Por Gustavo Matías Terzaga*

Cuando el río suena, agua trae. Y lo que hoy suena con fuerza en la política nacional no es solo el retumbar de una interna entre facciones peronistas; es la lenta pero definitiva sedimentación de un proceso histórico que comenzó con bríos transformadores en 2003, se consolidó en la confrontación, y hoy languidece bajo el peso de sus propias limitaciones.

El kirchnerismo fue una expresión vital y popular que, tras la catástrofe del 2001, devolvió al Estado su capacidad de arbitrar, de proteger y de intervenir. Significó para millones de argentinos el retorno de la política como herramienta de justicia social, la incorporación de los jóvenes a la militancia política, la ampliación de derechos, la vinculación con los pueblos hermanos y la recuperación de la autoestima nacional. Fue, en términos populares, el intento más logrado de reconstruir un proyecto de país con inclusión, soberanía y justicia social después de Perón. Pero toda épica que no se renueva, se agota. Lo que estamos presenciando, en este abril convulso de 2025 y en medio de un oscuro panorama que atraviesa nuestra vida nacional, no es una mera transición interna en el peronismo, sino una inflexión de época que hay que saber transitar, conservando lo que inspire y descartando lo que ya no aplica.

Entonces, el desdoblamiento electoral decidido por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires no puede leerse sólo como un movimiento táctico en la coyuntura. Es, en verdad, la señal de una ruptura estratégica que sobreviene por su propia maduración. Hijo dilecto del kirchnerismo, el actual gobernador de PBA comienza a separarse del útero político que lo gestó. Pero no por rebeldía adolescente, sino por madurez política, y esto mismo lo vuelve un proceso de renovación interesante por su posibilidad de proyección nacional hacia el 2027.

Lo que está sucediendo

La interna política en la provincia de Buenos Aires, como síntesis concentrada de las tensiones nacionales dentro del peronismo, gira en torno a un punto nodal, que es la resistencia de ciertos sectores del kirchnerismo -específicamente los ligados a La Cámpora y al núcleo duro Cristinista y de su hijo Máximo como operador- a aceptar que Axel Kicillof- o cualquier otra figura por fuera de la familia Kirchner- tiene la legitimidad política y el derecho histórico de ser interlocutor principal frente al proyecto liberal libertario de Milei. Esta es la cuestión. Y este conflicto expresa, o de él se desprende, en el fondo, dos concepciones antagónicas sobre la conducción y la verticalidad en el peronismo:

Por un lado, la visión que puede atribuirse a Kicillof y sus aliados que, probablemente, entiende la verticalidad como un instrumento táctico, flexible, al servicio de una estrategia política concreta y sujeta a validación popular y al pragmatismo territorial para congeniar con los “gordos” del conurbano. Esta visión recupera cierta lógica del peronismo clásico, donde el conductor debe tener legitimidad de masas y capacidad de conducción política, no necesariamente una unción dinástica para avanzar. Verticalidad flexible, ascendiente y descendiente. Es la lógica en la que el liderazgo se construye desde abajo hacia arriba (ascendente) y se consolida con conducción desde arriba hacia abajo (descendiente), pero basada en la representación real, el anclaje territorial y la validación popular. Es táctica, dinámica y estratégica.

Del otro lado, la visión “esencialista”, ligada a la lógica del linaje, que reduce el derecho a conducir el movimiento a la herencia simbólica de los Kirchner. Esta mirada absolutiza la verticalidad hasta transformarla en un dogma rígido, casi sin variables, por fuera del resultado electoral o del respaldo social efectivo. Así, se confunde la lealtad al proyecto nacional con la subordinación a una persona o núcleo restringido de poder, Cristina, Máximo y el apellido. Por eso, sus seguidores fieles, ven traidores en todos lados e infantilizan al pueblo cuando se pierde una elección, trasladando la responsabilidad política desde el interior hacia afuera. Y en esa obstinación por preservar la jefatura “natural” con la lógica de la infalibilidad del líder, aún cuando las urnas ya no convalida esa centralidad, se abre paso el estancamiento, el error estratégico, el daño y, en última instancia, la derrota. Y es lo que está sucediendo. Verticalidad rígida, sólo descendente. Es la lógica del dedazo, de las listas impuestas, de la conducción cerrada que no escucha ni habilita debate, que “baja línea” sin anclaje ni oído en las bases. Se trata de un esquema estático, que reemplaza la conducción por el control y la mística por la obediencia. En este modelo, el poder no se construye todos los días, se administra lo que quedó desde una cúpula y se agita la autorreferencia para preservar el relato. Es objetivamente derrotista, como lo demuestra su seguidilla de fracasos electorales. La condición sine qua non para integrar este esquema, es seguir a Cristina hasta pasarla, y escucharla para desoirla. Y lo que verdaderamente importa es su figura, no la Patria ni el pueblo, como si la propia Cristina fuera el programa, pero no lo tiene. En esta lógica, nada se cede.

Desde esta perspectiva, que seguramente acepte más variables, lo que se juega en la interna bonaerense no es sólo un reparto de cargos ni un conflicto de estilos, sino la posibilidad de redefinir la arquitectura de poder del peronismo en el siglo XXI. Básicamente, si seguirá una política atada a una lógica de obediencia cerrada, con un liderazgo que no se somete al escrutinio democrático interno, o si, con ese piso alto, romper ese techo bajo para transformarse en un movimiento mucho más amplio, con capacidad de síntesis y vocación de mayoría real. Para esto último, algo hay que ceder.

Hay que ser claros, negar ese debate es condenar al peronismo a la repetición cíclica de sus peores errores. La idea, entonces, por eso ofrecemos nuestro parecer, es salvarnos de la imposibilidad de arribar a algún diagnóstico mínimamente racional. Estimamos que cualquier otro argumento que discurre alrededor de este asunto que pretenda esconder este conflicto de concepciones, no es más que chamuyo para la tribuna. Llega un punto donde, a los rosqueros y obturadores, les conviene ocultar la verdad y exponer a cielo abierto las miserias palaciegas.

En este sentido, la distancia con La Cámpora no es anecdótica, significa un intento de librarse del cepo de una organización que, al convertirse en custodio del legado original, terminó muchas veces siendo su carcelero. En el camino, Axel busca recuperar el contacto con el sindicalismo, los intendentes del Conurbano bonaerense y -más difícil aún- con una sociedad desencantada, descreída de todas las formas de representación. Pero lo mejor que podemos decir de Kicillof es que, además de un cuadro técnico y académico, es un laburante de la política y no un principiante con suerte; su gente se lo reconoce electoralmente, en una provincia que es un país dentro de otro; y no es poco, sino suficiente para no pedir permiso, medir su acrobacia y saltar. Ojo, Kicillof no es Daniel Scioli ni Alberto Fernández, tampoco es Bossio ni Randazzo.

Esto que analizamos no invalida los logros históricos del ciclo kirchnerista, pero sí obliga -con responsabilidad militante y honestidad intelectual- a revisar críticamente sus límites. Porque sin esa revisión profunda, sin un diagnóstico, no habrá nueva síntesis, ni política saludable posible. Y convengamos, no hay nada bueno con lo que está pasando.

