¿Y después qué?: El desafío del mundo del trabajo en la Argentina de la postpandemia

por Oscar Cuartango y Raul Ferrara

La agenda mundial del trabajo estuvo atravesada los últimos años y hasta hace apenas unas semanas por los desafíos de la denominada Cuarta Revolución Industrial y el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones de trabajo y en el empleo. El denominado Futuro del Trabajo ocupaba todos los foros internacionales de debate y análisis tanto de estados como de actores políticos, trabajadores, empleadores y especialistas del mundo académico.

En nuestro país la discusión se centró entre quienes sostenían la necesidad de una reforma laboral que reeditara fórmulas flexibilizadoras de los años 90 -posición que quedó plasmada en varios olvidables proyectos legislativos- y quienes sostuvimos que era impensado en el siglo XXI reeditar discusiones de principios del siglo XX, como la garantía de salario mínimo, límite de jornada y descansos. Todos reconocíamos la problemática del empleo en esta fase del sistema de producción capitalista, pero proponíamos soluciones distintas: Economía al servicio del ser humano o ser humano al servicio de la economía.

La crisis sanitaria mundial cambió la agenda de prioridades y parecería, a primera vista, que aquellas discusiones ya pertenecen a un pasado prehistórico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas estima que la economía global cerrará un 2020 con un fuerte impacto, en el orden del 2% de caída del PBI mundial y que en la región se producirá la mayor contracción de la actividad económica en la historia: caerá -5,3% este año. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sostenido categóricamente que esta “es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial”.

Esos indicadores no hacen más que profundizar un panorama de incertidumbre general sobre como impactarán en el empleo. La evaluación de las acciones de los gobiernos durante la pandemia ya ha sido objeto de múltiples análisis, destacándose el de nuestro país por haber fijado políticas de protección de los trabajadores, a partir del análisis objetivo las cinco demandas de mayor impacto: baja remunerada por enfermedad, ayudas salariales y financieras a autónomos, moratorias para pago de créditos, alquileres o hipotecas y, además de sanidad gratuita.

Las medidas defensivas adoptadas rápidamente por el gobierno -efectivas para la coyuntura- no resuelven, sin embargo, la problemática preexistente a la pandemia. La post pandemia deberá retomar aquella agenda, agravada sin dudas por el fenómeno sanitario y con nuevas problemáticas propias de los nuevos escenarios que dejará la marea del Coronavirus al retirarse:

¿Será el teletrabajo en el sector servicios la estrella emergente de la post pandemia?; el potencial crecimiento del teletrabajo ¿tendrá algún efecto de “desurbanización” a mediano o largo plazo?, si así fuera: ¿Habrá que repensar la logística, el transporte y las obras de infraestructura?, ¿Contamos con infraestructura y servicios de seguridad informática para migrar masivamente al teletrabajo?, ¿Estamos preparados para ser teletrabajadores o empleadores de teletrabajadores?, ¿La forzosa incorporación masiva de hábitos de consumo remoto afectará negativamente formatos de empleo tradicional?, ¿Cuál será el rol del estado en ese potencial nuevo esquema de relaciones laborales y cuál el de los sindicatos y las empresas?, ¿Se seguirá promoviendo el emprendedurismo y la meritocracia como la base de los procesos productivos del futuro?

Seguramente podríamos seguir con interrogantes hasta el infinito y ello refleja en gran medido el estado de incertidumbre en que vivimos la pandemia. Pero lo cierto es que a medida que pensemos esas y otras preguntas, vamos a transitar el camino en la búsqueda de respuestas que irá disipando ese estado.

Lo que sin dudas se ha debilitado es la posición de los sectores que propiciaban un estado como mero observador de un mercado de trabajo desregulado, pues es incuestionable que de no haber mediado una fuerte intervención estatal seguramente las consecuencias de la pandemia sobre el empleo serian devastadoras.

El desafío de la post pandemia será entonces multidimensional.

Por un lado, mantener o incluso recuperar o mejorar los niveles de empleo prepandémicos y fijar políticas diferenciales y por sector de actividad que permitan incorporar al mercado de trabajo a trabajadores y trabajadoras no solo por la expansión de la economía sino por la ampliación de aptitudes y conocimiento que aumenten su calificación y, con ello, su empleabilidad. Mientras tanto, seguramente sea necesario acompañar ese proceso con herramientas de la seguridad social extendidas que garanticen a esos trabajadores y trabajadores un piso de derechos.

Por otro, sostener todo lo que sea posible el nivel de ingresos en términos reales de asalariados y cuentapropistas, con un especial esfuerzo en la primer etapa post pandemia, para lo cual también será necesaria la utilización extendida de herramientas de la seguridad social junto con el dialogo social institucionalizado.

Asimismo, las nuevas problemáticas seguramente requieran marcos regulatorios especiales que impidan que la extensión o masificación del teletrabajo redunde en una nueva forma de explotación laboral por falta de regulaciones, imposibilidad de ejercer controles adecuados e incluso por la falta de sindicalización derivada de la atomización de los trabajadores.

Otra arista del problema será el aceleramiento del proceso de modificación de los hábitos de consumo de servicios por medios tecnológicos y las transiciones que se darán en esos sectores. Ello requerirá renovar el debate sobre los marcos regulatorios de la economía de plataformas, sin caer en el facilismo de denominarlo emprendedurismo y a sus trabajadores “autónomos”, lo que no es otra cosa que liberar el trabajo humano a las leyes del mercado como una mercancía. Nuevos sectores de la sociedad que presentaban resistencias al uso de tecnologías en sus hábitos de uso y consumo los han incorporado e internalizado y parece difícil que al finalizar la pandemia retomen las formas tradicionales. La real dimensión del impacto en el empleo se verá una vez que se normalice la actividad, pero queda claro que algunos puestos de trabajo serán especialmente afectados y por ello será necesario en algunos casos acompañar transiciones formativas de sus trabajadores y trabajadoras, y en otros recurrir a nuevas herramientas de la seguridad social.

