La emergencia económica y financiera de la Ciudad.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó a la Legislatura porteña un proyecto de ley de emergencia económica y financiera que abrió un amplio debate entre las fuerzas políticas de la ciudad, especialmente en cuanto a la modificación de la distribución del gasto en cuanto a programas, la revision de compras y contrataciones y la posibilidad de escalonar o diferir el pago de salarios. La emergencia deja al descubierto el orden de prioridades de la gestión.

En el mismo artículo 1 del proyecto, el gobierno declara en emergencia la situación económica y financiera de la ciudad hasta el 31 de diciembre del presente año y luego aclara su aplicación a todos los poderes del estado, incluyendo a las comunas, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y las sociedades con participación estatal mayoritaria; siempre de la ciudad por supuesto.

En concreto, el poder ejecutivo propone modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto hasta el 5 % del total del presupuesto asignado a cada órgano, autorizando al ejecutivo incluso a incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital, para reforzar las acciones inherentes a la emergencia sanitaria. Pudiendo incluso suspender y/o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas; quedando solo expresamente excluidos de esta emergencia los programas que tengan dentro de sus objetivos el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas.

Lo cierto es que resulta tan amplia la capacidad del ejecutivo de redistribuir el presupuesto, que no parece estar en claro cuales son los programas sobre los cuales tiene puesta la vista para efectuar el redireccionamiento, lo cual puede ser peligroso si proyectamos el escenario postpandemia.

Pensemos que el proyecto declara la emergencia hasta el 31 de diciembre, por lo que la redirección presupuestaria puede significar que de aquí a fin de año queden reducidos a cero programas enteros que luego de la crisis coyuntural, puedan ser necesarios para ejecutar; mucho mas considerando que no esta claro en lo inmediato el tiempo que conllevará el tratamiento sanitario del coronavirus y ni siquiera la continuidad del aislamiento.

En este punto entiendo que el ejecutivo debería ser muchísimo mas preciso en determinar aquellos programas sobre los que podría aplicar la propuesta; como así también debería considerar los ahorros presupuestarios producidos consecuencia del aislamiento y la detección económica.

Sí comparto, lo previsto en el capitulo IV en cuanto a la revisión de los procesos, incluso aquellos que se encuentren en trámite, referentes a compras y contrataciones de bienes, suministros, obra pública, de concesiones y de permisos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta propuesta.

Ello implica revisar los cánones que hoy la ciudad abona por servicios, incluso alguno de ellos que se encuentran suspendidos en su ejecución o a proveedores por bienes o suministros que pueden evitarse en el marco de la emergencia, aun teniendo contratos en curso. Tambien esto podría ser una oportunidad, para evitar el gasto de concesión del servicio de subterráneos de buenos aires, asumiendo el estado porteño la administración y operación del servicio.

Diferente es el criterio a tener en cuenta con relación a las contrataciones de servicios, entre las cuales se pueden considerar las prestaciones del personal «contratado» en la administración central o descentralizada, puesto que esta incorporación, sin salvedad alguna, puede incluirlos dentro del paquete de revision.

Con relación a las facultades que solicita el poder ejecutivo en materia de regulación de ingresos tributarios; vuelvo sobre lo planteado en el epígrafe de esta opinion, considerando que las propuestas realizadas van dirigidas a favor de los contribuyentes con capacidad de pago de los tributos empadronados, a quienes se les propone un descuento por el pago anticipado de las cuotas con vencimiento en el segundo semestre del período fiscal 2020; pero no están dirigidos a quienes como consecuencia de la retracción económica producida en virtud del aislamiento, se encuentran dificultados en abonar esas tasas fiscales.

Esta bien que se habilite la posibilidad de adelantar el pago de las cuotas a vencer, podría ser una alternativa para los contribuyentes que lo puedan abonar de manera anticipada evitándose futuros aumentos en virtud de la evolución inflacionaria una vez vuelta a la normalidad; pero sería mas adecuado plantear, que mientras dure el aislamiento social obligatorio y sectores productivos se encuentren paralizados, se congelen los aumentos previstos en el presupuesto 2020 para estos gravámenes; de manera que aquellos que se encuentran con el agua al cuello por la inactividad tengan posibilidad de abonarlos.

Lo mismo ocurre con el anticipo tributario extraordinario de los Ingresos Brutos; el cual, en este caso, puede resultar una solución o alternativa a los sectores empresariales mas importantes, pero no se trata de un beneficio para el pequeño comerciante o Pyme sin actividad que no va a estar en condiciones económicas de anticipar períodos para el ejercicio 2021.