Unos ejemplos valen más que miles de palabras

El desmanejo y la ruptura con la Confederación General del Trabajo (CGT) en 2011, el mantenimiento del impuesto a las ganancias que afectó a la clase trabajadora, y el boicot a la candidatura de Daniel Scioli en 2015, son hitos que evidencian una desconexión con el arte de conducir. La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de designar a dedo a Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019, anunciada por redes sociales, sin debate interno ni construcción colectiva, fue una jugada audaz y riesgosa. El objetivo era ampliar la base electoral para vencer a Mauricio Macri, y en ese sentido fue efectiva en el corto plazo, y la supimos valorar, como al gobierno sostener. Pero el verdadero problema no fue solo la dedocracia, sino el posterior sabotaje interno a su propio elegido. Una experiencia que merece un análisis crítico y profundo que escapa a estas líneas, pero que, en términos políticos, fue de una irresponsabilidad de magnitud histórica. El tiempo hablará, si hoy lo podemos escribir.

Las consecuencias de no retomar desde las fuentes

En nombre de una pureza progresista más estética que real, el kirchnerismo fue alejándose de la cultura criolla, de las raíces obreras y populares, más parisina que del interior, y entregando poco a poco al aparato liberal la posibilidad del monopolio del sentido común. Pero el verdadero crimen político del kirchnerismo fue cortar los lazos con Perón, en vez de abrevar en su legado para fortalecerse. Una joven Cristina que votó al FIP del “colorado” Ramos en 1973, con su “vote a Perón por izquierda”, y no al FREJULI siendo peronista, nos da algún indicio para explicar el fenómeno. No se trató solo de una distancia simbólica o generacional con el General, sino de una ruptura estratégica, con las bases del movimiento: la centralidad del trabajo, la alianza con la clase obrera organizada, las FFAA y la construcción de poder desde la comunidad organizada. Pero también con el legado español, el idioma y la religiosidad popular.

Lo real -por doloroso que resulte reconocerlo- es que la pretendida matriz de país construida durante la década “ganada” del kirchnerismo fue desmantelada en apenas seis meses. Bastó medio año de un gobierno de signo contrario para mostrar que lo edificado no tenía cimientos sólidos ni anclaje profundo en la estructura del Estado ni en la conciencia social, aunque siempre algo queda, por supuesto. Y esto debe ser un aprendizaje para lo que viene. Lo que parecía un proyecto que se jactaba de “irreversible” terminó siendo, en gran parte, un relato sostenido en un liderazgo carismático, pero sin verdadera institucionalización ni transformación cultural duradera. Esa fragilidad estructural es una de las grandes deudas del ciclo político que se va cerrando, y la sensación que nos invade es la de pérdida de la oportunidad. En síntesis, los kirchneristas fueron gobiernos nacionales, pero no de liberación nacional. Nunca hubo programa.

Lo viejo que no muere, lo nuevo no nace

El 2027 será, entonces, un parteaguas para el destino del país, donde la taba de este pleito, ya habrá caído de un lado o del otro. Con un Donald Trump reposicionado en el tablero mundial, con un escenario de guerra comercial y proteccionismo brutal que acelera el proceso de descomposición norteamericano y los peligros que eso atrae en una zona periférica del globo, la Argentina necesita comprender su ubicación geopolítica con urgencia. Los BRICS, Brasil, la Patria Grande no son fantasías, son la condición de posibilidad para una inserción soberana en el nuevo orden geopolítico multipolar. Un gobierno peronista con inteligencia, músculo y vocación histórica deberá reubicar al país en esa matriz para fabricar la chance política de, además de ganar, reelegir.

Hoy, es el turno de quienes, como Axel, comprenden que el legado no es un altar, sino una herramienta política para el trabajo diario. Axel es, en efecto, el mariscal que Cristina decía que hacía falta, cuando se despedía pero no soltaba. Esperamos -con prudencia, pero también con firmeza- que Cristina y La Cámpora no elijan el camino del daño extendido. Que no conviertan la pérdida de centralidad en sabotaje. Porque si algo necesita el campo popular en este momento es madurez política, generosidad histórica y sentido de responsabilidad con un país que no resiste más fracturas inútiles ni batallas intestinas dentro del bando nacional. El tiempo de los liderazgos mesiánicos terminó. Ahora se trata de reconstruir con lo que hay, no de dinamitar lo que viene. Ah, y no se olviden: volver a Perón.

* Presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba

 Omar Auton

Sigamos con el Estado

   En el capítulo anterior traté de precisar como concibe el peronismo el rol del Estado, fuerte, eficaz y eficiente, pero de ninguna manera subrogando la actividad empresarial privada y mucho menos avanzando sobre el derecho de propiedad, más allá de encuadrar este último dentro del concepto del bienestar general y por ende dándole una función social.

   En su afán por tomar distancia de los excesos y corrupción del liberalismo privatizador de los 90, algunos compañeros se pasaron a la vereda de enfrente y bajo la consigna de “Estado Presente” cayeron en un doble error, que fue fatal, agobiaron a la sociedad con slogans y consignas, amenazaron con estatizaciones, decidieron que todos los problemas de la comunidad requerían un organismo estatal que los analizara y debatiera, pero aburrieron a la población con sus peroratas y, lo que es peor, no resolvieron ninguno de los problemas, más bien agravaron muchos.

   Pero este aspecto nos deposita en un segundo debate y es el de la organización y funcionamiento del Estado en sí mismo, o sea nos lleva a mirar con detenimiento el Estado hacia adentro, el rol y características de sus empleados, su número, salarios e incidencia en el gasto público.

   Hasta los años 90 había primado el concepto “patrimonialista”, es decir la idea que el ingreso, la carrera, los salarios y hasta sus derechos, eran decisión unilateral del gobierno de turno, incluso nació una teoría en derecho administrativo que decía que, teniendo en cuenta la centralidad de las políticas públicas, los trabajadores estatales no eran “trabajadores”, sus derechos e intereses debían ceder ante la necesidad de atender las demandas de la sociedad.

   Si bien el art. 14 bis de la Constitución Nacional consagra la estabilidad del empleado público, buscando precisamente salvaguardarlo de los vaivenes políticos y evitar que la Administración Pública fuera el “botín de guerra” del partido político gobernante, como la adquisición de esa estabilidad requería la “acreditación de idoneidad”, se recurrió a nombrar sin concurso, confiando que el paso del año de servicios sanearía esta falta con la adquisición de la estabilidad, o a contratar bajo diversas formas fraudulentas.

   Por si esto fuera poco, el poder judicial no sólo “legitimó” los golpes de Estado y sus actos administrativos, sino que en esta materia hasta dio juridicidad a los latrocinios cometidos bajo la doctrina jurídica antes mencionada. De ahí las llamadas “leyes de prescindibilidad” sancionadas luego de cada golpe militar y hasta en algunos de origen constitucional. El criterio era que si bien habían superado el año de servicios, requisito para adquirir el derecho, como a su ingreso no habían acreditado idoneidad mediante un concurso, había una falla ab initio que invalidaba el acceso a la estabilidad. La última fue en 1990.

   Durante los gobiernos de Carlos Menem y al calor de los llamados Consensos de Washington, las presiones del Banco Mundial y la crisis administrativa se puso en marcha la Reforma del Estado y la Emergencia Administrativa que permitieron implementar el plan de privatizaciones, que fue su rostro más conocido, pero también una profunda reforma administrativa que culminó con el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SiNaPa), un modelo de carrera que establecía la obligatoriedad del ingreso a planta permanente mediante procesos de selección, el progreso en la carrera vertical a través de concursos y las evaluaciones de desempeño y estándares de capacitación en la horizontal.

   Asimismo, se estableció que los cargos de conducción no políticos (Direcciones Nacionales, Generales y Simples) debían ser cubiertos por concursos abiertos.