Vemos en definitiva que aquella antinomia que hoy -en medio de la pandemia- nos parece prehistórica será revitalizada y dependiendo de cual sea la mirada que tengamos serán las soluciones que se propongan. El aprendizaje que nos debería dejar el paso del COVID-19 es la necesidad de discutir mecanismos que pongan límites efectivos a la concentración infinita de la riqueza que redunda en exclusión social.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

La emergencia económica y financiera de la Ciudad.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó a la Legislatura porteña un proyecto de ley de emergencia económica y financiera que abrió un amplio debate entre las fuerzas políticas de la ciudad, especialmente en cuanto a la modificación de la distribución del gasto en cuanto a programas, la revision de compras y contrataciones y la posibilidad de escalonar o diferir el pago de salarios. La emergencia deja al descubierto el orden de prioridades de la gestión.

En el mismo artículo 1 del proyecto, el gobierno declara en emergencia la situación económica y financiera de la ciudad hasta el 31 de diciembre del presente año y luego aclara su aplicación a todos los poderes del estado, incluyendo a las comunas, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y las sociedades con participación estatal mayoritaria; siempre de la ciudad por supuesto.

En concreto, el poder ejecutivo propone modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto hasta el 5 % del total del presupuesto asignado a cada órgano, autorizando al ejecutivo incluso a incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital, para reforzar las acciones inherentes a la emergencia sanitaria. Pudiendo incluso suspender y/o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas; quedando solo expresamente excluidos de esta emergencia los programas que tengan dentro de sus objetivos el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas.

Lo cierto es que resulta tan amplia la capacidad del ejecutivo de redistribuir el presupuesto, que no parece estar en claro cuales son los programas sobre los cuales tiene puesta la vista para efectuar el redireccionamiento, lo cual puede ser peligroso si proyectamos el escenario postpandemia.

Pensemos que el proyecto declara la emergencia hasta el 31 de diciembre, por lo que la redirección presupuestaria puede significar que de aquí a fin de año queden reducidos a cero programas enteros que luego de la crisis coyuntural, puedan ser necesarios para ejecutar; mucho mas considerando que no esta claro en lo inmediato el tiempo que conllevará el tratamiento sanitario del coronavirus y ni siquiera la continuidad del aislamiento.

En este punto entiendo que el ejecutivo debería ser muchísimo mas preciso en determinar aquellos programas sobre los que podría aplicar la propuesta; como así también debería considerar los ahorros presupuestarios producidos consecuencia del aislamiento y la detección económica.

Sí comparto, lo previsto en el capitulo IV en cuanto a la revisión de los procesos, incluso aquellos que se encuentren en trámite, referentes a compras y contrataciones de bienes, suministros, obra pública, de concesiones y de permisos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta propuesta.

Ello implica revisar los cánones que hoy la ciudad abona por servicios, incluso alguno de ellos que se encuentran suspendidos en su ejecución o a proveedores por bienes o suministros que pueden evitarse en el marco de la emergencia, aun teniendo contratos en curso. Tambien esto podría ser una oportunidad, para evitar el gasto de concesión del servicio de subterráneos de buenos aires, asumiendo el estado porteño la administración y operación del servicio.

Diferente es el criterio a tener en cuenta con relación a las contrataciones de servicios, entre las cuales se pueden considerar las prestaciones del personal “contratado” en la administración central o descentralizada, puesto que esta incorporación, sin salvedad alguna, puede incluirlos dentro del paquete de revision.

Con relación a las facultades que solicita el poder ejecutivo en materia de regulación de ingresos tributarios; vuelvo sobre lo planteado en el epígrafe de esta opinion, considerando que las propuestas realizadas van dirigidas a favor de los contribuyentes con capacidad de pago de los tributos empadronados, a quienes se les propone un descuento por el pago anticipado de las cuotas con vencimiento en el segundo semestre del período fiscal 2020; pero no están dirigidos a quienes como consecuencia de la retracción económica producida en virtud del aislamiento, se encuentran dificultados en abonar esas tasas fiscales.

Esta bien que se habilite la posibilidad de adelantar el pago de las cuotas a vencer, podría ser una alternativa para los contribuyentes que lo puedan abonar de manera anticipada evitándose futuros aumentos en virtud de la evolución inflacionaria una vez vuelta a la normalidad; pero sería mas adecuado plantear, que mientras dure el aislamiento social obligatorio y sectores productivos se encuentren paralizados, se congelen los aumentos previstos en el presupuesto 2020 para estos gravámenes; de manera que aquellos que se encuentran con el agua al cuello por la inactividad tengan posibilidad de abonarlos.

Lo mismo ocurre con el anticipo tributario extraordinario de los Ingresos Brutos; el cual, en este caso, puede resultar una solución o alternativa a los sectores empresariales mas importantes, pero no se trata de un beneficio para el pequeño comerciante o Pyme sin actividad que no va a estar en condiciones económicas de anticipar períodos para el ejercicio 2021.