En este último caso, siendo una propuesta que favorece a las empresas mas importantes, y mas alla de ser una alternativa de recaudación fiscal en medio de esta crisis para la ciudad; podría plantearse que las empresas que se adhieran se comprometan a no presentarse en procedimiento de crisis durante este período y a no suspender personal o reducirles el salario salvo acuerdo paritario específico.

Fuera de estas disquisiones, comparto lo previsto en el artículo 10 del proyecto en relación a las medidas cautelares y/o ejecutorias en los procedimientos fiscales.

Un párrafo aparte merece lo indicado en el Capitulo V del proyecto puesto a consideración del legislativo. En este punto en particular lo que resulta de especial atención es lo previsto en los artículos 17 y 19 en cuanto a la prohibición de instrumentar retribuciones extraordinarias, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o especie hasta el 31 de diciembre, a los trabajadores públicos de la ciudad (ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autárquicos y autónomos y empresas mencionadas arriba); incluyendo la posibilidad de establecer un cronograma de pago escalonado y/o diferido de los haberes de las nóminas salariales.

En este punto en particular adelanto desde ya mi mas profundo rechazo a estas propuestas realizadas por el ejecutivo de la ciudad toda vez que vuelve a equivocar la prioridad del gasto y del destino de los recursos esenciales del estado. Si hay una prioridad, en el marco de la presente crisis, esta debe dirigirse a los salarios de los trabajadores que deben percibir en su integralidad los haberes, siendo ellos los que se han puesto al frente de la atención, el cuidado y el funcionamiento del Estado en medio de esta coyuntura.

Fueron los trabajadores públicos los que garantizaron el funcionamiento esencial de los organismos declarados como tal, los que garantizaron la presencia pública, los que desde sus casas también mantuvieron el trabajo a distancia para que se den respuestas a la comunidad. Si hace dos semanas se autorizó el endeudamiento del Estado de la ciudad en U$S 150.000.000, esos recursos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales del Estado empleador con sus trabajadores y sino debería permitirse endeudarse para ello.

En definitiva la intangibilidad de los salarios también deben respetarse, y no queda claro de la redacción de los artículos, si aquellos beneficios, o incrementos salariales acordados en paritarias o a acordarse en esa instancia pueden ser racionalizados. El ajuste en consecuencia no puede hacerse a costa de los trabajadores quienes ya bastante vienen sacrificando su poder adquisitivo en la actualidad.

Porque además, si bien el ejecutivo ya anunció de palabra que liquidará los salarios en tiempo y forma, lo cierto es que esta propuesta abre la posibilidad de que en el futuro (de aquí a diciembre) pueda escalonar o diferenciar los pagos salariales, e incluso, le da el fundamento que la legislatura de la ciudad y todas las fuerzas políticas que la integran, avalan dicha medida restrictiva de los derechos de los trabajadores.

Con todo esto, espero aportar un poco de claridad en un debate legislativo, pero que expresa claramente un sentido de prioridad en la toma de las decisiones públicas.

En que situación esta Argentina y América Latina frente al pico de COVID-19

Los países reaccionaron de diferentes maneras ante el avance de la pandemia mundial, algunos reaccionaron antes otros despues, algunos cerraron sus economías, otros mantuvieron abiertas sus fronteras, algunos respondieron con medidas económicas y de aislamiento extremo; ¿Como se encuentra comparativamente nuestro país para afrontar esta crisis sanitaria? ¿Es correcto lo que ha planteado el gobierno? ¿Se podrá vencer la curva de contagios? Vamos a intentar darte una primera respuesta a estos interrogantes.

Frente a esta pandemia se presentan diferentes modelos de administración, algunos mas abiertos u otros mas cerrados en relación a las actividades autorizadas a continuar con su ritmo normal y con relación a las medidas de confinamiento físico de los habitantes.