   Más allá de los cuestionamientos que pudieran hacerse a las privatizaciones y despidos en las empresas del Estado, en lo que hace a la administración central esto fue un gran avance y un cambio radical en el empleo público, esto hay que dejarlo claro. En la política no todo es blanco o negro, no suscribo ni defiendo las políticas de los 90, pero en este terreno podemos afirmar que fue uno de los pocos intentos en darle un sistema y una racionalidad a la Administración Pública Nacional.

   Luego del desmoronamiento de la convertibilidad y la crisis del 2001comenzó el desarme de este esquema, si De la Rúa recibe su gobierno con un Estado pequeño pero ordenado, donde solo había unos 3000 contratados, todos profesionales y con funciones acotadas, cuando Duhalde asume la presidencia ya había 18.000 contratos de locación de servicios y de obra, o sea contrataciones fraudulentas en violación de las normas de empleo público, asimismo nunca más se concursaron los cargos de conducción, a medida que terminaban su mandato los que habían concursado se los fue reemplazando por partidarios de los distintos gobiernos.

   Duhalde “blanqueó “la anomalía de los contratos y los traspasó al régimen de empleo público pero amplió esta modalidad a todo tipo de trabajadores, profesionales o no.

   Durante la presidencia de Néstor Kirchner hubo un nuevo intento de reordenamiento, se firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo y se trató de comenzar a llamar a concurso, pero desde 2011 en adelante no sólo se aumentaron irrazonablemente los cargos de conducción, creando direcciones sin sentido y muchas veces con funciones repetidas, sino que a la barbaridad de designar funcionarios sin concurso “por excepción” se agregó que también se los exceptuó de tener la formación profesional requerida para acceder a los mismo. Esto con los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y hoy con Javier Milei.

   Se ha cercenado a los trabajadores del Estado la posibilidad de ingresar y acceder a la estabilidad constitucional mediante procesos de selección; los contratos laborales fraudulentos en muchos casos ya tienen más de 20 años de duración, asumen responsabilidades de conducir áreas del Estado gente sin capacidad, ni experiencia ni educación formal para ello, y los profesionales del Estado ni siquiera tienen chance de competir en un concurso abierto con ellos. El actual gobierno que constituye la suma del desprecio por las normas y la crueldad ontológica, además de la incompetencia e ignorancia de cómo funciona una organización, sólo pretende destruir el Estado para sumirnos en la ley de la selva dónde una minoría poderosa, millonaria y apátrida, pueda “llenarse los bolsillos” sin control alguno, según lo manifestó el propio Javier Milei en el acto del Día de la Industria de 2024.

   Recientemente, en el colmo de la soberbia y el desprecio ante los trabajadores, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger obligó a los miles de contratados a rendir un “examen de idoneidad”, llamativamente el examen no era sobre las funciones que realizaban y su formación para ello, sino por ejemplo “Sobre el Código Electoral”, en donde un investigador científico, una enfermera, un técnico de laboratorio debía responder un múltiple choice sobre, por ejemplo, como se oficializaban las boletas electorales. Estaban seguros que los trabajadores iban a tratar de eludirlo, se presentaron a inscribirse masivamente, tanto que colapsaron las plataformas de inscripción

   Apostaron entonces a que no aprobaran, para justificar luego los despidos, sin embargo el 96% aprobó en el primer intento (hay tres), por ello si bien en los primeros días el tema estaba en todos los medios, enseguida desapareció de los portales ante el fracaso contundente de la estrategia gubernamental.

   Fracasado el intento, lanzó a un grupo de improvisados a imponer unas supuestas «dotaciones ideales” ¿como es eso?, muy sencillo:

Pregunta: “¿Cuánta gente trabaja aquí?

Respuesta: 100 personas

Orden: “Eche 50”

   Esto es textual, sin explicación o fundamentación alguna, es la destrucción por la destrucción misma, el odio de clase vestido del poder gubernamental.

   Cierto es que esto puede ser posible ante la pasividad y hasta el festejo de un sector de la población que ha sido permeable a las políticas denigratorias del Estado y sus empleados, de los Alsogaray, Krieger Vasena, Martínez de Hoz, Sourrouille, Cavallo, Macri, Sturzenegger (funcionario al igual que Cavallo de varios gobiernos fracasados), a lo largo de décadas.

   Cierto es también que ha sido enorme la contribución a esa ideología y/o resentimiento anti estado y anti empleados públicos por la pésima calidad del funcionamiento de muchas áreas del Estado y la mala atención a los ciudadanos y la falta de respuestas a sus reclamos. Esto debido:

1) A la utilización del Estado como fuente de financiamiento de militantes y agrupaciones políticas que crecieron en base a los recursos del PAMI y la ANSES, por ejemplo.

2)La frustración de miles de empleados públicos que veían cortadas sus carreras ante la llegada de estos “funcionarios”, muchos de ellos en su primer empleo, que ganaban altísimos sueldos frente a salarios que muchas veces no llegaban a la mitad. Además estos jóvenes, y no tanto, exhibieron una soberbia y ejercieron un maltrato que llevó a miles de trabajadores a votar a Milei deseosos que echaran a esta “casta”, hoy comprueban que muchos siguen en sus cargos y los que son perseguidos y despedidos son los trabajadores.

3) La utilización del Estado para generar espacios opositores a gobernadores díscolos, por ejemplo ¿un gobernador no se alineaba incondicionalmente? Se usaban áreas del Estado en esa provincia para nombrar militantes de agrupaciones afines y comenzar, con el erario público, a operar sobre intendentes o líderes locales y armar listas opositoras al gobierno, inclusive a sabiendas que se provocaba la victoria de partidos adversarios, su teoría ha sido “Nosotros o el diluvio”.

4)La impotencia para llevar adelante políticas positivas en temas como la educación, la salud o la seguridad dado que las “internas del partido o frente gobernante se trasladaron a los gobiernos”, neutralizándose entre ellos.

5) La ignorancia absoluta de las potencialidades de las políticas públicas cuando son virtuosas, o sea eficaces y eficientes y la mediocridad de los funcionarios de gobierno, esto fue emblemático entre 2015-2019 y en la actualidad.

   Si hablamos de los poderes Legislativos y Judicial, es poco lo que hay que agregar cuando hay senadores que presentan proyectos de ley y luego los votan en contra, otros huyen a países limítrofes con dineros de dudosa procedencia luego de votar leyes que habían dicho que no votarían, diputados que marchan con los universitarios por el presupuesto y luego votan en favor del veto a su aumento, igual que con los aumentos a jubilados o que votaron el acuerdo con el FMI a cambio que el Estado Nacional ceda un predio en su provincia para “construir viviendas”.

   Del Poder Judicial que se puede opinar, una Corte Suprema de Justicia que funcionaba con solo 3 integrantes, un cortesano, que cuando fue al Senado a defender su postulación juró que “jamás asumiría si era designado por decreto” y no sólo asumió pese a ello sino que ¡los otros tres le tomaron juramento! Llevamos tres años donde ambos poderes se hacen los distraídos frene al DNU 70/23 que es el que permite muchas de las barbaridades del gobierno, cada uno sostiene que la responsabilidad de declarar su inconstitucionalidad es del otro y ninguno hace nada.