En este último caso, siendo una propuesta que favorece a las empresas mas importantes, y mas alla de ser una alternativa de recaudación fiscal en medio de esta crisis para la ciudad; podría plantearse que las empresas que se adhieran se comprometan a no presentarse en procedimiento de crisis durante este período y a no suspender personal o reducirles el salario salvo acuerdo paritario específico.

Fuera de estas disquisiones, comparto lo previsto en el artículo 10 del proyecto en relación a las medidas cautelares y/o ejecutorias en los procedimientos fiscales.

Un párrafo aparte merece lo indicado en el Capitulo V del proyecto puesto a consideración del legislativo. En este punto en particular lo que resulta de especial atención es lo previsto en los artículos 17 y 19 en cuanto a la prohibición de instrumentar retribuciones extraordinarias, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o especie hasta el 31 de diciembre, a los trabajadores públicos de la ciudad (ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autárquicos y autónomos y empresas mencionadas arriba); incluyendo la posibilidad de establecer un cronograma de pago escalonado y/o diferido de los haberes de las nóminas salariales.

En este punto en particular adelanto desde ya mi mas profundo rechazo a estas propuestas realizadas por el ejecutivo de la ciudad toda vez que vuelve a equivocar la prioridad del gasto y del destino de los recursos esenciales del estado. Si hay una prioridad, en el marco de la presente crisis, esta debe dirigirse a los salarios de los trabajadores que deben percibir en su integralidad los haberes, siendo ellos los que se han puesto al frente de la atención, el cuidado y el funcionamiento del Estado en medio de esta coyuntura.

Fueron los trabajadores públicos los que garantizaron el funcionamiento esencial de los organismos declarados como tal, los que garantizaron la presencia pública, los que desde sus casas también mantuvieron el trabajo a distancia para que se den respuestas a la comunidad. Si hace dos semanas se autorizó el endeudamiento del Estado de la ciudad en U$S 150.000.000, esos recursos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales del Estado empleador con sus trabajadores y sino debería permitirse endeudarse para ello.

En definitiva la intangibilidad de los salarios también deben respetarse, y no queda claro de la redacción de los artículos, si aquellos beneficios, o incrementos salariales acordados en paritarias o a acordarse en esa instancia pueden ser racionalizados. El ajuste en consecuencia no puede hacerse a costa de los trabajadores quienes ya bastante vienen sacrificando su poder adquisitivo en la actualidad.

Porque además, si bien el ejecutivo ya anunció de palabra que liquidará los salarios en tiempo y forma, lo cierto es que esta propuesta abre la posibilidad de que en el futuro (de aquí a diciembre) pueda escalonar o diferenciar los pagos salariales, e incluso, le da el fundamento que la legislatura de la ciudad y todas las fuerzas políticas que la integran, avalan dicha medida restrictiva de los derechos de los trabajadores.

Con todo esto, espero aportar un poco de claridad en un debate legislativo, pero que expresa claramente un sentido de prioridad en la toma de las decisiones públicas.

La Política Financiera del Peronismo

por Aritz Recalde y Sebastián Tapia, 16 abril 2020

“¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses de la banca particular internacional. Manejaba y controlaba los cambios y el crédito bancario, y decidía la política monetaria de la Nación con total indiferencia respecto de la política económica que la Nación debía desarrollar para la promoción de su riqueza. En nombre de teorías extranjeras, desoía los justos reclamos de una mayor industrialización”. Juan D. Perón

En el año 1946 el Presidente Edelmiro J. Farrell modificó el funcionamiento de las instituciones financieras del país. El 25 de marzo nacionalizó el Banco Central con el decreto-ley 8503/46 y el 24 de abril reorganizó el Régimen de Depósitos bancarios con el decreto-ley 11.544/46. Según Antonio Cafiero la iniciativa fue inducida por Juan Perón y supuso la “primera medida del gobierno electo el 24 de febrero”.
Con ambas decisiones se instauró el principio doctrinario del Justicialismo, que establece que la política financiera tiene que vincularse estrechamente con la política económica nacional. Sobre esta base institucional y durante todo el Gobierno de Juan Perón el Estado adquirió la indelegable potestad de orientar y de planificar racionalmente la utilización de los recursos financieros de la colectividad.

