979 y 1980, respectivamente. Podríamos entrar en detalles sobre el contenido de esta “deforma”; sin embargo, más allá de las cuestiones técnicas puntuales, priorizamos enmarcarla desde un enfoque crítico tutelar de las relaciones del trabajo. En tal sentido, buscamos ponerla en contexto, y evidenciar los intereses en juego que, inexorablemente, reflejan ganadores y perdedores. Los primeros son más difusos, aunque convengamos, menos numerosos. Los segundos, son las y los trabajadores. Se actúa desconociendo -con procederes flexibilizadores desprotectorios como el de esta reforma-, el rol que, históricamente, ha cumplido y puede seguir cumpliendo el derecho del trabajo para: encauzar la siempre subyacente conflictividad social, lograr la paz social, y alcanzar la justicia social. En tal sentido, no se olvide que el derecho del trabajo se desarrolla dentro del sistema capitalista. No fue concebido para abolirlo sino para garantizar la dignidad humana. Sin embargo, si la actual y transformada lógica del sistema capitalista busca demolerlo; la conflictividad, más tarde o más temprano, se evidenciará en los ambientes laborales o fuera de ellos. El derecho del trabajo ha sido estructurado en Argentina, para gestionar, administrar y encauzar el conflicto. En dicha inteligencia, no adherimos a posturas, como las que hoy prevalecen (configurando una hegemonía deslaboralizadora), en cuanto entienden que, es el capital el único que genera riqueza y, con ello ordena, sin importar como. Más concretamente, lo hacen quienes lo detentan en forma concentrada. Tampoco compartimos los temperamentos que consideran que el trabajo es otro excluyente factor, paradójicamente, en términos de la misma raíz teórica del valor, aunque con posteriores y antagónicos desarrollos. De nuestra parte, creemos en la necesidad de: compatibilizar trabajo y capital; reflexionar en términos de desarrollo humano integral, y encauzar las relaciones laborales en beneficio común. De lo contrario, cada vez más se evidenciarán dos escenarios posibles. Uno, el de la continuidad de un permanente modelo precarizador laboral y social; que explicitamos como de “republiqueta bananera”. Otro, el de potenciación de confrontaciones socio-económicaslaborales que, amenacen con oscuras nubes el horizonte de convivencia nacional. Creemos entonces que el debate debería pasar por la redefinición del modelo de desarrollo, en vista de alcanzar un proyecto de país; mejor aún, de Nación. Y ese modelo de desarrollo debe ser para una industrialización con justicia social; para concretar un proyecto de Nación que refleje una Comunidad de pasado presente y futuro; en la que podamos encontrarnos, convivir y crecer. Caso contrario, solo reinaría la incertidumbre; no solo en el mundo del trabajo sino también en torno al equilibrio que debería regir la coexistencia de un país civilizado. La Nación Argentina no debe ser transformada en un sistema feudal con siervos de la gleba. No podemos seguir poniendo en crisis todos los significantes. Deben encadenarse para contribuir a una configuración institucional armónica, en la que ya no alcanza con incluir; sino que es menester integrar para el desarrollo humano. Argentina, 3 de noviembre de 2025.