   Es necesario ir a una reforma constitucional donde además de corregir los desaguisados de la reforma del 94, que hizo suyos reformas de la dictadura de Lanusse como el ballotage, incorporemos formas de control como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, pero sin imponer reglas que hagan inviable llevar adelante esos institutos y quizás el Juicio de Residencia, para los que no saben de que hablo voy a transcribir la definición de la IA, “El Juicio de residencia era un procedimiento judicial que se llevaba a cabo en el derecho castellano e indiano. Se realizaba al finalizar el mandato de un funcionario público para analizar su desempeño y escuchar las acusaciones en su contra” sería darle carnadura a lo que repiten todos en sus actos de asunción “Si así no lo hiciera, que Dios y la Patria me lo demanden” en este caso nos haríamos cargo de lo que a la Patria le corresponde…

 Por Omar Auton

Y ahora ¿Cómo salimos de esto?

   Llevo un tiempo escribiendo sobre las causas que nos llevaron a este averno, porque me indigna escuchar a dirigentes y seudo intelectuales, culpar al pueblo por “equivocarse en el voto”, olvidando que, aún en el caso que así hubiera sido, para que eso ocurriera es necesario que la dirigencia política que se reivindica “nacional y popular”, o como yo “peronista”, haya errado bastante o haya estado muy ausente de las demandas populares, y sus intelectuales demasiado atosigados de papers y debates de laboratorio, sin atención a los profundos cambios que se iban dando en nuestra patria.

   Hoy andamos a los tumbos entre los que se niegan a cualquier autocrítica, los que buscan culpables por todos lados sin mirarse al espejo, los que proponen una especie de “revival” a un pasado esplendoroso, que todo indica que tuvo sus aciertos pero no todo fue tan “década ganada” y los que andan como Diógenes, en medio de la noche, con una linterna buscando el “nuevo liderazgo” que nos resuelva los problemas.

   Creo profundamente que son tiempos refundacionales, o mejor dicho de recrear o reconstruir nuestra doctrina, adaptando a los tiempos lo que haya que adaptar pero haciendo pie firme en nuestras esencias: la Soberanía política, la Independencia Económica y la Justicia Social son banderas innegociables, hoy quizás debe agregarse la Unidad Sudamericana, La idea de Comunidad Organizada es un faro y El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, una bitácora irreemplazable, con esto alcanza para empezar.

   Quizás lo que haya que releer y rediscutir es otro libro, entre los llamados “predicadores” para luego salir a predicar y es “Conducción Política”, especialmente cuando nos recuerda que la conducción es “un arte de mera realización” y que la calidad de la misma se mide por los resultados, “Las empresas se juzgan por sus éxitos, por sus resultados. Podríamos decir nosotros que maravillosa conducción, pero si fracasó ¿de qué sirve?… La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena resulta y si no lo es, no resulta. Todas las demás consideraciones son macanas”. (1) La primera pregunta es ¿Fueron buenos los resultados alcanzados con la conducción que hoy preside el Partido Justicialista?, y no debemos confundirnos mezclando gobierno y conducción, eso Perón lo explica de forma magnífica, puede haber gestión de gobierno con medidas correctas y aciertos tácticos, pero si no existe visión estratégica el conductor no cumple su rol o fracasa.

Es hora de comenzar a “actualizar” el libro de bitácora, es tarea de cada uno de nosotros el ir viendo cómo, a partir de los cambios operados en la realidad argentina en las últimas cuatro décadas, así como los errores y horrores “no forzados”, llevados a cabo en nuestras distintas gestiones de gobierno, podemos proponer ideas, caminos y acciones, pero me refiero a realizaciones, retomando el concepto aristotélico que el centro de la política son las acciones no las ideas, retomado por Perón en su célebre apotegma de “mejor que decir es hacer” e inclusive por el Papa Francisco en uno de sus cuatro claves “La realidad es superior a la idea”.

El Estado que supimos ¿Construir?

   Desde los primeros maestros de la filosofía nadie en su sano juicio ha negado el sentido gregario de los animales, dentro de ellos los homínidos, existe en la intuición, la definamos como la definamos, el sentido de “comunidad” es decir que la supervivencia primero y luego la propia continuidad de la especie está asociada al “vivir y andar juntos”, la familia, el clan y la horda desde nuestros primeros antepasados, han sido formas de llevar adelante esta vocación, para que surgiera el individualismo, especialmente el individualismo egoísta y salvaje de hoy en día, fue necesario que surgieran las formas de apropiación privada del producto del trabajo social y con ellas la consagración como hecho natural , que haya ricos y pobres, incluidos y excluidos, incluso países dominantes y países dominados, entonces el poder y la riqueza de algunos “necesitó” y necesita destruir la idea de comunidad.

   Dicho esto, para terminar con la falacia del individualismo como valor “original” de la especie humana, digamos también que el Estado Nación, es una evolución de la forma de organización de los seres humanos, quizás, hasta hoy, la más desarrollada en términos de ser una herramienta que asegure la convivencia de una comunidad determinada, en un territorio puntual, y dotado de normas que expresan los valores, principios y garantías de ese mismo colectivo humano, tanto así que de una u otra forma se universalizó, incluso superando visiones ideológicas antitéticas entre sí.

   En los países centrales el Estado surgió como resultado de las revoluciones burguesas (Cromwell, Bismarck, Cavour, Revolución Francesa), con ellas la Nación y el Estado fue su expresión jurídica y social. En nuestros países, en cambio no hubo revoluciones burguesas, la auténtica nación que era América Latina o como mínimo los antiguos virreinatos, se balcanizaron en países débiles gobernados por oligarquías y los Estados no eran más que organizaciones dedicadas a proteger los intereses de estas oligarquías.

   Argentina es un ejemplo de lo expuesto, recién con Roca logra unificar aduana, tener una sola moneda, un ejército nacional, un sistema educativo común y el ejercicio de una soberanía sobre sus territorios. Sin embargo a ese ejército, el primero de carácter “nacional” le faltó la burguesía que, como en Europa, provocara un desarrollo de las fuerzas productivas internas que le diera sostén y poder real.

   Es por ello que tareas como la explotación de los recursos naturales, la siderurgia y la industria pesada, la marina mercante, el desarrollo aeronáutico debió ser acometido por el Estado en la verdadera “década ganada” la de 1945-1955.

   Sin embargo, el peronismo nunca fue estatista, siempre concibió al Estado como Promotor, pero jamás se propuso reemplazar la actividad privada, la empresa, todo lo contrario. Un ejemplo fue el complejo aeronáutico de Córdoba, Fadea convocó a todos los empresarios locales y los instó a hacerse cargo de la fabricación de las distintas partes de los aviones proyectados, de esa iniciativa surge el complejo industrial cordobés que generó además la clase trabajadora mas formada y capacitada, lo que llevó a las automotrices que ingresan al país en las décadas del 50 y el 60 a radicarse en la provincia mediterránea y sigue siendo visto como una de las grandes columnas que sostiene la economía cordobesa.

   Ya en el segundo plan quinquenal, se disminuía notablemente el gasto público y se dejaba a la iniciativa privada gran parte de la actividad económica. La nota diferencial dentro de América Latina de la Argentina, es la existencia de una importante sector industrial, con grandes, medianas y pequeñas empresas, una numerosa, organizada y formada clase trabajadora y una clase media resultado del desarrollo de los servicios (bancos, seguros, comercio, exportación e importación, docencia) que surge como consecuencia de lo primero. Eso es lo que intentaron destruir entre 1976 y 1983 Videla-Martínez de Hoz, entre 1990-2001 Menem-De la Rua-Cavallo , entre 2015-2019 Macri y desde 2023, Milei, cada intento ha sido más profundo, más ideologizado, más violento y hasta autoritario.