El decreto-Ley 8503/46 de Nacionalización del Banco Central
El 24 de marzo de 1946 el entonces Ministro de Hacienda de La Nación, Amaro Avalos, le envió un Informe al Presidente Edelmiro J. Farrell impulsando la creación de un nuevo régimen financiero nacional. Propuso integrar las normativas de “Bancos y del Banco Central”, la de “Coordinación de Bancos Oficiales” y de otras instituciones nacionales como las “Juntas Reguladoras, Elevadoras de Granos y Corporación para la Promoción del Intercambio”. Como complemento, promovió la creación de un instituto especializado de “Créditos, Garantías y Ahorro”.
Atendiendo las recomendaciones de Amaro Avalos, Farrell sancionó el decreto-Ley 8503/46 modificando parcialmente la ley 12.155/35 de creación y de funcionamiento del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de 1935
El Banco Central fue creado luego de la crisis bursátil y económica de los años treinta. El Ministro Avalos destacó que para garantizar su fundación el Estado “saneó” a los bancos privados, obligando al conjunto de los argentinos a cargar don dicho costo.
Alfredo Gómez Morales compartió el diagnostico de Avalos y puntualizó que la reforma monetaria y bancaria de 1935 incluyó un “salvataje financiero de los pocos privilegiados” que “conducían
con hilos invisibles los resortes de la política y del gobierno del país”. En el mismo sentido Antonio Cafiero mencionó que en 1935 salvaron “de la ruina económica a los bancos e instituciones financieras privadas y extranjeras que durante la época precedente a la crisis del año 30 se habían dedicado a toda suerte de préstamos especulativos”.
La ley 12.155/35 estableció que el Banco Central estaba a cargo de un Presidente, de un Vicepresidente y de doce Directores. Estos últimos eran elegidos a razón de uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Banco Nación y diez por la Asamblea de Bancos Accionistas siendo seis en representación de entidades bancarias (1 de provincia, 3 nacionales y 2 extranjeros) y cuatro elegidos en acuerdo con el Directorio y las entidades del agro, el comercio, la industria y la ganadería.
Gómez Morales consideró que este sistema mixto lesionaba la soberanía argentina ya que le otorgaba las decisiones a grupos financieros privados y extranjeros “ajenos al gobierno mismo”. Además puntualizó que el funcionamiento del Banco Central se caracterizó por la “falta de unidad entre el organismo monetario de tipo mixto y el poder político que representaba la soberanía del país (…) los intereses particulares de los bancos, especialmente los extranjeros, agravaban más aún la falta de disposiciones expresas y categóricas sobre el manejo del crédito”.
Antonio Cafiero consideró que el Control de Cambios y del crédito efectuados por el Banco Central no acompañaron la incipiente industrialización. El organismo implementó una “rigurosa ortodoxia” que benefició meramente a las actividades agrícolas. Cafiero consideró críticamente el hecho de que el Banco no favoreció el abastecimiento y el equipamiento del país en la antesala a la Segunda Guerra mundial.

La nueva estructura del Banco Central
El Directorio del Banco Central fue nacionalizado y salieron los accionistas de las entidades bancarias privadas. A éstos últimos se les reintegró su capital en bonos del Tesoro y en efectivo cuando así lo dispusieron.
A partir del decreto-Ley 8503/46 el Directorio se integró con un Presidente, un Vicepresidente y trece Directores. Se especificó que todos ellos tenían que ser argentinos nativos. El Presidente y Vicepresidentes debían disponer de experiencia industrial, comercial y bancaria. Formaron parte del Directorio tres representantes de los bancos oficiales (Nación, Hipotecario e Industrial), cinco delegados de las Secretarías de Estado (Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio y Trabajo y Previsión). Lo integraron cinco “representantes auténticos” de la industria, de la agricultura, la ganadería, el comercio y de las “fuerzas del trabajo”. Los miembros del Estado y de la producción eran designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las Secretarías y de las entidades representativas del sector. En palabras de Gómez Morales a partir de 1946 “se formó un directorio netamente argentino”.
La cláusula 16 del decreto 8503/46 puso bajo la órbita del Banco Central a los Bancos Públicos, a la Caja Nacional de Ahorro Postal y a la Comisión Nacional de Vivienda. Incluyó a los entes reguladores del comercio como el Consejo Agrario, la Comisión de Granos y Elevadores, la Corporación para la Promoción del Intercambio y diversas Comisiones y Juntas (yerba mate, lecheras, industriales, carnes, vinos, algodón, azúcar, etc.-).

Política monetaria y desarrollo económico y social Entre los considerandos del Decreto 8503/46 se destacó que “es propósito del Poder Ejecutivo propender a una intensificación racional de la capacidad productora de la Nación en todos los órdenes, que permita expandir la economía mediante el más activo aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y asegurar el bienestar general, el desenvolvimiento de las industrias, la especialización y mejoramiento de la producción agrícola ganadera, el acrecentamiento demográfico y toda otra actividad que suponga, en sus resultados, la elevación de la riqueza nacional”. El Decreto puntualizó que la política monetaria “no puede trazarse según normas aisladas y distintas de las que inspiren la política económica del Estado”. Alfredo Gómez Morales detalló que el Banco Central nacionalizado se puso en línea con el plan de “promoción e independencia económica” trazados por el Poder Ejecutivo, en base a los estudios del Consejo Nacional de Posguerra. La nueva distribución de las divisas facilitó la implementación del programa de fomento industrial y la reposición de bienes de capital. El Banco favoreció la justicia social y la creación de un mercado interno pujante.

Con el decreto-ley 12.596 del 3 de mayo de 1946 el Banco Central concentró el manejo del control de cambios. Antonio Cafiero mencionó que se implementó un sistema de “tipo de cambio múltiple” y dicha política dejó de ser “cuantitativa” y se tornó “cualitativa”. Se atendió el abastecimiento del mercado interno y el fomento de la producción nacional. Con dicha labor el Estado pudo proteger al industrial argentino y se sustituyó el tradicional instrumento de la protección aduanera. Gómez Morales destalló que dicho ciclo político de crecimiento y de pleno empleo derivó en un principio de inflación “circunstancia inevitable en la realización de una economía expansiva”.