Entre ellos, podemos diferenciar diferentes casos. Los Estados Unidos de Norteamérica intentaron mantener abierto el mercado económico la mayor parte del tiempo y hoy se encuentran lamentando una gran cantidad de victimas; nuestro país Y Corea del Sur fueron muchísimo mas estrictos en la circulación de las personas y por el momento parecen ser mas efectivos en cuanto al aplanamiento de la curva de contagios; Alemania en cambio planificó un mix con cierre de comercios y prohibición de reunion de mas de 2 personas, no estableciendo un confinamiento general obligatorio; o bien casos como Francia, Italia, España, Gran Bretaña o Brasil en nuestro continente, tardaron en avanzar en los confinamientos sociales, pero terminaron con controles estrictos de aislamientos y cierre de actividades económicas para intentar controlar la avalancha de infectados y muertos, que en algún momento se les había disparado. Brasil sigue siendo un caso paradigmático pues es uno de los pocos países que no han cerrado sus fronteras como Colombia o México.

¿Que fue lo que marco diferencias entre ellos en relación al éxito de sus medidas? Podríamos decir que en principio sus decisiones estuvieron condicionadas por la capacidad de respuesta de los sistemas de seguridad social.

Un ejemplo es Alemania, que parece asumir una vez mas el liderazgo europeo en el tratamiento de esta crisis sanitaria, con una tasa de positivos similar a la del resto de los países de Europa occidental, ha visto reducida notablemente su curva de contagios a partir de una importante capacidad de testeo precoz y masivo de la población, al punto que hoy dia se da el lujo de plantear la posibilidad de ayudar con insumos y hasta recibir pacientes de otros países del bloque europeo para su tratamiento. Para ello descansa también en las 40.000 camas disponibles del modelo de salud aleman (casi 3 veces mas que Francia) que representan un 6 % de camas por cada 1000 habitantes, muy por arriba del 3,1 % que tiene Francia, el 2,6 % de Italia o los 2,4 % de España o USA; o el 2,7 % promedio de infraestructura de salud mundial, según datos de la OCDE.

Algo similar ocurre en América Latina, que con un promedio de cobertura de 2,1 % de camas cada 1000 habitantes en la región, Ecuador, uno de los países de Sudamérica que mas ha sentido el impacto de la crisis sanitaria, se encuentra muy por debajo del promedio con un 1,6 % de camas por cada 1000 habitantes, apenas por encima de México (1,5%) y Paraguay (1,4%); pero muy lejos de Argentina que tiene un promedio de 4% de camas por cada mil habitantes o Cuba (5%) o Barbados (5,8%) que encabezan en la región, según informa la CEPAL.

No es menor este indicador, pues a cuanto mayor infraestructura sanitaria mayor capacidad para controlar o salir de la crisis pandémica producida por el Covid-19. Nuestro país en este sentido, parece tener la capacidad de dar respuesta a esta necesidad, aun cuando haya regiones del país en donde la situación puede ser de difícil control.

Otro de los puntos que impactan sobre la administración de la crisis de salud, es la cantidad de profesionales médicos con relación a la población. En una relación de médicos por cada 10.000 habitantes; Cuba vuelve a estar al frente de este indicador con 7,5 médicos por encima de Alemania 4,1 o Italia y España con 4,0. Pero tanto Argentina como Uruguay están muy cerca con 3,9 médicos, al nivel de los mejores países europeos. USA con 2,7, otra vez Ecuador con 2 o Brasil con 1,9, están al límite del nivel promedio (1,9) según informa la OMS (Observatorio Mundial de la Salud).

Obsérvese, que países como los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy se encuentran sufriendo un número significativo de víctimas fatales tienen bajo nivel tanto de infraestructura como de médicos para garantizar la salud de sus habitantes.

Por ende, nivel de infraestructura sanitaria y cobertura de profesionales médicos son determinantes para garantizar el nivel de respuesta de los países, frente a una crisis de estas características.

Pero hay otros aspectos, que también impactan sobre la efectividad de las medidas de protección, que están vinculadas a la desigualdad en los accesos a los servicios de salud y la capacidad de disponer recursos económicos para fortalecer los sistemas de salud.

En América latina y el Caribe solo el 34 % de los que conforman el 1er. decil de ingresos están afiliados o cotizan al sistema de salud; sin contar los grandes porcentajes de trabajos informales o de desocupados, que tiene a gran parte de la población dentro de importantes niveles de pobreza. Según un promedio ponderado por la CEPAL, esta situación se ve claramente reflejada cuando solo el 57,3 % de los trabajadores ocupados (en la región) son afiliados o cotizantes a sistemas de salud.

Lo mismo sucede con los gastos públicos en materia de salud. Mientras la OPS (Organización Internacional de Salud Pública) estima que el gasto público recomendado del PBI en salud debe rondar el 6%, los gobiernos centrales de la región gastan aproximadamente el 2,2 % del PBI en esta materia. Nuestro país se encuentra dentro del promedio recomendado internacionalmente.