   El Estado tuvo un rol estratégico en Impulsar, promover, acompañar y defender, ese desarrollo industrial, pero durante el peronismo jamás buscó reemplazar el rol privado, por algo puso a cargo de la economía a empresarios como Miranda o Gelbard, paradojalmente quiénes “estatizaron” empresas, muchas de ellas casi quebradas, fueron los gobiernos militares como el de Lanusse y Videla (Martínez de Hoz estatizó la Italo mientras declamaba que “Achicar el Estado es agrandar la Nación”).

   Perón lo sintetiza claramente “Cuando los capitalistas comprueben que ganan más con nuestro sistema, no tengan la menor duda que lo adoptarán y serán sus defensores. Y habremos resuelto sus problemas y habremos resuelto el problema que más nos interesa, que es el que afecta a los pueblos”.

   Pero esto responde a un concepto doctrinario más profundo, para Perón el poder real reside en el pueblo, la palabra pueblo tiene un claro sentido filosófico, es la superación de la masa y del individualismo a través de la comunidad organizada, los hombres que naturalmente tienden a reunirse, concientizados que nadie tiene futuro en soledad, crean sus organizaciones, en esas organizaciones libres del pueblo reside el poder, ahí se resuelven los problemas inmediatos, luego se va ascendiendo en la complejidad hacia las decisiones que debe tomar un estado organizado y en última instancia será el gobierno centralizado, una pirámide donde el fin último es poner el capital al servicio de la economía y esta al servicio del pueblo (verdades 16 y 19).

   Esta larga explicación busca mostrar una concepción antitética con toda deriva estatista, la pobreza no la resuelve el Estado (lo hemos comprobado), la exclusión, la desocupación, se enfrentan desde el crecimiento, la producción y el trabajo, con un claro rol del Estado en el sentido que sea con Justicia Social y adecuada redistribución del producto, en este marco y solamente en este marco, el aumento del consumo (No el consumismo) dinamiza y contribuye a sostener el crecimiento y la producción y todo eso solo se consigue en la armonía entre el capital y el trabajo que se asegura con una clase trabajadora organizada y un sindicalismo poderoso, ¿es tan difícil de entender?

   La dictadura genocida iniciada en 1976 se propuso destruir ese modelo de país, consciente que si había comenzado a gestarse con la II guerra mundial, es con el peronismo que alcanza su mayor desarrollo, tanto así que se sostuvo durante los 18 años de proscripción, en una relación de ida y vuelta, se consolidó con el peronismo y, al mismo tiempo, el peronismo se afirma, se consolida en ese país industrial, lo expresa y se alimenta de él simultáneamente.

   La oligarquía, consciente que con la proscripción y la violencias no alcanzaba para eliminar al peronismo, fue más lejos, la apertura de la economía y el dólar barato, más la aparición de un sector financiero que, fruto de la asociación de la vieja oligarquía agropecuaria, sectores del capitalismo transnacional y la extranjerización de la banca, comenzó a ocupar el centro de la escena, como consecuencia empezaron los cierres de cientos de pequeñas y medianas empresas, el abandono del país de otras (Fiat, Peugeot, Citroen), la eliminación de toda legislación protectoria, especialmente con las leyes de inversiones extranjeras y de reforma financiera, la campaña de estigmatización contra el Estado, que nunca había sido tan feroz, (en esos años nace lo de “Achicar el Estado es agrandar la Nación”), se complementó con la persecución, tortura y desaparición de miles de delegados de base y dirigentes sindicales, lo que generó un corte profundo a la aparición de una nueva generación de delegados que aún padece el movimiento obrero.

   Alfonsín no pudo o no quiso revertir este proceso, el brutal endeudamiento externo y el hecho que las empresas del estado estaban hipotecadas, en algunos casos varias veces, como garantía de ese endeudamiento, o habían sido obligadas a endeudarse en el mercado internacional, hizo que la falta de recursos deteriorara severamente la calidad de los servicios públicos, la administración central así como el empleo público provincial y municipal comenzó a ser el paliativo a la creciente desocupación. Incluso aparecieron los primeros proyectos de privatizaciones de empresas públicas (Aerolíneas y ENTEL).

   En los 90, Menem, que asumió sin un plan económico claro y decidido y con un frente heterogéneo, luego de padecer una nueva híper y corridas bancarias, abrazó los planes del Banco Mundial, profundizando la destrucción de aquél Estado Promotor del que hablábamos, apoyándose en la parálisis de las empresas, la pésima calidad de muchos de ellos (trenes, teléfonos, luz) implementó el modelo diseñado por Domingo Cavallo de privatizaciones y liquidó el Estado empresario en aras del equilibrio fiscal.

   Cuando estas políticas estallaron por los aires en el 2001 (“El año que vivimos en peligro”) con su secuela de muertos, heridos y un presidente huyendo en helicóptero, la pericia de Remes Lenicov para desarmar la bomba y un aparato industrial que estaba parado pero no extinguido, bastaron para poner en marcha una recuperación de la economía, que sumada a el aumento del precio de los commodities, especialmente la soja, y un dólar caro, se mantuvo hasta el 2011 aproximadamente, aunque con dificultades desde 2007.

   Es que el sector industrial nacido al calor de un Estado que como dijimos promovió y protegió, pero que estaba en manos privadas, estimulado por la demanda interna y la desaparición de la competencia, muchas veces de dumping, extranjera, se recuperó rápidamente, creció la ocupación y el trabajo registrado, con ello la afiliación sindical y el consumo popular.

   Sin embargo esta recuperación tenía un talón de Aquiles, podía recuperar la producción y el trabajo que habían caído durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, pero era necesario pensar y llevar adelante un programa económico de crecimiento para desarrollar nuevas actividades, incorporar las nuevas generaciones al empleo y modernizar tecnológicamente, además de abastecer la demanda de nuevas tecnologías. Pero esto no ocurrió, desde 2011 Argentina no crece, subsiste la dependencia de las exportaciones primarias para tener divisas y se consolidó un sector de excluidos, que sumó a dos y ahora tres generaciones de argentinos que nunca supieron lo que es un empleo en blanco, registrado y formarse en la cultura del trabajo.

   No estoy diciendo que los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner fueron los que provocaron la aparición de ese drama, estoy diciendo que no pudieron o supieron dar un salto adelante en el modelo económico argentino que generara la aparición de nuevas empresas, nuevas actividades, nuevos desarrollos en todos los rubros, acompañados de las políticas públicas en materia de educación y capacitación laboral. Si hoy se afirma que una gran parte de los argentinos que están desocupados o con empleos precarios no se pueden incorporar en el mundo del trabajo registrado porque carecen de formación, que la industria moderna contiene avances en materia de tecnología y organización del trabajo que están lejísimo del modelo conocido hasta los años 90, me pregunto ¿Cuáles fueron las políticas estatales en este cuarto de siglo para superar eso? ¿Cuáles fueron las reformas educativas, en los planes de formación secundaria especialmente?.