El Decreto-ley 11.554/46 de nuevo Régimen bancario privado
“Antes los bancos daban al que pagaba mayor interés (…) Hoy no se presta dinero sólo con criterio comercial sino en atención, además, al interés general”. Alfredo Gómez Morales

En un Informe enviado a Farrell el 15 de abril de 1946, el Ministro Amaro Avalos mencionó que la ley 12.155/35 prohibió que el Banco Central realice las operaciones que creyó “peligrosas” y obligó a las entidades a disponer una cantidad de efectivo mínimo con relación a los depósitos. Avalos destacó que estas y otras medidas no impidieron las crisis frecuentes y el temor y la “desconfianza inmotivada” contra el sistema financiero. Resultado de esos fenómenos se generaron “liquidaciones ruinosas”, perdieron valor los documentos y se produjo la consecuente
paralización industrial o el “emisionismo franco, que devalúa todo el dinero en manos del público”. En ese escenario fue frecuente que los ahorristas pierdan sus ingresos y que el Estado salga a subsidiar a los Bancos que se convierten en los únicos ganadores de las crisis.
Avalos destacó que en el sistema de la ley 12.155/35 los depositantes no participaron prácticamente de las ganancias de los bancos y que por eso tampoco deberían participar de las “pérdidas”. Puntualizó que la mitad de los depósitos bancarios no les otorgaron nunca premios a los ahorristas y que el interés pagado fue siempre sumamente bajo en relación a la ganancia que generaron.
En este marco y con la finalidad de empezar a solucionar los problemas estructurales y las inequidades, el Ministro Avalos mencionó que “El Estado, velando por el bienestar general, debe a mi juicio tomar a su cargo la responsabilidad de todos los fondos que los habitantes del país lleven a los bancos no oficiales (…) Considero preferible que la Nación, por órgano del Banco Central, asuma la responsabilidad total ante los depositantes por los fondos que éstos depositen en los bancos, lo cual equivale a poner a todos en el mismo plano de protección en que hoy se hallan los depositantes de los bancos oficiales”.
Con la reforma introducida por el decreto-ley 11.554/46 el Banco Central tomó la garantía de todos los depósitos, dejando en cada banco particular el trato con los clientes que mantenían sus cuentas y servicios.
Los bancos receptores manejaron, recibieron y pagaron los depósitos a cuenta del Banco Central, quien les otorgó una comisión por el servicio financiero y administrativo que prestaron. En cada caso, el Banco Central analizó los papeles y los negocios de la institución y se definieron los márgenes y los destinos de los préstamos.
La autoridad nacional obtuvo el poder de policía para la “inspección activa y permanente” de los bancos y con esa facultad pudo defender el interés de los depositantes.
Avalos remarcó el hecho de que el Estado adquirió un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico del país. El Ministro mencionó que a partir de la reforma el sistema financiero tenía que fortalecer la capacidad productiva de la Argentina. Puntualizó que desde ahora existiría una planificación nacional integral del desarrollo y “atendiendo al destino de los préstamos efectuados por los bancos, podrán establecerse tasas diferentes para su redescuento o caución en el Banco Central, con lo cual el mayor beneficio que los bancos recojan coincidirá con el desarrollo de aquellas operaciones que más convenga incrementar dentro de las orientaciones económicas del referido plan”.
Con la finalidad de garantizar la promoción industrial y productiva, se estipuló que el Banco Central no podía atender las necesidades fiscales y de funcionamiento del Gobierno con los depósitos.

Normas reglamentarias
El 21 de mayo de 1946 el entonces Presidente del Banco Central, Miguel Miranda, le presentó al Ministro Avalos un Informe con un conjunto de proyectos reglamentarios de los decretos 8503/46 y del 11.554/46.
Edelmiro Farrell recuperó los planteos de dicho Informe y sancionó una nueva regulación a la que organizó en tres niveles: Banco Central (decreto – ley 14.957); Bancos Particulares (decreto – ley 14.962) y Bancos Públicos (decretos – ley 14.959 Banco Nación, 14.960 Banco Industrial y 14.961 Banco Hipotecario).
Miranda justificó la reforma financiera en el hecho de que el organismo potenció su condición de ser el gran catalizador del desarrollo. El artículo 3 del decreto-ley 14.957/46 puntualizó que el objeto del Banco era “Promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles y la expansión ordenada de la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación”.
Miranda mencionó que “Como resultado de habérsele constituido en depositario de todos los fondos que la población confía a los bancos, el Banco Central de la República. Argentina tendrá la obligación de proveer los recursos que estos últimos precisen para proseguir la mayor parte de sus operaciones. Ese fin se satisface básicamente por vía del redescuento de sus carteras, que consiste en la entrega de fondos por el Banco Central contra pagarés, letras y otros valores comerciales que constituyen el activo de los bancos”.
Los bancos mantenían “la más plena responsabilidad respecto de sus préstamos, puesto que ellos son quienes estudian y deciden cada operación propia”.

La reforma financiera del año 1949
En 1949 el país debió enfrentar la inconvertibilidad de la libra británica, la decisión del Plan Marshall de no adquirir nuestra producción y la caída del precio de los bienes de exportación argentinos.
En 1949 se crearon los Ministerios de Finanzas y de Economía y se reorganizó el Consejo Económico y Social1 al que se le dio la función de coordinación de la política de desarrollo. Gómez Morales mencionó que el Banco Central fue reformado con la ley 13.571/49 y desde entonces quedó con la “función específica de ejecutar la política monetaria y bancaria que traza el Ministerio de Finanzas de la Nación”.

1 El Consejo Economico Social se integró con los Minsitros de Economía (plan general), Finanzas (divisas), Industria y Comercio (abastecimiento) y de Hacienda (recursos).
Gómez Morales mencionó que la reforma de 1946 mantuvo varios aspectos de la Carta Orgánica de 1935. Entre otros temas, “se respetó la relación mínima del 25% entre las reservas y la circulación monetarista”. El Gobierno modificó dicho régimen de garantía de los depósitos con la ley 13.571/49. Para justificar la medida Gómez Morales explicó que la “cantidad de circulante debe basarse en las necesidades de la producción y de la distribución del proceso económico”
Se redujeron los créditos para producciones superfluas. Gómez Morales mencionó que la decisión no supuso prohibir la producción de otros bienes, sino que en este caso el fabricante debería hacerlo con su propio capital.