En este punto, también los Estados Unidos expresa gran dificultad en la cobertura sanitaria siendo muy costosa la accesibilidad a las prestaciones de salud, mas alla de los seguros médicos previstos por el Estado.

En nuestro país, la cobertura de salud pública mas la prevista en el sistema solidario de salud organizado a través de las Obras Sociales de los trabajadores, representan la cobertura de 2/3 de la infraestructura sanitaria. Sostener el funcionamiento de este sistema solidario frente a la caída de la recaudación por la baja de aportes es imperioso para el funcionamiento del programa de salud de emergencia.

Todo esto deja en evidencia que la Argentina esta en condiciones de afrontar la crisis sanitaria en caso de normalidad. Sin embargo el gran número de informalidad y la crisis económica que la misma cuarentena provoca pueden dificultar el funcionamiento del sistema y llevarlo al colapso.

Todos los paises de la región salvo México y un par mas, establecieron restricciones o prohibiciones a la entrada de viajeros extranjeros, cerraron sus fronteras, restringieron o cerraron lugares públicos y reuniones masivas. Salvo Mexico, el resto estableció la cuarentena general obligatoria, todos menos Colombia, suspendieron las clases presenciales e instalaron sistemas de enseñanza a distancia; pero solo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Mexico, Paraguay, Trinidad Tobago, Uruguay y Venezuela expandieron la cobertura de prueba gratuita, aunque sin alcanzar el porcentaje de testeo que logró Alemania.

No contar con suficiente nivel de testeo es una gran debilidad de la región para evitar el contagio una vez desatado el pico de la pandemia y complica la salida administrada del aislamiento social obligatorio.

En materia económica también se adoptaron medidas de protección del trabajo y del sistema productivo para paliar en alguna medida el parate económico que arrastra la cuarentena, especialmente en economías como la nuestra que viene desde hace años con serias dificultades, consecuencia del alto nivel de endeudamiento, desinversión, pobreza y caída del poder adquisitivo del salario en medio de un proceso inflacionario de difícil contención.

En nuestro país, en la emergencia se suspendieron los despidos, se lanzó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) como ingreso general para los sectores mas desprotegidos, se postergó o se redujo hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, se estableció que el Estado abonará parte de los sueldos de empleados de empresas del sector privado a través de un Salario Complementario equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes”.

Asimismo, se ampliaron los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos. El monto de esta financiación no podrá exceder una cuarta parte el límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Monotributo, con un límite máximo de $150 mil, en tanto, «el financiamiento será desembolsado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas» y se elevaron los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $ 6.000 y un máximo de $ 10.000.

Sin perjuicio de ello, hay actividades que están sintiendo una profunda restricción, la actividad metalmecánica, el comercio, el sector gastronómico, el turístico y la construcción no encuentran forma de salir de la recesión y en consecuencia los empleadores y los sindicatos negocian suspensiones y/o bajas transitorias del salario de alrededor de un 30 % como el caso de la UOM, con el objeto de evitar la pérdida de los empleos en la misma linea la UOCRA, uno de esos sectores perjudicados, anunció la perdida de 20.000 puestos de trabajo por la suspensión de la actividad pública y privada. Sin embargo, debería procurarse mantener la protección del empleo y la integridad del salario a los efectos de poder salir rápidamente de la crisis, una vez que se normalice la situación.

Hay que seguir el caso alemán para ver como evoluciona el control de la pandemia en ese país. En nuestro caso, se ha logrado contener por el momento la curva epidemiológica y ampliado la infraestructura de salud previendo el pico de contagio sumando camas modulares o unidades febriles y se dictaron medidas para contener la emergencia económica sufrida por la caída de la economía; sin embargo la profundidad de los daños ocasionados en el sector productivo genera la necesidad de abrir parcialmente y de manera administrada el confinamiento y entonces el alto grado de transmisión de la enfermedad pone en riesgo los logros alcanzados.

La aparición de una vacuna parece ser la esperanza que permita a la región evitar el desenlace fatal de Europa occidental, China o los Estados Unidos; pero la cercanía del invierno y el tiempo que puede demandar encontrar la respuesta farmacológica, sumado a la necesidad económica hacen que esa esperanza sea a largo plazo y la situación se torne crítica.

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