   Hoy el Estado es cuestionado por tirios y troyanos, por los poderosos porque anhelan una sociedad donde puedan hacer lo que quieran, explotar a sus trabajadores, que cuantos menos derechos y fuerza sindical tengan mejor, pero también por los más pobres y excluidos que durante 25 años solo escucharon discursos y promesas sin que se abriera nunca la ventana de oportunidades que se les prometía, con una dirigencia y funcionarios que repartían bolsas y planes para las elecciones y luego jamás volvía a los barrios más pobres, que se exhibió y se exhibe en grandes mansiones o barrios privados donde el metro cuadrado se cotiza en dólares, restaurantes caros y manejando autos importados, mientras ellos son las víctimas de todos los desastres naturales, (temporales, incendios, inundaciones) enfermedades evitables, sin acceso a la salud o educación medianamente de calidad y ni hablar de la vivienda, ellos en la palabra “ESTADO” visualizan a la dirigencia política que la abandonó, a los “ñoquis” que no solo cobran un sueldo sin trabajar sino que se ufanaban de su situación, y olvidaron a los miles de trabajadores que incluso durante la pandemia estuvieron al pie del cañón a lo largo y a lo ancho del país, pero esa es otra historia…

Por Gustavo Matías Terzaga*

En los últimos años, o décadas, la figura del general Julio Argentino Roca ha sido objeto de un sistemático proceso de demonización por parte de ciertos sectores que, amparados en una visión moralizante del pasado —más próxima al catecismo de sacristía progresista que al análisis político riguroso—, han pretendido reducir su protagonismo histórico a una caricatura del autoritarismo oligárquico.

 Bajo el pretexto de cuestionar la consolidación de un modelo económico agroexportador y dependiente —crítica legítima si se realiza con seriedad a un liberal nacional y no desde el púlpito de una sociología de manual—, se ha erigido a Roca como chivo expiatorio del orden liberal del siglo XIX. Se lo presenta como el factótum de una Argentina organizada en beneficio exclusivo de la oligarquía terrateniente, el arquitecto de un país arrodillado ante intereses extranjeros y el ejecutor frío de una política de exterminio étnico. Y todo ello se hace con una ligereza que bordea la irresponsabilidad intelectual: se lo juzga con parámetros contemporáneos, desatendiendo por completo el contexto geopolítico, ideológico y estratégico del tiempo que le tocó gobernar.

Pero lo más grave no es la ignorancia, es la intención. Esta tendencia no es solo un error; en muchos casos, es una tergiversación consciente. Una operación política que pretende, mediante esa condena solemne, romper los lazos históricos entre el pueblo argentino y su propio proceso de construcción nacional. Porque al condenar a Roca con los ojos del presente, lo que se oculta —deliberadamente— es el hecho concreto de que fue él, y no otro, quien ejecutó el acto fundacional del Estado moderno argentino. Fue Roca quien llevó el poder del Estado allí donde antes imperaba el vacío, la anarquía o la proyección del enclave británico. Fue Roca quien clausuró, por la vía de los hechos, el proceso de fragmentación heredado de la disolución del Virreinato.

Despojar a Roca de su dimensión histórica es, en última instancia, degollar la inteligencia nacional, es regalarle el juicio de nuestra historia a una progresía que, entre el lloriqueo multiculturalista y el infantilismo revolucionario, prefiere una Argentina abstracta, moralmente pura, pero política y territorialmente inviable. La de Roca, con sus luces y sombras, fue la estrategia de la unidad nacional, lo demás es literatura del resentimiento y el prejuicio.

Osvaldo Bayer: entre el anarquismo romántico y la negación del Estado Nación.

En el altar laico -no religioso ni espiritual, sino de devoción casi secular- de cierta progresía argentina, Osvaldo Bayer ocupa un sitio privilegiado. Autoproclamado defensor de los pueblos originarios, romántico de la anarquía y profeta del antiestatismo, su figura se ha transformado en emblema de una izquierda sin proyecto de poder, enemiga histórica del Estado nacional.

Pero el anarquismo que Bayer profesa no es una mera filosofía ultra libertaria: es una impugnación total al Estado como forma de organización histórica. En nombre de una libertad absoluta -que sólo existe en los libros o en las catacumbas de la impotencia política-, rechazó todo intento de centralización institucional, incluso cuando éste brotó del sufragio popular o del impulso emancipador de las masas, un buen 17 de octubre de 1945. De allí su desprecio por el peronismo. Y de allí también su obsesiva condena a Julio Argentino Roca, a quien convirtió en símbolo de todos los males del Estado: militarismo, oligarquía, centralismo, racismo, represión.

La campaña del Desierto fue, para Bayer, un acto de genocidio sin matices. Ignoró deliberadamente que la Argentina de fines del siglo XIX era un territorio fracturado, vulnerable, acechado por potencias extranjeras, y atravesado por conflictos internos. Negó la dimensión estratégica de una guerra necesaria para consolidar la unidad nacional. Y lo hizo desde un pedestal moral que, aunque emotivo, renunciaba a comprender la política como conflicto entre fuerzas reales. Su historiografía, más que una crítica, fue una cruzada ideológica, y su anarquismo romántico útil al desarme cultural que dinamiza el progresismo y celebra el liberalismo.

Lo paradójico es que en su rechazo a toda forma de Estado, Bayer terminó alimentando una narrativa útil a la fragmentación nacional. La exaltación de comunidades sin Nación, de autonomías sin centro, de resistencias sin proyecto, terminó por configurar una historia en la que la Argentina concreta -con sus contradicciones, su mestizaje y su drama- era reemplazada por una insoportable utopía imposible.

Bayer fue, en definitiva, el historiador de una Argentina que no fue, ni podía ser. Su prédica puede conmover a los espíritus sensibles y bienpensantes, pero no construye soberanía ni produce destino, todo lo contrario. Por eso atacó con similar saña a Roca y a Perón, porque ambos -con sus diferencias, y cada uno en su siglo- compartieron una convicción fundante que él jamás obtuvo. Ambos creyeron en un Estado nacional fuerte, vertebrador de la patria grande, constructor de integración frente al caos de las guerras intestinas. Básicamente, todo lo que su anarquismo doctrinario le impedía tolerar.

Roca como etapa fundante del proyecto nacional.

Comprender al roquismo no es exculpar, es entender que fue el punto de partida de la Nación, ya que su gobierno representó la clausura definitiva de la fragmentación heredada de las guerras civiles y el inicio de una organización estatal capaz de proyectar soberanía hacia el interior y hacia el mundo, en una muy importante política del espacio. El roquismo fue la bisagra entre la anarquía de los bloques provinciales y la Argentina moderna y unificada. Sin ese Estado fuerte -centralizado, organizado y armado—-no habría existido ni yrigoyenismo, ni peronismo, ni posibilidad histórica de desarrollo autónomo. Porque el movimiento nacional no brota del éter, sino que se despliega sobre estructuras previas y experiencias evidentemente más conservadoras. Y a esa estructura la creó Roca y la fortaleció Perón.

¿De dónde creen que salió Perón, sino del Ejército nacional que fundó Roca?

Quienes repudian a Roca mientras se proclaman peronistas no entienden que el tuétano del peronismo -el Ejército en estrecha alianza con el pueblo y los trabajadores como estructura nacional y popular- fue posible porque antes hubo un proyecto de unificación territorial, institucional y militar. Sin Roca no hay Ejército nacional, sin Ejército no hay Perón, y sin Perón, la Argentina no hubiera transitado la experiencia de la justicia social, ni de la soberanía política, ni de la independencia económica, que es el norte y la pretensión de nuestra lucha política actual.

 Negar esa etapa es amputar el proceso histórico de sus fundamentos, es querer cosechar sin sembrar. Por eso, comprender a Roca es condición para reconstruir un proyecto de Nación. Sin Estado no hay pueblo, sin Roca, no habría historia argentina, solo provincias sueltas, lenguas extranjeras y un mapa regalado al Imperio.

La incomprensión progresista: entre la moralina y la claudicación.