 Un balance de la reforma financiera del Peronismo Antonio Cafiero puntualizó que la reforma financiera del Justicialismo: 1- Fortaleció la soberanía económica nacional y las decisiones pasaron del sector bancario especulador extranjero al Estado, que es el promotor de los intereses de la colectividad; 2- Le dio al Banco Central la función de promover el desarrollo integral de la nación. El organismo conformó un Directorio con miembros de las carteras estatales y con referentes de la producción y del trabajo y eso favoreció la diagramación de políticas productivas. Se implementaron potentes líneas de crédito industrial y se abandonó la tradicional ortodoxia monetarista. 3- Auspició una política activa de control de cambios protegiendo el consumo del mercado interno y al empresario argentino. 4- Ordenó y potenció la Banca pública. El Banco Industrial financió la industria y la minería; el Banco Nación la actividad agraria, el comercio y las acciones de colonización y de impulso a la inmigración; el Banco Hipotecario se dedicó a sufragar viviendas; y la Caja Nacional de Ahorro Postal se abocó al fomento del pequeño ahorro y otorgó prestamos de consumo. 5- Permitió una utilización nacionalista de las reservas y se destinaron, centralmente, a importar bienes de capital, a rescatar la deuda externa y a nacionalizar los servicios públicos

Bibliografía citada
Alfredo Gómez Morales, Política Económica Peronista, Escuela Superior Peronista, Buenos Aires, 1951.
Antonio Cafiero, De la Economía social Justicialista al régimen Liberal Capitalista, EUDEBA, 1974.
Memoria del departamento de hacienda correspondiente a los Años 1946 y 1949, Buenos Aires, 1947.
Plan de Gobierno 1947 – 1951, Presidencia de La Nación, Buenos Aires, 1946.

En que situación esta Argentina y América Latina frente al pico de COVID-19

Los países reaccionaron de diferentes maneras ante el avance de la pandemia mundial, algunos reaccionaron antes otros despues, algunos cerraron sus economías, otros mantuvieron abiertas sus fronteras, algunos respondieron con medidas económicas y de aislamiento extremo; ¿Como se encuentra comparativamente nuestro país para afrontar esta crisis sanitaria? ¿Es correcto lo que ha planteado el gobierno? ¿Se podrá vencer la curva de contagios? Vamos a intentar darte una primera respuesta a estos interrogantes.

Frente a esta pandemia se presentan diferentes modelos de administración, algunos mas abiertos u otros mas cerrados en relación a las actividades autorizadas a continuar con su ritmo normal y con relación a las medidas de confinamiento físico de los habitantes.

Entre ellos, podemos diferenciar diferentes casos. Los Estados Unidos de Norteamérica intentaron mantener abierto el mercado económico la mayor parte del tiempo y hoy se encuentran lamentando una gran cantidad de victimas; nuestro país Y Corea del Sur fueron muchísimo mas estrictos en la circulación de las personas y por el momento parecen ser mas efectivos en cuanto al aplanamiento de la curva de contagios; Alemania en cambio planificó un mix con cierre de comercios y prohibición de reunion de mas de 2 personas, no estableciendo un confinamiento general obligatorio; o bien casos como Francia, Italia, España, Gran Bretaña o Brasil en nuestro continente, tardaron en avanzar en los confinamientos sociales, pero terminaron con controles estrictos de aislamientos y cierre de actividades económicas para intentar controlar la avalancha de infectados y muertos, que en algún momento se les había disparado. Brasil sigue siendo un caso paradigmático pues es uno de los pocos países que no han cerrado sus fronteras como Colombia o México.

¿Que fue lo que marco diferencias entre ellos en relación al éxito de sus medidas? Podríamos decir que en principio sus decisiones estuvieron condicionadas por la capacidad de respuesta de los sistemas de seguridad social.

Un ejemplo es Alemania, que parece asumir una vez mas el liderazgo europeo en el tratamiento de esta crisis sanitaria, con una tasa de positivos similar a la del resto de los países de Europa occidental, ha visto reducida notablemente su curva de contagios a partir de una importante capacidad de testeo precoz y masivo de la población, al punto que hoy dia se da el lujo de plantear la posibilidad de ayudar con insumos y hasta recibir pacientes de otros países del bloque europeo para su tratamiento. Para ello descansa también en las 40.000 camas disponibles del modelo de salud aleman (casi 3 veces mas que Francia) que representan un 6 % de camas por cada 1000 habitantes, muy por arriba del 3,1 % que tiene Francia, el 2,6 % de Italia o los 2,4 % de España o USA; o el 2,7 % promedio de infraestructura de salud mundial, según datos de la OCDE.

Algo similar ocurre en América Latina, que con un promedio de cobertura de 2,1 % de camas cada 1000 habitantes en la región, Ecuador, uno de los países de Sudamérica que mas ha sentido el impacto de la crisis sanitaria, se encuentra muy por debajo del promedio con un 1,6 % de camas por cada 1000 habitantes, apenas por encima de México (1,5%) y Paraguay (1,4%); pero muy lejos de Argentina que tiene un promedio de 4% de camas por cada mil habitantes o Cuba (5%) o Barbados (5,8%) que encabezan en la región, según informa la CEPAL.

No es menor este indicador, pues a cuanto mayor infraestructura sanitaria mayor capacidad para controlar o salir de la crisis pandémica producida por el Covid-19. Nuestro país en este sentido, parece tener la capacidad de dar respuesta a esta necesidad, aun cuando haya regiones del país en donde la situación puede ser de difícil control.

Otro de los puntos que impactan sobre la administración de la crisis de salud, es la cantidad de profesionales médicos con relación a la población. En una relación de médicos por cada 10.000 habitantes; Cuba vuelve a estar al frente de este indicador con 7,5 médicos por encima de Alemania 4,1 o Italia y España con 4,0. Pero tanto Argentina como Uruguay están muy cerca con 3,9 médicos, al nivel de los mejores países europeos. USA con 2,7, otra vez Ecuador con 2 o Brasil con 1,9, están al límite del nivel promedio (1,9) según informa la OMS (Observatorio Mundial de la Salud).

Obsérvese, que países como los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy se encuentran sufriendo un número significativo de víctimas fatales tienen bajo nivel tanto de infraestructura como de médicos para garantizar la salud de sus habitantes.

Por ende, nivel de infraestructura sanitaria y cobertura de profesionales médicos son determinantes para garantizar el nivel de respuesta de los países, frente a una crisis de estas características.

Pero hay otros aspectos, que también impactan sobre la efectividad de las medidas de protección, que están vinculadas a la desigualdad en los accesos a los servicios de salud y la capacidad de disponer recursos económicos para fortalecer los sistemas de salud.

En América latina y el Caribe solo el 34 % de los que conforman el 1er. decil de ingresos están afiliados o cotizan al sistema de salud; sin contar los grandes porcentajes de trabajos informales o de desocupados, que tiene a gran parte de la población dentro de importantes niveles de pobreza. Según un promedio ponderado por la CEPAL, esta situación se ve claramente reflejada cuando solo el 57,3 % de los trabajadores ocupados (en la región) son afiliados o cotizantes a sistemas de salud.

Lo mismo sucede con los gastos públicos en materia de salud. Mientras la OPS (Organización Internacional de Salud Pública) estima que el gasto público recomendado del PBI en salud debe rondar el 6%, los gobiernos centrales de la región gastan aproximadamente el 2,2 % del PBI en esta materia. Nuestro país se encuentra dentro del promedio recomendado internacionalmente.

En este punto, también los Estados Unidos expresa gran dificultad en la cobertura sanitaria siendo muy costosa la accesibilidad a las prestaciones de salud, mas alla de los seguros médicos previstos por el Estado.

En nuestro país, la cobertura de salud pública mas la prevista en el sistema solidario de salud organizado a través de las Obras Sociales de los trabajadores, representan la cobertura de 2/3 de la infraestructura sanitaria. Sostener el funcionamiento de este sistema solidario frente a la caída de la recaudación por la baja de aportes es imperioso para el funcionamiento del programa de salud de emergencia.

Todo esto deja en evidencia que la Argentina esta en condiciones de afrontar la crisis sanitaria en caso de normalidad. Sin embargo el gran número de informalidad y la crisis económica que la misma cuarentena provoca pueden dificultar el funcionamiento del sistema y llevarlo al colapso.

Todos los paises de la región salvo México y un par mas, establecieron restricciones o prohibiciones a la entrada de viajeros extranjeros, cerraron sus fronteras, restringieron o cerraron lugares públicos y reuniones masivas. Salvo Mexico, el resto estableció la cuarentena general obligatoria, todos menos Colombia, suspendieron las clases presenciales e instalaron sistemas de enseñanza a distancia; pero solo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Mexico, Paraguay, Trinidad Tobago, Uruguay y Venezuela expandieron la cobertura de prueba gratuita, aunque sin alcanzar el porcentaje de testeo que logró Alemania.

No contar con suficiente nivel de testeo es una gran debilidad de la región para evitar el contagio una vez desatado el pico de la pandemia y complica la salida administrada del aislamiento social obligatorio.

En materia económica también se adoptaron medidas de protección del trabajo y del sistema productivo para paliar en alguna medida el parate económico que arrastra la cuarentena, especialmente en economías como la nuestra que viene desde hace años con serias dificultades, consecuencia del alto nivel de endeudamiento, desinversión, pobreza y caída del poder adquisitivo del salario en medio de un proceso inflacionario de difícil contención.

En nuestro país, en la emergencia se suspendieron los despidos, se lanzó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) como ingreso general para los sectores mas desprotegidos, se postergó o se redujo hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, se estableció que el Estado abonará parte de los sueldos de empleados de empresas del sector privado a través de un Salario Complementario equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes”.

Asimismo, se ampliaron los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos. El monto de esta financiación no podrá exceder una cuarta parte el límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Monotributo, con un límite máximo de $150 mil, en tanto, “el financiamiento será desembolsado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas” y se elevaron los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $ 6.000 y un máximo de $ 10.000.

Sin perjuicio de ello, hay actividades que están sintiendo una profunda restricción, la actividad metalmecánica, el comercio, el sector gastronómico, el turístico y la construcción no encuentran forma de salir de la recesión y en consecuencia los empleadores y los sindicatos negocian suspensiones y/o bajas transitorias del salario de alrededor de un 30 % como el caso de la UOM, con el objeto de evitar la pérdida de los empleos en la misma linea la UOCRA, uno de esos sectores perjudicados, anunció la perdida de 20.000 puestos de trabajo por la suspensión de la actividad pública y privada. Sin embargo, debería procurarse mantener la protección del empleo y la integridad del salario a los efectos de poder salir rápidamente de la crisis, una vez que se normalice la situación.