Tal vez la impotencia política del progresismo argentino sea su desconexión con la historia real y su afán por juzgar el pasado con los valores del presente que termina arrasando con toda posibilidad de comprensión, a la vez que creen ser la medida de todas las cosas para juzgarlas. Se refugian en un purismo sin pueblo, en un sentimentalismo sin estrategia. Y así, condenan a Roca como símbolo de todo lo indeseable, sin asumir que fue precisamente ese Estado -nacido del conflicto y no del consenso académico- el que hizo posible la Argentina.

Osvaldo Bayer, convertido en tótem de ese progresismo culposo, fue el abanderado de una cruzada contra el Estado nacional, y desde su anarquismo romántico, puso a Roca en el banquillo y dictó sentencia moral. Pero en el mundo, ¿Quién hizo historia sin cometer actos cuestionables? Si ese es el criterio, detengan la rotativa de la historia, caen San Martín, Bolívar… ¡y hasta Jesucristo!. Pero la historia no se rige por la ética de los deseos, sino por la dialéctica de las fuerzas. Y en esa historia concreta, real, contradictoria, Roca fue un constructor.

Osvaldo Bayer nunca tuvo reparos en ensañarse con Julio Argentino Roca, pero jamás dirigió una línea de condena seria contra Bartolomé Mitre, verdadero arquitecto de la subordinación argentina al Imperio británico. A Mitre -el mismo que entregó el país, falseó la historia y arrastró a la Nación a guerras al servicio de intereses extranjeros vía balcanización-, Bayer lo dejó intacto, subido a sus estatuas y blindado por el bronce liberal.

Sin embargo, a Roca lo crucificó por consolidar militarmente el territorio, resistir la disgregación, y sí, combatir a los pueblos originarios en un contexto histórico brutal, donde no existía aún el romanticismo etnográfico de la academia moderna.

¿O acaso hubo algún gobierno del siglo XIX —unitario, federal o liberal— que no librara guerras contra los pueblos originarios? ¿Hubo alguno que no se apoyara en la fuerza para ordenar el caos territorial heredado del derrumbe virreinal? La diferencia no está en el método, sino en el proyecto. Mitre actuó al servicio de la fragmentación continental; Roca, en función de un Estado nacional. Esa es la verdad que Bayer prefirió callar.

El error ideológico de Bayer no habilita la brutalidad de Milei al arrasar con su monumento. La historia se discute con pensamiento, no con demolición. Y fue justamente el intento de arrasar con todo lo que nos abrió esta oportunidad de debatir y afirmar que Roca fue mucho, muchísimo más que lo que dicen los manuales escolares redactados desde cátedras liberales de izquierda o de derecha. Fue más que un general, más que un presidente, fue el actor político fundador de la Argentina moderna. No comprenderlo es seguir extraviados en el laberinto binario de la historia trastocada. Negar a Roca es elegir la impotencia como destino.

*Gustavo Matías Terzaga es Presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

Por Amalia Villarroel*

“………Soy el topo que destruye al Estado desde dentro….…Es como estar infiltrado en las filas enemigas: la reforma del estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado….” [1][i]

Nuestra Argentina  vive el impacto de una nueva  revolución neoconservadora, esta versión renovada del neoliberalismo que lleva al extremo una política que marca el final de la cooperación, la solidaridad ,la tolerancia ante las diferencias y la justicia social como  valores constitutivos de una comunidad.

Esta nueva etapa  se manifiesta de una manera extrema, en Argentina y en el mundo: la xenofobia, el desconocimiento de las diferencias, el desprecio a los derechos adquiridos por los colectivos más desprotegidos, la destrucción de los derechos laborales y el debilitamiento de los actores sociales y de toda forma de organización solidaria, la entrega  irrestricta de nuestro patrimonio y nuestras riquezas naturales, el avasallamiento de los poderes constitutivos de la vida democrática. Estas características convierten a esta gestión en una manifestación más cercana a una dictadura, a una suerte de neofascismo que utiliza el formidable poder del Estado para autodestruirlo.

Según esta ideología, el Estado Nación debe retirarse de la administración de los bienes públicos y desconocer el deber de garantizar la provisión de bienes esenciales para la vida; el mercado, vía privatizaciones y desregulaciones se haría cargo de todo bajo la forma de mercancía: la salud, la educación, la provisión del agua potable, la energía y toda forma de vida en el planeta. En pocas palabras, supremacía del Mercado como actor fundamental de todos los procesos productivos, apertura irrestricta a los flujos financieros y comerciales internacionales, subsidiaridad del Estado como equilibrador de las desigualdades sociales e impulsor del desarrollo económico, configuran un modelo repetido en la historia política de la Argentina, siempre con iguales resultados: ante lo inevitable de la protesta social, conformar un aparato de represión dispuesto a actuar sobre jubilados, docentes, trabajadores : cuando se extingue el Estado de derecho se manifiesta el Estado gendarme y punitivo. Y de ello, lamentablemente, ya tenemos abundantes comprobaciones.

Las políticas aplicadas que le “concedieron” al Estado un rol subsidiario del mercado, barrieron con la institucionalidad previa, con un retroceso sin precedentes en materia de organización pública.

El actual gobierno y la oposición dialoguista apoyan que el pretendido superávit fiscal se obtenga  de salarios y jubilaciones de hambre, de la entrega del patrimonio nacional, a costa de la salud y la educación de los que habitan y trabajan en Argentina, produciendo la verdadera riqueza y comprometiendo el presente y el futuro de varias generaciones

El proyecto de Milei 

Este proyecto tiene el centro en la especulación financiera, en la entrega irrestricta  de la extracción del petróleo, gas y minería. De destrucción de la industria nacional, y consiguiente desempleo. De genocidio de jubilados, de salarios de miseria, de niños y adultos que comen una vez al día.

Esta estafa  está también detrás de su política de destrucción de la ciencia y la técnica, de la entrega del desarrollo aeroespacial, de la destrucción del desarrollo atómico nacional, de las universidades, de la entrega energética, de las fábricas militares, de la política de exterminio de los jubilados, de los salarios de hambre, de la destrucción de la industria nacional y las quiebras de las PYMES, camino a la desocupación masiva, de la destrucción de los proyectos cooperativos y mutuales, de la destrucción de la ayuda social, de la destrucción del sistema sanitario, etc. 

Se quiere borrar todo atisbo de soberanía e independencia económica y justicia social. Al Plan Milei le sobran veinte millones de habitantes y parecen decididos a lograrlo

Resultó que la casta eran los pobres y los jubilados, los universitarios, los docentes, los obreros, el personal sanitario, el del Estado (con contratos precarios de tres meses y retraso salarial cada vez mayor), las “capas medias”, y sigue la lista…

La salud llega al deterioro de no proveer medicamentos a quienes los necesitan y seguramente muchos se estarán muriendo por esa carencia. Se suspenden operaciones de urgencia. Los salarios del personal sanitario llegan a sus niveles más bajos. Se cierran centros como el Hospital Nacional de Salud Mental «Lic. Laura Bonaparte» (CENARESO). Mientras, el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan (como otros) se ve obligado a reutilizar material descartable por falta de presupuesto.

En Ciencia y Técnica se destruye el trabajo de años. Se  pretende desguazar la aerolínea de bandera y rematar ARSAT, pilar del desarrollo satelital argentino que además de producción misilística, puede permitir la comunicación satelital del interior extenso ,que da 2.500 millones de dólares de ganancia anual para, dicen, regalárselo a Elon Musk por un tercio de ese monto.

Se entrega el litio y las tierras raras.  El RIGI les da a los monopolios mineros, petroleros y cerealeros todo, sin dejar nada. La bicicleta financiera reina.