Hay que seguir el caso alemán para ver como evoluciona el control de la pandemia en ese país. En nuestro caso, se ha logrado contener por el momento la curva epidemiológica y ampliado la infraestructura de salud previendo el pico de contagio sumando camas modulares o unidades febriles y se dictaron medidas para contener la emergencia económica sufrida por la caída de la economía; sin embargo la profundidad de los daños ocasionados en el sector productivo genera la necesidad de abrir parcialmente y de manera administrada el confinamiento y entonces el alto grado de transmisión de la enfermedad pone en riesgo los logros alcanzados.

La aparición de una vacuna parece ser la esperanza que permita a la región evitar el desenlace fatal de Europa occidental, China o los Estados Unidos; pero la cercanía del invierno y el tiempo que puede demandar encontrar la respuesta farmacológica, sumado a la necesidad económica hacen que esa esperanza sea a largo plazo y la situación se torne crítica.

Unidad y en comunidad

Estamos viviendo un momento de profunda crisis social y económica, consecuencia de una política que desde hace años viene golpeando a la gran mayoría del pueblo argentino, que nos condenó a vivir con un alto porcentaje de informalidad, desempleo y pobreza, poniendo en riesgo el futuro de nuestros hijos y la desintegración de nuestra sociedad.

Luego de avanzar hacia una salida electoral el año anterior, comenzamos este 2020 esperanzados en poder reencontrar caminos de reconstrucción de nuestro tejido social, para después comenzar un proceso de crecimiento colectivo que nos vuelva a poner en el camino del desarrollo.

Pero a la vuelta de la esquina de la historia, nos cruzamos con un flagelo que con mucha violencia y rapidez puso contra las cuerdas la organización, el funcionamiento y la institucionalidad del mundo oriental y occidental, transformándose no solo en un causante de muerte de vidas humanas, sino también en un interpelador de las relaciones de igualdad, de las condiciones de equidad social, de los sistemas de seguridad social y de las relaciones de poder dentro del sistema capitalista, tal como hoy lo conocemos.

El COVID-19, transformo nuestra cotidianeidad y modificó el funcionamiento de la economía mundial y de las relaciones de producción en cada una de las latitudes, dejando en evidencia, cruda en muchos casos, el desamparo, la desprotección de los grupos de riesgo y de aquellos sectores de la periferia del sistema económico que apenas logran arañar, en muy pocos casos, las condiciones de supervivencia dentro del mercado.

Es así, que se ha desatado una pandemia, que no solo pone en riesgo la salud física de la población, sino que también, expresa la matriz espiritual de un modelo de exclusión, aislamiento e individualidad que impide el desarrollo colectivo de la comunidad; que nos enrostra hasta donde nos hemos olvidado del sujeto social, de la organización comunitaria, de la solidaridad, del pensamiento colectivo, de la integración o dicho de otra forma; de la humanidad misma y su relación con el entorno social, político, natural y económico que la rodea.

Algunos van a intentar aprovechar esto para profundizar la desigualdad, nosotros debemos denunciarlo y militar por una sociedad mas justa, donde se proteja al trabajo y se apueste por la inclusión.

Frente a esto, el gobierno argentino, y la mayoría de los gobiernos, a sus tiempos y en sus condiciones, reaccionaron aplicando medidas, en la mayoría de las veces correctas y satisfactorias para afrontar la crisis sanitaria devengada de la mortalmente veloz propagación del virus; pero a partir de ahora nos queda reconstruir los valores y la organización de la comunidad, poniendo al pueblo en acción para vencer sus principales consecuencias sociales y económicas que nos afectan.

Solo el concierto armónico de las instituciones de la sociedad, debidamente fortalecidas, protegidas y activadas, pueden generar las condiciones para salir de esta crisis humanitaria, económica, pero por sobre todas las cosas moral, que nos legó el sálvese quien pueda, la concentración del poder, la desigualdad y la imposición de minorías, sobre el destino común de los hombres, los pueblos y sus comunidades.

Creemos que es posible reconstruir verdaderamente nuestra comunidad, y con ese fin tenemos que empezar por escucharnos, conocernos y unirnos. Conscientes que algunos querrán seguir protegiendo sus privilegios, debemos convocar a la mayoría popular a la construcción del destino común.

La Reestructuración de la Deuda Externa

El gobierno nacional presentó la propuesta de reestructuración de la deuda externa. Acompañamos esta acción necesaria e inteligente, cuyo objetivo es sacar al endeudamiento externo como condicionante de la política interna y como obstáculo al desarrollo económico y social.

En efecto, el endeudamiento sin límites que caracteriza a los gobiernos neoliberales no ha servido para desarrollar la industria Argentina o financiar infraestructura, sino para fugar capitales y pagar intereses generados por la misma deuda. Ha sido el negociado preferido por minorías privilegiadas locales y extranjeras.

Para los trabajadores/as, la deuda externa es sinónimo de flexibilización laboral, precarización y desempleo. Para los empresarios/as, quiere decir menos mercado interno, y más quiebras generalizadas. Hoy nos enfrentamos al desafío de dar respuestas urgentes con visión de futuro: el modo de resolver las crisis que se nos presentan hoy, como en salud o en economía, determinará en gran medida la Argentina de la pospandemia.

Por eso apoyamos la renegociación de la deuda externa en los términos planteados por el Presidente y el Ministro de Economía, acompañados por la Vicepresidenta y los Gobernadores/as de todo el país. El panorama internacional es complejo, pero es tiempo de construir soluciones viables que saquen el peso de la deuda de las espaldas del pueblo argentino.

Señalemos también el apoyo del Papa Francisco, que trabaja incansablemente para que el caso argentino sea tomando como ejemplo para otras naciones presas de la especulación financiera internacional.

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