Es notable que este gobierno, que quiere auditar a las universidades, no quiera que la Auditoría General de la Nación audite lo que hace en las empresas del Estado, amparado por el ilegal Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/24  y el RIGI, su principal herramienta de entrega.

Las empresas apuntadas son Arsat, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Canal 7, Administración General de Puertos, la Casa de la Moneda, Educar, Aerolíneas Argentinas y Fabricaciones Militares. Son aquéllas que el gobierno busca privatizar y, a partir de ahora, pasarán a tener auditorías privadas con contrato directo.

Están en la mira o ya han iniciado su desguace, un sistema de Ciencia y Técnica que ha producido desarrollos como los de energía atómica, satelital, de vacunas, tecnología agrícola, sanitaria, industrial, etc.

El  gobierno paraliza el CAREM (reactor atómico pequeño, 100% argentino), que es de uso dual: podríamos producir en nuestros astilleros un submarino atómico usando ese reactor. Pero, además, podría ser generador de energía eléctrica o de agua calefaccionada para ciudades del interior y sus aledaños. Clave para poblar nuestra Patagonia y facilitar su ocupación nacional y su defensa territorial.

Y ahora mismo se incluye al Banco Nación, entidad superavitaria y herramienta de desarrollo Pyme, entre las empresas privatizables

Otra falacia: no es real que exista un “costo argentino” debido a los salarios de los trabajadores de la educación y la investigación y desarrollos científico técnicos: las universidades nacionales están trabajando con el mismo presupuesto del año 2022, pese a la inflación acumulada en los siguientes años.

Los sueldos de los investigadores son menores que en otros países de América Latina. Entre los docentes un ayudante de primera, diplomado, con dedicación exclusiva (no puede tener otro empleo) es pobre según las distintas escalas del INDEC. Sin embargo esta universidad es la que genera el 80% de las investigaciones científicas.

Hay cuestiones que aglutinan a vastos sectores de la población: la educación en general y la universidad en particular, públicas y gratuitas, las jubilaciones, el acceso a una alimentación adecuada, el problema de la vivienda y la tierra para el que la trabaja, la atención sanitaria de calidad y su accesibilidad económica, geográfica y cultural, el trabajo de calidad según el concepto de la Organización Internacional del Trabajo, el transporte y los servicios y su accesibilidad y costo, etc.

No se puede desarrollar una política de ciencia, investigación y tecnología sin un proyecto de país independiente de desarrollo integral y sin considerar el control nacional de las palancas claves como la energía, la industria pesada y su equilibrio con la liviana, que produce los elementos que sostienen a lo principal de las fuerzas productivas de un país, que es el ser humano que maneja máquinas y aparatos de distinta complejidad. Y no se puede desarrollar un país independiente sin una cultura y un arte propios.

Para llevar a cabo este programa de entrega, se utiliza al mismo aparato del Estado y la Administración, a través de un Ministerio llamado de Reforma y Modernización, a cargo de un Federico Sturzenegger, de triste memoria por su pasaje en gobiernos neoliberales, quien con una precisión asombrosa ha venido interviniendo y desarticulando áreas sustantivas del Estado: no se trata sólo de disminuir la plantilla de trabajadores, aduciendo su condición de pretendidos “ñoquis” , con la secuela de pérdida de saberes adquiridos con el estudio y la experiencia. Esto ha generado no sólo desempleo y desprotección, sino también condiciones de trabajo asfixiantes.

La intervención del Ejecutivo también atenta contra todos los principios del derecho laboral y las relaciones laborales, a través de los topes a la negociación salarial y la parálisis de los mecanismos paritarios que garantizan la igualdad de oportunidades, la salud y ambiente laboral, y el cumplimiento de las normas pactadas en los Convenios Colectivos de Trabajo del Sector Público.

Se desconoce el rol sindical en el Sector Público en todo lo atinente a las negociaciones colectivas, imponiendo un unilateralismo cuasi dictatorial en todas las decisiones atinentes a la vida laboral en organismos y agencias del Estado.

El denominado superávit fiscal logrado por la administración de Milei se ha alcanzado al costo de la persecución a los empleados públicos, el cierre de organismos importantes, paralización total de la inversión pública en infraestructura, abandonando proyectos críticos que, inclusive, estaban en un 75% de ejecución e incumpliendo con compromisos de ejecución pactados con organismos financiadores como el BID y el BM.Las consecuencias de esta política se están viviendo en zonas de emergencia,donde es imposible llegar por la destrucción de las rutas

Algunas áreas implicadas

La creación de la Agencia de Transformación del Empleo Público bajo la órbita del Ministerio de Economía, además de decidir sobre el destino de estas áreas sienta las bases de los mecanismos de desmantelamiento y privatización de las mismas:

La destrucción de áreas sensibles del Ministerio de Salud, como las direcciones de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Vacunación y Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, no solo están dejando a cientos de compañeras y compañeros, muchos de ellos profesionales de larga trayectoria  en la calle, sino también exponiendo a la población a gravísimas consecuencias.

Las responsabilidades de la  Subsecretaría de Ambiente, luego de ejecutar sólo un 22 % de su presupuesto, lo que implica la anulación de todas las actividades de intervención en el manejo del fuego y catástrofes ambientales, desmantelando a la vez todos los mecanismos de alerta temprana y prevención, se han derivado al Ministerio de Defensa, incrementando el ya desmesurado presupuesto asignado, sin transferir la expertez de quienes desarrollaban tareas en ese campo.

La catástrofe de Bahía Blanca es un buen ejemplo de las consecuencias de esta política

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ,cuya actual conducción eliminó de las prestaciones a más de 200.000 personas de manera arbitraria.

Se eliminaron programas de vivienda, tales como Fonavi, Procrear, Lotes con Servicios y Casa Propia, varios de ellos con aportes de organismos multilaterales acordados y no ejecutados.

La Secretaría de Derechos Humanos ha desmantelado todas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, a partir de los despidos de los abogados y abogadas que prestaban servicios en el área. A los que aún permanecen se les redujo el salario en un 60%.

Podríamos seguir enumerando áreas sustantivas de política pública que han sido aniquiladas  bajo el imperio de reducir el déficit fiscal: han sido víctimas de estas decisiones los sectores más vulnerables de la población pero también lo son los colectivos que se ven privados de acceso a la educación pública en todos sus niveles.

 La pérdida de calidad en las prestaciones de salud y las políticas de educación es una carga a futuro para la sociedad: se destruyen proyectos y áreas que será muy difícil recuperar, pero la pretendida “libertad “ es sólo una manifestación del “darwinismo social de mercado” la supervivencia de los “más aptos”

Las reales causas de esta política residen en, tal como se realizara en la década de los ´90s, la obtención de divisas a través de la venta de estos activos para sostener la política financiera de este gobierno, habilitando negocios para los fondos de inversión y el gran capital internacional, mandantes y principales beneficiados por la misma. Y como broche de oro: la estafa cripto como acción de gobierno.

Necesitamos, desde cada uno de nuestros lugares, defender el Estado como impulsor del crecimiento económico y equilibrador de las desigualdades sociales, y resguardar a sus trabajadores, capital humano logrado en muchos años de formación y acciones concretas, para formar  parte de un modelo de Estado virtuoso que necesitaremos para la reconstrucción de nuestra Argentina

[1] Entrevista concedida por Javier Milei al sitio de noticias estadounidense The Free Press…

 *Docente grado y posgrado UBA,USAL,UNLZ,UNPAZ,UMSA